Derivación del juicio por delitos de lesa humanidad en el ex centro clandestino La Cacha
Denuncia de organismos contra docente de La Plata
El vicedecano de Medicina, Enrique Pérez Albizu, fue señalado por víctimas de la dictadura.
Por: Pablo Roesler
Los denunciantes informaron que, en principio, la denuncia será presentada ante la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) que, en el artículo primero de su estatuto, establece que "una universidad pública no debe permitir la pertenencia a su vida institucional de ninguna persona involucrada en violaciones a los derechos humanos y/o terrorismo de Estado". Sin embargo, no descartaron llegar a la justicia penal.
La denuncia ante la UNLP estará encabezada por la Madre de Plaza de Mayo y la APDH, entidad que Alaye integra, y estará acompañada por organismos de Derechos Humanos, sectores sindicales vinculados a la universidad, y por facultades de La Plata, detalló el abogado de la Asamblea, Oscar Rodríguez. Es que las funciones que desempeña el médico contradicen el estatuto que rige la casa de estudios platense desde 2008, que ya en su preámbulo reafirma su compromiso con los valores democráticos y republicanos, y establece que "no podrán incorporarse y/o permanecer" en la institución, personas involucradas en los crímenes del genocidio.
El denunciado es el cirujano Pérez Albizu, actual vicedecano de la Facultad de Medicina y docente de la Cátedra de Anatomía, quien se desempeña en su especialidad en el Hospital Italiano de La Plata. Su firma figura en al menos tres certificados que Alaye presentó el viernes ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1 que juzga a 21 represores por los crímenes cometidos durante la dictadura cívico-militar en el centro clandestino de detención conocido como La Cacha.
En la audiencia, Alaye mostró en pantalla gigante los certificados de defunción de personas anotados en la morgue policial de La Plata como "NN", muertos por "destrucción de masa encefálica por herida de proyectil arma de fuego" en la capital bonaerense el 21 y 23 de abril de 1977. Esos certificados llevan la firma de Pérez Albizu como médico examinador de los cadáveres. La Madre explicó que esos asesinatos forman parte de "falsos enfrentamientos", figura con que la dictadura escondía los fusilamientos de detenidos desaparecidos.
La información aportada por Alaye develó que 21 médicos firmaron 227 defunciones de NN entre 1976 y 1978. Uno de ellos es el que denunciarán. Y destacó que cuando el muerto era perseguido político no se realizaba autopsia y además se registraba la "intervención del área 113 del Ejército" y se los catalogaba "de puño y letra de los médicos, como 'SUB' (en alusión a subversivo)", destacó la mujer.
Fuente:TiempoArgentino
Envío:Agnddhh
La Cacha: sale a escena la muerte de Luis Bearzi
Fue asesinado por policías en una “cita cantada” en Tolosa. Declaran familiares en la sala de juicios y por videoconferencia desde España.
26.02.2014
Fue asesinado por policías en una “cita cantada” en Tolosa. Declaran familiares en la sala de juicios y por videoconferencia desde España.
26.02.2014
El juicio La Cacha se desarrolla en la ex sede de AMIA, 4 entre 51 y 53 (Foto: Matías Adhemar)
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El homicidio de Luis Bearzi, asesinado por policías en el marco de una “cita cantada”, subirá a los estrados del juicio oral y público a 21 acusados por delitos de lesa humanidad ocurridos en La Plata durante la última dictadura cívico militar.
Carlotta Ayub de Quesada, Ana Quesada y Julia Bearzi darán testimonio por los crímenes de Luis Bearzi y Graciela Quesada en 1977. No es la primera vez que lo hacen. Ya declararon en el marco del juicio oral de la causa denominada “Circuito Camps”.
Carlotta Ayub de Quesada, con su pañuelo blanco expondrá su testimonio mediante videoconferencia desde Barcelona, donde ya vivía cuando su hija Graciela Quesda fue raptada y desaparecida.
Graciela Quesada estudiaba antropología, era militante de base en Montoneros. Fue secuestrada el 17 de marzo de 1977. Estuvo detenida en la Brigada de Investigaciones de La Plata y luego en La Cacha. Su papá, Luis Eduardo Bearzi había sido asesinado poco antes en una emboscada junto a Marcelo Gabriel Bettini, el 8 de noviembre de 1976, cuando concurrían a una cita cantada en Tolosa. Por las muertes de los varones están acusados Miguel Etchecolatz y Julio César Garachico, entre otros.
María Julia Bearzi es hija de Graciela Quesada y Luis Eduardo Bearzi. Por la muerte de sus padres también declaró en otros juicios orales por delitos de lesa humanidad. “Pasé toda mi vida tratando de cerrar el agujero negro causado por la incertidumbre que genera la desaparición de una persona”, dijo a los jueces al declarar como testigo en el juicio por el Circuito Camps. Tenía 2 años cuando su mamá fue secuestrada y recordó que mientras estaba en cautiverio pudieron verla en dos oportunidades, en una de las cuales su abuelo advirtió que estaba embarazada.
También se espera el relato de Esteban Alejandro Vera, médico de Ensenada que atendía a embarazadas en La Cacha y en la cárcel de Olmos. Fue Jefe de Emergencias del Hospital de Niños de La Plata hasta el año 2000. También trabajó en el Penal de Olmos y estuvo implicado en la causa de los mellizos Reggiardo Tolosa, apropiados por el sub comisario Samuel Miara. Durante el período 1976-1978, el plantel médico que prestaba servicios en el área de Maternidad del Penal de Olmos, inaugurado en 1975, estaba integrado por los pediatras Néstor Siri y Vera, los obstetras Rodolfo Tessari y Silvia Gorostieta y las parteras Élida Acuña y María Delgadillo, según consta en las declaraciones en los Juicios por la Verdad tramitados en el Juzgado Federal de La Plata y en la causa Miara, sobre la apropiación de los mellizos Reggiardo Tolosa.
Detrás de la Unidad Nº 8 de la Cárcel de Olmos, a unos 50 metros aproximadamente, se encontraba el Centro Clandestino de Detención “La Cacha”. En ese predio estaban las instalaciones de Radio Provincia, y a partir de 1977 pasó a depender del Servicio Penitenciario Bonaerense. En ese centro estuvieron detenidas más de tres mil personas y la mayoría fueron golpeadas y torturadas hasta la muerte. Entre ellas, había algunas embarazadas como Norma Aquin y María Laura Bretal, quienes recibieron los mismos tratos que cualquier detenido e incluso fueron torturadas y permanecieron allí en condiciones infrahumanas.
Bretal fue detenida cuando promediaba los cinco meses de embarazo, en mayo de 1978, y trasladada a “La Cacha”. “Estoy una semana en una habitación, que era el laboratorio, en las condiciones más terribles, aislada totalmente y sometida a todo tipo de torturas físicas, psíquicas y encapuchada”, recordó.
El expediente. El tribunal decidió unificar tres causas en este proceso que tiene a 147 víctimas. Trece ex integrantes del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército (Carlos del Señor Hidalgo Garzón, Jorge Héctor Di Pasquale, Gustavo Adolfo Cacivio, Ricardo Armando Fernández, Luis Orlando Perea, Roberto Armando Balmaceda, Emilio Alberto Herrero Anzorena, Carlos María Romero Pavón, Anselmo Pedro Palavezzati, Raúl Ricardo Espinoza, Rufino Batalla, Claudio Raúl Grande y Miguel Ángel Amigo, juzgado por una causa residual) junto a dos penitenciarios: Héctor Raúl “El Oso” Acuña e Isaac Crespín Miranda.
También están sentados en el banquillo de los acusados cuatro policías bonaerenses (Miguel Osvaldo Etchecolatz, director general de Investigaciones; Eduardo Gargano, director general de Seguridad; Horacio Elizardo Luján, jefe de la Unidad Regional La Plata, y Julio César Garachico, también de la Unidad Regional La Plata). Un militar retirado de la Armada, Juan Carlos Herzberg, integrante de la Fuerza de Tareas 5 y el civil, Jaime Lamont Smart (ex ministro de Gobierno).
Cabe agregar que dos importantes represores que estuvieron imputados se libraron del juicio por la llamada “impunidad biológica” ya que fallecieron durante la sustanciación de las actuaciones. Ellos son el ex jefe del Destacamento 101 de Inteligencia de La Plata, coronel Arias Duval, y el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, general Ibérico Saint Jean.
Entre los casos que se investigan en este megajuicio están los de Laura Carlotto, hija de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y la privación ilegítima de la libertad de Antonio Bautista Bettini, padre de Carlos Bettini, actual embajador argentino en España. Además, se juzga la sustracción de Matías y Gonzalo Reggiardo Tolosa y de Natalia Suárez Nelson, nacidos mientras sus madres estaban cautivas en ese centro clandestino de detención, tras lo cual fueron apropiados y décadas más tarde recuperaron su identidad.
Los represores bautizaron al centro clandestino ubicado detrás de la cárcel de Lisandro Olmos en honor a Cachavacha, la bruja de un dibujo animado de Manuel García Ferré. Su escoba tenía poderes mágicos: era capaz de hacer desaparecer aquello que barría. Estaba en manos del Servicio de Inteligencia del Ejército (Destacamento 101) y dependía operacionalmente de la Décima Brigada de Infantería de La Plata. Y reportaba, a su vez, a dos estructuras militares: al Primer Cuerpo de Ejército y al Batallón de Inteligencia 601.
El campo estaba entre calles 191, 196, 47 y 52 (vías del ferrocarril Belgrano), contigua al penal de Olmos, en las antiguas instalaciones de Radio Provincia, en Lisandro Olmos, partido de La Plata.
Fuente:Diagonales
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