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Quienes se decidan a hablar, ya anunciada por el grupo de tareas de los defensores oficiales y privados, van a recitar libreto de la inocencia.
La no asunción de responsabilidad alguna por parte de los guardiacárceles Carlos Alberto Ortiz, Orlando Ricardo Ortiz, Herminio Zárate y Mario Marcelo Gutiérrez, el sargento (R) del Ejército, César Darío Díaz, y el para entonces ya ex oficial del Ejército Antonio Orlando Vargas, interventor en el penal del barrio Gorriti, ya condenado a 25 años de prisión en el primer juicio, dando cuenta de que pasó con cada uno de los hombres y mujeres sacados del Penal de Villa Gorriti, de quienes los asesinaron y dónde están los restos de la víctimas, salvo de el de Dominga Alvarez de Scurta, cuyo cuerpo fue exhumado del cementerio de Yala, como NN, el 5 de enero de 1984, confirma así un mecanismo siniestro que se desplegó en el marco del Estado Militar instaurado antes y despues del 24 de marzo de 1976.
Fusilaron más de 200 presos politicos
Las cárceles se transformaron en Centros Clandestinos de Detención, con rasgos de presunta legalidad. En las condenas de los fusilamientos a presos políticos en Salta, Córdoba, La Plata, Chaco, Rawson, entre otras ya finalizadas, y las que se encuentran en instrucción, se argumentaba supuestamente intentos de huir, durante los traslado de un penal a otro, con enfrentamientos con fuerzas de seguridad en presuntos intentos de las organizaciones armadas los iban a liberar.
En Jujuy esta eliminación de combatientes no se aplicó el accionar criminal de la llamada La Ley de Fuga, sino que conjuntamente con los militares participaron del asesinato a Dominga Alvarez de Scurta, Osvaldo José Garibaldi, María Alicia del Valle Ranzoni, Juana Francisca Torres Cabrera, Pedro Eduardo Torres Cabrera, Jaime Lara Torres y Jorge Turk Llapur.
Precisemos que Dominga Alvarez de Scurta, docente, fue detenida por el comisario Ernesto Jaig en pleno centro de la ciudad de Jujuy junto a su hija Claudia; Osvaldo José Garibaldi -había recuperado su libertad el 25 de mayo del 73- en El Talar, quien trabajaba como supervisor de viviendas en el ingenio Ledesma, María Alicia del Valle Ranzoni, docente, sacada de su casa en barrio San Pedrito. También Juan Francisco Torres Cabrera- una familia diezmada por los militares-, detenido ilegalmente en su domicilio de barrio Mariano Moreno, su hermano de 16 años, Pedro Eduardo Torres Cabrera, jornalero, detenido mientras trabajaba en un galpón del intendente de la dictadura Pablo Labarta, Jaime Lara Torres, docente de artes plásticas fue detenida en su casa de barrio Los Perales, en tanto que Jorge Turk Llapur se presentó espontáneamente a la Jefatura de Policía tras una citación.
Los fiscales Francisco Snopek y el ad hoc Pablo Pelazzo y los querellantes por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, María José Castillo; por el CODESEDH, Liliana Molinari y Martín Patiño; Paula Álvarez Carreras y Ariel Ruarte, reclamaron perpetua y cárcel común para los imputados. Una demanda de justicia que el Tribunal integrado por Fátima Ruiz López, Daniel Morín y Federico Díaz,tienen la última palabra, seguramente el próximo jueves 29.
Sin la lógica presencia de los familiares como en la audiencia anterior y sin el crucifijo en la sala de audiencia, con el libreto de la inocencia, se prolonga hasta estos días, a más de 10 años de la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final, la obra macacra del Estado Militar ( L.S.)
Envío:Agnddhh
Jujuy
Segundo juicio por crímenes de lesa humanidad
La sentencia se dará a conocer el jueves próximo
22.05.14
Cinco de los seis imputados hicieron uso de sus últimas palabras.
Segundo juicio por crímenes de lesa humanidad
La sentencia se dará a conocer el jueves próximo
22.05.14
Cinco de los seis imputados hicieron uso de sus últimas palabras.
En la audiencia de ayer, los imputados Carlos Ortíz, Mario Gutiérrez y Herminio Zárate, ex penitenciarios, y los ex militares Antonio Vargas y César Díaz hicieron uso del derecho de la última palabra en este proceso judicial, mientras que Ricardo Ortíz hará uso de su derecho el próximo jueves, y en la tarde de ese día se escuchará la sentencia de este segundo juicio por crímenes de lesa humanidad en Jujuy.
Los delitos que se les imputa son homicidio, tormentos y privación ilegítima de la libertad contra las víctimas: los hermanos Juana y Pedro Torres Cabrera, Alicia Ranzoni, Jaime Lara Torrez, Osvaldo Giribaldi y Jorge Turk, todos desaparecidos. Sólo el cuerpo de Dominga Alvarez de Scurta fue hallado en el cementerio de Yala, inhumado como NN.
La presidenta del Tribunal Oral Federal (TOF) en lo Criminal, la jueza Fátima Ruíz López, aclaró a los imputados que el uso del derecho a la última palabra no era una indagatoria, sino una reflexión en este proceso judicial que está por culminar.
Los cinco imputados expresaron al TOF que se haga justicia, rechazaron responsabilidad de participar en el sistema represivo en la dictadura cívico-militar-eclesiástico antes y después del 24 de marzo de 1976. “No conocí a las víctimas, jamás trasladé, interrogué”, dijo Ortíz y se encomendó “al Señor”. Gutiérrez y Díaz pidieron estar cerca de la familia tras la sentencia.
Este segundo juicio se inició el último 4 de setiembre, largos ocho meses que reconstruyeron los hechos trágicos con testigos víctimas, ex penitenciarios, jueces y funcionarios que aportaron datos, testimonios de las detenciones y torturas a las siete víctimas. Se investigan los hechos ocurridos los últimos días de mayo de 1976 y el 10 de junio del mismo año, en el que las víctimas, todos militantes del PRT-ERP, que fueron retiradas del centro clandestino de detención, el penal del barrio Gorriti, y fusiladas.
Los imputados en todo el proceso judicial no se arrepintieron, ni aportaron datos de dónde están los cuerpos de las víctimas. Este juicio tiene varias particularidades, una de las causas más avanzadas en su investigación fue de la docente Alvarez de Scurta, ya que fue encontrado su cuerpo, además de la desaparición forzada de personas.
Cabe recordar que los fiscales Francisco Snopek y el ad hoc Pablo Pelazzo, los querellantes por la Secretaría de DDHH de la Nación, María José Castillo; por el Codesedh Liliana Molinari y Martín Patiño; Paula Álvarez Carreras y Ariel Ruarte, solicitaron prisión perpetua y cárcel común para todos los imputados
Fuente:ElTribuno
Envío:Agnddhh
La próxima semana se conocerá el veredicto del juicio por crímenes de lesa humanidad
Publicado el Jueves, 22 Mayo 2014
El Tribunal Oral Federal Nº 1 de Jujuy, dispuso que el próximo jueves se conozca el veredicto del segundo juicio oral y público por los crímenes de lesa humanidad en Jujuy, donde se esta juzgando seis represores procesados, dos ex militares y cuatro ex miembros del servicio penitenciario, por los delitos de homicidio, tormentos y privación ilegítima de la libertad, contra siete personas que aún figuran en calidad de detenidos - desaparecidos, salvo una, cuyo cadáver fue encontrado como NN en el cementerio de Yala, en 1984.
En la audiencia de hoy, cinco de los seis represores imputados, utilizaron el derecho de la última palabra, para mantener el pacto de silencio y su inocencia, durante el accionar de las fuerzas represivas, durante la dictadura cívico-militar-eclesiástica.
Todos los que pidieron la palabra al Tribunal, deslindaron responsabilidades de los hechos por los cuales, se los están juzgando, solicitaron que “se haga justicia” y uno de ellos, Ortiz aseguró que “pongo mi vida en manos del señor”.
Vargas, desde la prisión de Ezeiza y por video conferencia, dijo que el número de víctimas durante la dictadura "no pasan los ocho mil hombres", incluidas las muertes que se produjeron antes del golpe".
El próximo jueves de la semana, el día de la sentencia, Orlando Ricardo Ortiz, usará el derecho de hablar y de emitir su última palabra, antes de la sentencia que brinde el Tribunal.
El mencionado proceso judicial se inició el pasado 4 de septiembre del año pasado, tiene como imputados a los ex penitenciarios, Carlos Alberto Ortiz, su hermano, Orlando Ricardo Ortiz, Herminio Zárate y Mario Marcelo Gutiérrez; el ex sargento de Ejército, César Darío Díaz, y el ex oficial de Ejército Antonio Orlando Vargas, condenado a 25 años de prisión en el primer juicio que se llevó a cabo en la provincia.
En este juicio, se esta develando las detenciones, torturas y homicidio, hechos ocurridos entre los últimos días del mes de mayo de 1976 y el 10 de junio del mismo año son: Dominga Álvarez de Scurta, Osvaldo José Garibaldi, María Alicia del Valle Ranzoni, Juana Francisca Torres Cabrera, Pedro Eduardo Torres Cabrera, Jaime Lara Torres y Jorge Turk Llapur.
De todos los desaparecidos el único cuerpo que fue hallado, en el cementerio de Yala inhumado como NN, fue el de Álvarez de Scurta, reconocido por familiares y un empleado de la morgue del Hospital Pablo Soria, en la capital jujeña.
Fuente:ElSubmarino
Envío:Agnddhh
PACTO DE SILENCIO
Al cierre de la audiencia , María José Castillo, querellantes por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, dijo a Télam que los imputados "reafirmaron el pacto de silencio. La expectativa era que hablasen y después de casi 40 años dijeran dónde están los cuerpos de los detenidos desaparecidos. En cambio se victimizaron, lo único que hicieron algunos fue, frente a la contundencia de las pruebas que se produjeron en el juicio, invocar a la religión", manifestó a Télam la querellante Paula Álvarez Carrera.
Envío:Agnddhh
El juicio, que comenzó el 4 de septiembre del año pasado, tiene como imputados a los penitenciarios Carlos Alberto Ortiz, Orlando Ricardo Ortiz, Herminio Zárate y Mario Marcelo Gutiérrez; el sargento del Ejército Argentino César Darío Díaz y el oficial del EA Antonio Orlando Vargas, condenado a 25 años de prisión en el primer juicio.
Las víctimas sobre las cuales se busca saber la verdad y sancionar a sus verdugos son Dominga Álvarez de Scurta, Osvaldo José Garibaldi, María Alicia del Valle Ranzoni, Juana Francisca Torres Cabrera, Pedro Eduardo Torres Cabrera, Jaime Lara Torres y Jorge Turk Llapur.
De todos los desaparecidos, el único cuerpo que fue hallado, en el cementerio de Yala inhumado como NN, fue el de Álvarez de Scurta, reconocido por familiares y un empleado de la morgue del Hospital Pablo Soria, en la capital jujeña.
En la audiencia de hoy el Tribunal escuchó las "últimas palabras" de cinco de los seis imputados, quienes encomendaron su futuro a Dios, juraron no haber participado de los hechos que se les imputan y uno de ellos llegó a pedir que si es condenado, la prisión esté cercana a sus familiares. Antonio Orlando Vargas, desde la prisión de Ezeiza y por video conferencia, dijo que el número de víctimas durante la dictadura "no pasan los ocho mil hombres", incluidas las muertes que se produjeron antes del golpe".
Por su parte, Carlos Alberto Ortiz dijo: "Pongo mi vida al servicio del Señor". Mario Marcelo Gutiérrez, le pidió al Tribunal que "se haga justicia". A su turno, Herminio Zárate expresó: "quiero que sean justos en el veredicto", mientras que César Darío Díaz manifestó: "No tengo nada que ver con esto". El jueves de la semana que viene por la mañana, el imputado Orlando Ricardo Ortiz, tendrá la oportunidad de decir sus últimas palabras frente al Tribunal, antes de conocerse el veredicto.
Al cierre de la audiencia de hoy, María José Castillo, querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, dijo a Télam que los imputados "reafirmaron el pacto de silencio. La expectativa era que hablen y digan donde están los cuerpos de los detenidos desaparecidos luego de casi 40 años, eso era". "Se victimizaron, lo único que hicieron algunos fue hacer referencia la religión, frente a la contundencia de las pruebas que se produjeron en el juicio", manifestó a Télam la querellante Paula Álvarez Carrera.
Fuente:Telam
Los delitos que se les imputa son homicidio, tormentos y privación ilegítima de la libertad contra las víctimas: los hermanos Juana y Pedro Torres Cabrera, Alicia Ranzoni, Jaime Lara Torrez, Osvaldo Giribaldi y Jorge Turk, todos desaparecidos. Sólo el cuerpo de Dominga Alvarez de Scurta fue hallado en el cementerio de Yala, inhumado como NN.
La presidenta del Tribunal Oral Federal (TOF) en lo Criminal, la jueza Fátima Ruíz López, aclaró a los imputados que el uso del derecho a la última palabra no era una indagatoria, sino una reflexión en este proceso judicial que está por culminar.
Los cinco imputados expresaron al TOF que se haga justicia, rechazaron responsabilidad de participar en el sistema represivo en la dictadura cívico-militar-eclesiástico antes y después del 24 de marzo de 1976. “No conocí a las víctimas, jamás trasladé, interrogué”, dijo Ortíz y se encomendó “al Señor”. Gutiérrez y Díaz pidieron estar cerca de la familia tras la sentencia.
Este segundo juicio se inició el último 4 de setiembre, largos ocho meses que reconstruyeron los hechos trágicos con testigos víctimas, ex penitenciarios, jueces y funcionarios que aportaron datos, testimonios de las detenciones y torturas a las siete víctimas. Se investigan los hechos ocurridos los últimos días de mayo de 1976 y el 10 de junio del mismo año, en el que las víctimas, todos militantes del PRT-ERP, que fueron retiradas del centro clandestino de detención, el penal del barrio Gorriti, y fusiladas.
Los imputados en todo el proceso judicial no se arrepintieron, ni aportaron datos de dónde están los cuerpos de las víctimas. Este juicio tiene varias particularidades, una de las causas más avanzadas en su investigación fue de la docente Alvarez de Scurta, ya que fue encontrado su cuerpo, además de la desaparición forzada de personas.
Cabe recordar que los fiscales Francisco Snopek y el ad hoc Pablo Pelazzo, los querellantes por la Secretaría de DDHH de la Nación, María José Castillo; por el Codesedh Liliana Molinari y Martín Patiño; Paula Álvarez Carreras y Ariel Ruarte, solicitaron prisión perpetua y cárcel común para todos los imputados
Fuente:ElTribuno
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La próxima semana se conocerá el veredicto del juicio por crímenes de lesa humanidad
Publicado el Jueves, 22 Mayo 2014
En la audiencia de hoy, cinco de los seis represores imputados, utilizaron el derecho de la última palabra, para mantener el pacto de silencio y su inocencia, durante el accionar de las fuerzas represivas, durante la dictadura cívico-militar-eclesiástica.
Todos los que pidieron la palabra al Tribunal, deslindaron responsabilidades de los hechos por los cuales, se los están juzgando, solicitaron que “se haga justicia” y uno de ellos, Ortiz aseguró que “pongo mi vida en manos del señor”.
Vargas, desde la prisión de Ezeiza y por video conferencia, dijo que el número de víctimas durante la dictadura "no pasan los ocho mil hombres", incluidas las muertes que se produjeron antes del golpe".
El próximo jueves de la semana, el día de la sentencia, Orlando Ricardo Ortiz, usará el derecho de hablar y de emitir su última palabra, antes de la sentencia que brinde el Tribunal.
El mencionado proceso judicial se inició el pasado 4 de septiembre del año pasado, tiene como imputados a los ex penitenciarios, Carlos Alberto Ortiz, su hermano, Orlando Ricardo Ortiz, Herminio Zárate y Mario Marcelo Gutiérrez; el ex sargento de Ejército, César Darío Díaz, y el ex oficial de Ejército Antonio Orlando Vargas, condenado a 25 años de prisión en el primer juicio que se llevó a cabo en la provincia.
En este juicio, se esta develando las detenciones, torturas y homicidio, hechos ocurridos entre los últimos días del mes de mayo de 1976 y el 10 de junio del mismo año son: Dominga Álvarez de Scurta, Osvaldo José Garibaldi, María Alicia del Valle Ranzoni, Juana Francisca Torres Cabrera, Pedro Eduardo Torres Cabrera, Jaime Lara Torres y Jorge Turk Llapur.
De todos los desaparecidos el único cuerpo que fue hallado, en el cementerio de Yala inhumado como NN, fue el de Álvarez de Scurta, reconocido por familiares y un empleado de la morgue del Hospital Pablo Soria, en la capital jujeña.
Fuente:ElSubmarino
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PACTO DE SILENCIO
Al cierre de la audiencia , María José Castillo, querellantes por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, dijo a Télam que los imputados "reafirmaron el pacto de silencio. La expectativa era que hablasen y después de casi 40 años dijeran dónde están los cuerpos de los detenidos desaparecidos. En cambio se victimizaron, lo único que hicieron algunos fue, frente a la contundencia de las pruebas que se produjeron en el juicio, invocar a la religión", manifestó a Télam la querellante Paula Álvarez Carrera.
Envío:Agnddhh
22.05.2014
Así lo expresó María José Castillo, una de las abogadas de la querella
Jujuy: Ya próximos al dictado de sentencia, los acusados "reafirmaron el pacto de silencio"
Antonio Orlando "Scarface" Vargas, cuando aún procuraba no ser identificado por las víctimas sobrevivientes
Jujuy.- El veredicto del Tribunal Oral Federal 1 que juzga a seis imputados -dos militares y cuatro penitenciarios- por detenciones ilegales, tortura y homicidio contra siete detenidos desaparecidos, en el segundo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar en Jujuy, se conocerá el jueves 29 de mayo. Los acusados, pese a que tuvieron oportunidad de hacer un descargo y aliviar el dolor de los familiares proporcionando información, prefirieron mantener el silencio y sostener su completa "inocencia", aunque las pruebas que se produjeron en el juicio, al decir de los abogados querellantes, "son contundentes"
Así lo expresó María José Castillo, una de las abogadas de la querella
Jujuy: Ya próximos al dictado de sentencia, los acusados "reafirmaron el pacto de silencio"
Jujuy.- El veredicto del Tribunal Oral Federal 1 que juzga a seis imputados -dos militares y cuatro penitenciarios- por detenciones ilegales, tortura y homicidio contra siete detenidos desaparecidos, en el segundo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar en Jujuy, se conocerá el jueves 29 de mayo. Los acusados, pese a que tuvieron oportunidad de hacer un descargo y aliviar el dolor de los familiares proporcionando información, prefirieron mantener el silencio y sostener su completa "inocencia", aunque las pruebas que se produjeron en el juicio, al decir de los abogados querellantes, "son contundentes"
El juicio, que comenzó el 4 de septiembre del año pasado, tiene como imputados a los penitenciarios Carlos Alberto Ortiz, Orlando Ricardo Ortiz, Herminio Zárate y Mario Marcelo Gutiérrez; el sargento del Ejército Argentino César Darío Díaz y el oficial del EA Antonio Orlando Vargas, condenado a 25 años de prisión en el primer juicio.
Las víctimas sobre las cuales se busca saber la verdad y sancionar a sus verdugos son Dominga Álvarez de Scurta, Osvaldo José Garibaldi, María Alicia del Valle Ranzoni, Juana Francisca Torres Cabrera, Pedro Eduardo Torres Cabrera, Jaime Lara Torres y Jorge Turk Llapur.
De todos los desaparecidos, el único cuerpo que fue hallado, en el cementerio de Yala inhumado como NN, fue el de Álvarez de Scurta, reconocido por familiares y un empleado de la morgue del Hospital Pablo Soria, en la capital jujeña.
En la audiencia de hoy el Tribunal escuchó las "últimas palabras" de cinco de los seis imputados, quienes encomendaron su futuro a Dios, juraron no haber participado de los hechos que se les imputan y uno de ellos llegó a pedir que si es condenado, la prisión esté cercana a sus familiares. Antonio Orlando Vargas, desde la prisión de Ezeiza y por video conferencia, dijo que el número de víctimas durante la dictadura "no pasan los ocho mil hombres", incluidas las muertes que se produjeron antes del golpe".
Por su parte, Carlos Alberto Ortiz dijo: "Pongo mi vida al servicio del Señor". Mario Marcelo Gutiérrez, le pidió al Tribunal que "se haga justicia". A su turno, Herminio Zárate expresó: "quiero que sean justos en el veredicto", mientras que César Darío Díaz manifestó: "No tengo nada que ver con esto". El jueves de la semana que viene por la mañana, el imputado Orlando Ricardo Ortiz, tendrá la oportunidad de decir sus últimas palabras frente al Tribunal, antes de conocerse el veredicto.
Al cierre de la audiencia de hoy, María José Castillo, querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, dijo a Télam que los imputados "reafirmaron el pacto de silencio. La expectativa era que hablen y digan donde están los cuerpos de los detenidos desaparecidos luego de casi 40 años, eso era". "Se victimizaron, lo único que hicieron algunos fue hacer referencia la religión, frente a la contundencia de las pruebas que se produjeron en el juicio", manifestó a Télam la querellante Paula Álvarez Carrera.
Fuente:Telam
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