EL 2013 TERMINO CON 520 CONDENADOS Y 927 PRESOS POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD DURANTE EL TERRORISMO DE ESTADO.

JUECES Y PARTE

Por Alejandra Dandan

En los juicios contra los represores de la última dictadura, 2013 fue el año en que avanzaron los procesamientos de civiles, en especial relacionados con el sistema judicial. Aunque hay un solo condenado, quedaron imputados 53 funcionarios, entre ellos 32 jueces

EL 2013 TERMINO CON 520 CONDENADOS Y 927 PRESOS POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD DURANTE EL TERRORISMO DE ESTADO

La hora de revisar el rol de la Justicia

Hay 272 civiles involucrados en causas que tuvieron un movimiento significativo el año que terminó y seguirán avanzando en el que empieza. Cincuenta y tres entre esos acusados están vinculados con el Poder Judicial.
Por Alejandra Dandan

A diciembre de 2013 eran 272 los civiles registrados en distintas causas, lo que representa el 12 por ciento de los 2335 imputados.
El 2013 concluyó con varios datos significativos en las causas de lesa humanidad. Hubo un aumento de 144 detenidos: pasaron de 593 en 2011 a 813 en 2012 y ahora son 927 en 2013. Y no hay en este momento constancias de detenidos en dependencias del personal militar. El año terminó con 520 condenados: 142 más que en 2012, que representa un aumento del 27 por ciento. Los números pertenecen a las últimas estadísticas de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. Pero el año tuvo otros datos significativos. Hay 272 civiles involucrados en distintas causas, sobre un universo de 2335 imputados. La información surge de un relevamiento hecho por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y muestra otro de los efectos de las políticas de persecución penal de este año. Entre los civiles acusados –conjunto que incluye a hombres de la Iglesia y empresarios– sobresalen los funcionarios del Poder Judicial: son 53 casos, 32 de ellos son jueces. El número es elocuente si se tiene en cuenta que hasta aquí hay un solo juez condenado.

Los civiles y el Poder Judicial
Según datos del CELS, a diciembre de 2013 son 272 los civiles registrados en distintas causas, lo que representa el 12 por ciento de los 2335 imputados. Es significativa la presencia del personal civil de Inteligencia, de sacerdotes o profesionales de salud, entre los que hay médicos, varios de los cuales están afectados a causas de robo de niños. Pero el dato más relevante es el del Poder Judicial. Hay 53 personas mencionadas en distintos procesos. Entre ellas hay fiscales, asesores de menores, defensores, secretarios y jueces.

Los datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, que encabezan Jorge Auat y Carolina Varsky, indican que las causas en la que estas personas están involucradas tuvieron movimientos importantes durante este año. En esta línea, Varsky destaca que este año quedó firme la condena impuesta al ex juez Víctor Hermes Brusa. Brusa es hasta ahora el único juez condenado –la sentencia fue en 2009–, aunque cuando cometió los crímenes era secretario de juzgado.

Este año también se elevaron a juicio dos causas que involucran a seis ex funcionarios judiciales: Rolando Evaristo Carrizo Elst, Gabriel Francisco Guzzo, Luis Francisco Miret, Guillermo Max Petra Recabarren y Otilio Ireneo Roque Romano Ruiz en Mendoza y Luis María Vera Candioti en Santa Fe. Y distintas Cámaras Federales confirmaron procesamientos de cinco imputados: Roberto Catalán (La Rioja), Roberto Mazzoni (Resistencia), Luis Angel Córdoba (Resistencia), Gustavo Modesto Demarchi (Mar del Plata) y Manlio Torcuato Martínez (Tucumán).

Detrás de los datos
El movimiento en torno de los funcionarios judiciales implica una revisión sobre el rol de la Justicia durante la última dictadura. Un rol que durante años se vio como “inactivo” y ahora se lo entiende como “activo”, aun en su supuesta inactividad. Dos resoluciones consolidaron esa línea de interpretación. Una de Omar Palermo, ahora integrante de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza, cuando era fiscal y tuvo que pensar responsabilidades de imputados en una provincia paradigmática en ese sentido. Y otra de la Cámara de Casación en marzo de 2013, en la que se revocó el sobreseimiento del ex juez salteño Ricardo Lona. Allí se señaló: “Con tristeza estamos descubriendo que esos abogados fueron nombrados jueces federales para cumplir el rol de denegar justicia a cualquiera que mediante su reclamo cuestionara o revelara el plan sistemático de eliminación de oponentes políticos”.

Lorena Balardini, coordinadora del área Memoria, Verdad y Justicia del CELS, sostiene: “Las responsabilidades empresariales y judiciales están tematizadas desde la época de la Conadep. Siempre hubo menciones a los distintos poderes del Estado, pero eso no se había traducido en persecución penal. La hipótesis que tenemos es evidentemente que toda la cuestión civil estuvo presente en la transición democrática, pero lógicamente no hubo un foco en esa cuestión, salvo en el tema de la Iglesia. Ese tema estuvo muy presente, y sigue estando. Lo trabajó desde Emilio Mignone a Horacio Verbitsky. Pero sin embargo no tuvo su correlato en la persecución penal. Con los jueces existe un solo caso hasta ahora de una persona condenada. En ese sentido está todo por venir.”

Brusa visitaba los centros clandestinos de detención. Su caso es paradigmático, pero “no todos los jueces fueron Brusa”, dice Balardini. El juicio que comenzará en febrero en Mendoza va a ser importante, entre otras cosas, porque permitirá ver las distintas dimensiones en las que se está pensando la intervención de la Justicia. “No todo accionar fue visitar centros clandestinos. También son ejemplos de aquello no investigar, cajonear, no citar testigos, rechazar sistemáticamente hábeas corpus o dar la espalda a familiares”, señala.

“Durante mucho tiempo se discutió este tema y se decía que los jueces estaban atados de pies y manos. O que estuvieron ‘inactivos’. Lo que ahora se ve es que los jueces o integrantes del Poder Judicial tuvieron un rol ‘activo’ a su modo. Porque su rol no era picanear, sino, por ejemplo, impedir el acceso a la justicia.”
Juan Pablo Bohoslavsky trabaja en la edición de un libro de varios expertos sobre la complicidad de funcionarios judiciales y abogados durante la dictadura. “Contra lo que sugiere la literatura comparada en la ciencia política, el Poder Judicial durante la dictadura en Argentina fue activo –no sólo complaciente o apolítico– en su colaboración con el régimen, cubriendo una amplia y variada gama de conductas”, dice uno de los párrafos de presentación del proyecto. “Desde la denegación sistemática (tanto de la Corte Suprema como de tribunales inferiores) de hábeas corpus interpuestos por los familiares de las víctimas, la confirmación de la validez de las normas de facto represivas, la participación en maniobras de ocultamiento de cadáveres y las razones de esas muertes, así como en la apropiación ilegal de niños, la intervención en tribunales militares para juzgar civiles, la ayuda prestada para interrogar e incluso torturar a detenidos ilegalmente, y la delación de abogados comprometidos con los reclamos de las víctimas a fin de que fueran disciplinados por las fuerzas represivas –señala–. Se debe tener en cuenta que al día de la fecha ha habido, por lo menos, 129 acusaciones contra funcionarios judiciales por su complicidad durante la dictadura. La mitad se desvinculó voluntariamente de sus cargos, otros fueron destituidos y una tercera parte aún continúa en funciones”.

Auat reflexiona sobre este movimiento en un año en el que estuvo de fondo el debate de Justicia Legítima. Dice que después de la caída de las leyes de impunidad, el avance de estos expedientes se vio trabado por un segundo cerco de impunidad promovido por los propios jueces y operadores que debían investigar. Unos eran jueces, fiscales y operadores del sistema judicial que habían cumplido funciones durante la dictadura y aún ocupaban puestos. Otros habían ingresado después, pero estaban imbuidos por una misma matriz cultural. “Al no haber sido alcanzado por la democracia, ese Poder Judicial siguió funcionando con los mismos paradigmas y los mismos operadores de entonces, así se retroalimentó hacia adentro. Esos nuevos funcionarios ingresaron al abrigo de los viejos paradigmas con apoyo y padrinazgos, familiares o de amistad y evidentemente se generaron anticuerpos para investigar a sus propios miembros y no sólo los de esa época. Ellos encontraban el manto de impunidad porque las propias estructuras se encargaban de generar esa situación. El hecho de que pertenezcan a la misma comunidad, en ciudades chicas, hace que se inhiban de actuar por distintas razones, se excusan, en un trámite que lleva muchísimo tiempo. Y la demora se paga con monedas de impunidad, no hay otro costo y es el costo más grave que tenemos”.

Aunque estos 53 casos no son todos, ni muchos, en ellos puede verse cierto quiebre de esa lógica de clan. Las razones son muchas. Los juicios orales, por ejemplo, suelen hacerse con jueces que se movilizan desde otras provincias porque no hay magistrados del lugar disponibles. Eso llevó jueces de Tucumán a Santiago del Estero, de Buenos Aires a Santiago o Jujuy, de Santiago a Salta y de Catamarca a La Rioja. A la vez, eso impide la consolidación en cada lugar de una estructura judicial que se haga cargo de avanzar con estos ejes y lentifica las causas con audiencias que se hacen una o dos veces por semana. Pero mirados en conjunto generaron algunas sacudidas interesantes en los principados territoriales.

EL ESTADO DE LOS EXPEDIENTES QUE INVOLUCRAN GRUPOS ECONOMICOS

Responsabilidad empresaria

El año pasado se confirmaron los procesamientos del dueño del Ingenio Ledesma, Carlos Blaquier, de tres directivos de Ford y del ex titular de la Comisión Nacional de Valores. Pero en muchas causas hay demoras.
Por Alejandra Dandan

El dueño del Ingenio Ledesma, Carlos Blaquier, fue procesado por su participación en 29 secuestros.
Las investigaciones sobre la responsabilidad empresaria en crímenes de la dictadura avanzaron lentamente durante 2013. El dato más significativo fue la confirmación de la Cámara Federal de Salta de los dos procesamientos del dueño del Ingenio Ledesma, Carlos Blaquier, y de su administrador Alberto Lemos, por su participación en 29 secuestros. Otro dato fue la confirmación de la Cámara Federal de San Martín del procesamiento de tres directivos de Ford por el secuestro de 24 obreros ocurridos durante 1976. Hubo también otros avances. El procesamiento con prisión preventiva dictado por Daniel Rafecas y confirmado por la Cámara de Casación del ex titular de la Comisión Nacional de Valores, Juan Etchebarne, amigo íntimo de Alfredo Martínez de Hoz, por su rol en la organización de un grupo de tareas destinado al secuestro del grupo empresario Grassi-Chavanne.

En el contexto de las investigaciones a empresarios por su rol durante la última dictadura, este año, en la causa Papel Prensa, el Ministerio de Defensa aportó las actas de la Junta Militar halladas en el edificio Cóndor. También fueron importantes los allanamientos promovidos por el juez Norberto Oyarbide a la empresa Acindar, la apertura de una causa para investigar la responsabilidad de Bunge y Born en la desaparición de un grupo de trabajadores de la planta Avellaneda de Molinos Río de la Plata y el informe publicado por la Comisión Nacional de Valores en marzo del año pasado. Entre los avances, hubo procesamientos para los directivos de la empresa Mina el Aguilar de Jujuy, muchos de cuyos trabajadores pudieron declarar este año en el juicio oral que se llevó a cabo en esa provincia. También hubo un impulso para la investigación por los desaparecidos y secuestrados del INTA.

Pablo Llonto es abogado querellante de algunas causas emblemáticas que involucran a grupos empresarios. En su balance hay cuestiones positivas, pero también mucho pendiente: “Se avanzó en los casos de civiles con dos agregados importantes: la confirmación de los procesamientos de Blaquier y la resolución de Casación, que establece la citación a indagatoria del primer periodista en causas de lesa humanidad por hechos cometidos desde una acción periodística, como fue usar un reportaje a una secuestrada para encubrir los delitos que se cometían en la ESMA. El caso es el del periodista Agustín Botinelli, de la revista Para Ti, en el secuestro de Thelma Jara de Cabezas”. Pero todavía en materia de civiles, dice, “queda mucho por hacer con los directivos de las empresas que fueron partícipes de los secuestros de sus trabajadores y delegados. En el juzgado federal de San Martín se avanzó con los directivos de la Ford, pero hay que lograr que ello se extienda a toda la Argentina”.

Una Conadep económica
Otro dato significativo de 2013 fue la propuesta que hicieron Horacio Verbitsky y Juan Pablo Bohoslavsky en el marco de la presentación del libro Cuentas pendientes: crear una Conadep que analice e investigue las causas de responsabilidad empresaria. En ese sentido, hubo un proyecto en la Legislatura de Río Negro que fue firmado por todos los legisladores del bloque del FpV. Y otro proyecto que elaboró el diputado Hector Recalde y que impulsa la creación “en el ámbito del Congreso de la Nación de una Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas durante la última dictadura militar para la búsqueda de la Verdad, la Memoria, la Justicia, la Reparación y el Fortalecimiento de las Instituciones de la Democracia”.
En lógica de balance, Bohoslavsky señala que durante 2013 hubo “avances judiciales, administrativos, informativos, simbólicos y académicos en materia de responsabilidad por complicidad civil”. El mayor logro, sin embargo, “ha sido la consolidación de la narrativa que explica con argumentos racionales el involucramiento planificado y sistemático de los actores económicos en el plan criminal de la dictadura. También la disposición a pensar la responsabilidad por complicidad desde mecanismos de verdad, justicia y memoria que exceden largamente la reacción penal. Una explicación más amplia de lo que sucedió permite ubicar en un marco general piezas de información que han permanecido sueltas”. Y en ese sentido da un ejemplo que entendió cuando presentó el libro en Río Negro: “La represión de los chacareros cooperativistas de Río Negro, la sucesiva concentración de los negocios de la fruta en esa provincia y el terrorismo de Estado pueden pensarse ahora como engranajes de una misma maquinaria”.


La importancia de los megajuicios

En este momento hay 12 juicios orales en curso. En ellos, se juzga a 219 imputados por unas 2000 víctimas. Esto muestra que hay un promedio de 166 víctimas por cada juicio. Pero el “promedio” no refleja la situación real. Aún hay juicios fragmentados y pequeños, pero la política que se profundizó este año va hacia otro lugar. En la Ciudad de Buenos Aires se están haciendo dos debates, ambos con características de megajuicio: Plan Cóndor, con 24 imputados por 106 víctimas y el juicio unificado de la ESMA, por 66 imputados y por casi 800 víctimas. En Córdoba sucede lo mismo: el juicio por los crímenes de La Perla tiene en el banquillo a 44 imputados por un total de 417 víctimas. Y juicios que terminaron este año con las mismas características alimentaron las estadísticas de condenas. Entre ellos estuvo el juicio de Tucumán con 41 acusados por 234 víctimas. Carolina Varsky, de la Procuración, señala que “a través de estos números ahora pueden verse los resultados de las políticas que viene impulsando la Procuración desde hace años con el pedido de unificación de las causas y también muestran el efecto, la importancia y el impacto que tienen los grandes juicios. Lo que se vio este año es la maduración del proceso. Y también el resultado del uso de las reglas de la Cámara de Casación, que no es menor”, agrega. Se refiere, por ejemplo, a las reglas que permiten a los testigos que ya declararon no tener que volver a hacerlo. “Esto permite aprovechar los días de audiencia, no repetir prueba que ya se obtuvo en juicios anteriores y ayuda a evitar que el testigo no se revictimice al tener que volver a actualizar todo”.

Demoras en la Corte

La demora en la confirmación de las sentencias por parte de la Corte Suprema es un tema que preocupa a los organismos de derechos humanos. Uno de los problemas que genera es que trunca el proceso de justicia. Los acusados que mueren antes de esa última confirmación, por ejemplo, no terminan jurídicamente condenados sino “sobreseídos por muerte”. Uno de los ejemplos fue el del dictador Jorge Rafael Videla. Tenía una sentencia firme del Juicio a las Juntas. Pero murió este año sin tener ninguna sentencia firme como producto de este nuevo proceso de justicia, apunta en este caso Lorena Balardini, del CELS. Otro dato paradigmático es el suboficial Gregorio Medina. Medina fue el primer condenado por una violación sexual como delito de lesa humanidad. La condena fue del año 2010. La dictó un tribunal de Mar del Plata. Casación confirmó ese fallo con una resolución muy importante, pero Medina quedó “sobreseído” porque murió antes de que la Corte confirmara la condena. “Llegamos al final 2013 con tan sólo 28 condenas firmes a genocidas desde la apertura de los juicios en 2006”, dice la abogada Liliana Alaniz, militante de Apel, representante de Justicia Ya! en el juicio ESMA.

Fuente:Pagina12

02.01.2014 
Fue el año con mayor número de apropiadores y represores no militares sancionados desde el reinicio de los juicios 
Hubo 16 civiles condenados por delitos de lesa humanidad durante 2013 
El robo y sustracción de identidad de menores hijos de detenidos desaparecidos fue el crimen de lesa humanidad con más castigos: nueve en total. Representa un aumento de sanciones del 77% en relación a 2012.

El 2013 cerró con el mayor número de condenas a raíz de la complicidad civil con la dictadura militar desde el comienzo de los juicios por delitos de lesa humanidad. De los 515 condenados el año pasado, 16 civiles cuya complicidad o participación en crímenes fue probada en la justicia también fueron sentenciados. Apropiación de menores y supresión de identidad a hijos de desaparecidos fueron los cargos por los que recibieron duras penas, y superaron el antecedente de 2012, que totalizó en nueve condenas.

Según informó el portal de noticias judiciales Infojus, el primer civil condenado en 2013 fue Julio Cirino a seis años de prisión. El ex agente del Batallón 601 había sido sobreseído por el juez Ariel Lijo en noviembre de 2012, pero la Cámara Federal de Apelaciones –integrada por Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah– revirtió esa medida y dispuso su condena. Cirino estaba vinculado al PRO, de Mauricio Macri, a través de la Fundación Pensar, el think tank del oficialismo porteño.

En el proceso oral en el que se juzgó la apropiación de Federico Cagnola Pereyra –hijo de Liliana Pereyra y Eduardo Cagnola– fue condenada Inés Graciela Lugones, ex esposa del fallecido represor Guillermo Minicucci, acusada de haber entregado un bebé nacido en la maternidad clandestina que funcionaba en la ESMA. Junto a ella, recibió pena el matrimonio integrado por Jorge Ernesto Bacca y Cristina Mariñelarena.

En tanto, María Mercedes Elichalt, la esposa del ex subcomisario de la Policía Bonaerense Domingo Madrid, recibió diez años de prisión por la apropiación de Elena Gallinari Abinet, hija de dos militantes montoneros secuestrados y también la primera nieta nacida en un centro clandestino que recuperó su identidad. También fue condenada la médica Silvia Marta Kirilovsky, quien firmó la partida de nacimiento falsa. Tendrá que pasar cinco años y medio en prisión.

En el juicio cuya sentencia se conoció el 3 de diciembre pasado, fueron condenados Roberto Cándido Duarte y su esposa Margarita Noemí Fernández por la apropiación de otro nieto, Gabriel Matías Cevasco. María Francisca Morillo, apropiadora de Catalina de Sanctis Ovando, y esposa del militar Carlos del Señor Hidalgo Garzón, recibió 12 años de pena en el marco de la causa de Campo de Mayo. En ese proceso se probó la participación del Movimiento Familiar Cristiano que seleccionaba y asignaba los niños nacidos en cautiverio. Esa misma sentencia incluyó el castigo para Aida Blandina Dusolina Pizzoni, apropiadora de Guillermo Molfino Amarilla.

También fue condenado a 25 años, un civil torturador: Carlos Eduardo José Somoza, alias "Gordo". Se trata de un ex agente de Inteligencia del Ejército y uno de los más sanguinarios de El Campito, que estuvo prófugo hasta enero de 2010 y en 2012 fue fotografiado violando su prisión domiciliaria.

En Corrientes, la justicia federal condenó en julio a seis años de cárcel a Carlos Faraldo y a Darío Ledesma, agentes civiles del Destacamento de Inteligencia 123 de Paso de los Libres, por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada y tormentos. En Rosario, fue condenado el abogado Pedro Rodríguez por secuestro y torturas al entonces titular del Sindicato de Municipales de San Lorenzo, Manuel Casado. Rodríguez era asesor jurídico del municipio. La nómina la completa la ex policía de Tucumán María Elena Guerra, que fue condenada a dos años por usurpación de la casa de una de las víctimas, mientras que Francisco Guillermo López Guerrero fue sentenciado por su participación como agente de inteligencia en el Arsenal Miguel de Azcuénaga.

Una asignatura pendiente es la vinculada al rol de los empresarios, como Carlos Blaquier, que está enjuiciado.


revocan sobreseimiento del represor raúl machuca
P.R
La Cámara Federal de Casación revocó el sobreseimiento del ex oficial de la Policía bonaerense, Raúl Orlando Machuca, por el secuestro y la desaparición en 1977 de dos militantes de la Juventud Universitaria Peronista (JUP), y ordenó que su responsabilidad por esas desapariciones cometidas durante la dictadura cívico-militar sea dilucidada en un juicio oral y público. El policía está acusado de comandar la patota de esa dependencia y compartirá el banquillo con el ex comisario mayor, Miguel Osvaldo Etchecolatz, y el ex subjefe de esa Brigada, Fernando Svedas.

El poeta Daniel Omar Favero y su pareja, María Paula Álvarez, están desaparecidos desde el 24 de junio de 1977. Ese día, un grupo de policías de la Brigada de La Plata los emboscó en el departamento del edificio de la calle 57, entre 12 y 13, de la capital bonaerense donde vivían. Los secuestraron y desde entonces no se supo nada más de ellos.

En la denuncia iniciada por el fiscal Felix Crous –quien al inicio del expediente se desempeñaba en la Unidad de Causas por Violaciones a los Derechos Humanos y ahora está al frente de la Procunar– consta que Machuca comandó ese operativo. La investigación fiscal develó que su rol de mando estaba asentado en un expediente administrativo realizado por su subordinado y coimputado en la causa, Julio César Argüello, quien fue herido en el hecho. En ese trámite interno el ex policía lo mencionaba al comando del operativo.

Ese expediente administrativo fue clave para determinar quienes habían integrado la patota. Sin embargo, Machuca había sido sobreseído por la Cámara Federal porteña. En la resolución revocatoria de la Cámara Federal de Casación –que está fechada el 4 de diciembre pasado pero se conoció en los últimos días a través de la página de la Procuración General–, los jueces Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Mariano Borinsky hicieron lugar a la apelación interpuesta por Crous y por Luis Alen, segundo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, organismo querellante en la causa.

"Argüello no tenía motivo alguno para mentir sobre quiénes habrían integrado la comisión policial que realizó el operativo, ya que el sumario no tenía por objeto buscar responsables sino justificar las lesiones que éste sufrió y, de esta forma, atribuirlas a un acto de servicio"", señalaron los camaristas. Por eso indicaron que el sobreseimiento fue "al menos irrazonable, y como tal prematuro".
Fuente:TiempoArgentino