El cuarto debate oral por delitos de lesa humanidad en la provincia
Cinco ex jueces mendocinos comienzan a ser juzgados por su rol en la dictadura
Entre los 41 imputados están los ex camaristas Otilio Romano, Luis Miret y Guillermo Petra, y los ex magistrados federales Gabriel Guzzo y Rolando Carrizo. Se los acusa de generar un contexto de impunidad para el accionar represivo.
Por: Gerardo Aranguren
Este nuevo juicio será el más grande que se haya realizado en Mendoza, con más de cuarenta acusados por delitos cometidos contra más de 100 personas y se espera que declaren unos 200 testigos. Las audiencias serán en el Salón de Actos del Poder Judicial de Mendoza, sede de la justicia provincial que hasta 2011 tuvo como máximas autoridades a Miret y Romano.
Junto a los cinco ex magistrados figuran entre los acusados militares retirados, como el comandante del Tercer Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, jefes de la Policía de Mendoza, y del Departamento de Informaciones (D2) de esa fuerza, donde funcionó el principal Centro Clandestino de Detención de la provincia.
A diferencia del resto de los juicios del país, además de revelar el sistema represivo mendocino con epicentro en el D2, por primera vez se visibilizará de manera integral el rol que cumplieron en ese sistema jueces, fiscales y defensores de la Justicia Federal antes y durante la dictadura.
"El terrorismo de Estado contó en Mendoza con la complicidad de miembros de relevancia de un Poder Judicial que se adaptó sin más al 'plan sistemático de represión y aniquilamiento de la subversión' imperante en aquellos años", señaló el requerimiento de elevación a juicio del entonces fiscal Omar Palermo, ahora en la Suprema Corte mendocina.
Para la investigación, la Oficina de Asistencia en causas por violaciones a los Derechos Humanos, dirigida por Palermo analizó 900 expedientes judiciales y 350 habeas corpus presentados durante la dictadura y en los años previos y concluyó que, pese a las innumerables denuncias "no hubo un solo funcionario de las fuerzas de seguridad que resultara imputado o seriamente investigado por la comisión de esos hechos".
También reveló que "la mayor parte de las denuncias fueron archivadas o provisionalmente sobreseídas sin mediar una investigación más o menos seria", y que "los habeas corpus fueron sistemáticamente rechazados sin otra tramitación que la puramente formal".
El dictamen señaló que la justicia generó un "contexto de impunidad absoluta” para el accionar represivo, lo que provocó en la población “el convencimiento general de que nada ni nadie podría torcer el curso de los acontecimientos prefijados”, y concluyó: “Esto no habría sido posible sin la colaboración de algunos jueces y fiscales silentes".
En concreto, Miret, juez federal en dictadura; Petra, entonces defensor oficial y juez subrogante, y los jueces federales Carrizo y Guzzo, fueron imputados por el delito de omisión de promover la investigación de los secuestros y tormentos. Romano, por su parte, quien se desempeñó como fiscal federal en la dictadura, deberá responder como partícipe primario de 98 casos de secuestros y torturas.
Ese rol de garantes de la impunidad de jueces y fiscales de la dictadura continuó en democracia, cuando a partir de 2004 tuvieron que decidir sobre las causas por delitos de lesa humanidad que involucraban a represores, a civiles y magistrados. Así, la Cámara Federal de Mendoza, integrada por Romano, Miret y Petra, trabó durante años el desarrollo de los juicios en Mendoza y la investigación de represores. Las causas que investigan el terrorismo de Estado pudieron avanzar recién con su salida de la Justicia. Ya sin ese poder de frenar las investigaciones, años después terminarían ellos mismos entre los acusados.
"Este juicio demandó un tremendo esfuerzo. En 2009, a seis años de la anulación de las leyes de impunidad, focalizamos nuestra atención en Mendoza porque existía una mora de los trámites escandalosa. No pasó mucho tiempo cuando las causales de la parálisis de esos procesos saltaron a la vista y claramente tenían nombres y apellido, y son los jueces que están imputados en esta causa", destacó Jorge Auat, titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, y recordó que fue denunciado ante el Procurador General de la Nación por los camaristas que ahora serán juzgados por haber señalado las demoras y la connivencia de esos jueces con los represores.
Este juicio emblemático de Mendoza será el primero en investigar a miembros del Poder Judicial después de la condena al ex juez santafesino Víctor Brusa, primer y único magistrado condenado. A pesar de las dificultades para investigar a miembros de la justicia, en los últimos años 21 ex jueces, fiscales y funcionarios judiciales fueron procesados por su actuación en la dictadura, según las estadísticas del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). A los procesados se suman otra veintena de funcionarios en actividad o retirados que están siendo investigados.
"Pienso que de algún modo las causas ya están encaminadas, lo que no quiere decir que no haya trabas para sortear. Cuando nació esta Procuraduría dijimos que el desafío era ampliar el universo de investigación hacia sectores económicos y civiles, por eso hablamos también de complicidad de las estructuras judiciales, porque el terrorismo de Estado no fueron sólo los cuarteles", agregó Auat.
Algunos casos emblemáticos
El proceso oral que se inicia mañana incluye numerosas causas cuyos denunciantes fueron detenidos ilegalmente y sometidos a vejámenes en el D2 y otras dependencias policiales. Aborda, también, las desapariciones del dirigente montonero Jorge Vargas, visto por última vez en aquel centro clandestino y la del estudiante de periodismo Edesio Villegas, así como lo acontecido con Miguel Ángel Gil entregado a la Penitenciaría casi moribundo.
A lo largo de las audiencias se revisará la embestida contra el sindicalismo combativo presente en el Banco Mendoza, ATE y otro sectores laborales que adhirieron a la Juventud Trabajadora Peronista –JTP– y a corrientes clasistas. Ente ellos estará presente el nombre de Marcos Ibáñez, delgado sindical ante el histórico Sindicato de Obreros y Provinciales -SOEP-, secuestrado en el D2, trasladado a la Unidad 9 de La Plata y muerto a manos de los guardias de esa cárcel Federal. Por primera vez, los ataques sexuales quedarán visualizados y abordados como un delito con entidad propia, independientemente de las torturas; se juzgará a algunos miembros del D2 por "Violación agravada por el uso de la fuerza", lo que deja al descubierto los permanentes ataques sexuales denunciados por cuatro mujeres detenidas en ese CCD.
16.02.2014
luz faingold y la complicidad de miret y romano con la dictadura
"No sólo participaron, lo hicieron convencidos"
La sobreviviente y testigo del proceso que comenzará mañana relata el rol de los jueces en Mendoza.
Por: Gerardo Aranguren
En su estadía en el D2, la joven fue torturada, permaneció en condiciones inhumanas de detención y sufrió abusos sexuales. En ese contexto conoció a los ahora acusados Luis Miret y Otilio Romano, quienes eran juez y fiscal, y con la reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad se convirtió en una de las principales denunciantes contra los ex funcionarios judiciales de la dictadura en Mendoza. Actualmente es directora de Derechos Humanos de la Municipalidad de la ciudad Capital y será querellante en el juicio que comenzará mañana.
“Transitar este juicio es algo que personalmente me cuesta. Recordar y declarar sobre un momento tan negro de mi vida y de la vida de todos, como fue la dictadura y los años previos, verle las caras de los genocidas es algo que deberé hacer, en tanto querellante y militante por los derechos humanos. No hay ninguna necesidad de venganza personal, sino necesidad de justicia”, manifestó Faingold en diálogo con Tiempo Argentino.
–¿Cuál cree que es la importancia de juzgar a los funcionarios judiciales de la dictadura que hasta hace pocos años atrás mantuvieron intacto su poder?
–Es muy importante porque se juzga todo el mecanismo entero de represión y muerte. Militares, policías y jueces. Todos funcionaban en conjunto, con la misma ideología, sustentando una política de exterminio. De ninguna manera los jueces pueden argumentar que no podían hacer otra cosa. No solamente participaron sino que lo hicieron convencidos de lo que estaban haciendo. Las personas que caían en la categoría de "subversivos" y sus familias eran tratados como subhumanos, como una raza a exterminar, como animales ponzoñosos sin el menor respeto a sus derechos elementales.
–¿Cómo fueron sus encuentros con Miret y Romano cuando estuvo secuestrada en el D2?
–Fui llevada al despacho del entonces juez federal Miret luego de haber sufrido durante una semana las más diversas humillaciones en las celdas del D2, sin poder comer, tomar agua, ir al baño ni llamar a mis padres. Fui una secuestrada desaparecida hasta que me "blanquearon" junto con mis compañeros. En su despacho, Miret gritaba y gesticulaba y me trataba como una alimaña a exterminar. En ningún momento me hizo sentir que era una ciudadana. No me preguntó por mi estado físico, cuando a todas vistas estábamos con un aspecto lamentable. A mis compañeros los habían torturado y uno de ellos tenía una herida de bala que no le habían curado y se le había infectado. Empecé a declarar en soledad, sin abogado ni la presencia de mis padres, soportando sus gritos de odio. Yo temblaba como una hoja, hasta que sentí a mi madre golpear la puerta del despacho y las palabras "la Constitución Argentina". Mi madre pedía verme e invocaba los derechos constitucionales, con mi padre y mi abogado y no le abrían las puertas del despacho. Yo tenía 17 años.
–¿Y a Romano cuando lo vio?
–No lo ví en el despacho de Miret. Ahora entiendo porqué. Él había estado unos días antes en el D2 y me había visto, había visto las condiciones en que me encontraba. Había abierto la puerta de mi celda y corroborado que yo estaba ahí. Era menor y era ilegal sostenerme en ese lugar como lo hizo. Mis padres hicieron un pedido de reintegro al hogar pero él no dió lugar argumentando que era una "peligrosa delincuente subversiva".
–A partir de su experiencia, ¿cómo analiza el rol de la justicia en dictadura en Mendoza?
–Fue un accionar de soporte jurídico a los asesinatos, secuestros, desapariciones y allanamientos ilegales. No investigaron nunca cuando una familia iba a pedir ayuda por el secuestro de sus hijos, no se puede creer que contestaban negativamente los Habeas Corpus y no investigaban los secuestros. También validaban las declaraciones bajo tortura e iniciaban causas por la ley 20840 para "legalizar" algunas detenciones, las de quienes se salvaban de desaparecer pero no de la cárcel. Yo tuve la suerte de poder quedar libre gracias a los esfuerzos de mis padres, ya que era menor de edad y pude partir al exilio. Pero el daño que me hicieron e hicieron a mi familia fue muy grande. Yo recién cuando llegué a Francia pude entender políticamente lo que me había pasado a mí y a mis compañeros y amigos que quedaron presos durante toda la dictadura. Si bien yo tenía militancia política, ésta era muy acotada a la escuela secundaria y no pude hacer una lectura política de lo que me había pasado. Sentí todo lo que nos había pasado como una desgracia o como un error nuestro. He necesitado muchos años para dimensionar con justicia ese momento de mi vida. Fueron participes importantísimos del terrorismo de Estado y siguieron encubriendo y cajoneando las causas de una manera tan evidente como desvergonzada. Detentaron el poder absoluto en la Justicia Federal hasta hace un par de años. Es muy importante y un triunfo de la ciudadanía y la democracia sus destituciones por Jury, así como su juzgamiento.
–¿Cuando comenzó a denunciar el rol que Miret y Romano? ¿Cuál fue la respuesta de la justicia?
–Lo primero que hice con el retorno de la democracia fue volver a mi hogar paterno y lo segundo fue preguntar por Miret. Me dijeron que lo habían ascendido, que era camarista federal. Me quedé callada, sufriendo en silencio las leyes de impunidad y luego la amnistía a los genocidas. Pero siempre recordé como un delito lo que me habían hecho Miret y Romano. Después empezó la política de Estado reparatoria, Néstor Kirchner pidió perdón en nombre del Estado. Me presenté en el Medh (Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos) para pedirles ayuda y empezó un proceso de concientización que dura hasta hoy. Pasaron muchos años hasta que en el 2009 el Medh me presentó como caso y como testigo y aquí estoy, como querellante particular al lado del Medh, con Pablo Salinas y los Organismos.
–¿Cómo vivió todo el proceso de los últimos años: las denuncias presentadas contra Miret y Romano, el juicio político, la destitución y la fuga y extradición de Romano?
–Con angustia al principio por la exposición pública al denunciarlos, pero tranquila siempre con la certeza de que el bien siempre triunfa. Con la verdad en la mano y pensando en mis hijos y en los hijos de todos, el futuro de la democracia y la convivencia social basada en el respeto a la dignidad humana de todos. En el caso de la extradición de Romano, lo viví con mucha alegría por el funcionamiento de los Pactos Internacionales, el triunfo de la noción de Lesa Humanidad, y una reivindicación hacia mi persona, ya que Romano me acusaba de ser pagada por el gobierno para perseguirlo políticamente. .
Fuente:TiempoArgentino
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