COLOMBIA.

VIERNES, 6 DE JUNIO DE 2014
No se trata de elegir entre la guerra representada por Zuluaga y la paz encarnada por Santos. 
Es claro que cualquiera de los dos significará la guerra 
Timoshenko
El domingo 15 de junio tendrá lugar la segunda vuelta de las elecciones a la Presidencia de la República, la cual se definirá entre el candidato del Centro Democrático, Oscar Iván Zuluaga y el candidato de la Unidad Nacional, el actual Presidente Juan Manuel Santos. Diversos medios y analistas coinciden en que ese día los colombianos se encargarán de elegir entre la guerra y la paz.

Tal aseveración tiene origen en gran medida en las palabras pronunciadas por el Presidente Santos ante sus seguidores, una vez tuvo conocimiento de los resultados desfavorables para él en la primera ronda. Con tono enérgico, anunció que la campaña que se iniciaba a partir de ese momento tendría lugar entre quienes se empeñaban en continuar la guerra y los que le apostaban a la paz. Comentaristas y medios de prensa han comenzado desde entonces la difusión de la matriz mediática según la cual lo que se habrá de definir en las urnas es ni más ni menos que la continuidad del proceso de diálogos que se cumple actualmente en La Habana.

De allí se derivaría que la justa electoral a celebrarse el 15 de junio ha adquirido el carácter de un plebiscito que habrá de definir si la mayoría de los colombianos se inclina por la continuación del conflicto armado, en este caso representado por el candidato Zuluaga, o por su finalización próxima, por cuenta de la reelección de Santos. Creemos conveniente advertir que tal disyuntiva no se corresponde con la verdad. El mentado plebiscito no es más que una farsa, un escenario mediático que pretende trasladar a la inmensa mayoría de colombianos, la responsabilidad por una guerra de la que los únicos responsables son las dos facciones políticas oligárquicas y violentas que se disputan hoy el control del Estado en Colombia.

Basta con recordar que el Presidente Santos fungió como ministro estrella del segundo gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que fue él quien anunció con júbilo al país el ataque del 8 de marzo de 2008 en Sucumbíos, que no puede evadir su responsabilidad en las repudiables crímenes denominados falsos positivos, que fue él quien al tiempo de comunicar la muerte del Comandante Jorge Briceño, conminó furioso a la rendición y entrega de las FARC, so pena de ir a por ellas, que fue él quien ordenó el asesinato del Comandante Alfonso Cano mientras intercambiaban mensajes en torno a un posible proceso de conversaciones, y quien incluso reconoció haber llorado de felicidad al conocer la noticia. Mal puede presentarse como el hombre de la paz.

Incluso podríamos ir más lejos. Su actual jefe de campaña, César Gaviria Trujillo, el Presidente que rindió el país a las políticas neoliberales impuestas por las entidades multilaterales de crédito, el mismo que puso fin al proceso de Casa Verde con su aleve ataque, el mismo personaje que echó a pique las conversaciones de paz de Tlaxcala con el conjunto de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, el mandatario que decretó la guerra integral con la que en año y medio pensaba poner fin a la existencia de las guerrillas en Colombia, tuvo a bien designar a Juan Manuel Santos como su ministro de comercio exterior, para que fuera él quien comenzara a concretar e implementar la llamada apertura económica que entregó al capital foráneo gran parte del patrimonio nacional y arrebató a los trabajadores sus conquistas de casi un siglo de luchas. 

Recordamos también a Juan Manuel Santos como ministro de hacienda del gobierno de Andrés Pastrana, anunciando al pueblo colombiano un largo período de sudor y lágrimas, al tiempo que destinaba miles de millones de pesos del erario público para la salvación del sector financiero sumido en la crisis por su propia corrupción. No es de ahora que el país conoce a Juan Manuel Santos como agente del capital trasnacional e importante funcionario de gobiernos guerreristas. Ha jugado destacado papel en todas las últimas administraciones públicas de carácter nacional, y bien sea con los conservadores, los liberales o los uribistas, siempre ha disfrutado de las mieles del poder, servido a los intereses de las clases más pudientes, y despreciado y reprimido a los sectores populares afectados por esas políticas.

Las contradicciones de Juan Manuel Santos y el ex Presidente Uribe no son de la hondura que se muestran. Los dos guardan identidad y fidelidad absoluta con el neoliberalismo económico y la doctrina de guerra dominante, inclinan la cerviz y sirven con igual devoción a los intereses económicos y políticos de Norteamérica, experimentan igual repugnancia hacia los procesos democratizadores y renovadores que se cumplen en varios países suramericanos, y sobre todo confieren el mismo tratamiento violento a las aspiraciones de las grandes mayorías marginadas del país. Los dos representan poderosos sectores del capital y la tierra.

Los diferencia el enfoque con el que asumen la realidad del conflicto interno colombiano, pues mientras el primero de ellos, magistralmente interpretado hoy por su candidato Oscar Iván Zuluaga, se inclina decididamente por la intolerancia absoluta y la solución exclusiva por la fuerza, el segundo apuesta en primer término a conseguir la rendición de la insurgencia en la Mesa de La Habana, reservándose paralelamente el derecho a aplastarla por la fuerza. Las posiciones del uribismo, radicalmente sectarias en la defensa de los sectores económicos y políticos relacionados con el paramilitarismo, así como en la intangibilidad de los sectores militaristas más crudamente comprometidos con la violación de los derechos humanos, lo han conducido a enfrascarse en una aguda riña con el gobierno de Juan Manuel Santos, el que por lo mismo ha debido enfrentar las presiones del gremio ganadero y los empresarios agroindustriales beneficiarios de la violencia.

Que a Oscar Iván Zuluaga le importe un pito aparecer como el abanderado de la guerra, no hace de Juan Manuel Santos un hombre de paz. Al igual que su rival en la contienda electoral, Santos menosprecia cualquier reforma de amplio contenido democrático, o que implique el menor cambio en la inequitativa distribución de la tierra y la riqueza en el país. En su reciente campaña se preocupó por tranquilizar a los sectores pudientes, aclarándoles que ninguno de sus privilegios o intereses estaba en riesgo en la Mesa de La Habana, con el mismo énfasis con el que procuró convencer a las fuerzas armadas y sectores militaristas de que ni un solo peso del presupuesto militar, del gasto de guerra, de las adquisiciones planeadas o compromisos adquiridos, ni siquiera el pie de fuerza o los planes por incrementarlo sufrirían la menor alteración en la firma final de un acuerdo con las FARC en La Habana. Es claro que la paz, para los sectores que representa, implica necesariamente que todo siga igual. Que no se toquen para nada las causas que han originado la confrontación del último medio siglo en Colombia.

Mientras que el Presidente Santos recorría el país tranquilizando a los dueños de la fortuna y a las castas beneficiarias de la guerra, no escuchamos una sola palabra de sus labios que significara algún estímulo esperanzador o que tuviera la aptitud de inspirar confianza en los sectores populares afectados por las políticas de su gobierno. Si estuvo en Buenaventura fue para dar paso a sus consabidos anuncios de más pie de fuerza que garantice de modo absoluto las operaciones del lucrativo sector portuario ligado al gran comercio exterior. Nada para las negritudes miserables o los pescadores asediados por la violencia atroz que los desplaza de las áreas de la ciudad en donde se proyecta la ampliación de las actividades exportadoras. Con idéntica posición en el resto del país, resultaba lógico que la votación a su favor resultara seriamente lesionada.

No se puede decir que ganó Oscar Iván Zuluaga. Simplemente, como beneficiario de la máquina de terror de uribismo, de la descomposición moral de sus huestes políticas y de toda la podredumbre alimentada por los ocho años continuos de gobierno de su mentor, ocupó el primer lugar en las votaciones, como consecuencia del extraordinario desprestigio del gobierno de Juan Manuel Santos, a quien poco le abonaron el clientelismo, la mermelada y la corruptela propia del régimen político colombiano. El elevado índice de la abstención, al que cuando menos cabe sumar también el voto en blanco, pone de presente la ilegitimidad, el descreimiento y la falta de apoyo real por parte del pueblo colombiano a todos los candidatos del oficialismo.

En esas condiciones, hay que decirlo, cabe destacar y valorar la votación obtenida por la izquierda representada en la alianza entre el Polo Democrático y la Unión Patriótica. No cabe duda que las dos mujeres que postularon su nombre a la Presidencia y la Vicepresidencia arrastraron tras de sí, en medio de la putrefacción del régimen electoral y del debate político, una poderosa corriente de opinión independiente, consciente, limpia y libre. Nadie que haya elegido votar por esa opción lo hizo movido por la ambición personal o la esperanza de prebendas. En un país insuflado todos los días por el odio y la polarización promovidos por la ultraderecha, adquiere un enorme valor el posicionamiento de esa reserva moral y política de corte auténticamente popular. Pueda ser que su pulcritud moral se mantenga indemne ante los cantos de sirena de César Gaviria.

Marta Lucía Ramírez, candidata oficial del partido conservador, pone abiertamente en evidencia el carácter oportunista y negociante de su color político. Su apoyo puede irse hacia cualquiera de los dos candidatos finalistas, lo cual dependerá tan solo de las garantías y prebendas económicas y políticas que pueda ofrecerle cada uno. Es la vieja táctica de su partido, corrupto y ajeno a cualquier principio, gracias a la cual ha pelechado en todos los últimos gobiernos. Su virtud se halla en venta al mejor postor, y eso basta para hacerla aún peor que cualquiera de ellos. De Peñalosa ni siquiera vale la pena hablar, el archipiélago que lo rodeó ya comenzó su desbandada.

Así que los colombianos, sí, nos hallamos ante un verdadero dilema. Pero no el de elegir entre la guerra representada por Oscar Iván Zuluaga y la paz encarnada por Juan Manuel Santos. Es claro que cualquiera de ellos dos significará la guerra. Con Zuluaga es evidente el asunto. Para juzgar a Santos basta con observar su insistencia en que no pactará ningún cese el fuego pese a la existencia de los diálogos en La Habana y a sus avances, su orden permanente de arreciar la confrontación y los ataques hasta conseguir la firma de la paz en la Mesa, se repetida negación a pactar cualquier reforma económica, política, militar o social de consideración, su cantinela incesante de que nada está acordado hasta que todo esté acordado, sus mensajes tranquilizadores a los poderes establecidos. La verdadera encrucijada tiene una naturaleza distinta. Se trata de elegir entre la continuidad inamovible de las políticas de despojo y violencia que representan los dos candidatos, y la posibilidad de imprimir cambios urgentes y profundos en la institucionalidad y la sociedad colombianas. Para lo primero basta con votar por cualquiera de las candidaturas en consideración, mientras que para lo segundo la gama de opciones es más amplia.

La primera de ellas sería la espontánea y masiva votación en blanco, capaz de deslegitimar, incluso jurídicamente, las dos opciones militaristas y neoliberales. No hay duda de que una sorprendente votación que superara los sufragios de ambas candidaturas sería capaz de generar un terremoto político en el país. En contra de ella jugarían el corto plazo para promoverla, al igual que el carácter amorfo, desorganizado, espontáneo y difuso de su promoción, que tendría la dificultad de expresarse, conseguida la victoria, en una opción política mediamente definida y unitaria. Aunque precisamente la tarea en ese caso consistiría en trabajarla.

En segundo lugar podría considerarse una urgente reagrupación de todos los sectores inconformes y de oposición, a la que se uniera de manera decidida el conjunto de los movimientos sociales enfrentado al gobierno de Santos, en una poderosa coalición con la izquierda política tan bien posicionada en la reciente primera vuelta, con el apoyo político de la insurgencia en su conjunto, alrededor de consignas sencillas como la solución política al conflicto interno, el cese el fuego, la asamblea nacional constituyente, el contundente rechazo a todas las formas de politiquería tradicional y reformas urgentes de carácter social, con el propósito de enfrentar, de manera decidida, una fuerza sólida de masas al nuevo gobierno que se posesione el 7 de agosto.

No cabe duda de que ese gobierno, cualquiera que sea, por encima de su cobertura institucional o legal, asumirá el poder en condiciones de debilidad política, con serias contradicciones con el grupo del candidato perdedor. Una fuerte agitación social y política podría producir consecuencias inesperadas, que si no fueran suficientes para derrocarlo, sí podrían contar con condiciones favorables para el crecimiento de un verdadero movimiento alternativo capaz, en corto o mediano plazo de precipitar, de un modo u otro, cambios fundamentales en la vida nacional, incluida la paz.

Una fórmula a considerar sería, conformada esa coalición, pactar con uno de los candidatos, de manera seria, un programa progresista de cambios. Si bien la idea podría sonar atractiva, parece nacer más del deseo que de posibilidades reales. Por los plazos, el carácter precipitado de la coalición y del pacto mismo que diera lugar a la alianza, además de la fiabilidad y credibilidad que pudiera entrañar aliarse con enemigos declarados del pueblo colombiano.

¿Y de la Mesa qué? En lo fundamental habría que considerar que ella tiene toda su importancia en la medida en que posibilite, viabilice o catalice un gran movimiento nacional por los cambios fundamentales. El único Acuerdo que como revolucionarios podemos aspirar a firmar en ella, es aquel que cuente con el respaldo de ese gran movimiento popular que a su vez impida desmontarla. En los demás casos podríamos estar lindando con realidades insoportables. Un asunto para sopesar seriamente. Montañas de Colombia, 27 de mayo de 2014.
Fuente:Argenpress

FuenteFoto:Web

Las grietas del ballottage colombiano
Año 7. Edición número 316. Domingo 8 de Junio de 2014
Por Emiliano Guido
eguido@miradasalsur.com

Definición. La realidad del ballotage generó un fuerte debate en los partidos que podrían definir el resultado de la elección.

La posición a tomar ante la segunda vuelta electoral provocó una fuerte discusión interna en los partidos políticos. Si bien el Polo Democrático y el Partido Verde se declararon prescindentes, dirigentes progresistas reconocidos, como Piedad Córdoba, anticiparon que votarán por la reelección presidencial del candidato y actual presidente Santos.

Atlético Nacional o Deportivo Cali. Liberales versus conservadores. Bogotá contra el interior. Colombia tiene, como todos los países de la región, polarizaciones enérgicas que dividen históricamente a la nación en dos tribunas bien diferenciadas. Sin embargo, el nuevo dilema precipitado ante el ballottage presidencial entre santistas y uribistas ha generado una ruptura de un trazo más profundo que las mencionadas contradicciones en el tablero partidario. Concretamente, los tres partidos políticos eliminados de la competición en el primer turno electoral no pudieron zanjar sin cortocircuitos el debate interno sobre qué postura tomar en la convocatoria del 15 de junio. Si bien el Polo Democrático y el Partido Verde se declararon prescindentes y la cúpula de ambas fuerzas comunicó que “dejaban en libertad de elección a sus votantes”, dirigentes progresistas reconocidos como Piedad Córdoba o Iván Cepeda decidieron dar la espalda a la conducción partidaria y ya anticiparon que votarán dentro de una semana por la reelección presidencial. A su vez, la nueva y ascendente líder conservadora Marta Lucía Ramírez no logró convencer a su banca parlamentaria sobre la necesidad de apoyar al delfín uribista Oscar Zuluaga.

Las urnas del ballottage exigen siempre una definición lapidaria, sin matices ni relieves. La escenografía cívica electoral mutila los múltiples choice en esta instancia. Las mesas del cuarto oscuro lucen casi vacías, apenas dos torres de boletas apiladas arrojan un tibio cono de sombra sobre el mobiliario escolar o estatal. Es blanco o negro. Izquierda o derecha. Además, para darle más suspenso a la novela electoral caribeña, los primeros sondeos anticipan que la elección será cabeza a cabeza. Una encuesta contratada por el diario oficialista El Tiempo de esta semana asegura que, por el momento, el jefe de Estado aventaja por un punto a su rival. El sol del poder no está claro, por el momento, en qué hemisferio anclará. Ese hecho también profundiza la vacilación de los partidos políticos y dirigentes que ven por televisión la continuidad de la pelea por el sillón presidencial del Palacio de Nariño.

El primer gran sismo interno partidario generado por la antinomia Santos/Zuluaga se produjo en el bunker azul del Partido Conservador. La ex ministra Ramírez cosechó dos millones de votos en los comicios del 25 de mayo y finalizó en tercer lugar. Por lo tanto, su posicionamiento tenía en vilo a la mesa de la oficialista Unidad Nacional y al vértice del ultraderechista Centro-Democrático. Finalmente, la nueva estrella del conservadurismo moderado caribeño decidió convocar a los ciudadanos a otorgar su voto al dirigente Oscar Zuluaga. Contento por la noticia, el ahijado político del halcón Uribe otorgó a la mujer que fue medalla de bronce en el primer round electoral el título de jefa de campaña. Zuluaga y Ramírez tuvieron una negociación final para sellar el acuerdo. Según el portal La Silla Vacía, Marta Lucía Ramírez sólo exigió que el neouribismo replantee su tradicional intransigencia contra el proceso de paz desarrollado en La Habana entre el gobierno y la guerrilla de las Farc a cambio de su apoyo político. Zuluaga hizo los deberes. El subtexto paramilitarista de sus declaraciones se dulcificó con una cuota de oxígeno a favor del diálogo “condicionado” con los insurgentes. Pero, del otro lado del mostrador, su contraparte dejó entrever su poca ascendencia sobre la dirigencia parlamentaria conservadora. Concretamente, dos tercios de la principal bancada legislativa de centroderecha desoyeron a la señora Ramírez y plantearon abiertamente –incluso, rubricaron la buena onda con el oficialismo al ponerle el cuerpo a una selfie conjunta con el presidente - que la “sociedad colombiana no puede obviar la oportunidad de alcanzar definitivamente la paz. Nuestro voto está con Santos”.

Por otro lado, el Polo Democrático, en alianza con la Unión Patriótica, tampoco pudo llegar a un consenso interno para actuar de forma mancomunada en el segundo turno electoral. La lógica indicaba que la izquierda partidaria colombiana iba a preferir en un menú de dos opciones el neoliberalismo con rostro humano de Santos por sobre la opción pura y dura de la derecha radicalizada uribista. Pero, evidentemente, la prehistoria del actual mandatario, criado en la familia (Santos) con más linaje político del país, formado como cuadro técnico en exclusivas universidades extranjeras, suavizado en sus formas diplomáticas como lobbista de las cámaras empresariales cafeteras, además de haber sido el ministro de Defensa cuando Colombia estrechó aún más su alianza militar con el Comando Sur norteamericano, hizo crujir la discusión en el Polo Democrático, donde apocalípticos e integrados se partieron en dos partes iguales. Finalmente, ni chicha ni limonada, la candidata Clara López aclaró que “dejaba en libertad de elección” a su base electoral. Sin embargo, importantes funcionarios de la Alcaldía de Bogotá (gobernada por el Polo) tildaron como tibia la decisión partidaria e, incluso, dieron un paso al costado en sus funciones públicas para militar la opción “Santos presidente”. “Aldo Cadena, secretario de Salud; Jorge Rojas, secretario de Integración Social, y José Miguel Sánchez, director del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud renunciaron a sus cargos para apoyar la reelección de Juan Manuel Santos el próximo 15 de junio. Asimismo, otros quince funcionarios de Bogotá dejarán sus puestos para apoyar al presidente-candidato”, sintetiza la revista Semana en un artículo titulado “Renuncian tres fichas de Petro (apellido del alcalde) para apoyar reelección de Santos”.

Faltan apenas siete días y hay demasiados interrogantes abiertos en la elección presidencial colombiana. ¿El partido abstencionista (60% del padrón no concurrió a la elección) perderá feligreses a favor de las estructuras políticas en competición? ¿La deshilachada y esquiva posición de las conducciones partidarias ante el ballottage desorientará a sus bases políticas? ¿Un votante típico del Partido Conservador votará por Santos, como aconseja la banca parlamentaria, o le dará el sí a Zuluaga para no defraudar a la candidata Ramírez? Antes aliados, y hoy enemigos, Santos y el uribismo desorientan a la opinión pública. Sin embargo, en este escenario, según el historiador colombiano Miguel Bastenier, la opción Zuluaga presenta menos fisuras que su rival. “No se enfrentan uribismo y santismo, sino uribismo y antiuribismo. Y, por definición, parte con ventaja el credo que afirma antes que el que niega. El uribismo es una piña; sus votantes saben lo que quieren: lo más parecido a un caudillo, aunque de atavío democrático, que no acepta la impunidad de las FARC, aunque para ello acabe con las negociaciones cubanas y persiga un fin puramente militar del conflicto. Es un voto reservón, desconfiado y algo retro, pero claro y eficaz. El antiuribismo, en cambio, es una amalgama de sentimientos no siempre compatibles, abocada a deserciones y vacilaciones de última hora”, arremete Bastenier. Pero, el oficialismo perjura que su ruptura con el uribismo no es fruto de una noche. El presidente Juan Manuel Santos redobla esfuerzos y suma ideas para acelerar el proceso de paz con los herederos de Tirofijo. Nosotros somos la paz, ellos la guerra, asegura el jefe de Estado. En siete días se sabrá cuál tribuna, si la de Santos o la de Zuluaga, tiene la hinchada más numerosa.

“Nos ha faltado pedagogía para la paz”
Año 7. Edición número 316. Domingo 8 de Junio de 2014
Por Federico Larsen
americalatina@miradasalsur.com

Reconciliación. “Las víctimas son el centro de la discusión por la paz”, señala Mauricio Rodríguez./ Blindado. “El proceso está protegido de oscilaciones políticas.”

El ex embajador colombiano y actual asesor en el proceso de paz con las FARC, Mauricio Rodríguez, dialogó con Miradas al Sur acerca de la situación de las negociaciones a una semana de la segunda vuelta presidencial.

El pasado martes se reanudaron los diálogos de paz de La Habana entre la delegación del gobierno de Juan Manuel Santos y los representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP). El cuarto punto en agenda, que se comenzó a debatir esta semana, es el de la reparación para las víctimas y el sometimiento a la Justicia de los guerrilleros. “Las víctimas ahí son el centro de la discusión, la reparación, la no repetición, la restitución de las tierras a esas personas despojadas ilegal y violentamente de todo. En fin, todo lo que tenga que ver con justicia transicional, que se basa en el balance entre paz y justicia para poder reconciliar a los colombianos”, aseguró a Miradas al Sur, el ex embajador colombiano en el Reino Unido y actual asesor del presidente Santos en el proceso de paz, Mauricio Rodríguez. El funcionario dejó su puesto en Londres en octubre pasado para sumarse al reducido equipo que acompaña a Santos, su Alto Comisionado por la Paz, Jaramillo Caro, y el equipo negociador en La Habana. “Se han logrado acuerdos en tres de los cinco puntos de la agenda pactada con las FARC. Sobre la reforma rural integral, sobre la participación política y la ampliación y profundización de la democracia en Colombia, y sobre la desconexión de la guerrilla con el narcotráfico, cosa que es muy importante no sólo para Colombia sino para América latina y el mundo”, destacó Rodríguez, quien aseguró que el que arrancó el martes es “un punto clave” en la negociación. “Sabemos todos por la experiencia en la resolución de conflictos en muchos países del mundo que hay que hacer algunos sacrificios, algunas concesiones. Y que hay que buscar un justo balance entre justicia y paz. Cuánto debemos sacrificar de justicia en aras de lograr la paz. Hay que ser realistas y prácticos, y para eso se ha inventado la justicia transicional, que es precisamente una justicia que permite pasar de una situación anormal de guerra y conflicto a una situación de paz y conciliación. Lo que el presidente propone, que va a ser la negociación del punto cuarto, es algo que sea práctico y ponga fin al conflicto, sin impunidad y sin excepciones a los cargos de lesa humanidad”.

Un tema caliente en las últimas semanas, a causa de la campaña electoral de cara a la segunda vuelta prevista para el 15 de junio. El candidato del Centro Democrático, Oscar Iván Zuluaga, ya afirmó que en caso de salir ganador, interrumpirá las negociaciones para exigir una serie de condiciones a las FARC. “La posición del candidato Zuluaga haría saltar en pedazos el acuerdo de paz. Porque las condiciones que exige e impone son nada realistas”, observó al respecto Rodríguez. “Porque si simplemente pretendemos que todos los alzados en armas terminen en la cárcel el resto de sus vidas, no hay ningún estímulo para ellos para dejar la lucha armada”. El funcionario admitió que, tal como sucedió para las elecciones del 25 de mayo pasado, “se especula “con que las partes acuerden una nueva suspensión de los diálogos en los días previos a la elección del domingo. Por su lado, las FARC están meditando llamar a un nuevo cese unilateral del fuego para ese mismo período, para evitar episodios de violencia durante el ballottage. Un proceso que, según Rodríguez, influencia fuertemente la campaña electoral, pero ésta no tendría ninguna repercusión, a su vez, sobre los diálogos. “El proceso de paz se ha convertido en el tema central, casi que exclusivo de la recta final de la segunda vuelta. La razón es bastante clara, es el tema más importante de Colombia. Es el gran cambio que tendría el país. En las demás propuestas hay algunas diferencias entre los dos candidatos pero no son tan marcadas. En cambio en el tema de la paz sí hay posiciones muy diferentes entre los dos candidatos. Y es el tema más importante para todos los colombianos. Ahora, sobre la influencia de la campaña sobre el proceso, el presidente ha sido muy claro y muy serio. No ha hecho ni hará absolutamente nada en la negociación, que ponga en riesgo la seguridad de los colombianos. El proceso está blindado, protegido de las presiones políticas. Hay un equipo negociador del más alto nivel, respetado por todos los colombianos, que tiene una agenda y es lograr la paz cuanto antes. Y no estar pendientes de las encuestas en Colombia o de qué resulta popular o no. La misión es detener este desangre lo más pronto posible y creo que la inmensa mayoría de los colombianos estaría de acuerdo en que, a pesar de lo difícil que es hacer negociaciones en el medio de una campaña, no ha sido perjudicado el proceso por las elecciones”.

El mismo martes, la delegación de la insurgencia en la capital cubana dio a conocer su respuesta a una carta que un grupo de intelectuales les envió, pidiendo que dejen de dar “declaraciones políticas por fuera de la agenda” porque “confunden la opinión pública”. En la misma, los guerrilleros aseguran que “si el proceso contara con la más amplia participación de la sociedad y tuvieran mayor publicidad sus evidentes avances, existirían mayores elementos de juicio para una opinión más informada”, una afirmación con la cual el mismo Rodríguez se manifestó “parcialmente” de acuerdo. “En el sentido de que nos ha faltado más pedagogía de la paz. Nos falta más explicar los beneficios de la paz, los temas que se están discutiendo. Hay que reconocer que siendo un cambio tan grande, tan complejo, con temas tan sensibles y tan delicados, nos ha faltado y nos tenemos que comprometer en aumentar esa pedagogía de la paz. Es que los colombianos llevamos medio siglo en guerra, no sabemos qué es vivir en la paz. El 90% de los colombianos ha vivido toda su vida en guerra. Es el estado natural y normal de la vida cotidiana desafortunadamente”. Según una serie de encuestas elaboradas por el gobierno, dos terceras partes de los colombianos no creen que sea posible lograr un acuerdo de paz, pero tres cuartas partes quiere que siga el proceso. “También hay limitaciones en la misma negociación. La más importante es que una regla del proceso de paz es que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Entonces, mal haría el gobierno en empezar a dar detalles de una negociación que está en curso”.

El problema de información y la sensibilización de los colombianos con el proceso de paz, se torna aún más importante con el avance de la negociación. Dentro de 6 o 12 meses, según aseguró el mismo funcionario, todos los temas se habrán cerrado en un acuerdo general que deberá ser refrendado por la ciudadanía. Y allí es donde las discrepancias se hacen aún mayores entre las partes. Mientras el gobierno de Santos apunta a resolver la aprobación general por un referéndum, las FARC, movimientos sociales y algunos partidos políticos colombianos pujan por la celebración de una asamblea constituyente, que refunde el Estado mismo a partir de los acuerdos logrados. “Aún no se ha definido, pero sabemos que la decisión final no la va a tomar ni el presidente ni el equipo negociador en La Habana. Todo será sometido a aprobación por parte de todos los colombianos. Debe ser refrendado por voto popular”, se limitó a explicar Rodríguez.

“Nunca antes hemos estado los colombianos tan cerca de la paz”, quiso asegurar el funcionario. “De ponerle fin a este conflicto de más de medio siglo que se ha cobrado más de 220.000 víctimas directas, 660.000 víctimas entre viudas y huérfanos, 5 millones de desplazados y miles de millones de dólares desperdiciados en esta absurda y dolorosa guerra entre hermanos”.

La nueva “Escuela de las Américas” se llama Colombia
Año 7. Edición número 316. Domingo 8 de Junio de 2014
Por Modesto Emilio Guerrero

americalatina@miradasalsur.com

Influencia. El socio regional de la OTAN pone el escenario para la formación de militares adictos.

Preocupa la participación de representantes de las FFAA de Ecuador y Bolivia, que pone en juego el ya de por sí frágil equilibrio que propone una doctrina de defensa latinoamericana, separada del control de Washington.

En lo que podría entenderse como una nueva “Escuela de las Américas”, el 18 de mayo pasado el gobierno de Colombia puso en marcha un proceso de entrenamiento para oficiales de las Fuerzas Armadas de varios países latinoamericanos. Lo hace a través de becas jugosas y la oferta de una exitosa experiencia acumulada en contrainsurgencia y control poblacional.

Aunque la noticia pasó casi desapercibida en la vida mediática y política continentales, contiene dos graves señales.

Por un lado, representa un avance serio del proceso de contrarreformas manifestado en los avances de la derecha en América latina, mundo árabe y Europa. Pero al mismo tiempo constituye un grave peligro para una América latina que había comenzado a ganar una relativa autonomía político-militar respecto de Estados Unidos.

La participación de representantes de las FFAA de Ecuador y Bolivia patea un tablero nuevo y frágil. Sus presencias oficiales en Bogotá ponen en cuestión tanto al Consejo de Defensa Regional, de la Unasur, como Escuela de Altos Estudios Militares instalada por el ALBA en La Paz, ambas sin control estadounidense.
En los hechos, aunque nadie lo haya señalado y ninguno de los gobiernos “progresistas” lo acepte, hasta ahora, estamos en presencia de un fisura de alto riesgo en la nueva política militar latinoamericana.
Aunque esta suerte de “Escuela de las Américas” local y tercerizada, la patrocina el gobierno de Juan Manuel Santos, desde el Ministerio de Defensa, a nadie en sus cabales le cabe duda que detrás están el Departamento de Estado y el Comando Sur. Es una de las tareas que justifica la existencia de la bases instaladas en el territorio colombiano.

“Ante un grupo de representantes de los gobiernos de Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Paraguay, República Dominicana, Panamá y Bolivia, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, presentó este lunes el Centro Regional de Estudios Estratégicos en Seguridad (Crees), una oferta académica dirigida a los organismos de seguridad y defensa interesados en conocer la experiencia de Colombia en su lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado”. (El Espectador, Bogotá, 18 de mayo 2014).

El ministro colombiano lo expresó con las palabras necesarias para indicar el objetivo en el contexto geopolítico que quieren enfrentar: “En síntesis, es una iniciativa regional frente a las amenazas a la seguridad del hemisferio” (Idem).

El gobierno de Nicolás Maduro, el chavismo como movimiento y sus Fuerzas Armadas educadas en el antiimperialismo, serían los primeros objetivos no manifiestos de una “iniciativa regional” de este tipo.
Este programa de entrenamiento contiene los rasgos de peligrosidad advertidos desde hace un tiempo por investigadores como María Esther Ceceña, Renán Vega Kantor, Telma Luzani, Carlos Lanz, Emilio Tadey, Atilio Borón, entre otros y otras. Ellos lo denominaron la “remilitarización del continente”.

Fuentes militares de países de la Unasur indican que la tarea inmediata es construir una red regional de cooperación para enfrentar lo que el Departamento de Estado llama en sus documentos “Amenazas trasnacionales”, una concepción que traslada a la resistencia de pueblos y algunos gobiernos, lo que ellos hacen y persiguen desde la militarización continental, el dominio de las fuentes de recursos naturales y el nuevo esquema de control social de las poblaciones descriptos recientemente por los autores Sandy Ramírez Gutiérrez y Daniel Inclán, en el reciente trabajo “Reordenando el continente” (Alai, mayo 2004, edición digital).

No es una casualidad que sea Colombia la designada como nuevo estado-gendarme. Es el más fuerte país de la zona andina-amazónica-caribeña. Este dato geopolítico es fundamental a la hora de evaluar lo que está en marcha con este programa de entrenamiento.

Esa triple ubicación talasocrática ha sido decisiva para que Washington y la OTAN concentren en Colombia su nueva estrategia de ofensiva policial-militar y conviertan a ese país de 45 millones de habitantes y más de dos millones de kilómetros cuadrados, en una suerte de plataforma de la contrarreforma latinoamericana. Su objetivo es cumplir algunas tareas del Comando Sur, el Departamento y la OTAN, o sea, aquellas que en el pasado oscuro de las dictaduras cumplieron la Escuela de las Américas, West Point y Panamá.

El gobierno de Colombia ofrece a los países latinoamericanos, incluidos los de la Unasur y el ALBA, su experiencia en control militar-policial de poblaciones.

El aval ofrecido corresponde, como una muestra de grotesca necrofilia, el mapa poblacional y territorial donde cayeron los más de 220 mil asesinados y una cifra superior a los 2 millones de desplazados, producidos en Colombia por el terrorismo estatal desde 1958: “De hecho, para el Ministro colombiano una muestra del éxito de las Fuerzas Militares y de Policía contra la delincuencia es que en cerca de mil municipios del país, es decir, un 90%, no se presentan actos terroristas como secuestros y atentados a la infraestructura. Dicho de otra manera, cerca de 44 millones de colombianos ya viven en un período de posconflicto, tienen las mismas preocupaciones que el resto de países que, de una u otra manera, están en paz” (El Espectador, 19 de mayo 2014).

Aunque Estados Unidos no figura como el país patrocinador, nadie en su cabales dudará que es el Estado detrás del Estado colombiano en esta tarea regional.

Lo incomprensible es la presencia de oficiales de las Fuerzas Armadas de dos gobiernos tenidos como de los más “progresistas” del continente. Ese progresismo se evidencia en reformas sociales que han mejorado la vida de sus poblaciones pobres y ganado soberanía nacional relativa frente a los imperios. El gobierno de Correa, en Ecuador, por ejemplo, se atrevió a expulsar al ejército norteamericano de Manta, mientras el de Evo Morales tuvo la valentía de enfrentar a Washington, echando a su embajador, a la Usaid y a la NED.

Aceptar las becas del gobierno de Colombiano para ser entrenados en “seguridad y defensa” por el Estado que más las ha violado en las últimas dos décadas, es una contradicción de resolución compleja para ambos gobiernos progresistas. Pero además, compromete todo lo avanzado por el resto de los países, y es directamente funcional al aislamiento político del gobierno de Nicolás Maduro en medio del asedio actual. Facilita la avanzada de contrarreformas imperialista.

Basta recordar el grado acuerdo estratégico semicolonial firmado por los gobiernos de Uribe y Santos con Estados Unidos y más recientemente con la Organización del Atlántico Norte, OTAN, para comprender que sus decisiones en materia de seguridad regional, equipamiento, control interno entrenamiento y defensa, están atadas a los pactos firmados con esos países y organismos supranacionales.

Seis de los ocho países escogidos para iniciar este curso de entrenamiento tienen elementos comunes de pobreza, falta de recursos financieros para esa tarea, ejércitos y policías débiles, graves problemas de inseguridad interna y miseria arraigada y creciente, cuatro elementos clave, que en determinadas condiciones sociales o crisis política, pueden conducir a situaciones insurreccionales o de insurgencia.

En el pasado reciente, Washington tuvo que soportar la aparición irremisible de insurrecciones sociales, gobiernos de izquierda, algunos de ellos bastante radicales, todos cuestionadores de algunas o muchas de sus políticas imperiales. También es cierto que en el mismo período, alrededor de 20 años, aparecieron sorpresivamente por lo menos dos movimientos insurgentes armados, uno en México, el zapatismo, otro en Paraguay, aunque distintos en fuerza y métodos de accionar. En cada una de esas sociedades, diversos tipos de insurrección social derribaron a nueve gobiernos civiles y electos, y elevaron a una sucesión de regímenes políticos nuevos llamados “progresistas”, según el gusto, en Brasil, Bolivia, Uruguay, Argentina, Nicaragua, Ecuador, El Salvador y Venezuela.

Estamos en presencia de una estrategia preventiva regional en el terreno militar, policial y de inteligencia, para enfrentar eventuales hipótesis de conflicto social y desgarramientos políticos.
Fuente:MiradasalSur