Quién es quién en el cuarto juicio contra los represores
28 DE JULIO 2014
28 DE JULIO 2014
El Tribunal Oral que juzga a 33 acusados. Foto: Archivo - Axel Lloret.
Hoy, lunes 28 de julio, se reinicia el cuarto juicio por crímenes de lesa humanidad ocurridos en Mendoza durante la dictadura cívico-militar. El siguiente es un repaso basado en una nota del sitio juiciosmendoza.wordpress.com sobre los protagonistas de este proceso histórico que se desarrolla en la sede de los Tribunales Federales.
El Tribunal Oral Federal 1: El presidente, el juez Alejandro Piña; a los lados, sus pares: Juan González Macías y Raúl Fourcade. En una de las puntas, un cuarto magistrado, Héctor Cortez, y en la otra, la secretaria, Natalia Suárez.
Litigantes por las víctimas: El Movimiento Ecuménico de los Derechos Humanos (MEDH) a través de sus abogados Pablo Salinas y Viviana Beigel. Diego Lavado, Carlos Varela, Lucas Lecour y Sergio Salinas también integran el equipo del MEDH. Por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación sigue el abogado Fernando Peñaloza y por el Gobierno de Mendoza, la subsecretaria de Justicia y la de Derechos Humanos, Romina Ronda.
Los entes oficiales provinciales solo querellan por la causas que comprometen a las fuerzas armadas y de seguridad. Por la Fiscalía Especial para Delitos de Lesa Humanidad, Dante Vega junto a Patricia Santoni y el fiscal ad-hoc, Daniel Rodríguez.
Los acusados: Son 33 procesados en este juicio. Exjueces: 4; policías: 19 (uno de la Federal); Ejército: 6; Fuerza Aérea: 2; penitenciarios: 2. Unos 8 imputados son los que asisten a las audiencias. Los otros están distribuidos en distintos puntos del país y siguen el desarrollo del juicio a través de videoconferencia desde dependencias judiciales de Buenos Aires, Rosario y en la misma Mendoza. También desde las cárceles de Ezeiza y Marcos Paz. Ningún acusado que integró el ejército, ni policías del D2 han declarado en el debate para no ser reconocidos por las víctimas por el timbre de voz.
Sólo un policía de apellido Lorenzo y el exjuez Luis Miret declararon. Los otros excamaristas Guillermo Petra y Otilio Romano se expresaron en extensas exposiciones. Los letrados se excusan argumentando que no sabían el trato que recibían los y las detenidas y, por otro lado, aseguran que no podían hacer nada frente a las Fuerzas Armadas.
Para leer la nota original: juiciosmendoza.wordpress.com
Litigantes por las víctimas: El Movimiento Ecuménico de los Derechos Humanos (MEDH) a través de sus abogados Pablo Salinas y Viviana Beigel. Diego Lavado, Carlos Varela, Lucas Lecour y Sergio Salinas también integran el equipo del MEDH. Por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación sigue el abogado Fernando Peñaloza y por el Gobierno de Mendoza, la subsecretaria de Justicia y la de Derechos Humanos, Romina Ronda.
Los entes oficiales provinciales solo querellan por la causas que comprometen a las fuerzas armadas y de seguridad. Por la Fiscalía Especial para Delitos de Lesa Humanidad, Dante Vega junto a Patricia Santoni y el fiscal ad-hoc, Daniel Rodríguez.
Los acusados: Son 33 procesados en este juicio. Exjueces: 4; policías: 19 (uno de la Federal); Ejército: 6; Fuerza Aérea: 2; penitenciarios: 2. Unos 8 imputados son los que asisten a las audiencias. Los otros están distribuidos en distintos puntos del país y siguen el desarrollo del juicio a través de videoconferencia desde dependencias judiciales de Buenos Aires, Rosario y en la misma Mendoza. También desde las cárceles de Ezeiza y Marcos Paz. Ningún acusado que integró el ejército, ni policías del D2 han declarado en el debate para no ser reconocidos por las víctimas por el timbre de voz.
Sólo un policía de apellido Lorenzo y el exjuez Luis Miret declararon. Los otros excamaristas Guillermo Petra y Otilio Romano se expresaron en extensas exposiciones. Los letrados se excusan argumentando que no sabían el trato que recibían los y las detenidas y, por otro lado, aseguran que no podían hacer nada frente a las Fuerzas Armadas.
Para leer la nota original: juiciosmendoza.wordpress.com
Fuente: juiciosmendoza.blogspot
Fuente:EdiciónUnCuyo
Por: Juan Manuel Mannarino
Nilo Torrejón fue militante de la Juventud Peronista (JP). El 24 de febrero de 1976 fue secuestrado y permaneció detenido ilegalmente en el Regimiento de Infantería de San Rafael, Mendoza y en el Departamento 2 de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Mendoza (D2) hasta el 21 de marzo de 1976. Entre esa fecha y diciembre de 1979 estuvo preso en distintas cárceles del país. En diciembre de 1979 se exilió en Suecia y regresó a la Argentina en 1984.
En la audiencia, reconoció a su torturador: un oficial penitenciario de apellido Bianchi, que está imputado en el megajuicio de Mendoza. “Venía de civil a torturarnos, lo vi varias veces”, dijo, y desmintió la estrategia del abogado defensor de Bianchi, quien había dicho que su defendido estaba de licencia. En la sala de torturas, según dijo el abogado querellante Pablo Salinas a esta agencia, los represores no solían usar uniforme: torturaban vestidos con ropa informal.
Luego fue el turno de Elba Fernández del Río, hermana de la abogada Haydee, ex presa del centro clandestino D2, detenida y torturada en 1976. En la audiencia 26, Haydee había explicado la persecución ideológica que sufrió por parte de los represores al mismo tiempo que implicó a los ex jueces Rolando Carrizo, Otilio Romano y Luis Miret como parte del aparato judicial que “simulaba desconocer lo que acontecía”. Ahora, su hermana declaró que cuando detuvieron a Haydee presentó un habeas corpus en el despacho de Romano. “El juez no hizo nada. Volví varias veces y nunca me dio respuesta. Sólo se fijó en una lista de personas y dijo que mi hermana no estaba”, dijo. De acuerdo a la interpretación del abogado Salinas, ese dato no es menor: que Romano tuviera una lista con personas detenidas demostraría la estrecha colaboración de la justicia con los represores.
Por último, declaró Daniel Paradiso, que también fue militante de la JP y fue detenido en 1975, antes del golpe militar. “Su caso es importante porque revela que por la ley 20840 de lucha contra la subversión, los jueces ya colaboraban con los policías. Paradiso fue juzgado tres veces y sin embargo fue preso. Y Miret y Romano, que fueron los jueces que avalaron la persecución ideológica antes de la dictadura, luego fueron premiados y ascendidos a puestos de mayor prestigio con los militares”, dijo Pablo Salinas a Infojus Noticias.
“Los testimonios de Paradiso y Fernández del Río incrementan el nivel de pruebas sobre la relación entre la justicia federal y la policía provincial. Es clave para entender cómo funcionaba el circuito represivo, pórque funcionaban como un mismo bloque. Hay que entender que las órdenes de detención las emitían Miret y Romano, que luego iban los represores y las ejecutaban y que cuando los familiares acudían a la justicia presentando habeas corpus y recursos de amparo, hacían la vista gorda y no accionaban. Esa complicidad se está demostrando en las audiencias de este juicio”, concluyó Salinas.
Mañana se retomarán las audiencias con la declaración de Adriana Espínola, que fue compañera de militancia de Nilo Torrejón. Su testimonio aportará precisiones sobre las circunstancias de detención en el D2.
Fuente:Infojus
28-7-2014
Lesa Humanidad
Nueva audiencia en el juicio por delitos de lesa humanidad en Mendoza
"La justicia federal y la policía provincial eran un mismo bloque"
Lesa Humanidad
Nueva audiencia en el juicio por delitos de lesa humanidad en Mendoza
"La justicia federal y la policía provincial eran un mismo bloque"
Así lo dijo el abogado querellante Pablo Salinas, tras la reanudación del debate oral por delitos de lesa humanidad en Mendoza. Dos testigos volvieron a comprometer a los jueces Otilio Romano y Luis Miret y subrayaron la connivencia entre la justicia federal y la policía.
El ex juez Otilio Romano. Télam
El megajuicio de Mendoza es considerado inédito en el país porque además de juzgar la participación de ex funcionarios judiciales en el terrorismo de Estado, contempla por primera vez en la provincia a los ataques sexuales que sufrieron ex detenidas durante sus cautiverios como un delito independiente de las torturas y tormentos. Después de la feria y de cinco meses de debate se reiniciaron las audiencias. Dos testigos volvieron a comprometer a los jueces Otilio Romano y Luis Miret y subrayaron la connivencia entre la justicia federal y la policía provincial.
Nilo Torrejón fue militante de la Juventud Peronista (JP). El 24 de febrero de 1976 fue secuestrado y permaneció detenido ilegalmente en el Regimiento de Infantería de San Rafael, Mendoza y en el Departamento 2 de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Mendoza (D2) hasta el 21 de marzo de 1976. Entre esa fecha y diciembre de 1979 estuvo preso en distintas cárceles del país. En diciembre de 1979 se exilió en Suecia y regresó a la Argentina en 1984.
En la audiencia, reconoció a su torturador: un oficial penitenciario de apellido Bianchi, que está imputado en el megajuicio de Mendoza. “Venía de civil a torturarnos, lo vi varias veces”, dijo, y desmintió la estrategia del abogado defensor de Bianchi, quien había dicho que su defendido estaba de licencia. En la sala de torturas, según dijo el abogado querellante Pablo Salinas a esta agencia, los represores no solían usar uniforme: torturaban vestidos con ropa informal.
Luego fue el turno de Elba Fernández del Río, hermana de la abogada Haydee, ex presa del centro clandestino D2, detenida y torturada en 1976. En la audiencia 26, Haydee había explicado la persecución ideológica que sufrió por parte de los represores al mismo tiempo que implicó a los ex jueces Rolando Carrizo, Otilio Romano y Luis Miret como parte del aparato judicial que “simulaba desconocer lo que acontecía”. Ahora, su hermana declaró que cuando detuvieron a Haydee presentó un habeas corpus en el despacho de Romano. “El juez no hizo nada. Volví varias veces y nunca me dio respuesta. Sólo se fijó en una lista de personas y dijo que mi hermana no estaba”, dijo. De acuerdo a la interpretación del abogado Salinas, ese dato no es menor: que Romano tuviera una lista con personas detenidas demostraría la estrecha colaboración de la justicia con los represores.
Por último, declaró Daniel Paradiso, que también fue militante de la JP y fue detenido en 1975, antes del golpe militar. “Su caso es importante porque revela que por la ley 20840 de lucha contra la subversión, los jueces ya colaboraban con los policías. Paradiso fue juzgado tres veces y sin embargo fue preso. Y Miret y Romano, que fueron los jueces que avalaron la persecución ideológica antes de la dictadura, luego fueron premiados y ascendidos a puestos de mayor prestigio con los militares”, dijo Pablo Salinas a Infojus Noticias.
“Los testimonios de Paradiso y Fernández del Río incrementan el nivel de pruebas sobre la relación entre la justicia federal y la policía provincial. Es clave para entender cómo funcionaba el circuito represivo, pórque funcionaban como un mismo bloque. Hay que entender que las órdenes de detención las emitían Miret y Romano, que luego iban los represores y las ejecutaban y que cuando los familiares acudían a la justicia presentando habeas corpus y recursos de amparo, hacían la vista gorda y no accionaban. Esa complicidad se está demostrando en las audiencias de este juicio”, concluyó Salinas.
Mañana se retomarán las audiencias con la declaración de Adriana Espínola, que fue compañera de militancia de Nilo Torrejón. Su testimonio aportará precisiones sobre las circunstancias de detención en el D2.
Fuente:Infojus
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