LA TRANSVERSALIDAD DE LA REPRESION, LA XENOFOBIA Y LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL
Muchos machos malos
Berni y los machos malos de la política que buscan votos con la represión, sin reparar en formas ni derechos. Una dura denuncia de H.I.J.O.S Capital, la organización en la que se referencia Wado de Pedro, y la contradicción del kirchnerismo. Un militar de fantasía y otro real al frente de las fuerzas de seguridad, sin control político ni protocolos de actuación. La Federal vuelve al Sur y lo anuncia a los tiros. El jefe de policía de Córdoba abre la temporada de caza de periodistas.
Por Horacio Verbitsky
Imagenes:DyN, Joaquín Salguero y Télam.
Los votos de la mano dura
Con el inequívoco título “Ni represión ni deportación: derechos e inclusión para todos”, la declaración engloba el desalojo y los asesinatos de Jonathan Mareco, Brian Ayaviri, Gabriel Vaca y Mario Gustavo Ruíz en las villas de Lugano y Barracas. Síntoma del malestar que el uso ilimitado de la fuerza y las declaraciones provocativas de Berni producen en toda la militancia, la declaración repudia “categóricamente la represión y criminalización de la protesta social como respuesta a los reclamos de los sectores más vulnerados de nuestro pueblo” y denuncia la salvaje represión “a vecinos, militantes de derechos humanos y legisladores”. Además de impugnar “los hechos de violencia institucional cometidos por la Gendarmería, fuerza a cargo de Sergio Berni”, rechaza “los discursos estigmatizadores hacia los migrantes, expresados por el Secretario de Seguridad de la Nación, que desconoce los avances de nuestro país en materia de integración de los pueblos, como la Ley de Migraciones”. (La deportación sin juicio de inmigrantes fue reclamada por Berni con el aval de la Ministra de Seguridad Cecilia Rodríguez, quienes atribuyeron a los extranjeros una extravagante relevancia del 19 por ciento en la comisión de delitos. Según el Censo de 2010, los extranjeros constituyen el 4,5 por ciento de la población y de acuerdo con el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) en 2012 representaban el 6 por ciento de la población de las cárceles argentinas, más de la mitad sin condena. Sólo el 0,20 por ciento de los extranjeros que habitan el país están privados de su libertad. Si estos son los datos estructurales, el 19 por ciento de detenciones en un fin de semana más que las alegadas prácticas delictivas de los inmigrantes revela el sesgo policial selectivo contra ese sector). H.I.J.O.S añade que el conflicto habitacional no es una demanda exagerada de ningún vecino sino la deuda pendiente de una democracia de 30 años. “Los sectores más vulnerados de nuestro pueblo son la palanca de cambio de los tiempos electorales. Por eso se reprime a quienes protestan: así se pretende sumar votos de quienes piden mano dura.” También afirma que “la impunidad para los genocidas, vigente durante décadas, fue la peor escuela para la violencia institucional de las Fuerzas Armadas y de Seguridad” y dice que Luciano Arruga, Andrea Viera, Walter Bulacio, Alan Tapia, Facundo Rivera Alegre, Lautaro Bugatto, Sebastián Bordón y tantos otros no fueron víctimas de una bala policial perdida sino “de la violencia institucional de la democracia”. Destaca que “mientras hay un proyecto nacional de inclusión social que recupera y amplía derechos, y una convocatoria a la participación política, cuyo principal destinatario es la juventud, la Metropolitana y la Gendarmería tienen como principales víctimas a esos mismos jóvenes” y reclama “Basta de violencia institucional”.La Metropolitana sigue fiel al diseño de su conducción política, en una línea de coherencia que cubre desde los desalojos a patadas de indigentes que duermen en la calle hasta el uso desproporcionado de la fuerza letal en el Parque Indoamericano, el Hospital Borda, la sala Alberdi, el Teatro San Martín, denunciados desde la oposición al macrismo. Pero ahora Berni archivó los “Criterios mínimos sobre la actuación de los cuerpos policiales y las fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas”, elaborados por el Ministerio de Seguridad en 2011, para sistematizar los mejores estándares alcanzados. Sus operativos con la Policía Federal y la Gendarmería contra trabajadores y organizaciones sociales que cortaron vías de circulación en reclamo de fuentes de trabajo y condiciones salariales se apartan de la política de no represión de la protesta social: personal de civil simulaba ser parte de la protesta, en la primera línea formaron policías armados y se utilizaron balas de goma para dispersar manifestantes, en una actuación que puso en riesgo a los manifestantes, a los integrantes de las fuerzas y a terceros. La intervención directa y la represión suplantaron a la mediación que pudiera gestionar los formatos de las protestas junto con la habilitación de interlocución política de los reclamos.
Eduardo De Pedro es apoderado del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires y uno de los más próximos interlocutores de la presidente CFK. H.I.J.O.S Capital sigue siendo su lugar de referencia. La mención al proyecto nacional señala un alto grado de contradicción al interior del kirchnerismo, por más que Berni haya comenzado a presentarse como “un peronista ortodoxo”, como si fuera algo más que una emanación del poder presidencial, de reubicación improbable en otro contexto político. Sus pujos de autonomía son tan ostensibles como algunos comentarios machistas sobre Cristina que se permite entre hombres.
Los casos
Sólo durante la dictadura militar y la presidencia de Carlos Menem las más humildes viviendas habían sido arrasadas con topadoras ante la vista impotente de quienes ni siquiera pudieron rescatar su ropa y sus enseres elementales. A este escándalo de prepotencia y cobardía contra gran número de mujeres y niños se sumó la denuncia de la jueza María Gabriela López Iñiguez, contra la Policía Metropolitana y el fiscal porteño por haber excluido de la expulsión ordenada por ella la franja lindera con la Villa 20, aquella que según el gobierno local estaría bajo el control de delincuentes y narcotraficantes, con lo cual se justificó el operativo. Menos se supo de los cuatro asesinatos incluidos en la declaración de H.I.J.O.S Capital:El 7 de agosto, en la misma Villa 20 de Lugano, Brian Ayaviri (de 19 años) y Jonathan Mareco (de 17) fueron acribillados a balazos por personal de la Brigada de Robos y Hurtos de la PFA, que se desplazaban sin uniformes y en un automóvil sin identificación, en cuyo apoyo acudieron patrulleros de las comisarías 36ª y 52ª. La versión policial dijo que se había producido un enfrentamiento luego de una persecución de veinte cuadras por el robo de un vehículo por parte de cuatro adolescentes. Pero los vecinos y uno de los sobrevivientes lo niegan. Dicen que los jóvenes estaban en un auto estacionado, del que bajaron con las manos en alto ante la intimación policial, pese a lo cual les dispararon. Al día siguiente, la Gendarmería sofocó con dureza las protestas del barrio y Berni ratificó la inverosímil información policial. Algunos testimonios involucran en el episodio a Rubén “Percha” Solares, un ex policía de la zona de Lugano retirado desde 2010 que en 2013 fue condenado a tres años de prisión en suspenso por un caso similar. Según los vecinos, “El Percha” volvió al barrio hace unos meses, no saben si como parapolicíal junto a sus antiguos compañeros o reincorporado a alguna fuerza de seguridad, pero en cualquier caso como patrón del barrio y avanzada de la Federal.
El 22 de agosto dos agentes del Departamento de Ingeniería Clínica e Infraestructura de la Policía Federal, también de civil y en otro auto sin identificación, mataron frente a la Villa 21 de Barracas a Gabriel Vaca (de 41 años) y Mario Ruiz (de 43). La policía informó que fue un tiroteo entre dos asaltantes y sus víctimas, que resultaron ser policías y se defendieron. Los vecinos aseguran que les dispararon a quemarropa sin mediar palabra. A ambos les dieron un primer tiro para inmovilizarlos y después los remataron. La violenta reacción del barrio incluyó la quema del auto de los policías, que fueron detenidos. Al mismo tiempo las llamativas entraderas contra personas famosas tienden a difundir el miedo y legitimar cualquier actuación policial.
El peor año
Todo esto indica que la Policía Federal ha vuelto a sus prácticas tradicionales, de procedimientos inventados para crear clima y hacer número, y de hostigamiento y ejecuciones de jóvenes por las Brigadas de Robos y Hurtos y de las comisarías de la zona sur de la Capital, como las de Ezequiel Demonty en 2002, Camila Arjona en 2005 o Kiki Lezcano y Ezequiel Blanco en 2009. Desplazada de allí en 2011 por la Gendarmería y la Prefectura, debido a las prácticas violentas y los altísimos niveles de corrupción y connivencia en el manejo de los mercados ilegales en barrios y villas, el retorno de la Federal se produce como parte del relajamiento del control y la conducción política.El ministerio de Seguridad dictó en mayo de 2013 Pautas de actuación en caso de enfrentamientos armados con personal policial. Pero en julio, cuando el ministro ya era Arturo Puricelli, el jefe de la Policía, Román Di Santo, resolvió no publicar su aplicativo en la Orden del Día, con lo cual se disolvió en la nada. La contrarreforma en los papeles tiene su correlato en las calles. Un documento distribuido ayer por el Centro de Estudios Legales y Sociales informa que el número de personas muertas por las fuerzas federales tuvo un incremento vertical: de 15 en el primer cuatrimestre de 2012, a 36 en el mismo periodo de este año. A este ritmo, la cantidad anual de víctimas sería la más alta en todo el ciclo de gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Lo mismo ocurre en la provincia de Buenos Aires, cuya policía ha duplicado su letalidad en enfrentamientos desde 2005 mientras su gobierno utiliza la cantidad de “delincuentes abatidos” como indicador de éxito de su plan de “emergencia en seguridad”, eximió de todo control a las policías municipales y habilitó en forma provisoria agencias de seguridad privadas en las que se desempeñan personas que por sus antecedente deberían ser legalmente excluidas. La policía realiza un 20% más de detenciones y según la propia información oficial sus intervenciones son cada vez más violentas. La muerte de Sabrina Olmos, de 15 años, en el patio de su colegio de Morón a consecuencia de un operativo de la Bonaerense muestra las consecuencias del uso de la fuerza en el espacio público. El padre de la niña es un afiliado al sindicato de Camioneros, que no computó este hecho en sus reclamos por la inseguridad.
Prevención o transa
Al mismo tiempo, se desnaturalizó el Cuerpo de Policía de Prevención Barrial (CPPB). Su creación por el Ministerio de Seguridad, en 2012, como organismo separado de la policía tradicional, apuntó a modificar la relación histórica entre las fuerzas de seguridad y los habitantes de los barrios pobres. Con formación en técnicas de mediación, articulación con las organizaciones sociales y coordinación con otras agencias no represivas, su llegada a las villas procuraba limitar el rol de la Policía Federal, dados sus graves antecedentes, y ser el germen de una nueva policía. Su actal colonización por la Federal y el regreso a las viejas prácticas abusivas sobre la población contó con el aval político, a partir de la designación del comisario Arnaldo Neira a cargo del nuevo cuerpo. Neira había sido relevado como jefe del Grupo Especial de Operaciones Federales, GEOF, capacitado para la violencia extrema frente al crimen organizado, cuando uno de sus miembros asesinó en su cama al joven Alan Tapia, contra quien no había cargos por ningún delito. A Neira y los suyos no le interesaron los vínculos con las organizaciones sociales de los barrios y sus modos de relación con los vecinos son el abuso verbal, la violencia física y los gases lacrimógenos. Las patrullas de a tres fueron reemplazadas por grupos de nueve o diez policías. Esa práctica de saturación no corresponde a una policía de proximidad sino a los operativos militarizados de Gendarmería, Prefectura a o la Bonaerense de Scioli. Las prepotentes brigadas han vuelto a controlar el territorio y lo hacen notar a los tiros, mientras el médico Berni, quien también afirma ser abogado, exhibe sus anhelos ocultos, disfrazándose de militar. Este Zelig que se mimetiza con el escenario de cada actuación sería cómico si no fuera trágico. De allí baja la orden de no hacer nada que moleste o genere revuelo en las fuerzas, con el argumento falaz de que son los propios barrios los que exigen dureza con “los pibes que andan en cualquier cosa” y alegando que estos hechos de violencia policial no generan problemas de gobernabilidad ni inhiben la llegada al territorio.Malentendido del entredicho
Por Horacio Verbitsky
El jefe de policía de Córdoba, comisario Julio César Suárez, ingresó a la sede de los Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional (SRT) exigiendo a los gritos por los pasillos la presencia del periodista Abel Dante Leguizamón. Su irrupción fue filmada, pero el video se borró, según las autoridades universitarias “por accidente”. Leguizamón es el periodista que en diciembre describió la organización y coordinación de los saqueos por la propia policía, en el oeste de la ciudad y en la zona cercana al acuartelamiento y la luz verde para la represión que luego les dio el gobernador. Como Leguizamón ya se había retirado el jefe de policía obligó a otro periodista a que lo llamara, ya cerca de la medianoche, y le exigió que regresara para reunirse con él. Cuando Leguizamón le dijo que estaba llegando a su casa en el interior de la provincia luego de una larga jornada de trabajo, Suárez lo amenazó: o regresaba o se encargaría de él. Además, acusó al periodista en la cuenta oficial de la institución en Twitter de mentir y confundir a la población y exigió que borrara los twits sobre un brutal operativo policial en el barrio Los Cortaderos.
El gobernador José De la Sota dijo que había sido un “malentendido” y confirmó al jefe policial, quien ante el reclamo de las autoridades universitarias pidió disculpas por lo que llamó “entredicho” y declaró su respeto por la libertad de expresión. Suárez redujo este gravísimo ataque a la libertad de expresión al “error de escribir en Twitter, porque se malinterpreta”. Al mismo tiempo, comenzó el juicio al jefe de Drogas Peligrosas por el Narcoescándalo desatado por las revelaciones de un buchón policial. Debió pasar a retiro a veinte cuadros que envió a formarse en Estados Unidos, cuando el fiscal federal Enrique Senestrari desmanteló la red criminal que vinculaba a muchos de ellos con la comercialización de sustancias estupefacientes de uso prohibido. Esta ruptura de los pactos preexistentes fue el origen del acuartelamiento y los saqueos de diciembre. En ese contexto, el irascible Suárez llegó a la jefatura policial.
El episodio comenzó cuando Leguizamón escribió dos twits: “Vecinos denuncian Brutal operativo de @PoliciaCbaOf ctiroteos a inocentes en Barrio Los Cortaderos. El barrio de Guere”; “En Barrio Los Cortaderos hay decenas de testigos que conocen cómo murió Guere. El jefe Suárez de @PoliciaCbaOf ¿quiere silenciarlos?” (Alberto “Güere” Pellico es un adolescente asesinado de un disparo en la nuca desde un móvil policial sin luces. Con él fueron diecinueve los jóvenes muertos en veinte meses y siete en lo que va de este año.) Cuando los chicos del barrio le mostraron las heridas causadas por las balas antitumulto, Leguizamón posteó un tercer mensaje: “Apenas llegó el móvil de @cba24ntv y canal 10 a Los Cortaderos @PoliciaCbaOf se fue del barrio. Así trabaja el jefe de Policía”. Suárez lo llamó y lo acusó de “demasiado garantista por proteger a los delincuentes”. Leguizamón lo invitó a exponer ese punto de vista en su programa pero el comisario le dijo que era un irrespetuoso. Leguizamón es el primer periodista que denuncia la intimidación policial, pero no el primero que la padece. “Me tienen cansado. Los voy a empezar a investigar a todos y van a ver”, le dijo Suárez a un redactor del diario La Voz del Interior, quien no lo hizo público por miedo a represalias. El fiscal Alfredo Villegas pidió instrucciones al fiscal general, que es un funcionario político designado por De la Sota. Tanto el gobierno provincial como la Universidad y sus SRT intentaron dar por concluido el episodio con el pedido de disculpas y el rector Francisco Tamarit propuso reunir frente a dos cafés a Suárez y Leguizamón, al estilo de las cervezas que Barack Obama compartió con un profesor negro y un policía racista en Estados Unidos. Leguizamón dijo que aceptaba las disculpas pero no levantaría la denuncia porque “debo proteger la única institución que me protege que es el derecho a la Libertad de Expresión”. El gobierno provincial tiene un elemento fuerte de presión sobre la Universidad y sus medios en la pauta publicitaria, sus crónicos atrasos y sus súbitos pagos cuando resulta conveniente.
Quién es el canoso de barba
Por Horacio Verbitsky
El presunto infiltrado de la Gendarmería entre los manifestantes que el 30 de julio reclamaban en la puerta de la fábrica Lear en realidad era el jefe del operativo. El PTS suministró fotografías y filmaciones de esa “persona canosa de civil, que se paseaba como uno más entre los trabajadores, luego daba instrucciones y señalaba a los efectivos de la Gendarmería indicando a qué manifestantes detener”. Una vez descubierto fue “rescatado por sus compañeros gendarmes”, dijo la abogada del PTS Myriam Bregman (http://youtu.be/pVTH8C91RcM ). El mismo hombre dirigió el simulacro del comandante de Gendarmería Juan Alberto López Toral, quien se arrojó sobre el capot de un auto fingiendo haber sido atropellado (https://www.youtube.com/watch?v=UjoePRBjtxQ ) por lo cual el conductor del vehículo fue detenido y el fiscal Diego Molina Pico lo imputó por lesiones y atentado a la autoridad. El canoso de barba es el coronel (R) del arma de Caballería Roberto Angel Galeano, un comando de 55 años que estuvo en las Malvinas con Mohamed Ali Seineldín, fue jefe de Inteligencia del Cuerpo de Ejército de Córdoba, y de Contrainteligencia en la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor General del Ejército. La ex ministra de Defensa Nilda Garré lo pasó a retiro y su amigo Berni lo recicló como coordinador de las fuerzas de seguridad. Del control político al control de las fuerzas de seguridad por un militar, una parábola completa.
Por Horacio Verbitsky
Como parte de la recuperación de posiciones perdidas durante la gestión de Nilda Garré en el Ministerio de Seguridad, la Policía Federal logró expeler al rector civil del Instituto Universitario de la institución, Alejandro Salomón. En su lugar, el jefe de la policía, Román Di Santo, colocó en forma interina al comisario Leopoldo Vidal y no hay indicios de que se proponga reemplazarlo por otro civil. El alejamiento de Salomón fue consecuencia de una movida simple pero eficaz realizada por un allegado a Di Santo. La auditoría en una Licenciatura constató la ausencia de algunas armas. Esto fue motivo suficiente para solicitar la renuncia del primer civil que tuvo a su cargo el instituto de formación policial. El origen del ex rector Salomón era el principal partido de la oposición, la Unión Cívica Radical.
Fuente:Pagina12
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