SALTA: Gemma recitó un poema donde sus abuelos militantes fueros dinamitados...La Fiscalía pidió condenas para todos los acusados y cárcel común‏.

“Una recuperación de la memoria, necesaria para el crecimiento”
Por Elena Corvalan
La vicedirectora de la Escuela Juana Moro de López, Vilma Leal de Ruiz, sostuvo ayer que la señalización del abra Cuesta de El Gallinato como un sitio de exterminio antes y durante la última dictadura cívico-militar es un acto que ayuda a la “recuperación de la memoria, tan necesaria para el crecimiento con justicia y equidad”.La docente fue una de las oradoras en el acto de colocación de una placa en la intersección de la ruta nacional que conduce a Jujuy, por la cornisa, con el camino vecinal que comunica con General Guemes, pasando por El Gallinato. Organizada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el municipio de La Caldera, el Archivo Provincial de la Memoria y organismos de derechos humanos, la actividad contó con la participación de funcionarios municipales y legisladores de La Caldera encabezados por el intendente, Luis Gerardo Mendaña, además de vecinos. Participaron también funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, encabezados por el coordinador del área Sitios de la Memoria, Gonzalo Vázquez; y el delegado local del INADI, Nicolás Hirtz. 

Entre los organizadores se contaban familiares de personas asesinadas en ese lugar, como Mariana Gamboa; y otros integrantes de organismos de derechos humanos, como Cristina Cobos y Nora Leonard. El acto se realizó en el marco de las celebraciones por los 30 años de la democracia y durante su transcurso hubo un repudio a las medidas de fuerza que llevan adelante las policías de distintas provincias, y a los saqueos que hubo en diversos puntos del país. Cristina Cobos sostuvo que es lícito preguntarse por la reiteración de este tipo de acciones cada diciembre y por el hecho de que estas medidas de fuerza se lleven a cabo justo cuando “los minoritarios grupos de poder económico y político redoblan sus esfuerzos para desestibilizar y, por qué no, para destituir al gobierno nacional”. El ex senador provincial Juan Moreira, testigo de la Mega Causa, sobre los crímenes en El Gallinato, pidió a sus vecinos “gallinateños” que cuenten lo que saben de los cuerpos dinamitados en ese lugar, “a los jóvenes les quiero decir que no conocen lo que es la dictadura, no quiero nunca más una dictadura, en ningún lugar, la democracia es lo mejor”, remató. 

Vázquez y Mendaña también valoraron este acto de memoria y la democracia. La celebración tuvo momentos emotivos, sobre todo por la presencia de chicos de cinco escuelas de La Caldera y La Calderilla, que vienen trabajando en talleres sobre democracia y derechos humanos y presentaron sus dibujos relativos al tema. La vicedirectora que habló ayer, “en representación de la comunidad educativa” de la Escuela Juana Moro, contó que la adhesión al acto y la señalización no es un hecho aislado, sino que se enmarca en un programa pedagógico. A tono, Mariana Gamboa destacó “la gran capacidad que tienen los niños de querer un mundo más justo”. 

Otro toque de emoción lo dio la nieta de Gemma Ana María Fernández Arcieri, asesinada en El Gallinato. Gemma, la niña nieta, leyó un poema de otra nieta, María Julia Anguita, dedicado a su abuela, Matilde Vara de Anguita. “Hoy nos juntamos, tus hijos, y los hijos de tus hijos,/ a invocar la memoria,/ a reconstruir nuestra historia,/ a recordarte quienes tuvieron la dicha de verte sonreír/ y a no olvidar que aún nos falta tu caricia/ porque unos hombres, que todavía nos asustan por las noches,/te llevaron dejándonos un desgarro profundo,/ una impotencia infinita y una marca/ que por siempre nos recuerda tu partida.” Dice en un verso. 

Megacausa: la Fiscalía pidió condenas para todos los acusados 
Por Elena Corvalan
El fiscal federal Ricardo Toranzos pidió ayer condenas para los 17 hombres que están siendo juzgados en esta ciudad por delitos de lesa humanidad cometidos entre enero de 1975 y marzo de 1978. Para seis de los imputados solicitó condenas de reclusión perpetua, para otros tres pidió prisión perpetua mientras que para los restantes pidió penas que van desde los 18 años a 3 años y 8 meses. Y planteó que deben revocarse las prisiones domiciliarias y que las sentencias se cumplan en cárceles comunes. 

En un alegato que se extendió por más de 11 horas, el fiscal hizo una distinción entre reclusión y prisión perpetua (a pesar del fallo de la Corte Suprema que no diferencia entre ambas figuras) para diferenciar los pedidos. Pidió que se aplique reclusión perpetua para el militar Carlos Alberto Mulhall (por 21 homicidios, 2 hechos de privación ilegítima de la libertad agravada, 8 hechos de tormentos agravados y violación) y el comisario Joaquín Guil (18 homicidios, 14 hechos de privación ilegal de la libertad y 2 de imposición de tormentos). Igual pena solicitó para los militares Héctor Ríos Ereñú (2 homicidios y privación de la libertad en 2 hechos), Joaquín Cornejo Alemán (1 homicidio y privación de la libertad), Miguel Gentil (6 homicidios y 2 hechos de privación ilegal de la libertad) y Virtom Modesto Mendíaz (5 homicidios y 4 hechos de privación ilegal de la libertad). 

Los seis integraban la cadena de mando del Ejército y la Policía de la provincia en los años en que se cometieron varios de los hechos que se investigan en este proceso, en el que se acumularon 19 causas por 24 “plataformas fácticas” de delitos en perjuicio de 34 personas (6 de las cuales fueron dinamitadas; 7, asesinadas; 17, desaparecidas y 4 sufrieron detenciones ilegales y torturas). Para el civil Juan Manuel Ovalle solicitó prisión perpetua, como partícipe primario de la privación ilegal de la libertad de la docente Silvia Aramayo y como partícipe necesario de su homicidio. 

Igual pena pidió para el ex federal y guardiacárcel Juan Carlos Alzugaray, por el homicidio, la privación de la libertad y los tormentos aplicados al militante Eduardo Fronda. Y lo propio pidió para el policía Raúl Eduardo Toledano, por la privación ilegal de la libertad y el homicidio del ex policía Pedro Bonifacio Vélez. Para el policía Julio Oscar Correa pidió una condena a 18 años de prisión como partícipe necesario de la privación de la libertad de las hermanas Francisca y Berta Torres, el conscripto Nolberto Guerrero y su amigo Felipe Pizarro Gallardo, hechos cometidos en General Guemes. 

Para el comisario Víctor Hugo Almirón pidió de 15 años (por 3 hechos de privación ilegal de la libertad); 12 años para el comisario Jacinto Ramón Vivas (por privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos al sindicalista Pablo Salomón Ríos); 8 años para el policía Felipe Caucotta (por el mismo hecho), y 9 años para el policía Mario Reinaldo Pachao (privación ilegal de la libertad y tormentos en perjuicio de Ernesto Luis Mamaní).Al teniente Ricardo Benjamín Isidro de la Vega lo acusó por la privación de la libertad del conscripto Víctor Brizzi y pidió que se lo condene a 6 años de prisión.

En cambio, solicitó penas de 3 años y 8 meses para los tenientes Marcelo Diego Gatto y Fernando Chaín, como partícipes secundarios de la privación de libertad de Brizzi. Estos fueron los dos únicos imputados para los que consideró atenuantes, por el grado y la edad que tenían al momento de este hecho, el 8 de marzo de 1976.El debate continuará el 16, con los alegatos de las defensas. 
El 20 de diciembre se dará la sentencia. 

Peligro de fuga 
El fiscal Ricardo Toranzos sostuvo ayer que las condenas que dicte el Tribunal Oral Federal de Salra en la Megacausa deben cumplirse en una cárcel común. Recordó que se han pedido prisiones preventivas para los 17 imputados porque existe peligro de fuga y “existe un concreto riesgo de que no se cumplan las penas” si los convictos siguen con prisiones domiciliarias, por lo que pidió que se las revoque y “se aloje a la totalidad de los imputados en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal”. 

Requiero que las prisiones sean efectivas. Este grupo hizo previsión de impunidad, quedando en sus casas lo único que se cumple es esa previsión de impunidad”, sostuvo. 

Nuevas investigaciones 
El fiscal Ricardo Toranzos pidió también que se resuelvan los pedidos de falso testimonio que quedaron pendientes en relación a Alejandro Chilinguay y Segundo Guerra. Y que se envíen copias a la Fiscalía Federal para investigar buen número de delitos que se develaron en este proceso, entre ellos los abusos en perjuicio de Griselda Benegas, la participación de Virtom Mendíaz en la Masacre de Rosario de Lerma, las detenciones irregulares de Juana López y su madre, Niscéfora Paz, la posible participación de una mujer en el secuestro de Reinaldo Isola, las detenciones de varios de los testigos que declararon en este proceso. Y que se investigue a los militares Héctor Girbone y Luis Dubois por el secuestro y desaparición del soldado Víctor Brizzi, algo que ya fue denunciado por los querellantes. 

También pidió que se investigue al comisario Humberto González en relación al homicidio del médico Pedro Urueña y la posible participación del comisario Perona en los homicidios del ex federal Juan Carlos Parada de Mallo y su mujer, Beatriz Cascella.
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10.12.2013
Se le imputan delitos de lesa humanidad, cometidos durante la dictadura
Salta: Casación rechazó recurso del ex juez Ricardo Lona, que seguirá siendo investigado

Ezcurridizo Ricardo Lona: Se lo acusa de haber sido un engranaje del terrorismo de Estado en el NOA
La Cámara Federal de Casación Penal declaró "inadmisible" un recurso extraordinario presentado por la defensa del exjuez federal salteño Ricardo Lona contra una resolución, de ese mismo tribunal, que había revocado la prescripción y ordenado que prosiga una causa en la que el ex magistrado está imputado de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Fuentes judiciales indicaron esta mañana que la Sala Segundadel máximo tribunal en lo penal d el país no hizo lugar a un recurso mediante el cual la Defensora Oficial María Eugenio Di Laudo pretendía que la Corte Suprema de Justicia analizase el fallo, que ordenó la prosecución de las investigaciones al revocar la "declaración de extinción de la acción penal", y le prohibió salir del país.

"Las resoluciones que acarrean la obligación del imputado de seguir sometido a proceso no constituyen sentencia definitiva o equiparable a tal" dijeron los camaristas Alejandro Slokar, Mariano Borinsky y Angela Ledesma, en un fallo de poco menos de una carilla.

En la resolución, a la que Télam tuvo acceso, los magistrados explicaron que "si al encartado se le imputa un conjunto de acciones u omisiones, ya sea por su participación (como autor o partícipe) en delitos que en sí mismos son de lesa humanidad o conexos a ellos, en cualquier caso son imprescriptibles y, el momento procesal en que se plantea la discusión, pone en evidencia que versa sobre un tema de derecho común y la ausencia de resolución equiparable a definitiva".

En el mes de marzo último el mismo tribunal revocó el último sobreseimiento que había beneficiado al exjuez acusado por delitos de lesa humanidad en tres procesos en los que está acusado de supuesto "encubrimiento y prevaricato" en once denuncias por secuestros y homicidios, antes y durante la dictadura cívico-militar que usurpó el poder el 24 de marzo de 1976.

En junio de 2010 la Cámara Federal de Apelaciones de Salta sobreseyó a Lona en un fallo que fue revocado, pues "se advierte que en la resolución impugnada se desvincularon los delitos atribuidos a Lona del contexto en el que habrían ocurrido".

A Lona se le atribuye no haber investigado 11 denuncias que llegaron a su conocimiento como único juez federal de Salta, sobre desaparición de personas, homicidios y privaciones de la libertad antes y durante la dictadura, ya que "no realizó investigación ni diligencia alguna" en resonados casos como los de la denominada "Masacre de Palomitas", ocurrida el 6 de julio de 1976 cuando un grupo de presas y presos políticos del penal de Villa Las Rosas fueron asesinados en el paraje de ese nombre.
Fuente:Telam