Identidad, aquí y ahora
La adquisición de personas es una práctica que atraviesa a la cultura occidental, por abandono de sus padres y por sustracción. En Argentina, las mujeres aborígenes sufrían el delito de la sustracción de sus hijos frecuentemente en el siglo XIX. Pero no fue hasta el final de la última dictadura cívico-militar que se tomó conciencia de los perjuicios que esto provoca en sus víctimas, quienes sufren la alteración de su identidad.
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El tráfico de niños supo ser una práctica extendida a lo largo de la historia. Esa práctica partía del supuesto de que los chicos, sobre todo los bebés, eran poco más que una cosa, carentes de derechos y susceptibles de ser trasladados de un lugar a otro, comercializados, sustraídos. Esa cosa-niño tenía valor material para algunos adultos y era objeto de deseo para muchos. Los verbos de este párrafo están en tiempo pasado no porque el problema haya desaparecido, sino porque en el presente se ha expandido la aceptación de que esto, es decir el robo de chicos y la supresión de identidad, es un delito y como tal debe ser penado.
En noviembre del año pasado se desarrolló en la ex ESMA el Segundo Encuentro Nacional e Internacional de la Red por el Derecho a la Identidad. En uno de los paneles, Marcos Taricco, integrante del equipo de Presentación Espontánea de Abuelas de Plaza de Mayo, realizó una reseña de lo que llamó “adquisición de personas” a lo largo de la historia. Dijo que es una práctica que atraviesa a la cultura occidental, que hay evidencias de su existencia durante el siglo II, en el Imperio Romano. La vinculó con el hábito del abandono, muy común en la Europa del siglo XV, cuando se crearon los primeros orfanatos. Explicó que en aquellas instituciones funcionaba un dispositivo que garantizaba el anonimato de los padres que dejaban allí a sus hijos: por una cavidad en la pared se podía depositar al bebé dentro de un cilindro que se giraba con un torno. Alrededor de finales del siglo XVIII se eliminó este sistema y, desde entonces, quienes deseaban entregar una criatura debían dar la cara. Los abandonos, en consecuencia, comenzaron a realizarse en forma clandestina y creció el tráfico de niños.
También existen antecedentes de la práctica de “adquirir” niños pero no por abandono de sus padres sino por sustracción. En Argentina, las mujeres aborígenes sufrían este delito en forma frecuente en el siglo XIX: les quitaban sus hijos para luego repartirlos entre las familias porteñas. También desde esa época las adolescentes embarazadas de las familias criollas eran ocultadas y sus hijos eran entregados.
La sustracción de bebés continuó muy vigente durante el siglo XX. Pero no fue hasta el final de la última dictadura cívico-militar que se tomó conciencia de los perjuicios que esto provoca en sus víctimas, quienes sufren la alteración de su identidad. El terrorismo de Estado incorporó este crimen ya existente y lo hizo parte del plan sistemático de represión ilegal. Además de los allanamientos ilegales, los secuestros, los apremios, las torturas, los asesinatos y las desapariciones forzadas de personas, también los robos de bebés fueron perpetrados desde el aparato estatal y hoy son considerados delitos de lesa humanidad. La tarea de Abuelas de Plaza de Mayo posibilitó dimensionar la problemática y avanzar hacia la restitución de, hasta ahora, 110 de las 500 personas que se estima que fueron víctimas.
En Paraná ya se ha demostrado que el Hospital Militar funcionó como maternidad clandestina para posibilitar la ejecución de estos crímenes. En 2008 se logró la restitución de Sabrina, hija de los militantes desaparecidos Raquel Negro y Tulio Valenzuela, y todavía se busca a su hermano mellizo. Ambos bebés estuvieron, en marzo de 1978, internados en el Instituto Privado de Pediatría (IPP), en calle España 312. Alguien retiró de allí al mellizo varón el 27 de marzo, posiblemente sus apropiadores.
Aquí, como en el resto del país, los represores ejecutaron los robos de bebés aprovechando un mecanismo delictivo ya existente. Así lo demostró una serie de artículos publicados por UNO durante 2012, que sacaron a la luz que en ciertas clínicas no pocas mujeres pobres o jóvenes –o con ambas condiciones– perdían a sus bebés: les decían que nacían muertos cuando en realidad eran sustraídos para ser entregados a otras familias. Los médicos Jorge Cantaberta y Miguel Bottero Brollo –ambos ginecólogos del Hospital Militar durante la dictadura– aparecen vinculados a esos hechos en los relatos de las víctimas.
Además de analizar estos y más datos, hay otra maneras de comunicar sobre este problema, como la música y la poesía. Eso es lo que sucederá en el Teatro 3 de Febrero el sábado a las 21: la sexta edición de Música por la Identidad. Más de 40 artistas en escena serán los encargados de hacerlo.
Fuente:DiarioUnoER
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