PRESIÓN SOBRE LA PRESIÓN FISCAL.

Presión sobre la presión fiscal
Año 6. Edición número 295. Domingo 12 de enero de 2014
Por Julián Blejmar
politica@miradasalsur.com

Con cada noticia vinculada a cuestiones impositivas, desde el arco opositor se hace referencia a la fuerte “presión fiscal”. Así sucedió esta semana con la noticia sobre una eventual modificación al impuesto de Bienes Personales. Cómo se sitúa el país en relación con las economías desarrolladas, y cuál es el grado de progresividad del actual sistema tributario.

En cada ocasión es que es noticia una temática vinculada al régimen impositivo, hacen su aparición los sectores opositores del arco político, económico y mediático para instalar en agenda la temática de la excesiva presión fiscal, es decir, el fuerte peso de la recaudación tributaria al medírsela con el Producto Bruto Interno anual (PBI), que es todo lo que produce el país durante un año.

Los acontecimientos de la última semana no fueron la excepción, máxime con el flanco débil que el Gobierno exhibió en materia comunicacional, la cual fue, política al fin, capitalizada por estos sectores.

Con todo, resulta llamativo que desde espacios en los que se toma como referencia de desarrollo a los países centrales, se utilice para analizar la presión fiscal como medida de análisis a los países de la región. En efecto, la Argentina tiene una alta tasa al compararla con otros países de Latinoamérica. En el trabajo “Estadísticas tributarias en América latina” publicado en 2012 por la Comisión Económica para América y el Caribe (Cepal), la Organización Europea para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), y el Centro interamericano de administración fiscal (CIAT), se afirma que, para 2010, los 15 países de América Latina y del Caribe tenían en promedio una presión fiscal del 19,4%, siendo nuestro país el que encabezaba el ranking, con un 33,5% sobre el PBI.

Tomando cifras cruzadas del Indec y de la AFIP, este guarismo se habría reducido para 2013 al 29%. Pero en cualquier caso, se mantuvo debajo del promedio recientemente difundido por la OCDE (también conocida como “el club de los países ricos”) para sus países miembro, el cual fue del 34,6% para 2013, con países que superaban el 46%, como Dinamarca.

Estos guarismos de incidencia fiscal, lejos de ser una “distorsión”, han pasado a ser una política de Estado durante la actual gestión, que desde 2003, los ha aumentado progresivamente hasta prácticamente duplicarlos (16% a 29%). El actual ministro de Economía Axel Kicillof, lo expresó claramente durante una conferencia celebrada en agosto pasado. Allí afirmó, en relación con la acción tributaria, que “algunos lo llaman ‘presión tributaria’. Nosotros lo llamamos ‘capacidad de acción política del Estado’. ¿De dónde creen que salen las políticas de Estado, las jubilaciones, las grandes inversiones, incluso las políticas de desendeudamiento? Salen de esa capacidad de maniobra, que no es otra cosa que haber reducido la carga de intereses y de vencimientos de deuda, y por otro lado, una capacidad recaudatoria que no está hecha sobre nuevos impuestos sino por la mayor eficiencia en la recaudación y por el crecimiento, que da el círculo virtuoso, porque de esa capacidad de maniobra salen estas políticas de Estado”.

La composición, el verdadero problema. La recaudación fiscal se compone de impuestos indirectos y directos. Mientras que los primeros se aplican indistintamente a todos los contribuyentes mediante gravámenes al consumo, los segundos se focalizan en los sectores de más altos ingresos, por lo que son más progresivos. Durante la citada conferencia, Kicillof afirmó que “tenemos también una política tributaria más progresiva, porque está basada en más impuestos directos. Anteriormente, la mayor recaudación venía por el IVA, que es un impuesto indirecto; por eso se aumenta la proporción de los impuestos sobre el salario, sobre la propiedad y sobre el comercio exterior. Un 41% de la estructura tributaria argentina son impuestos directos, cobrados a quien tiene que tributar, no a través de mecanismos indirectos, como el IVA, que es un impuesto fuertemente regresivo”. Asimismo, en declaraciones radiales en octubre del 2012, señaló que “los impuestos progresivos representaban el 23% [en los ’90], y ahora representan el 43% del total de la recaudación”.

En este sentido, el economista Alfredo Iñíguez señala en su trabajo “Tributos al modelo” de abril de 2012, que “si bien desde el año 2003 no se produjeron cambios significativos en la política tributaria –aunque se lograron avances en materia de administración– no se deben menoscabar las diferencias existentes entre la recaudación tributaria actual y la obtenida en la década de los años noventa. En aquellos años, de cada 100 pesos de recaudación, 53,9 pesos los aportaban los impuestos al Consumo, mientras que en el año 2010 aportaron 34,8 pesos, esto es, 19,1 pesos menos. Los gravámenes al Comercio Exterior en los ’90 aportaban apenas 4,3 pesos y con el nuevo modelo lo hacen con 13,1 pesos; los impuestos sobre la propiedad contribuían con 1,6 pesos y ahora con 7,9 pesos. Los impuestos a los ingresos (básicamente Ganancias) y las Contribuciones sociales aportan en la actual estructura casi dos pesos más cada uno”.
Asimismo, el reconocido economista tributarista Jorge Gaggero afirmó en la publicación “Voces del Fenix” de abril de 2012 que aún “mucho queda por hacer” para dotar al sistema fiscal de, entre otras cuestiones, “mayor equidad”, pero sostuvo igualmente que “se han realizado algunas reformas positivas de relevancia en el sistema tributario después del régimen de convertibilidad, que se han apoyado en gran medida en la creación de impuestos extraordinarios (no tradicionales)”. Entre las mismas, menciona los “derechos sobre las exportaciones”, “la recaudación adicional que provee el impuesto a las ganancias debido al crecimiento económico”, y “el capítulo de los recursos previsionales”, el cual, recordemos, pasó a manos del Estado en 2009 tras nacionalizarse las AFJP.

Sin embargo, los avances enumerados son aún insuficientes para transformar al sistema tributario heredado del neoliberalismo en un régimen claramente progresivo. El citado informe de la OCDE señala que “la progresividad potencial del sistema tributario actual se ve reducida por la combinación de una preponderante importancia relativa de los impuestos indirectos y el poco peso del impuesto sobre la renta de las personas físicas en la recaudación total.”

De acuerdo con las cifras presentadas por el propio ministerio de Economía, la mayor incidencia en la carga impositiva la continúan sosteniendo los impuestos directos, con el 58,4% del total, mientras que en la OCDE, en cambio, los impuestos directos representan alrededor del 40% del total. En nuestro país, además, la mayor parte continúa correspondiendo al IVA –que actualmente se encuentra en el 21% y en 2013 representó el 29% del total de la recaudación–, el cual es el impuesto regresivo por excelencia, pues deben abonarlo incluso los sectores más necesitados al comprar sus elementos de primera necesidad. Según señaló Gaggero en una entrevista realizada para este diario, “la alícuota general del IVA es similar a la de otros países, pero la gran diferencia es que esos países tienen alícuotas diferenciales o cero para paquetes de productos que compran los más pobres”.

Si bien es cierto que no es fácil modificar este impuesto, ya que los oligopolios que comercializan los artículos de consumo masivo bien podrían quedarse con el porcentaje de IVA que se deduzca, no menos cierto es que sostenerlo en las actuales condiciones es altamente perjudicial para los estratos más bajos.

El tercer impuesto en importancia (detrás de los correspondientes a Seguridad Social) es el de Ganancias (21% del total), el cual resulta un impuesto directo. Sin embargo, también aquí existe un importante sesgo regresivo, pues al ser aportado en casi el 80% por sociedades anónimas, las mismas pueden trasladar los costos a los bienes y servicios que ofrecen en el mercado.

Una presión fiscal similar a las de los países más desarrollados, relevantes avances en su progresividad, pero fuertes deudas en el objetivo de lograr un sistema tributario equitativo, es el panorama entonces del actual modelo impositivo, fuertemente disputado entre dos modelos de nación.

Entre declaraciones y efectos. La legítima discusión por el Impuesto a los Bienes Personales, terminó siendo opacada por los cortocircuitos que exhibió el Gobierno durante los últimos días. El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, afirmó en el comienzo de la semana que se había decido incluir una modificación en el criterio de tasación de las propiedades que serían alcanzadas por el Impuesto a los Bienes Personales, lo cual fue relativizado, aunque no negado, por el jefe de Gabinete Jorge Capitanich. Según se sostenía, dentro del paquete de leyes impositivas que el Gobierno enviará al Congreso en febrero próximo, se encontraría un artículo referido a la implementación de una tasación a valor de mercado para estas propiedades, en lugar de la valuación fiscal que actualmente se realiza, la cual es sensiblemente menor.

Sin embargo, el día martes, en declaraciones al programa La Vuelta de Zloto, por radio del Plata, el ministro de Economía, Axel Kicillof, afirmó que si bien se habían “enviado al Parlamento dos planes antievasión que tienen que ver con cuestiones impositivas”, la Presidenta le manifestó que “no hay ninguna medida de bienes personales en curso”.

El Impuesto a los Bienes Personales fue creado en 1991, para gravar a personas que posean inmuebles, vehículos y dinero por más de 102.300 pesos convertibles a dólares. La única modificación que sufrió fue en 2007, cuando dicho monto se elevó a 305.000 pesos. Según informó la AFIP, este impuesto aportó en 2013 10.296,2 millones de pesos, es decir, poco más del 1% de la recaudación, en su mayor parte (44%) debido a pago de bienes inmuebles.

Se trata, claramente de un impuesto progresivo, ya que lo abonan quienes más tienen. Sin embargo, Kicillof afirmó que en la actualidad, un cambio en el Impuesto a los Bienes Persones “tiene efectos socioeconómicos negativos”. Las principales razones, tendrían que ver con el hecho de que tasar las propiedades según los montos del mercado resulta dificultoso, pues estos valores muchas veces se relacionan con cuestiones especulativas antes que objetivas, y por otro parte podría resultar perjudicial para propietarios que revistan el carácter de desocupados, jubilados o pensionados con haberes mínimos, o herederos sin ingresos, quienes podrían no poseer suficientes entradas mensuales para hacer frente a dicho cargo.

De todas formas, Kicillof dejó en claro que, tal como está planteado en la actualidad, el impuesto posee falencias. “Es un impuesto que no parece reflejar la situación patrimonial del país, en virtud de la cantidad de contribuyentes”, sentenció.
Fuente:MiradasalSur