contraeditorial
La profundización del proyecto es imprescindible
Cuando los efectos de los amotinamientos de las policías provinciales comenzaban a canalizarse por distintas vías, sin excluir la judicial, abriéndose un debate pendiente sobre el qué hacer con la institución policial a treinta años de la vuelta del estado de derecho, una mala nueva se instaló en cotidianeidad de los habitantes del área Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, a lo largo del amplio territorio del conurbano bonaerense.
Por: Jorge Muracciole
Cuando los efectos de los amotinamientos de las policías provinciales comenzaban a canalizarse por distintas vías, sin excluir la judicial, abriéndose un debate pendiente sobre el qué hacer con la institución policial a treinta años de la vuelta del estado de derecho, una mala nueva se instaló en cotidianeidad de los habitantes del área Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, a lo largo del amplio territorio del conurbano bonaerense. Los cortes de energía eléctrica en las jornadas del mayor pico de calor, transformaron el humor de los afectados. Las razones fueron diversas según los responsables de garantizar el fluido eléctrico al conjunto de la ciudadanía. Las empresas eléctricas Edesur y Edenor, en una actitud irresponsable brindando información a cuenta gotas, dejaron al descubierto la ineficiente inversión, la escasez de personal y la terciarización de las tareas de mantenimiento y reparación de servicios haciendo oídos sordos a los crecientes reclamos de los afectados.
Con posterioridad, ante la bronca de los vecinos y en articulación con la prensa opositora, voceros de la empresa Edesur cuestionaron públicamente el congelamiento tarifario y lo vincularon con los cortes acontecidos en los últimos días. Afirmaron que "las tarifas de capital y Gran Buenos Aires son las más bajas de Latinoamérica, y ante ese escenario es difícil poder prestar un servicio de calidad". A esta aseveración empresarial, el gobierno contestó: "El planteo empresario es inadmisible y extorsivo". A confesión de parte relevo de pruebas. "Si no pueden prestar el servicio, el camino es el que indicó el jefe de Gabinete de Ministros", concluyó en su mensaje el ministro de Planificación, Julio De Vido. "En vez de realizar declaraciones altisonantes, lo que debe hacer la compañía es mejorar el servicio y los costos", y cumplir con la letra del contrato donde se compromete a cumplir con la distribución domiciliaria del fluido eléctrico.
Ante los cortes ocurridos, el jefe de Gabinete afirmó que las empresas Edesur y Edenor tendrán que indemnizar por las pérdidas ocasionadas a los usuarios afectados y, de proseguir los cortes, el Estado tomará medidas en relación a las concesiones de dichas compañías eléctricas.
En esta oportunidad, de la misma forma que en los casos de la estatizaciones de Aerolíneas Argentinas, o Repsol–YPF, ante la ineficiencia de los privados, el gobierno cumple con el inalienable derecho del Estado de garantizar el servicio público en favor del bien común de la ciudadanía, en otra clara muestra de la ineficiencia privatista heredada de la fiesta neoliberal.
Otra de las preocupaciones que modifican el humor del común de la ciudadanía, ha sido el persistente goteo del incremento de precios de productos esenciales de la canasta alimentaria de los sectores populares desde los cambios en Economía en las últimas semanas, con el relevo del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y la conformación del equipo del nuevo ministro Axel Kicillof. Según un informe realizado por los equipos técnicos, como resultado de una investigación de reciente concreción del área económica, los principales formadores de precios –en extremo concentrados– aprovechándose de las circunstancias, en vísperas a las fiestas de fin de año, incrementaron los mismos y, en muchos casos, lanzaron productos en esencia similares con diferente packaging, con un elemento supuestamente de refuerzo que les pemitía encontrar una grieta para evadir el acuerdo de precios de la última etapa de Moreno. Esta estrategia realizada por las grandes cadenas de alimentación y los proveedores de mayor incidencia en el mercado de los productos de primera necesidad de consumo masivo, muestra no sólo la naturaleza ética de las grandes corporaciones sino la complejidad de la ardua tarea del control de precios por parte de los gobiernos en el mundo contemporáneo. Ante este diagnóstico de situación, el nuevo equipo económico buscó de ahora en más cambiar las reglas de juego resignando medidas punitivas en la coyuntura apostando al dispositivo consensuado del seguimiento exhaustivo de cada eslabón de la cadena de valor de cada producto. Esto permitirá, con el acuerdo de precios firmado en la última semana entre el gobierno y los principales referentes del supermercadismo y la industria alimentaria, sobre 175 productos de consumo masivo que regirá a partir del 1 de enero del 2014 hasta de 31 de diciembre del mismo año, homogeneizar los precios en todo el territorio nacional y, a partir de ahora , implementar el pedido de incremento de precios de los empresarios, previo a un estudio particularizado del mismo a través de los eslabones de valor de la cadena de producción, distribución y consumo. La nueva estrategia tratará de retomar la iniciativa gubernamental sobre el desmadre de precios de las últimas semanas con control fiscal a través de la AFIP y popular por medio de asociaciones de consumidores , vecinos y entidades como Mirar para cuidar.
Para que esta nueva iniciativa tenga éxito "deberá conjugarse el trabajo conjunto del Estado y los privados para dar sustentabilidad al acuerdo y previsibilidad de los precios de la canasta de consumo". Sólo restableciendo esa previsibilidad que incremente las inversiones, y que permita continuar con el crecimiento con inclusión, se podrá seguir avanzando en una sociedad más equitativa a pesar de los agoreros de distinto signo, que apuestan al fin de ciclo.
Escenario
El factor amenazante de la extorsión
Transcurrida la primera semana desde que el gobierno nacional anunciara modificaciones en el tipo de cambio, llevando el valor del dólar a $ 8, la patoteada del sector agroexportador expresada en la mañana de ayer en boca del presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere, plantea un abierto desafío no sólo al Ejecutivo sino a la estabilidad económica y política del país.
Por: Francisco Balázs
Las declaraciones de Etchevehere coronan una semana signada por el habitual frenesí informativo opositor, desparramando incertidumbre y la idea de que el gobierno es un zombi que deambula a los tumbos conduciendo el país al aquelarre inflacionario. Detenerse en analizar el comportamiento corporativo mediático que conforman junto al resto de los sectores concentrados, distraería la necesaria atención del eje central del debate político que debe plantearse a fin de considerar las acciones a seguir para permitir ampliar los márgenes de autonomía del sistema político frente a la avanzada corporativa.
El fenomenal crecimiento del sector agroexportador sojero, profundizando la concentración de la explotación agrícola a través de los grupos transnacionales de pool de siembras, se forjó a partir del proceso de desindustrialización, concentración y transnacionalización de la economía argentina iniciado en 1976, consolidado durante la década del '90, y profundizado en los primeros años de la post Convertibilidad.
Conformándose en el factor amenazante y condicionante del poder político, dio lugar a la aparición del otro actor central conformado en el oligopolio de las empresas exportadoras de cereales, constituidas como un sujeto decisivo asociado al sector de la producción agropecuaria, reteniendo la liquidación de divisas indispensables que requiere el país, gozando de un poder condicionante y disciplinador del orden económico, y desestabilizante del sistema político.
Si bien el papel dominante del sector de los agronegocios ha sido investigado y analizado por profesionales que describen estos fenómenos y procesos con precisión y rigurosidad, el factor amenazante del sector agroexportador y financiero representa, en momentos como el que vive el país, un desafío impostergable que implica la disyuntiva de avanzar hacia su intervención con la determinación política que caracterizó a muchas de las medidas que llevó adelante el kirchnerismo o continuar pagando el costo de una pelea desigual, desgastante y que, salvo treguas coyunturales, volverá a arremeter en cualquier momento en el que consideren que su posición de privilegio no se ajuste a sus pretensiones, en desmedro del conjunto de la sociedad y del resto de los sectores productivos.
Desde hace más de un siglo, el país viene esperando que el sector agropecuario agregue valor a la producción y extracción de sus productos primarios. Es de aceptar, a esta altura, que esto no sucederá, al menos dependiendo únicamente de la iniciativa del sector, en tanto continúe obteniendo niveles de ganancias elevados, reinvirtiendo parte de sus utilidades destinadas únicamente a la ampliación de la producción primaria, las fronteras de territorios productivos y las indispensables mejoras en la calidad de los suelos, a fin de ampliar el volumen de la capacidad extractiva de sus productos primarios. Si bien es cierto que el sector de maquinaria agrícola fue beneficiado por el crecimiento del sector, son pocas las otras ramas de la economía que obtuvieron mejoras en proporción a los miles de millones de dólares que representa el mercado de los agronegocios.
Las condiciones ideales no se van a producir jamás mientras el nivel de concentración y de rentabilidad sea el alcanzado en la última década, fundamentalmente en los niveles de los primeros años de la post Convertibilidad, y de la fenomenal devaluación que les significaron elevadísimas y excepcionales tasas de rentabilidad por las que ahora luchan por recuperar.
La realidad indica que el gobierno nacional no cuenta con voluntades en el arco opositor para avanzar en esa dirección. Desde el año 2008, con el lockout patronal del sector agropecuario, quedó claro que todas las fuerzas opositoras prefirieron recostarse sobre las entidades agropecuarias que representa la Mesa de Enlace. La disputa para ver quién satisface con mayor amplitud las demandas del sector agropecuario y exportador es conocida e indisimulada por los principales referentes políticos de la derecha y el progresismo conservador con ambiciones presidenciales para el año 2015.
El sector agropecuario concentrado fue el beneficiario casi exclusivo de las medidas económicas recientes que elevan el tipo de cambio con el fin de lograr que liquiden sus divisas, aun poniendo en riesgo al resto de las variables económicas y sociales.
Su afianzamiento y crecimiento a lo largo de décadas da muestras de poseer la fortaleza y los aliados necesarios para pretender imponer sus intereses por sobre el resto de los otros actores económicos y sociales que requiere el país para encaminarse hacia un desarrollo más justo y equitativo.
En todas las decisiones que el gobierno tomó para enfrentar intereses de los sectores de privilegio, aun en los momentos de mayor debilidad, logró concitar el apoyo de amplias mayorías. La batalla es impostergable, y cualquiera sea su resultado, nunca será en vano.
Fuente:TiempoArgentino
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