SAN LUIS: EX CELADORA DE LA CÁRCEL DE MUJERES RECONOCIÓ QUE ALLÍ HUBO DETENIDAS POLÍTICAS.

27.05.2014
Ex celadora de la Cárcel de Mujeres reconoció que allí hubo detenidas políticas
San Luis: "Las llevaban y traían sin que nadie dijera nada sobre qué pasaba en esos traslados"

La violación, la servidumbre y en muchos casos la muerte eran el obligado calvario de las detenidas políticas
 San Luis.- Una ex celadora de la Cárcel de Mujeres de San Luis reconoció hoy ante el Tribunal Oral Federal (TOF), que juzga en esta provincia crimenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura cívico militar, que las hermanas Orellano, Lilian Videla, Mirta Rosales y otras, cuyo nombre no recordó, permanecieron detenidas allí, junto a presas comunes. Así lo afirmó Gregoria Lucila Molina de Rivero, ante la presidencia del tribunal a cargo de Héctor Cortes, y agregó que "las llevaban y traían, mientras permanecieron privadas de la libertad, sin que nadie dijera nada sobre qué pasaba en esos traslados".

"Nadie hablaba", afirmó la ex celadora, "los militares iban hasta la guardia y pedían una lista de quienes iban a sacar. Nunca entendí lo que estaba pasando y además todo eso me afectó mucho", dijo.
   
Finalmente la testigo también admitió haber estado a cargo de menores que eran hijos de las detenidas antes que estos fueran retirados de la cárcel por otros familiares. Como en otros casos, Molina de Rivero negó haberlas visto golpeadas luego de sus traslados y se contradijo abiertamente con una declaración que realizó sobre el caso en 1985. Si bien la mujer reconoció su firma en la declaración aludida y aportada por la fiscalía ante su reticencia a recordar, sostuvo que "no se cómo llegó mi firma allí, ni qué dice esa declaración".

En la jornada de hoy declaró además el médico Jorge Alberto Cacace, que en esa época se desempeñaba en el servicio de maternidad y ginecología del Hospital Regional de San Luis a quien se le preguntó si tenía datos sobre dos cuerpos que fueron llavados a la morgue y por el paso del asesinado Raúl Cobos por el servicio sanitario. Cacace alegó desconocer los hechos, pero admitió que sabía de dos cádaveres que venían de la localidad de Las Salinas, lugar donde asesinaron a Graciela Fiochetti, habían estado en la morgue por "comentarios y/o haberlo leído en el diario".

Declararon además Carlos Ochoa, a cargo del mantenimiento del Hospital Psiquiátrico y Hugo Guilberto Azcurra, que cumplía con el servicio militar obligatorio en el GADA 141 a partir de 1975.

Ninguno de los testigos aportó mayores datos a la causa, pero Azcurra reconoció que participó en operativos y allanamientos realizados por el cuerpo militar en diferentes domicilios de esta capital.
   
Aclaró que estaba a cargo de la sala de armas de la batería de tiro "A", bajo el mando del teniente carlos María Alemán Urquiza, imputado en esta causa, y por ello no solían llevarlo a operativos muy seguido.
   
Finalmente las partes discutieron un planteo de nulidad presentado por la defensa y un pedido de admisión de nuevos testigos surgidos de las declaraciones de quienes ya testificaron en este segundo juicio.
   
El Tribunal definirá su posición ante ámbas requisitorias en su próxima audiencia fijada para el 5 de junio.
Fuente:Telam