Delitos de lesa humanidad
Piden investigar a un médico que emitió certificados para que dos acusados no presencien el debate
Piden investigar a un médico que emitió certificados para que dos acusados no presencien el debate
Se trata de los imputados Luis Alberto Rodríguez y Armando Osvaldo Fernández. El nombre del profesional de la salud está registrado como si hubiera trabajado en el centro clandestino de detención D2.
El tribunal aún no resolvió el pedido de auto defensa de Romano. Foto:Noelia Guzmán
Por: Sebastián Salas sebastian.salas@elsol.com.ar
El megajuicio por delitos de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura militar continúa cumpliendo la parte formal del proceso para darle lugar a la etapa testimonial. Pese a esto, algunos pormenores cotidianos han sido noticias en los últimos días y este martes no fue la excepción. La querella pidió investigar a un médico que certificó que dos imputados padecían problemas de salud, ya que habría pertenecido a un centro clandestino de detención.El tribunal se disponía a continuar con la lectura de las acusaciones, pero desde la querella solicitaron leer un escrito firmado por la subsecretaria de Justicia, Romina Ronda –no estaba en la sala de debate porque se encuentra en Buenos Aires-.
En la epistolar, la funcionaria solicitó que se investigue al profesional de la salud que certificó los problemas por los cuales los acusados Luis Alberto Rodríguez Vázquez y Armando Osvaldo Fernández Miranda, ambos ex integrantes de las fuerzas policiales, no pueden estar presentes en las audiencias.
Sucede que el médico tiene el mismo nombre de otro doctor que trabajó en el centro clandestino de detención D2 durante la última dictadura militar y eso da a lugar a posibles presunciones sobre la falsedad de las dolencias físicas que padecen.
En caso que se compruebe que se trata de la misma persona, es probable que los magistrados citen a declarar al médico para que dé explicaciones sobre el estado de salud de los acusados, manifestaron fuentes judiciales.
En tanto que la jornada continuó con la lectura de las acusaciones, entre las que se destacaron las que involucran a los ex magistrados juzgados Otilio Romano, Luis Miret, Guillermo Petra y Rolando Carrizo.
El debate continuará el 10 de marzo y se espera que comiencen a tomarse las declaraciones testimoniales de las distintas causas y que el tribunal resuelva el pedido de auto defensa por parte de Otilio Romano –ver nota relacionada-.
Fuente:ElSol
La falta de actuación de Miret en las denuncias de apremios ilegales fue relatada por la querella. (Foto Nacho Gaffuri / MDZ)
En la tercera audiencia del mega juicio por delitos de Lesa Humanidad en Mendoza se ventiló la responsabilidad penal de las fuerzas de seguridad, quienes bajo el argumento de la investigar "células de la subversión", no sólo privaron de manera ilegítima de su libertad a personas, entre ellas algunas todavía desaparecidas y otras que lograron sobrevivir, sino que toturaron, vejaron, hicieron firmar declaraciones apócrifas y despojaron a los damnificados de pertenencias, llegando a quedarse con sus hijos.
Todo esto fue posible por el amparo y la omisión judicial de magistrados como Luis Miret, los ex jueces federales Gabriel Guzzo, Rolando Carrizo y Otilio Roque Romano, quien se desempeñaba como Procurador Fiscal.
Gracias a la complicidad de estos últimos las actuaciones por apremios ilegales fueron archivadas y las desapariciones de personas no fueron investigadas.
En la primera parte del debate, los abogados querellantes Diego Lavado, Carlos Varela, Diego Lecour, Viviana Beigel y Pablo Salinas dieron lectura a una serie de causas vinculadas al accionar de las fuerzas de seguridad.
Se leyeron las acusaciones a Alcides París Francisca, Dardo Migno, Ramón Angel Puebla, Rubén Darío González y Héctor Julio La Paz. Estos últimos habían participado de las violaciones de domicilio, con la posterior privación ilegítima de la libertad con el uso de violencia y el traslado de las víctimas al centro de detención conocido como "D2", donde se cometían los apremios ilegales, torturas y hasta delitos contra la integridad sexual.
Entre los cargos que se leyeron no sólo figuraba el de asociación ilícita y el secuestro abusivo de personas con el agravante de la violencia: también se los acusó de homicidio agravado de dos o más personas.
Ese fue el caso de Alcides París Francisca, a quien se lo responsabilizó de perpretar un operativo para la detención de Juan José Galamba, desaparecido el 28 de mayo de 1978 luego de casi dos años de esconderse de las fuerzas policiales.
Todas las personas que lo ayudaron a escapar de la represión policial, como Margarita Dolz, los hermanos Juan Carlos y Daniel Romero, Ramón Sosa, Raúl Gómez, Gustavo y Mario Camín, padre e hijo, y Víctor Hugo Herrera fueron secuestrados y, hasta hoy, están desaparecidos.
El comodoro retirado París Francisca y Luciano Benjamín Menéndez, Comandante del Tercer Cuerpo del Ejército, fueron acusados de "privación abusiva de la libertad por el uso de la violencia y homicidio agravado cometido a dos o más personas".
En el debate también se conoció el caso de Valentín Montes, quien denunció torturas cuando se desempeñaba en Comunicaciones del Ejército. También se mencionaron los delitos contra la integridad sexual sufridos por Rosa del Carmen Gómez por parte de policías del D2.
Responsabilidad judicial
La querella detalló los testimonios de León Eduardo Glogowsky, de Haydeé Clorinda Fernández, de Silvia Ontiveros, detenida en la causa “Rabanal”, donde quedó acreditado que ambos funcionarios habían tenido contacto con las denuncias efectuadas por ellos, no sólo de apremios ilegales, robo y prácticas de tortura y los fallecimientos de los presos políticos en las penitenciarias, sino también de la gravísima situación de las violaciones a las mujeres detenidas por los policías en los centros de detención.
Si bien se iniciaron actuaciones para determinar la responsabilidad de quien se encontraba a cargo del centro de detención D2, Pedro Sánchez Camargo, la causa fue archivada, tanto mediante el amparo y como la omisión de investigar del juez federal Gabriel Guzzo, como la del fiscal de ese momento Otilio Roque Romano.
El debate continuará el próximo 10 de marzo.
Fuente:Mdzol
Todo esto fue posible por el amparo y la omisión judicial de magistrados como Luis Miret, los ex jueces federales Gabriel Guzzo, Rolando Carrizo y Otilio Roque Romano, quien se desempeñaba como Procurador Fiscal.
Gracias a la complicidad de estos últimos las actuaciones por apremios ilegales fueron archivadas y las desapariciones de personas no fueron investigadas.
En la primera parte del debate, los abogados querellantes Diego Lavado, Carlos Varela, Diego Lecour, Viviana Beigel y Pablo Salinas dieron lectura a una serie de causas vinculadas al accionar de las fuerzas de seguridad.
Se leyeron las acusaciones a Alcides París Francisca, Dardo Migno, Ramón Angel Puebla, Rubén Darío González y Héctor Julio La Paz. Estos últimos habían participado de las violaciones de domicilio, con la posterior privación ilegítima de la libertad con el uso de violencia y el traslado de las víctimas al centro de detención conocido como "D2", donde se cometían los apremios ilegales, torturas y hasta delitos contra la integridad sexual.
Entre los cargos que se leyeron no sólo figuraba el de asociación ilícita y el secuestro abusivo de personas con el agravante de la violencia: también se los acusó de homicidio agravado de dos o más personas.
Ese fue el caso de Alcides París Francisca, a quien se lo responsabilizó de perpretar un operativo para la detención de Juan José Galamba, desaparecido el 28 de mayo de 1978 luego de casi dos años de esconderse de las fuerzas policiales.
Todas las personas que lo ayudaron a escapar de la represión policial, como Margarita Dolz, los hermanos Juan Carlos y Daniel Romero, Ramón Sosa, Raúl Gómez, Gustavo y Mario Camín, padre e hijo, y Víctor Hugo Herrera fueron secuestrados y, hasta hoy, están desaparecidos.
El comodoro retirado París Francisca y Luciano Benjamín Menéndez, Comandante del Tercer Cuerpo del Ejército, fueron acusados de "privación abusiva de la libertad por el uso de la violencia y homicidio agravado cometido a dos o más personas".
En el debate también se conoció el caso de Valentín Montes, quien denunció torturas cuando se desempeñaba en Comunicaciones del Ejército. También se mencionaron los delitos contra la integridad sexual sufridos por Rosa del Carmen Gómez por parte de policías del D2.
Responsabilidad judicial
La querella detalló los testimonios de León Eduardo Glogowsky, de Haydeé Clorinda Fernández, de Silvia Ontiveros, detenida en la causa “Rabanal”, donde quedó acreditado que ambos funcionarios habían tenido contacto con las denuncias efectuadas por ellos, no sólo de apremios ilegales, robo y prácticas de tortura y los fallecimientos de los presos políticos en las penitenciarias, sino también de la gravísima situación de las violaciones a las mujeres detenidas por los policías en los centros de detención.
Si bien se iniciaron actuaciones para determinar la responsabilidad de quien se encontraba a cargo del centro de detención D2, Pedro Sánchez Camargo, la causa fue archivada, tanto mediante el amparo y como la omisión de investigar del juez federal Gabriel Guzzo, como la del fiscal de ese momento Otilio Roque Romano.
El debate continuará el próximo 10 de marzo.
Fuente:Mdzol
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