SALTA: TRES COMISARIOS SERÁN JUZGADOS POR ENCUBRIMIENTO DEL ASESINATO DEL EX GOBERNADOR RAGONE-DESAPARECIDOS DE LA UNSA-PROCESAN A QUIEN FUERA INTERVENTOS MILITAR EN METÁN.

21.05.2014
Es la víctima de mayor rango democrático del Terrorismo de Estado
Tres comisarios serán juzgados por encubrimiento del asesinato del ex gobernador Miguel Ragone

Con nuestros hermanos, los indios 
Por Elena Corvalán, directora de Radio Nacional-Salta
Los comisarios (R) Antonio Saravia (73), Néstor Liendro (74) y Abel Guaymás (78) serán juzgados por haber colaborado para que quedara impune el secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone, hecho cometido el 11 de marzo de 1976 en el que también fueron atacados a balazos dos testigos: el comerciante Santiago Arredes, que murió, y Margarita Martínez de Leal que sobrevivió a sus heridas. La causa fue elevada a juicio anteayer por el juez federal Julio Leonardo Bavio. la nueva investigación deriva del juicio oral realizado en 2011, en el que fueron condenados el ex jefe de la Guarnición Salta, coronel Carlos Alberto Mulhall; el ex jefe de Policía, Miguel Raúl Gentil, y su ex jefe de Seguridad, Joaquín Guil.

En el curso de aquel debate quedó claro que el sumario policial, Nº 233/76, instruido por la Policía ni bien cometido el secuestro de Ragone, sumaba muchísimas irregularidades.

Por entonces Saravia era jefe del área de Contralor General o Informaciones Policiales y tenía a su cargo, según él mismo lo confesó, el control y seguimiento de quienes llevaran adelante acciones políticas o gremiales. Con el grado de comisario inspector, Liendro era uno de los jefes de la Comisaría 1º de esta ciudad; Guaymás era el inspector de 1º Zona, que comprendía precisamente a la Comisaría 1º y dependía de Guil.

Los tres comisarios tuvieron participación en las acciones que la Policía llevó adelante luego del secuestro de Ragone. “Fueron numerosas las anomalías acreditadas a lo largo de la sustanciación del sumario policial, falencias que en modo alguno pueden ser entendidas como torpeza, impericia y/o negligencia”, sostuvo el juez en la elevación a juicio.

Consideró en este sentido que quedó acreditado que este obrar tenía la intención de “impedir no solo la identificación y consecuente detención de los autores del hecho, sino fundamentalmente, evitar el esclarecimiento” de ese crimen.

Entre las irregularidades enumeró: la libertad que tuvieron los secuestradores para circular por tres provincias con vehículos robados; no se levantaron pruebas del lugar de los hechos (ni siquiera fueron convocada la División Criminalística); no se realizó la autopsia de rigor en el cuerpo del comerciante asesinado en el secuestro, Santiago Arredes; no se enviaron inmediatamente los radiogramas a las dependencias policiales de la provincia y de las otras provincias; no se hizo un análisis de la sangre hallada en el baúl del automóvil Ford Falcon utilizado en el secuestro; sin orden judicial se allanó la vivienda de Clotilde Ragone, hija de la víctima; se habría adulterado al firma de la testigo víctima Margarita Martínez de Leal; los vehículos usados en el secuestro fueron devueltos a sus dueños sin realizárseles exámenes periciales; no se tomaron testimonios considerados importantes; se hicieron allanamientos sin conocimiento del juez actuante.

Además, pese a que el hecho había ocurrido en jurisdicción de la Comisaría 1º, el sumario fue enviado rápidamente a Informaciones Policiales, que estaba a cargo de Saravia. En el sumario hay reiteradas intervenciones de Guil, que estaba a cargo de Seguridad y que ya fue condenado por su participación en el homicidio de Ragone. Ya se sabe que Saravia respondía a Guil (ambos integraron el grupo de 21 jefes policiales investigados por apremios ilegales durante el gobierno de Ragone).

El juez consideró en tal sentido que es obvio que el sumario fue sacado de la órbita de la Comisaría 1º para que el hombre fuerte de la represión pudiera direccionarlo a su gusto.

La investigación por este hecho continúa: al elevar a juicio la causa contra Saravia, Liendro y Guaymás, el magistrado decidió formar otra causa para seguir la pesquisa respecto de los policías Roberto Arredes (director de Personal, hermano del asesinado Santiago Arredes), Víctor Hugo Vilte y Santiago Matías Pedroza (autoridad de la Comisaría 1º); el militar Virtom Modesto Mendíaz y los miembros de la plana mayor del Destacamento de Exploración de Caballería Blindada 141 de Salta, entre ellos el teniente Ricardo Benjamín Isidro de la Vega, un personaje que se repite en las causas por delitos de lesa humanidad.
Fuente:Telam
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Desaparecidos de la UNSa: “Queremos los juicios y los restos de nuestros compañeros” Publicado el Jueves, 22 Mayo 2014

Con reclamos para que continúen los juicios por delitos de lesa humanidad y para que sigan las investigaciones en procura de dar con los cuerpos de los desaparecidos, se realizó el acto de homenaje a los trabajadores y estudiantes de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) que fueron víctimas del terrorismo de Estado.

En un acto cálido, a pesar del frío, familiares, amigos, docentes, militantes de organismos de derechos humanos y agrupaciones estudiantiles recordaron a las víctimas de la represión.

Cristina Cobos, de la Asociación de Derechos Humanos Lucrecia Barquet inició los discursos con información sobre el estado de las causas que se tramitan en la Justicia Federal de Salta. 

Terminó con el reclamo del título: “Queremos los juicios y también queremos los restos de nuestros compañeros”.

Como aditamento, este acto contó con la presencia, por primera vez desde que se llevan a cabo estos homenajes, de una hermana de Roberto Oglietti, estudiante asesinado en la Masacre de Palomitas, el 6 de julio de 1976.

Eleonora Oglietti habló brevemente, con vos apenas  articulada, trabada por la emoción: contó que “apenas” tiene un recuerdo de su hermano, de “su carita detrás de las rejas” cuando vino a visitarlo a la cárcel de Villa Las Rosas.

Roberto Oglietti era de Buenos Aires y había venido a estudiar a Salta. 

Con 12 ó 13 años, Eleonora tuvo a su cargo la redacción de las cartas que sus padres enviaban a distintas dependencias oficiales, en un desesperado intento por lograr su libertad y salvarle la vida.

También habló un conocido de los organizadores de estos actos: Ramón Verón, que fuera pareja de Hilda Cardozo. La poeta Kuki Herrán recordó a todos los perseguidos por el terrorismo y leyó un poema dedicado al docente Miguel Ángel Arra, secuestrado y desaparecido desde 1975.

Hablaron también dos históricas de la lucha por los derechos humanos en Salta, Blanca Lezcano y Mirta Torres, que mostraron diferencias en cuanto a la evaluación del momento político actual.

Elia Fernández, hija de otra víctima de Palomitas, habló en nombre de la agrupación HIJOS. 

Igual que Cristina Cobos, destacó la importancia de la continuidad de los procesos judiciales y la búsqueda de los cuerpos de los desaparecidos.

“Es muy importante recuperar el cuerpo de los compañeros”, sostuvo; destacó –como otros oradores- que se hacen estos homenajes para seguir recordando a las víctimas: “No queremos que esto se olvide. Queremos que quede (…) Que quede la historia que cuentan los cuerpos cuando son recuperados”.

Envío:Agnddhh

22.05.2014
Por los secuestros de una militante que fue reiteradamente torturada y violada
Salta: Procesan a quien fuera el interventor militar en Metán, el coronel Valenti Figueroa

El coronel en la única, borrosa foto que dejó en internet.
La Cámara Federal de Apelaciones de Salta procesó al ex interventor militar en Metán, el coronel (R) Félix Alberto Valenti Figueroa, por la privación ilegítima de la libertad de la que víctima Juana Isabel López, una militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) que estuvo detenida irregularmente durante 3 días en mayo de 1976 y fue secuestrada el 2 de junio de ese mismo año. Esta vez el grupo de tareas que la arrancó de su casa la trasladó a un campo clandestino de detención donde fue sometida a torturas y violaciones reiteradas durante aproximadamente un mes. En una resolución que data del 9 de este mes, la Cámara revocó un auto de primera instancia que había dictado la falta de mérito respecto de Valenti Figueroa.

El coronel, que en democracia supo reciclarse como funcionario provincial, fue interventor militar en Metán con el grado de capitán entre el 25 de marzo de 1976 hasta el 29 de mayo de ese mismo año. Los secuestros de López fueron precisamente en ese periodo.

En la Megacausa Salta quedó demostrado que la Policía de Metán estaba bajo las órdenes de la intervención militar. Teniendo en cuenta los testimonios de los policías que han sostenido que estaban subordinados al militar, la Fiscalía consideró que “por su función y su investidura (Valenti Figueroa) no podía desconocer las detenciones y los secuestros que acontecían en Metán”.

En la misma resolución el tribunal confirmó los procesamientos del ex jefe de Inteligencia de la Policía, Joaquín Guil; del ex director de Tránsito de Metán y agente de inteligencia Eduardo del Carmen del Valle, y del oficial de policía Rafael Rolando Perelló, que habían sido dictados por el juez federal Miguel Medina.

También a ellos se los investiga por los crímenes cometidos en relación a López. Sin embargo, la Cámara mejoró la situación de Del Valle y Perelló porque solo confirmó sus procesamientos en relación al primer secuestro que sufrió la joven. Por el segundo secuestro, cuando permaneció desaparecida por un mes, les dictó la falta de mérito, tras evaluar como prueba insuficiente su testimonio y el de sus familiares, que acusaban a los dos policías.

Del Valle y Perelló están siendo juzgados en estos momentos por su participación en el secuestro y desaparición de Hugo Armando Velázquez y la detención irregular y las violaciones reiteradas que sufrió Ramona Esmeralda Guerrero cuando solo tenía 15 años. En este proceso Juana López declaró como testigo.

En cuanto a Guil, la Cámara confirmó su procesamiento por estos crímenes en perjuicio de López, y por dos hechos de homicidio doblemente agravado, por los asesinatos del ex diputado provincial Eduardo Risso Patrón (secuestrado en el Chaco y cuyo cuerpo fue dejado en la plaza de Metán el 13 de julio de 1976) y el del militante del PRT Reynaldo Ísola (secuestrado la madrugada del 3 de junio de 1976).

Si bien Guil trató de desvincularse de estos hechos afirmando que para entonces ya no existía la Dirección General de Seguridad y el nuevo organigrama no le daba jurisdicción en el interior de la provincia, la Cámara concluyó lo contrario:

“Por el cargo que ejercía y la posición de poder alcanzada, Joaquín Guil no podía ignorar e inclusive eventualmente dirigir y/o intervenir en los operativos que sus dependientes y subordinados de la fuerza policial, a veces con el concurso y apoyo de otras fuerzas de seguridad, realizaban en pos de la detención, secuestro y en algunos casos la desaparición de personas consideradas perturbadoras por el régimen instaurado”, afirmaron los jueces Jorge Villa y Renato Rabbi Baldi Cabanillas.
Fuente:Telam
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