LA INGENIERÍA NEOLIBERAL QUE BENEFICIÓ AL SISTEMA FINANCIERO.

La ingeniería neoliberal que benefició al sistema financiero
Año 6. Edición número 295. Domingo 12 de enero de 2014
Por Alejandro Cánepa
politica@miradasalsur.com

El diputado del PRO Federico Sturzenegger fue recientemente procesado por el delito de negociaciones incompatibes con la función pública, a raíz de la estafa del llamado Megacanje de bonos de deuda externa, del que participó como Secretario de Política Económica en el gobierno de la Alianza. La operación se llevó adelante sin la participación del Congreso e implicó que los siete bancos intervinientes se repartieran 150 millones de dólares en concepto de comisiones.

Déficit Cero.” “Blindaje.” “Riesgo país.” “Señales a los mercados.” “Megacanje.” Todos esos términos saturaban los mensajes de los medios y los discursos de políticos, empresarios y economistas entre 1999 y 2001, durante el gobierno aliancista de Fernando De la Rúa. Con el objetivo de mantener la Convertibilidad a cualquier precio, las distintas gestiones al frente del Ministerio de Economía nacional ensayaban medidas cada vez más duras para podar el gasto público y así cumplir con los pagos de la deuda externa, que, a su vez, se volvían más y más pesados.

Ya durante la conducción de José Luis Machinea de la cartera de Hacienda, el gobierno se apuró en rebajar las jubilaciones más altas y en generalizar el IVA y aumentar el Impuesto a las Ganancias y otros tributos internos. Apenas 6 meses después, el Ejecutivo rebanó los sueldos de todos los empleados estatales superiores a 1.000 pesos, en porcentajes que iban del 8 al 20%. En ese recorte, también se eliminaron fondos para las universidades nacionales.

Pese a las reducciones en los sueldos de más de 140 mil personas que trabajaban para el Estado Nacional, a los recortes de gastos y al aumento de impuestos, el gobierno no lograba enderezar las cuentas. A menos de un año del triunfo electoral de la Alianza, el vicepresidente Carlos Chacho Álvarez renunciaba a su cargo por el escándalo de los presuntos sobornos en el Senado para aprobar la reforma laboral, y la relación entre la UCR y el Frepaso, los socios principales en la coalición oficialista, comenzaba a agonizar. Dos meses después, De la Rúa anunciaba el “blindaje”: un nuevo préstamo del FMI, el BID y otros bancos, para aliviar las cuentas argentinas. Ya por entonces desde el oficialismo se decía que el dinero que entraba, al servir para cancelar deuda, bajaría el riesgo país y, consecuentemente, el costo de financiamiento para el sector público y el privado. Como contraprestación ante los que desembolsaron ese “salvavidas”, el gobierno de la Alianza, por decreto, aumentó la edad jubilatoria de las mujeres hasta llevarla a 65 años. Y evaluó eliminar el sistema de jubilación estatal, aunque ese cambio finalmente quedó descartado.

Sin que pudiese revertir el deterioro en las cuentas públicas, desgastado por los ajustes sucesivos que llevaron su firma y en una posición frágil en medio de los tironeos internos de la Alianza, que comenzaba a escorarse definitivamente, Machinea renunció en marzo de 2001 y fue reemplazado por el entonces ministro de Defensa, Ricardo López Murphy, quien antes de la elección de 1999 que ganara De la Rúa, había propuesto bajar un 10% los salarios de los empleados estatales.

López Murphy asumió arropado por una suba de la Bolsa porteña y una disminución del riesgo país, y Stanley Fischer, director del FMI, celebró su llegada al decir que le tenía “una gran confianza”. El nuevo titular del Palacio de Hacienda eligió jurar por “Dios, la patria y los Santos Evangelios”, en un “tono castrense”, como señaló el propio diario La Nación. En la jura también estaba el economista cavallista Adolfo Sturzenegger: su hijo Federico, poco después, juraría como nuevo secretario de Política Económica.

Durante su fugaz estadía en Economía, López Murphy quiso llevar adelante un ajuste todavía más corrosivo: propuso sacarle más de 300 millones de pesos a las universidades nacionales, eliminar exenciones al IVA, cortar el envío de distintos fondos a las provincias y, globalmente, planteaba eliminar partidas por casi 2 mil millones de pesos. También calculaba eliminar alrededor del 30% de los puestos de distintos organismos del Estado Nacional, privatizar la Casa de la Moneda y la Lotería Nacional y bajar el salario familiar. Tras el anuncio de las intenciones de López Murphy, renunciaban los ministros de Interior, Federico Storani; de Educación, Hugo Juri, y de Desarrollo Social, Graciela Fernández Meijide. Apenas pasados cuatro días después de anunciar ese ajuste durísimo, le tocó al propio autor de ese durísimo plan de ajuste irse del gobierno.

Llegó entonces Domingo Cavallo en su reemplazo, presentado como una especie de “salvador”, inclusive por los sectores del Frepaso que, deshilachados, seguían adheridos a la gestión radical. Como las necesidades de fondos seguía apremiando, y la actividad económica estrangulada por ajustes sucesivos, destrucción de puestos de trabajo y rigidez del modelo cambiario, seguía en franco descenso, Cavallo intentó otro manotazo de ahogado, que, ampulosamente, se llamó “megacanje”. Presentado en junio de 2001, consistía en, a grandes rasgos, patear hacia adelante vencimientos de títulos de deuda que Argentina debía pagar. En rigor de verdad, el “megacanje” fue una medida propuesta por una serie de bancos internacionales, por lo que no se trató de una negociación entre un Estado y actores privados. En ese sentido, Andrés Asiaín, economista y director del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (www.ceso.org.ar), recuerda, en diálogo con Miradas al Sur: “Los bancos decidían cambiar sus títulos y postergaban cobros de intereses y capital, entre 2001 y 2005, pero a cambio, se incrementaban los pagos que tenía que hacer Argentina, de 2005 en adelante, tanto por el capital como por las tasas de interés, que aumentaban”.

Con el “megacanje”, el gobierno delarruista, ya apostando únicamente a la figura de Cavallo como una especie de fetiche, zafaba momentáneamente de la cesación de pagos, aunque a un costo muy alto para la siguiente gestión, que iba a encontrarse con una deuda diferida pero aumentada tanto en capital como en las tasas que debían abonarse. “La mayoría de los pagos iban a caer entre 2006 y 2008, y de capital solamente esa porción de la deuda aumentaba muchísimo, por el canje”, agrega Asiaín.

Un grupo de 7 bancos había elaborado la propuesta, guiado por el banquero David Mulford, ex subsecretario del Tesoro de Estados Unidos y titular del Credit Suisse, una de las entidades financieras intervinientes en la operación. “Mulford cerró el megacanje con Cavallo, sin pasar por el Congreso. Y las comisiones por esa operación sí se pagaron, y fueron 150 millones de dólares, que se repartieron de forma discrecional entre los involucrados”, dice Asiaín. En su momento, el propio Mulford decía que el “megacanje”, pergeñado por él, iba a resultar “el primer paso hacia el éxito”.

Precisamente, el pago de esas comisiones y el aumento de la deuda final que implicaba ese canje, son la piedra angular de la causa por la cual el juez Sebastián Ramos procesó a Sturzenegger (hijo), flamante diputado del PRO, y a los ex funcionarios aliancistas Julio Dreizzen, Horacio Tomás Liendo, Norberto López Isnardi, Jorge Baldrich, Carlos Molina, Ernesto Marcer y Guillermo Mondino. Por la instrumentación del “megacanje” sigue procesado Cavallo, mientras que Mulford está prófugo de la Justicia argentina. Para el juez, la operación significó un claro perjuicio para Argentina, y atribuye a los procesados “negociaciones incompatibles con la función pública”. Ramos agregó que los ex funcionarios “no podían desconocer el normal proceder en materia de canjes de deuda externa en lo atinente a sus respectivas especificidades, como así también debían tener la capacidad de advertir las irregularidades que se cometieron.”

Sturzenegger, en su defensa, dijo que también bajo los mandatos del kirchnerismo se hicieron canjes de deuda. Sobre este punto, Asiaín explica. “Esa comparación no tiene gollete. El canje de 2005 no fue voluntario, fue una negociación entre el Estado-acreedores, no fue una oferta de los propios bancos. Y la lograda bajo la gestión de Cristina Fernández fue avalada por el Congreso, además de que en una hubo una quita de capital del 70 por ciento y una rebaja de intereses, además de que un 44% de los bonos se pagan en pesos.”

Volviendo al 2001, a los pocos meses del “megacanje”, el gobierno perdió las elecciones legislativas de mitad de mandato ante el PJ, y hasta recibió 600 mil votos menos que los impugnados y en blanco. A fines noviembre, Sturzenegger renunciaba a su cargo. Ya con el naufragio social y económico en marcha, la fuga de depósitos generó que Cavallo engendrara ese verdadero cepo llamado “corralito”. Entregado a cumplir a rajatabla la deuda externa, que se inflaba más y más, el gobierno de la Alianza murió el 20 de diciembre.

Luego vendría el default declarado por Adolfo Rodríguez Saá y conceptos como “megacanje” pasaron al altillo de los recuerdos. La Justicia, con sus tiempos, lo empieza a desempolvar para investigar a los responsables de esa medida.
Fuente:MiradasalSur