DECLARACION DE UN POLICIA
Juicio por el 2001Por Ailín Bullentini
Un policía sorprendió ayer a querellas y defensas en el juicio por las cinco muertes y los más de cien heridos que dejó como saldo la represión del 20 de diciembre de 2001. Al declarar ante la Justicia, Antonio Portaluri aseguró que aquella tarde observó el “peligro” que implicaba la presencia de efectivos “jóvenes y recién salidos de la escuela de formación” armados, en la calle, con el objetivo de frenar la movilización que intentaba llegar a la Plaza de Mayo y que lo informó a la dependencia de la fuerza que estuvo a cargo del operativo. “El hombre que está armado en la calle tiene un instrumento de muerte”, remarcó frente al Tribunal Oral Federal Nº 6. Otros dos altos funcionarios de la Federal complicaron a Rubén Santos, el entonces jefe de la fuerza, quien comparte el banquillo de los acusados con sus ex subordinados Raúl Andreozzi y Norberto Gaudiero, el ex secretario de Seguridad del gobierno de Fernando de la Rúa Enrique Mathov y otra docena de ex efectivos.
En diciembre de 2001, Portaluri era jefe de Investigaciones Judiciales de Asuntos Internos de la Federal. La razón de su presencia en el estrado (en el marco del debate por las muertes de Gastón Riva, Gustavo Benedetto, Diego Lamagna, Alberto Márquez y Carlos Almirón, durante la represión, preludio de la caída del gobierno de Alianza) tiene que ver con el aporte a la calle de personal a su cargo. Sin embargo, su testimonio sorprendió con aseveraciones que coinciden con la hipótesis de la querella: el gobierno y la policía podrían y debieron haber evitado los hechos represivos. “Me llamó la atención la presencia de los agentes en la calle a punto tal que desde un teléfono público llamé a la Dirección General de Operaciones –entonces a cargo de Gaudiero– diciéndole que tuvieran el recaudo. Había agentes jóvenes solos, recién salidos de la escuela, (actuando) en forma inorgánica, en peligro potencial”, declaró ayer. Para Portaluri, ese “peligro” aplicaba tanto a los agentes como a los manifestantes: “El hombre que está armado en la calle tiene un instrumento de muerte”, aseguró.
Además, el ex comisario mencionó que recibió, de parte de la propia fuerza, consultas sobre el procedimiento respecto de las muchas personas detenidas aquella tarde. “Me preguntaron de qué manera se instrumentaba la puesta a disposición de los detenidos y dije que tenían que ponerlos a disposición del juez”, apuntó, ya que “no había qué medio legal aplicar a una persona para privarla de la libertad” más que “ubicarla en la comisión de un delito”. “Es un planteo que coincide con lo desarrollado por el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales, a cargo de una de las querellas) respecto de que las detenciones a disposición del Poder Ejecutivo Nacional fueron ilegales”, explicó uno de los abogados representantes de esa parte, Rodrigo Borda.
Fuente:Pagina12
26-9-2014
Represión 2001
En la causa están imputados Mathov y 16 expolicías federales
Represión 2001: tres policías complicaron al ex jefe de la Federal
Hoy declararon como testigos quienes eran entonces jefes de Policía Científica, Asuntos Internos y Bomberos. Coincidieron en que la orden de reprimir la recibieron en una reunión que convocó el entonces jefe de la Federal, el ex comisario Rubén Santos.
Telam
En el juicio por la represión que en 2001 marcó el fin del gobierno de Fernando de la Rúa, declararon como testigos los jefes de las superintendencias de Policía Científica y Bomberos de la Federal, que ese 20 de diciembre delegaron parte del personal a su cargo para el operativo que dejó muertos y cientos de heridos en las calles del centro porteño.
Ambos coincidieron: la orden de hacerlo la recibieron ese día, en horas del mediodía, en una reunión que convocó el entonces jefe de la Federal, el ex comisario Rubén Santos.
En este debate, Santos, y sus subordinados los ex comisarios Raúl Andreozzi, entonces superintendente de Seguridad Metropolitana, y el ex director general de Operaciones, Norberto Gaudiero, están acusados por los homicidios culposos de cinco manifestantes. Y además, por incumplir con sus deberes como funcionarios públicos y por abuso de autoridad, al no haber actuado para impedir esos asesinatos.Los ex comisarios ingresaron en la sala de impecable traje, y en general fueron escuetos en sus declaraciones. El retirado Agustín Divenosa, jefe de Bomberos en 2001, y el entonces superintendente de la Policía Científica, Roberto Giacomino, confirmaron que ese día el jefe de la fuerza, Santos ordenó que todo el personal policial estuviera a disposición.
Y contó que el jefe de la fuerza, durante esa jornada, contó en su despacho con el “Cronos, un sistema de comunicación directa que habitualmente usaban para comunicarse de manera directa con los superintendentes, sobre todo con los operativos”.
El comisario retirado Oscar Sayago, integrante en 2001 de la Superintendencia de Asuntos Internos, ratificó lo que dijeron sus colegas. Ante los jueces del Tribunal Oral Federal 6 (TOF6), Sayago contó que recibieron un memorándum para que el personal se mantuviera “en apresto”. Es decir: que permanecieran en la dependencia a la espera de otra directiva, como podría haber sido participar con brigadas callejeras en la represión.
Los defensores preguntaron si esa fue una orden o un pedido y Giacomino fue contundente:
-El jefe de policía ordena -dijo.
El 23 de diciembre, con el cambio de gobierno, Giacomino reemplazó a Santos en la jefatura de la Federal, pero no dio orden de investigar lo ocurrido. Ante el tribunal que preside José Martinez Sobrino contó que no lo hizo porque se vio superado por una serie de “disturbios” y porque los reclamos sociales continuaron.
Con antelación, el jefe de bomberos explicó que ese 20 de diciembre, las órdenes vinculadas al operativo se transmitieron a través de la Superintendencia Metropolitana vía la Dirección General de Operaciones, a cargo de Andreozzi y Gaudiero, respectivamente. Así, quedó confirmada la participación de los tres ex policías imputados en los escenarios donde se gestó el operativo represivo.
Las brigadas operativas de Asuntos Internos
El del Alberto Márquez es el único crimen de los manifestantes asesinados ese día que encuentra a los que dispararon el gatillo en el banco de los acusados: son nueve ex agentes de Asuntos Internos de Federal que comandados por el ex comisario Orlando Oliverio -a bordos de dos autos y una camioneta no identificados- se desplegaron sobre la avenida 9 de julio, cerca del Obelisco, y dispararon contra un grupo de personas que se guarecían del sol y descansaban de las corridas (por los flujos y reflujos de manifestantes que pese a la sangrienta represión, intentaban volver a la Plaza de Mayo, alentados por la consigna “que se vayan todos”).
Esta tarde, el entonces jefe del departamento de investigaciones judiciales de Asuntos Internos, el comisario retirado José Antonio Portaluri, confirmó que, pese a no ser una de sus actividades más frecuentes, ese día salieron a la calle brigadas conformadas por integrantes de la dependencia. Aunque no pudo confirmar que Oliverio, entonces jefe del departamento Control de Integridad Personal, estuviera a cargo.
El ex policía afirmó tener experiencia en operativos en la calle y explicó que ese día vio a “muchachos muy jóvenes en peligro”, en alusión a un grupo de policías que custodiaba edificios e impedía el avance de los manifestantes en las inmediaciones de la avenida de Mayo, cerca de la Casa de Gobierno. “¿Peligro para quién?”, le preguntó el abogado defensor Marcelo Rocchetti. “Para ellos y para la gente (los manifestantes)”, dijo Portaluri. Y agregó: “El hombre que está en la calle con un arma tiene un elemento de muerte”. El ex policía, encargado entonces del vínculo con el poder judicial, contó que después de ese día, y por orden de la jueza María Servini de Cubría, diligenció algunas de las actuaciones que formaron parte de la instrucción de esta causa.
Ese 20 de diciembre, antes que De la Rúa dejara la Casa Rosada en helicóptero, los heridos en las calles del centro porteño fueron cientos, los muertos por las balas policiales cinco: Gustavo Benedetto, Alberto Márquez, Gastón Riva, Carlos Almirón, y Diego Lamagna. Este es el primer juicio en el que autoridades políticas -democráticamente elegidas- deberán responder por las muertes que ocasionaron las fuerzas de seguridad a su mando.
De los más de 500 testigos citados ante los jueces -José Martínez Sobrino como presidente del tribunal, Javier Anzoátegui, Rodrigo Giménez Uriburu y Adrián Martín (como juez sustituto)- estos son los primeros que pueden dar pistas sobre las responsabilidades políticas y cómo se gestó la represión, aunque aún no han hecho referencia al papel del entonces secretario de Seguridad de De la Rúa, el radical Enrique Mathov (único político imputado por estos hechos). Las audiencias de este juicio que lleva adelante el Tribunal Oral Federal 6, se desarrollan desde el mes de febrero, los días miércoles y viernes en la sala SUM, en los tribunales de Comodoro Py.
Fuente:Infojus
19 y 20 de diciembre: “El operativo fue improvisado”
26.09.2014
El ex director de Investigaciones Judiciales de la Policía Federal José Daniel Portaluri afirmó que los agentes apostados en la zona de Plaza de Mayo “no estaban adiestrados para el control de disturbios”.
Foto: Telam
"Se lo dije a todos cuanto me lo preguntaron. Sin dudas lo hablé”, afirmó ante la mirada de disgusto de Santos. Además, expresó que los policías y los manifestantes “estaban en peligro”. Portaluri tampoco pudo precisar si el acusado y por entonces responsable del Departamento de Control e Integridad Profesional de la Fuerza Orlando Olivero estuvo en las inmediaciones de la Plaza de Mayo, aunque aclaró que por comentarios sí habría estado.
Ante la consulta del fiscal ad-hoc Mariano Domínguez, Portaluri –el último en declarar- dijo haberse enterado de que se formaron brigadas en la Superintendencia, lo que le llamó la atención porque los agentes de esa área "no estaban adiestrados para el control de disturbios". “Fue improvisación”, concluyó.
Fue una audiencia en la que no estaban previstas grandes sorpresas. No era la primera vez que las partes escucharon las declaraciones de víctimas y de los policías que participaron de la represión que concluyó con la renuncia del ex presidente Fernando De La Rúa.
El primero de la lista fue Federico Rotztein, quien fue detenido sobre la calle Reconquista y trasladado a la Comisaría 4ª. Rotztein y los amigos con los que se había acercado al lugar “para manifestar por lo que pasaba en el país” llevaban la cara tapada para evitar los efectos de los gases lacrimógenos. En un momento, llegaron a divisar que la Plaza de Mayo estaba vacía y que no podrían ingresar. Al darse vuelta para retroceder, fueron aprehendidos por los policías. Dentro del camión celular, advirtió “gente lesionada, golpeada y con marcas de balas de goma”. Además, expresó su “incertidumbre" sobre lo que les pudiera pasar al llegar a la dependencia policial.
Luego fue el turno de Jorge Luis Villegas, que por su trabajo transitaba frecuentemente por Tacuarí y Avenida de Mayo. Luego de refugiarse en el hall de un hotel, salió nuevamente a la calle y se encontró con una persona herida, con los pies apuntando “hacia la Plaza y la cabeza para la 9 de Julio”. Durante su testimonio, narró que se acercó para intentar reanimarlo con maniobras de Resucitación Cardio Pulmonar (RCP), pero que prefirió hacerse a un costado al pensar "el pibe se va” mientras la víctima se ponía morada. ”Fue más que una bala de goma, evidentemente”, evaluó. El joven herido, quien luego falleció, era Gastón Riva.
Tras ellos, brindaron testimonio los jefes policiales el ex jefe de la Superintendencia General de Bomberos Agustín Alberto Divenosa y su par de la Superintendencia de Policía Científica Roberto Eduardo Giacomino. Divenosa fue preguntado por el tribunal y por el fiscal Viera sobre la función de la dependencia a su cargo durante aquellas jornadas y sobre la reunión de la “plana mayor”, entre quienes participó el imputado y ex jefe de la Dirección General de Operaciones de la fuerza Raúl Andreozzi. Según el testigo, desde esa junta provenían las órdenes.
Giacomino, por su parte, desconoció si estaba “amenazada la presidencia” y no dijo no recordar los sucesos en la zona. Además, expresó que se disponía a intervenir con el área a su cargo si se lo solicitaban, lo que no habría sucedido. Preguntado sobre si sabía de la existencia de un protocolo que establezca cuándo y en qué circunstancias la policía puede portar armas, dijo desconocerlo y no querer “enterarse”, porque se es “policía las 24 horas”.
Tras un cuarto intermedio, fue el turno de Oscar Froilán Sayago, quien rememoró aquel día como “un momento muy difícil” y dijo no acordarse si habían recibido instrucciones particulares para proceder luego de la reunión en la superintendencia. Además, coincidió con Portaluri en no poder determinar con precisión si Orlando Oliverio estuvo en la calle.
“Puede ser que haya salido”, estimó. Como es costumbre en las audiencias, dijo no recordar si se conformaron brigadas, aunque sí habría circulado un memorando para permanecer “en apresto”, lo que implica quedar a la espera de directivas. Por otra parte, señaló que al día siguiente firmó una nota “propiciando una investigación administrativa”, al enterarse de los hechos por televisión.
Fuente:Fiscales.gob.ar
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