Mendoza. Se cumple un año de la condena a los represores Olivera y De Marchi
Asunto pendiente
Por M.E.G.
08.07.2014
Asunto pendiente
Por M.E.G.
08.07.2014
El caso conmociona a Cuyo: 21 días después de la sentencia, se fugaron del Hospital Militar Central “Cosme Argerich”.
El ex mayor Jorge Olivera no es cualquier represor. Mucho antes de estar condenado a cadena perpetua, estuvo ligado a una red de actores que asisten a los genocidas que evaden la Justicia con el explícito objetivo político de minar la confianza de la sociedad hacia los juicios de lesa humanidad. Digamos que él mismo ayudó a montarla, apelando siempre a un discurso fascista impregnado de fundamentalismo católico que viene amasando desde antes del asalto militar al poder en 1976 y que consiste en apelar a un “orden” mediante el “aniquilamiento del enemigo subversivo”.
Según publicó Veintitrés, a la fecha de la fuga, esa red tenía una pata financiera. Fue la Unidad de Información Financiera (UIF). Se trata concretamente del “Fideicomiso Financiero SJ2” y el “Fideicomiso de Garantía SJ2”, dos instrumentos financieros creados por el estudio jurídico fundado por el mismo Olivera en sociedad con Jorge Humberto Appiani. Se estima que esa fue la fuente de financiamiento que se utilizó el año pasado, más precisamente el jueves 25 de julio, día en que junto a De Marchi logró escapar con asombroso sigilo del Hospital Militar.
Allí había sido llevado desde la Cárcel de Chimbas, en San Juan, para hacerse atender de unas dolencias médicas con la excusa de que en la provincia no existía una atención especializada. El traslado terminó siendo en realidad parte del plan urdido. Varios actores tomaron intervención. En primer lugar, quien solicitó la autorización del traslado, también evadida, es la psicóloga Marta Ravasi, hasta esa fecha empleada en el Hospital Militar. Resultó ser nada menos que la esposa de Jorge Olivera, otrora “informante” de los servicios de inteligencia en los dos ámbitos donde le tocó actuar: la Universidad de San Juan y la Dirección de Protección al Menor de esa provincia.
También aportaron lo suyo algunos médicos –la cúpula hospitalaria–, oficiales del Ejército, y agentes del Servicio Penitenciario Federal que de inmediato fueron pasados a retiro y suspendidos de manera preventiva por el Gobierno hasta que concluya la pesquisa del juez federal Claudio Bonadío de la que se ignora si logró algún grado de avance.
Párrafo aparte merecen los funcionarios del Poder Judicial que firmaron la autorización del traslado, es decir, el juez Leopoldo Rago Gallo, titular del Juzgado Federal 2, y Miguel Angel Gálvez, quienes no tomaron ninguna precaución ni dispusieron de ningún dispositivo de control pese a las varias señales que advertían un peligro de fuga.
Vale destacar que Olivera siempre se mostró confiado en que no estaría demasiado tiempo alojado en Chimbas y ni las autoridades que monitorean la pena ni los propios organismos de derechos humanos llegaron a dimensionar que celebrarían el veredicto de su condena por tan sólo 20 días.
Malatto y Olivera eran conocidos en San Juan como “los ojos de vidrio” ya que eran los que hacían toda la inteligencia previa a cada operativo. Años después, tras conocerse el relato del soldado conscripto Jorge Bonil, se supo que Cardozo y Olivera se habían jactado frente a la tropa de haber violado a la “francesita”, en alusión a Anne Marie Erize, militante de Montoneros que continúa desaparecida. Desde entonces, a Olivera se lo conoce como “el carnicero de San Juan”.
Un capítulo aparte merece la relación de Olivera con los “carapintadas”. Se sabe que el ex almirante Massera viajó a San Juan en diciembre de 1975 y ahí se contactó con varios tenientes, tiempo después Olivera se instaló en Corrientes y fue apoderado del MODIN, además de candidato a diputado nacional por ese partido en las elecciones de 1999.
Se recibió de abogado en los años de mayor impunidad, y trabajó hasta el 2008, es decir, hasta el último día en que fue capturado mientras caminaba muy tranquilo y portando documentación falsa por una calle de la localidad bonaerense de Vicente López. Entre sus trabajos se incluye que viajó a Italia para defender a Carlos Suárez Mason, que había sido detenido en la prisión romana de Regina. Fue famoso el caso porque Suárez Mason recuperó su libertad con ayuda de inteligencia del Ejército que faxeó a Italia un documento falso, y además porque gozó del patrocinio del abogado Agusto Senagra, de la Logia P2.
Según una nota titulada “La reacción castrense”, publicada en el portal Informe Reservado, año 2000, en el período que va del inicio de los llamados Juicios por la Verdad a la reapertura de los juicios por violaciones a los derechos humanos, Olivera tuvo una gravitación enorme y sus constantes visitas al Centro de Oficiales Retirados de Gendarmería Nacional tenían la finalidad de alentar la preparación de fugas del país a través de Formosa y Misiones. No es posible chequear ese dato así como tampoco hay certeza de que Olivera tenga pasaporte paraguayo bajo el apellido Osuna, tal como reveló un diario misionero. Lo que sí es seguro es que tejió una telaraña de contactos, y que muchos militares e incluso policías federales se sienten en deuda, por diferentes motivos, con él.
Durante el juicio oral en San Juan, Olivera siguió dando la nota, por ejemplo buscó defenestrar a Jorge Rafael Videla, llegando a decir que lo hubiera fusilado por traidor. Según hizo constar la periodista que cubrió el juicio, Sofía D’Andrea, “Olivera se esmeró en negar su participación en los hechos ventilados a lo largo del juicio pero admitió la existencia del aparato represivo aunque, aseguró, él no tuvo nada que ver. Altanero, con palabras altisonantes, reivindicó su condición de miembro del Ejército y de paso elogió la gestión del gobierno provincial, aunque sin mencionar a José Luis Gioja. Ellos (por Gustavo De Marchi pero también por Malatto y otros tantos ex tenientes) hicieron el trabajo sucio cuando eran veinteañeros, pusieron la cara, se ocuparon con esmero de masacrar a miles, mientras los altos mandos disfrutaban de los privilegios del poder; hoy a la hora de la Justicia los jefes si no están muertos son octogenarios incapaces, mientras ellos reciben la cachetada de la condena social y les espera la cárcel común”.
Pocos días después de esta escena, Olivera se dio a la fuga y exactamente un año después, sin noticias de su paradero, el jefe máximo del genocidio en Cuyo, Luciano Benjamín Menéndez, sumó una nueva condena a prisión perpetua, esta vez por el homicidio premeditado del obispo riojano Enrique Angelelli. Quien aporte datos tanto de Olivera como de De Marchi, recibirá una recompensa de dos millones de pesos por parte del gobierno, oferta que está disponible desde el año pasado.
Según publicó Veintitrés, a la fecha de la fuga, esa red tenía una pata financiera. Fue la Unidad de Información Financiera (UIF). Se trata concretamente del “Fideicomiso Financiero SJ2” y el “Fideicomiso de Garantía SJ2”, dos instrumentos financieros creados por el estudio jurídico fundado por el mismo Olivera en sociedad con Jorge Humberto Appiani. Se estima que esa fue la fuente de financiamiento que se utilizó el año pasado, más precisamente el jueves 25 de julio, día en que junto a De Marchi logró escapar con asombroso sigilo del Hospital Militar.
Allí había sido llevado desde la Cárcel de Chimbas, en San Juan, para hacerse atender de unas dolencias médicas con la excusa de que en la provincia no existía una atención especializada. El traslado terminó siendo en realidad parte del plan urdido. Varios actores tomaron intervención. En primer lugar, quien solicitó la autorización del traslado, también evadida, es la psicóloga Marta Ravasi, hasta esa fecha empleada en el Hospital Militar. Resultó ser nada menos que la esposa de Jorge Olivera, otrora “informante” de los servicios de inteligencia en los dos ámbitos donde le tocó actuar: la Universidad de San Juan y la Dirección de Protección al Menor de esa provincia.
También aportaron lo suyo algunos médicos –la cúpula hospitalaria–, oficiales del Ejército, y agentes del Servicio Penitenciario Federal que de inmediato fueron pasados a retiro y suspendidos de manera preventiva por el Gobierno hasta que concluya la pesquisa del juez federal Claudio Bonadío de la que se ignora si logró algún grado de avance.
Párrafo aparte merecen los funcionarios del Poder Judicial que firmaron la autorización del traslado, es decir, el juez Leopoldo Rago Gallo, titular del Juzgado Federal 2, y Miguel Angel Gálvez, quienes no tomaron ninguna precaución ni dispusieron de ningún dispositivo de control pese a las varias señales que advertían un peligro de fuga.
Vale destacar que Olivera siempre se mostró confiado en que no estaría demasiado tiempo alojado en Chimbas y ni las autoridades que monitorean la pena ni los propios organismos de derechos humanos llegaron a dimensionar que celebrarían el veredicto de su condena por tan sólo 20 días.
Un 5 de julio de 2008 Olivera escribió con su puño y letra una sugestiva dedicatoria en la solapa del libro Volver a matar, de Tata Yofre, a su gran amiga Elisa Meglioli, diciéndole que si bien estaba preso, “su mente y espíritu estaba más libre que nunca”. Al señalar el día exacto en que se convirtió en un “preso político” colocó puntos suspensivos a continuación para generar misterio en torno al fin de esa situación. Un sanjuanino descubrió ese libro casualmente ya que pasó de mano en mano, justo después de la fuga y no pudo menos que horrorizarse por el hallazgo. Y es que durante el juicio a los represores en esa provincia hubo víctimas que sobrevivieron al centro clandestino La Marquesita que solicitaron medidas especiales de protección al testigo, debido al terror causado por personajes como este.
Olivera estaba autorizado a tener computadora adentro de su celda y si bien los querellantes solicitaron que no tuviera acceso a Internet, esto fue burlado en reiteradas oportunidades. Allí en Chimbas, en los tiempos de reinado de los señores de la guerra, quien daba las órdenes a sus anchas era Olivera, junto a su mano derecha el teniente Carlos Luis Malatto, así como también el resto de la patota, el teniente Gustavo De Marchi y el coronel Eduardo Daniel Cardozo.
Malatto y Olivera eran conocidos en San Juan como “los ojos de vidrio” ya que eran los que hacían toda la inteligencia previa a cada operativo. Años después, tras conocerse el relato del soldado conscripto Jorge Bonil, se supo que Cardozo y Olivera se habían jactado frente a la tropa de haber violado a la “francesita”, en alusión a Anne Marie Erize, militante de Montoneros que continúa desaparecida. Desde entonces, a Olivera se lo conoce como “el carnicero de San Juan”.
Un capítulo aparte merece la relación de Olivera con los “carapintadas”. Se sabe que el ex almirante Massera viajó a San Juan en diciembre de 1975 y ahí se contactó con varios tenientes, tiempo después Olivera se instaló en Corrientes y fue apoderado del MODIN, además de candidato a diputado nacional por ese partido en las elecciones de 1999.
Se recibió de abogado en los años de mayor impunidad, y trabajó hasta el 2008, es decir, hasta el último día en que fue capturado mientras caminaba muy tranquilo y portando documentación falsa por una calle de la localidad bonaerense de Vicente López. Entre sus trabajos se incluye que viajó a Italia para defender a Carlos Suárez Mason, que había sido detenido en la prisión romana de Regina. Fue famoso el caso porque Suárez Mason recuperó su libertad con ayuda de inteligencia del Ejército que faxeó a Italia un documento falso, y además porque gozó del patrocinio del abogado Agusto Senagra, de la Logia P2.
Según una nota titulada “La reacción castrense”, publicada en el portal Informe Reservado, año 2000, en el período que va del inicio de los llamados Juicios por la Verdad a la reapertura de los juicios por violaciones a los derechos humanos, Olivera tuvo una gravitación enorme y sus constantes visitas al Centro de Oficiales Retirados de Gendarmería Nacional tenían la finalidad de alentar la preparación de fugas del país a través de Formosa y Misiones. No es posible chequear ese dato así como tampoco hay certeza de que Olivera tenga pasaporte paraguayo bajo el apellido Osuna, tal como reveló un diario misionero. Lo que sí es seguro es que tejió una telaraña de contactos, y que muchos militares e incluso policías federales se sienten en deuda, por diferentes motivos, con él.
Durante el juicio oral en San Juan, Olivera siguió dando la nota, por ejemplo buscó defenestrar a Jorge Rafael Videla, llegando a decir que lo hubiera fusilado por traidor. Según hizo constar la periodista que cubrió el juicio, Sofía D’Andrea, “Olivera se esmeró en negar su participación en los hechos ventilados a lo largo del juicio pero admitió la existencia del aparato represivo aunque, aseguró, él no tuvo nada que ver. Altanero, con palabras altisonantes, reivindicó su condición de miembro del Ejército y de paso elogió la gestión del gobierno provincial, aunque sin mencionar a José Luis Gioja. Ellos (por Gustavo De Marchi pero también por Malatto y otros tantos ex tenientes) hicieron el trabajo sucio cuando eran veinteañeros, pusieron la cara, se ocuparon con esmero de masacrar a miles, mientras los altos mandos disfrutaban de los privilegios del poder; hoy a la hora de la Justicia los jefes si no están muertos son octogenarios incapaces, mientras ellos reciben la cachetada de la condena social y les espera la cárcel común”.
Pocos días después de esta escena, Olivera se dio a la fuga y exactamente un año después, sin noticias de su paradero, el jefe máximo del genocidio en Cuyo, Luciano Benjamín Menéndez, sumó una nueva condena a prisión perpetua, esta vez por el homicidio premeditado del obispo riojano Enrique Angelelli. Quien aporte datos tanto de Olivera como de De Marchi, recibirá una recompensa de dos millones de pesos por parte del gobierno, oferta que está disponible desde el año pasado.
Fuente:Veintitres
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