El defensor oficial Ciro Lo Pinto planteó la nulidad de las acusaciones de la fiscalía y las querellas contra los 41 imputados en la megacausa Arsenales II-Jefatura II por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura en la provincia de Tucumán. Los abogados defensores de los represores reivindicaron a los acusados y atacaron a las víctimas del proceso judicial, que comenzó hace más de un año y finalizará a mediados de diciembre. “No tienen determinada la fecha de los hechos y esto afecta el derecho de defensa”, dijo Lo Pinto. Luis Benedicto Fernández, defensor y hermano de Juan Carlos Benedicto, uno de los civiles acusados, abrió su alegato diciendo que “quiero reivindicar el principio de inocencia” del imputado. Tomás Roberts, defensor de Miguel Angel “Chuchuy” Linares, pidió la absolución de su defendido y su liberación en base a que –según argumentó– los testimonios no lo involucran directamente. La abogada Julieta Jorrat, defensora de Hugo Javier Figueroa, no sólo pidió la absolución del imputado, también dijo que las víctimas eran “asesinos terroristas a los que ahora se los presenta como víctimas”. Le respondió Laura Figueroa, representante de Familiares de Desaparecidos Tucumanos (Fadetuc) y querellante de la mayoría de las víctimas, quien sostuvo que “los defensores tienen derecho a usar la mentira para defender a sus clientes, pero en este caso eso es vergonzoso porque son juicios históricos”.
Fuente:Pagina12
29.11.2013
Defensor pidió nulidad de las acusaciones por falta de precisión en las fechas
Tucumán: No hay mejor defensa que un buen ataque
Tucumán. -El defensor oficial Ciro Lo Pinto planteó la nulidad de las acusaciones de la Fiscalía y las querellas contra los 41 imputados en la megacusa "Arsenales II-Jefatura II" por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar en la provincia de Tucumán. Los abogados defensores reivindicaron ayer a los acusados y atacaron a las víctimas del proceso judicial que comenzó hace más de un año y finalizará a mediados de diciembre, a las que una defensora calificó de terroristas". "No tienen determinada la fecha de los hechos y esto afecta el derecho de defensa", argumentó Lo Pinto.
Por su parte, Luis Benedicto Fernández, defensor no oficial y hermano de Juan Carlos Benedicto, uno de los civiles acusados, abrió su alegato diciendo que "quiero reivindicar el principio de inocencia" del imputado.
El abogado Tomás Roberts, defensor de Miguel Angel Chuchuy Linares, pidió la absolución de todos los cargos de su defendido y su inmediata liberación, en base a que -según argumentó- los testimonios no lo involucran directamente.
El momento más polémico lo protagonizó la abogada Julieta Jorrat, defensora de Hugo Javier Figueroa, quien además de pedir la absolución del imputado dijo que las víctimas eran "asesinos terroristas, a los que ahora se los presenta como víctimas".
La respuesta llegó por parte de Laura Figueroa, representante de Familiares de Desaparecidos Tucumanos (Fadetuc) y querellante de la mayoría de las víctimas, quien sostuvo que "los defensores tienen derecho a usar la mentira para defender a sus clientes, pero en este caso eso es vergonzoso porque son juicios históricos".
En la megacausa en curso se tratan los casos de crímenes de lesa humanidad cometidos contra 215 víctimas en los centros clandestinos de detención que funcionaban en la Jefatura de Policía y en el Arsenal Miguel de Azcuénaga.
Los imputados son 41, de los cuales dos son civiles y uno es sacerdote.
Fuente:Telam
Por "falta de pruebas", la defensa oficial pidió la absolución de los imputados de la megacausa
El equipo de abogados que representa a 36 de los 41 imputados cuestionó con dureza la investigación del Ministerio Público Fiscal. Las exposiciones de argumentos seguirán el miércoles. La Fiscalía pidió la pena máxima para 33 imputados
ESTRATEGIA. Los defensores oficiales Bonnin (parado), Galletta, Lucero y Bertini (de izquierda a derecha) intentaron desacreditar a los testigos clave. TELAM
El Ministerio Público de la Defensa (MPD) insistió ayer en pedir la nulidad de las acusaciones contra 36 de los 41 imputados en la megacausa por delitos de lesa humanidad "Arsenales II-Jefatura II". En las audiencias del jueves por la tarde y de la mañana de ayer en el Tribunal Oral Federal (TOF), los abogados comenzaron a presentar caso por caso y requirieron la absolución de los acusados.
En general, argumentaron que sus defendidos no habrían ocupado los cargos que les adjudican la Fiscalía y las querellas; no habrían estado en funciones al momento de los hechos y que los testigos, salvo algunos específicos, no los habrían mencionado directamente involucrados en ilícitos. Cuestionaron duramente la investigación efectuada por el Ministerio Público Fiscal (MPF) y los argumentos de las querellas particulares.
El trabajo de la MPD está encabezado por los abogados Ciro Lo Pinto y Adolfo Bertini. Mientras que actúan también los defensores ad hoc Vanessa Lucero, Mariano Galletta, Martín Galliano y Manuel Bonnin.Representan los intereses de los acusados que no cuentan con defensores particulares. Se trata de los ex policías Luis De Cándido, Oscar Gómez, Juan Abraham, Ricardo Sánchez, Rolando Reyes Quintana, Roberto Albornoz, Ramón Jodar, Ángel Moreno, María Luisa Acosta, Félix Insaurralde, María Elena Guerra, Pedro Pasteris, Guillermo Ugarte y Antonio Vercellone; los ex gendarmes Ernesto Rivero, Celso Barraza, Benito Palomo, Tomás Güemes, Marcelo Godoy, Alberto Montes de Oca y José Sowinski; los ex militares Jorge Lazarte, Mario D'Ursi, Camilo Colotti, Luis Varela, Hugo Soto, Pedro Caballero, Luis Ocaranza, Augusto Neme, Fernando Torres, Alfredo Moore, Ramón Ojeda Fuente, Ramón Cooke, Luis De Urquiza y Ariel Valdiviezo y el personal civil de inteligencia Guillermo López Guerrero.
"Ficción probatoria"
Si bien en la mayoría de los casos los profesionales plantearon que deberían ser desestimados los cargos por la supuesta falta de pruebas o bien por el beneficio de la duda, hicieron hincapié en algunos que consideraron "paradigmáticos".
La letrada Lucero hizo foco, entre otros, en el caso de Jodar y lo caracterizó como un "paradigma de la injusticia y la improlijidad". Tras rechazar las pruebas esgrimidas por el MPF, consideró que lleva tres años de prisión (dos de domiciliaria y uno en la cárcel de Villa Urquiza) "porque quieren demostrar que la Policía de Tafí Viejo estaba involucrada en el circuito represivo. Usaron como prueba casos en los que Jodar no está imputado. Hubo una persecución y violación del principio de inocencia". Jodar, según la acusación fiscal, está imputado por supuesta violación de domicilio en un caso y por asociación ilícita. Los fiscales pidieron que sea condenado a 12 años de prisión.
Bertini, en el mismo sentido, calificó como una "ficción probatoria"la causa por presunta usurpación de la casa del matrimonio de víctimas Oesterheld-Araldi en la que está acusada Guerra. "Hubo un derrotero de errores. Los testigos fueron por el caso Oesterheld, que ya fue juzgado. No aportaron nada. La que estuvo originalmente en esa casa era la madre de Guerra, ella (la imputada) llegó después", justificó. Los fiscales habían pedido una pena de tres años. Lo Pinto desarrolló luego la defensa de Albornoz y De Cándido, los dos imputados que llegaron al juicio con condena por la causa "Jefatura I" (2010). "Habíamos recusado a dos de los jueces (Carlos Jiménez Montilla y Gabriel Casas) porque ya los juzgaron. Ya fueron condenados por asociación ilícita en Jefatura. Ahora Albornoz también está por el Arsenal y por hechos del interior ¡Es como si hubiese sido el dueño de Tucumán!", ironizó. Después consideró que hay una "persecución". Pidió la absolución de ambos ex miembros de la fuerza.
Galletta mencionó que De Urquiza está imputado por una sola víctima, el conscripto Luis Alberto Soldati, quien habría desaparecido del Arsenal. "(Soldati) es una familia diezmada (dos miembros están desaparecidos). Son hechos que no compartimos ni toleramos. Más allá de eso, las acusaciones tienen que ser probadas", advirtió para luego considerar que fueron "vagas" y basadas en conjeturas. Después, valoró la actuación del acusado en la Guerra de Malvinas y lo tildó de "defensor de la soberanía".
Los abogados pusieron la lupa sobre las declaraciones de quienes llamaron "testigos estrella"- víctimas que habrían sido obligadas a colaborar con las fuerzas- y cuestionaron sus dichos. Ocurre que las declaraciones de deponentes como Juan Martín o Carlos Clemente, entre otros, sobre los supuestos actores de los centros clandestinos fueron clave para las acusaciones. Al cierre de esta edición, el MPD seguía con su alegato.
En el TOF.- Los imputados que siguen el proceso en el edificio del Tribunal Oral Federal son 33. Del total, 31 están alojados en la cárcel de Villa Urquiza. La mayoría de ellos fueron llevados a fines de agosto de 2012 por pedido de la Fiscalía. No todos permanecen en la sala durante las audiencias, gran parte lo sigue desde una sala contigua.
DESDE BUENOS AIRES.- Por razones médicas, un grupo de sospechosos fue alojado en el penal de Ezeiza, en Buenos Aires, que cuenta con un hospital. Los ocho encartados tienen la posibilidad de seguir el juicio mediante videoconferencia.
En sus casas.- Dos imputados cuentan con prisión domiciliaria por prescripción médica: el ex policía Oscar Gómez y el personal civil de inteligencia Guillermo López Guerrero.
Duras penas.- El Ministerio Público Fiscal (MPF) requirió que 33 de los 41 imputados fueran condenados a perpetua. Pidieron la pena máxima para 14 ex policías, 13 ex militares, cinco ex gendarmes y un civil. Para el resto de los sospechosos, pidieron entre cuatro y 25 años. Los representantes del Estado consideraron que todos los delitos-que van desde violación de domicilio hasta abusos sexuales y homicidio triplemente calificado- deben ser calificados como de lesa humanidad y que, de haber condenas, deben cumplirse en la cárcel de Villa Urquiza.
Un año.- La megacausa comenzó hace más de un año, el 12 de noviembre de 2012. El proceso oral juzga las presuntas responsabilidades de 41 imputados en delitos de lesa humanidad cometidos contra 215 víctimas. Los hechos habrían ocurrido en los centros clandestinos de la ex Jefatura de Policía y el Arsenal "Miguel de Azcuénaga".
Fuente:LaGaceta
Megacausa Jefatura II - Arsenales II
Defensores alegaron en una sala casi vacía
El primero en alegar el viernes fue Manuel Bonnin, se refirió a la acusación de Reyes Quintana, ante una sala muy poco concurrida. El sector destinado a los familiares de victimas del genocidio estuvo totalmente vacío, solo unos pocos parientes de los imputados presenciaron la audiencia.
En general, argumentaron que sus defendidos no habrían ocupado los cargos que les adjudican la Fiscalía y las querellas; no habrían estado en funciones al momento de los hechos y que los testigos, salvo algunos específicos, no los habrían mencionado directamente involucrados en ilícitos. Cuestionaron duramente la investigación efectuada por el Ministerio Público Fiscal (MPF) y los argumentos de las querellas particulares.
El trabajo de la MPD está encabezado por los abogados Ciro Lo Pinto y Adolfo Bertini. Mientras que actúan también los defensores ad hoc Vanessa Lucero, Mariano Galletta, Martín Galliano y Manuel Bonnin.Representan los intereses de los acusados que no cuentan con defensores particulares. Se trata de los ex policías Luis De Cándido, Oscar Gómez, Juan Abraham, Ricardo Sánchez, Rolando Reyes Quintana, Roberto Albornoz, Ramón Jodar, Ángel Moreno, María Luisa Acosta, Félix Insaurralde, María Elena Guerra, Pedro Pasteris, Guillermo Ugarte y Antonio Vercellone; los ex gendarmes Ernesto Rivero, Celso Barraza, Benito Palomo, Tomás Güemes, Marcelo Godoy, Alberto Montes de Oca y José Sowinski; los ex militares Jorge Lazarte, Mario D'Ursi, Camilo Colotti, Luis Varela, Hugo Soto, Pedro Caballero, Luis Ocaranza, Augusto Neme, Fernando Torres, Alfredo Moore, Ramón Ojeda Fuente, Ramón Cooke, Luis De Urquiza y Ariel Valdiviezo y el personal civil de inteligencia Guillermo López Guerrero.
"Ficción probatoria"
Si bien en la mayoría de los casos los profesionales plantearon que deberían ser desestimados los cargos por la supuesta falta de pruebas o bien por el beneficio de la duda, hicieron hincapié en algunos que consideraron "paradigmáticos".
La letrada Lucero hizo foco, entre otros, en el caso de Jodar y lo caracterizó como un "paradigma de la injusticia y la improlijidad". Tras rechazar las pruebas esgrimidas por el MPF, consideró que lleva tres años de prisión (dos de domiciliaria y uno en la cárcel de Villa Urquiza) "porque quieren demostrar que la Policía de Tafí Viejo estaba involucrada en el circuito represivo. Usaron como prueba casos en los que Jodar no está imputado. Hubo una persecución y violación del principio de inocencia". Jodar, según la acusación fiscal, está imputado por supuesta violación de domicilio en un caso y por asociación ilícita. Los fiscales pidieron que sea condenado a 12 años de prisión.
Bertini, en el mismo sentido, calificó como una "ficción probatoria"la causa por presunta usurpación de la casa del matrimonio de víctimas Oesterheld-Araldi en la que está acusada Guerra. "Hubo un derrotero de errores. Los testigos fueron por el caso Oesterheld, que ya fue juzgado. No aportaron nada. La que estuvo originalmente en esa casa era la madre de Guerra, ella (la imputada) llegó después", justificó. Los fiscales habían pedido una pena de tres años. Lo Pinto desarrolló luego la defensa de Albornoz y De Cándido, los dos imputados que llegaron al juicio con condena por la causa "Jefatura I" (2010). "Habíamos recusado a dos de los jueces (Carlos Jiménez Montilla y Gabriel Casas) porque ya los juzgaron. Ya fueron condenados por asociación ilícita en Jefatura. Ahora Albornoz también está por el Arsenal y por hechos del interior ¡Es como si hubiese sido el dueño de Tucumán!", ironizó. Después consideró que hay una "persecución". Pidió la absolución de ambos ex miembros de la fuerza.
Galletta mencionó que De Urquiza está imputado por una sola víctima, el conscripto Luis Alberto Soldati, quien habría desaparecido del Arsenal. "(Soldati) es una familia diezmada (dos miembros están desaparecidos). Son hechos que no compartimos ni toleramos. Más allá de eso, las acusaciones tienen que ser probadas", advirtió para luego considerar que fueron "vagas" y basadas en conjeturas. Después, valoró la actuación del acusado en la Guerra de Malvinas y lo tildó de "defensor de la soberanía".
Los abogados pusieron la lupa sobre las declaraciones de quienes llamaron "testigos estrella"- víctimas que habrían sido obligadas a colaborar con las fuerzas- y cuestionaron sus dichos. Ocurre que las declaraciones de deponentes como Juan Martín o Carlos Clemente, entre otros, sobre los supuestos actores de los centros clandestinos fueron clave para las acusaciones. Al cierre de esta edición, el MPD seguía con su alegato.
En el TOF.- Los imputados que siguen el proceso en el edificio del Tribunal Oral Federal son 33. Del total, 31 están alojados en la cárcel de Villa Urquiza. La mayoría de ellos fueron llevados a fines de agosto de 2012 por pedido de la Fiscalía. No todos permanecen en la sala durante las audiencias, gran parte lo sigue desde una sala contigua.
DESDE BUENOS AIRES.- Por razones médicas, un grupo de sospechosos fue alojado en el penal de Ezeiza, en Buenos Aires, que cuenta con un hospital. Los ocho encartados tienen la posibilidad de seguir el juicio mediante videoconferencia.
En sus casas.- Dos imputados cuentan con prisión domiciliaria por prescripción médica: el ex policía Oscar Gómez y el personal civil de inteligencia Guillermo López Guerrero.
Duras penas.- El Ministerio Público Fiscal (MPF) requirió que 33 de los 41 imputados fueran condenados a perpetua. Pidieron la pena máxima para 14 ex policías, 13 ex militares, cinco ex gendarmes y un civil. Para el resto de los sospechosos, pidieron entre cuatro y 25 años. Los representantes del Estado consideraron que todos los delitos-que van desde violación de domicilio hasta abusos sexuales y homicidio triplemente calificado- deben ser calificados como de lesa humanidad y que, de haber condenas, deben cumplirse en la cárcel de Villa Urquiza.
Un año.- La megacausa comenzó hace más de un año, el 12 de noviembre de 2012. El proceso oral juzga las presuntas responsabilidades de 41 imputados en delitos de lesa humanidad cometidos contra 215 víctimas. Los hechos habrían ocurrido en los centros clandestinos de la ex Jefatura de Policía y el Arsenal "Miguel de Azcuénaga".
Fuente:LaGaceta
Defensores alegaron en una sala casi vacía
29/11/2013Megacausa Jefatura II - Arsenales II
Defensores alegaron en una sala casi vacía
El juicio por la Megacausa Jefatura II – Arsenales II continuó ayer con los alegatos de los defensores que habían comenzado el miércoles. Recién la próxima semana finalizarán con las exposiciones. La sala estuvo casi vacía toda la jornada. Solo se vieron algunos familiares de los represores.
El primero en alegar el viernes fue Manuel Bonnin, se refirió a la acusación de Reyes Quintana, ante una sala muy poco concurrida. El sector destinado a los familiares de victimas del genocidio estuvo totalmente vacío, solo unos pocos parientes de los imputados presenciaron la audiencia.
Bonnin pidió la absolución de Reyes Quintana por aplicación del beneficio de la duda. Lo mismo pidió Vanesa Lucero por Moreno.
Bonnin también solicitó la absolución por Abraham. En cada caso plantearon la nulidad de las acusaciones. Respecto al imputados Pasteris sostuvo que "la única prueba contra él es a su favor".
Por otro lado Lucero dijo, cuando alegó sobre Versellone, que "es difícil hacer una defensa cuando no hay prueba de cargo".
A su vez el defensor Bertini se refirió a la imputación de María Elena Guerra, acusada por usurpación, "nosotros presentamos siete testigos vecinos de la señora y nadie vio nada", exclamó. Pidió la absolución de Guerra por el beneficio de la duda y porque, sostiene, que no ha cometido ningún delito.
Vanessa Lucero, finalmente planteó nulidad de todas las acusaciones y pidió absolución de todos los representados.
El defensor oficial Ciro Lo Pinto, también solicitó nulidad por las acusaciones contra Luis De Cándido y Roberto Heriberto Albornoz. Recordó que ya fueron juzgados por dos miembros de este tribunal (Gabriel Casas y Carlos Jiménez Montilla) en la Megacausa Jefatura I en el 2010, por lo tanto planteó la nulidad.
Lucero al referirse a las imputaciones de Soto y Caballero por el caso de Luis Alberto Soldati, solicitó que desacrediten a dos testigos.
“No era hacer inteligencia, torturar. No tenía nada que ver la tortura con la inteligencia”, sostuvo Bonnin en su alegato
Las defensas continuarán alegando el miércoles a las 14.30.
Fuente:TucumanHoy
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