LA FISCALIA CONSIDERO PROBADOS LOS DELITOS IMPUTADOS A 21 REPRESORES
Los crímenes en La Cacha
En el comienzo de los alegatos, los fiscales describieron el régimen de terror con que funcionaba el centro clandestino ubicado en La Plata, bajo la órbita del Ejército. Los acusados son militares, policías bonaerenses, penitenciarios y miembros de la Armada.
Por Ailín Bullentini
El juicio oral llevado adelante por el TOF Nº 1 de La Plata incluyó 37 audiencias.Imagen: Joaquin Salguero
El juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino La Cacha durante la última dictadura ingresó en etapa de alegatos. La fiscalía expuso, ante el Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata, las querellas, las defensas y los 21 imputados, los primeros lineamientos de su conclusión que culminará en las próximas jornadas con los pedidos de condenas para los ex agentes de inteligencia del Ejército, policías bonaerenses, efectivos penitenciarios y miembros de la Armada que están acusados. Ayer, los fiscales Hernán Schapiro y Gerardo Fernández se centraron en la descripción del funcionamiento de La Cacha y la metodología utilizada por quienes operaron en el centro de tortura y exterminio que funcionó en la capital bonaerense, bajo la órbita del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército.
Para la fiscalía, durante las 37 audiencias del juicio oral resultaron probados todos los delitos imputados a, entre otros, el represor Miguel Etchecolatz y el ex ministro de la dictadura Jaime Smart: la privación ilegítima de la libertad y la tortura a 128 personas y el homicidio de otras cuatro, entre ellas la hija de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y el padre del actual embajador de España, Carlos Bettini.
Todos los acusados que integraron la nómina del Destacamento de Inteligencia 101 fueron acusados por los asesinatos de Laura Carlo-tto y Olga Casado, y en su mayoría por el secuestro y las torturas aplicadas a 127 hombres y mujeres, “en su mayoría jóvenes y adolescentes”, indicó Schapiro. La misma responsabilidad le otorgó la fiscalía a los ex penitenciarios Héctor Acuña, alias El Oso, uno de los represores con más peso en La Cacha (ver aparte), y a Isaac Miranda.
A quien ejerció la jefatura de la Armada en la zona platense durante el terrorismo de Estado, Juan Carlos Herzberg, el Ministerio Público Fiscal le endilgó sólo tres casos de secuestro ilegal y tormentos, mientras que a Etchecolatz y al resto de los ex policías bonaerenses los responsabilizó por la muerte de Marcelo Bettino y Luis Bearzi. Smart fue involucrado por la fiscalía en todos los secuestros, las torturas y los homicidios comprendidos en el juicio.
Según Schapiro y Fernández, La Cacha fue un centro de “confinamiento, tortura y paso previo a la eliminación” de personas que funcionó en el marco de “un plan sistemático de represión clandestina y organizada contra la sociedad” por la última dictadura, una “suborganización” que “articuló la participación del Ejército, el gobierno bonaerense, el Servicio Penitenciario de esa provincia, la Armada y la Dirección de Inteligencia de la Policía local (Dipba)”, cuyo manejo estuvo en manos del Destacamiento de Inteligencia 101.
“El 101 asistía al Regimiento 7, a cargo del área 113 del Ejército”, repasó Fernández al explicar el organigrama del terrorismo de Estado en La Plata. “Al ser el núcleo central de la inteligencia de la ciudad, el 101 tuvo vínculo con varios centros clandestinos de detención, como el Pozo de Banfield o el Pozo de Quilmes, pero se relacionó de manera especial con La Cacha, del que tuvo el control operacional”, puntualizó.
En ese marco, entendió la fiscalía, el destacamento “cumplió allí todas las funciones contra la subversión: determinaba blancos, de-sarrollaba acciones, obtenía información, garantizaba el cautiverio de las víctimas, analizaba documentación y tenía injerencia sobre el destino final de los secuestrados”, amplió Fernández.
Los fiscales basaron su hipótesis del control de La Cacha, sobre todo, en testimonios. Muchos de quienes lograron salir con vida de aquel infierno coincidieron en destacar que algunos guardias se habían presentado como miembros del destacamento. Gustavo Cacivio fue integrante de ese centro clandestino y resultó reconocido por algunos sobrevivientes como “El Francés”, uno de los torturadores. Ocupa el banquillo de los acusados junto con quien fue jefe de tareas del Destacamento, Ricardo Fernández, acusado por secuestros, tormentos y homicidios y, además, sospechado de haber sido el entregador de los mellizos Matías y Gonzalo Reggiardo Tolosa, nacidos en Olmos mientras su madre, María Rosa Ana Tolosa, estaba secuestrada en La Cacha. Los hermanos recuperaron su identidad en 1992.
Las experiencias de varios familiares de víctimas que estuvieron encerradas en La Cacha y que aún permanecen desaparecidas fueron similares: madres, padres o hermanos aseguraron ante el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata haber sido contactados o incluso haber participado de entrevistas con agentes de ese organismo de Inteligencia del Ejército.
La descripción de dónde estaba ubicada La Cacha, cómo era y qué sucedía, allí también fue parte de la primera parte de la exposición de los fiscales. Los tres espacios que integraron el centro clandestino de detención, una estructura principal, otra más pequeña, destinada a la tortura, y una casa rodante en donde “se realizaban interrogatorios sin tormentos”, no existen más desde 1981, cuando fueron demolidos. Funcionaban en un espacio que pertenecía a Radio Provincia, emplazado entre las unidades de hombres y mujeres de la cárcel de Olmos.
Los secuestrados eran “depositados” en la estructura central de La Cacha, una construcción descripta por los sobrevivientes como de tres niveles –un piso principal, un segundo nivel al que se accedía “mediante una escalera de pocos escalones” y un semisótano–. “En su mayoría eran chicos y chicas muy jóvenes”, dijo Schapiro. Con la ayuda de citas de numerosos testimonios, explicó que los secuestrados llegaban a La Cacha y eran encapuchados, engrilletados al suelo o a camas metálicas, sin abrigo, casi sin comida, sin posibilidad de higienizarse, de moverse o siquiera de hablar. Las sesiones de tortura tenían lugar en la edificación más pequeña e independiente pero “cercana, para que los otros detenidos pudieran escuchar los gritos del atacado”, mencionó el fiscal. A los secuestrados los hacían desnudar, los ataban de pies y manos al elástico metálico de una cama y los torturaban con una o varias picanas, los golpeaban en las articulaciones. Los fiscales mencionaron también los abusos sexuales.
“Callate, zurda”
“¿Cómo es? ¿Pueden hacer lo que quieren?”, preguntó una querellante en el juicio. Su grito retumbó en la sala casi vacía y despabiló al Oso Acuña, que charlaba lo más tranquilo con su mujer en la ex sede de la AMIA platense, donde se desarrolla el juicio por los crímenes en La Cacha, por los que el hombre está acusado. Mientras, el custodio del Servicio Penitenciario se hacía el distraído. “¿Cuál es tu problema? Callate, zurda”, le dijo el acusado de ser uno de los jefes de La Cacha, de liderar secuestros y sesiones de tortura. “Torturador”, le respondió ella, mientras se acercaba a la salida acompañada por un policía. “Mirá cómo dejaron al país en diez años; vamos a ver dónde te metés en tres o cuatro meses, ya te voy a agarrar”, la amenazó.
Fuente:Pagina12
3-9-2014
Juicios Lesa
Después de 37 audiencias
Juicio La Cacha: primer alegato contra los 21 represores acusados
El juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en este centro clandestino de detención se reanudó hoy y entra en su etapa final. Alegan los fiscales Hernán Schapiro y Gerardo Fernández.
Con el alegato de la fiscalía, hoy el juicio ante el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata por los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención La Cacha entró en la recta final. Los fiscales federales Hernán Schapiro y Gerardo Fernández, integrantes de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de La Plata, empezaron un extenso alegato con las pruebas producidas en casi diez meses de juicio oral.
La fiscalía comenzó la audiencia de hoy organizando la cantidad de casos y delitos que se le atribuyen a cada uno de los 21 imputados (militares, policías y civiles) en el funcionamiento del centro clandestino de detención, que funcionó entre 1976 y 1978 en las antiguas instalaciones de Radio Provincia, en la localidad de Olmos.
En la jornada de hoy los fiscales continúan con su alegato. En las próximas semanas se escuchará el resto, y se cruzarán agravantes y atenuantes sobre los infiernos que vivieron las víctimas que pasaron por el centro en 1977 y otros dos homicidios vinculados en 1976, los de Marcelo Gabriel Bettini, hermano de Carlos, el embajador argentino en España, y su compañero de militancia, Luis Eduardo Sixto Bearzi.
Acusaciones contra el Destacamento 101 del Ejército
En el juicio están siendo juzgados ex miembros del Destacamento 101 de Inteligencia del Ejército, considerado por la fiscalía como la cabeza de las operaciones clandestinas de la represión en la capital bonaerense.
-Carlos del Señor Hidalgo Garzón (69 años), acusado de 127 casos de privación ilegal de la libertad (PIL) y tormentos, más el homicidio agravado de Laura Carlotto y de Olga Noemí Casado.
-Jorge Héctor Di Pasquale (66) 22 casos de PIL y tormentos, más los homicidios de Carlotto y Casado.
-Gustavo Adolfo Cacivio (70) 127 casos de PIL y tormentos, más los homicidios de Carlotto y Casado.
-Ricardo Armando Fernández (74) 127 casos, más los homicidios de Carlotto y Casado.
-Luis Orlando Perea (73) 124 casos, más los homicidios de Carlotto y Casado.
-Miguel Ángel Amigo (68) 37 casos, más los homicidios de Carlotto y Casado.
-Roberto Armando Balmaceda (66) 22 casos, más los homicidios de Carlotto y Casado.
-Emilio Alberto Herrero Anzorena (70) 127 casos, más los homicidios de Carlotto y Casado.
-Carlos María Romero Pavón (69) 113 casos, más los homicidios de Carlotto y Casado.
-Anselmo Pedro Palavezzati (70) 127 casos, más los homicidios de Carlotto y Casado.
Personal civil de inteligencia (PCI), penitenciarios y policías
La fiscalía acusó al personal civil de inteligencia: Raúl Ricardo Espinoza (59) por 127 casos; a Claudio Raúl Grande (62) por 127 casos, y a Rufino Batalla (66) por 128 casos, más los homicidios de Carlotto y Casado.
Héctor Raúl Acuña, "El Oso", al llegar a la audiencia de hoy en La Plata.
También están imputados el ex guardia penitenciario Héctor Raúl Acuña (alias "El Oso"), acusado de 127 casos de PIL y tormentos; y el ex jefe de Inteligencia del Servicio Penitenciario Bonaerense, Isaac Crespín Miranda por 128 casos de PIL y tormentos, más los homicidios de Carlotto y Casado); el ex jefe de la Armada en la zona, Juan Carlos Herzberg (86), acusado de las privaciones ilegales de la libertad y tormentos de María Elvira Luis, José Luis Cavallieri y Esteban Alaye.
De la Policía bonaerense fueron acusados: el ex director general de Investigaciones, Miguel
Osvaldo Etchecolatz (84), por los homicidios agravados de Marcelo Bettini y Luis Sixto Bearzi. Lo mismo que el ex subdirector general de Seguridad, Eduardo Gargano (83); el ex jefe de la Unidad Regional, Horacio Elizardo Luján (82), y el ex jefe del servicio de calle de esa unidad policial, Julio César Garachico (72).
La nómina de acusados se completa con el abogado Jaime Lamont Smart (78), ex ministro de Gobierno bonaerense, que fue acusado de 127 casos de PIL y tormentos, más los homicidios agravados de Carlotto, Casado, Bettini y Bearzi.
A lo largo de 37 audiencias –el debate oral empezó en diciembre de 2013- en la sede platense de la ex Amia, los jueces Carlos Rozanski, Pablo Vega y Pablo Jantus escucharon a 134 testigos e inspeccionaron el predio donde operó esa cárcel secreta: el mismo predio donde, simultáneamente y a pocos metros, funcionaban las Unidades 1 y 8 del Servicio Penitenciario Bonaerense.
En el juzgado de instrucción N° 1 sigue un segundo tramo que indaga sobre los crímenes ocurridos en 1978, entre los que se encuentra el nacimiento en cautiverio y la supresión de identidad de Ignacio Guido Montoya Carlotto, restituido hace algunas semanas, que creció ajeno a su historia en un paraje rural de las afueras de Olavarría.
A lo largo de 37 audiencias –el debate oral empezó en diciembre de 2013- en la sede platense de la ex Amia, los jueces Carlos Rozanski, Pablo Vega y Pablo Jantus escucharon a 134 testigos e inspeccionaron el predio donde operó esa cárcel secreta: el mismo predio donde, simultáneamente y a pocos metros, funcionaban las Unidades 1 y 8 del Servicio Penitenciario Bonaerense.
La reconstrucción histórica no se terminará cuando el Tribunal Oral Federal N 1 dicte sentencia en unos tres meses. En el juzgado de instrucción N° 1 sigue instruyéndose un segundo tramo que indaga sobre los crímenes ocurridos en 1978, entre los que se encuentra el nacimiento en cautiverio y la supresión de identidad de Ignacio Guido Montoya Carlotto, restituido hace algunas semanas, que creció ajeno a su historia en un paraje rural de las afueras de Olavarría.
Quién mandaba en La Cacha
La Cacha no formó parte del llamado “Circuito Camps”, donde se agrupaban más de 20 centros clandestinos que funcionaban interconectados entre sí, con libre tránsito de torturadores y secuestrados, bajo los designios del jefe de la policía boanerense Juan Ramón Camps. Operó, quizás como ningún otro, bajo la sombra de la inteligencia militar, con su sede operativa en el Destacamento de Inteligencia 101, que funcionaba en el centro de la capital de provincia, remitía información al Batallón de Inteligencia 601 y al Primer Cuerpo de Ejército, obtenida de la tortura de prisioneros clandestinos y de la infiltración de sus dobles agentes en diversos ámbitos sociales. Entre los casos de La Cacha, se cuentan el cautiverio y homicidio de Laura Carlotto, hija de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, y la privación ilegítima de la libertad de Antonio Bautista Bettini, padre de Carlos Bettini, actual embajador argentino en España. También, la sustracción de los mellizos Matías y Gonzalo Reggiardo Tolosa y de Natalia Suárez Nelson, nacidos en 1977, mientras sus madres estaban secuestradas en ese lugar.
Se trata de "un hito histórico para las causas por crímenes de lesa humanidad en la jurisidicción, porque es la primera vez que llegan a esta instancia estructuras del Ejército y particularmente el rol de su área de inteligencia, representada en la ciudad por el Destacamento 101", declaró Schapiro al sitio Fiscales.
Disyuntivas a partir de la muerte de Blanco
Ayer falleció Manuel Blanco, el juez federal que demoró siete años en ordenar las primeras detenciones en esta causa (n° 16.419) y que debió elevarla en tramos separados para que no se siguieran muriendo las víctimas y los imputados. Blanco, además, subrogaba el juzgado federal criminal N° 3 desde la renuncia de su colega Arnaldo Corazza. Ahora la ciudad de La Plata se quedó sin jueces federales en lo criminal que investiguen los delitos de lesa humanidad en una de las ciudades más castigadas por el terrorismo de Estado.
El paso del tiempo parece darle la razón así a los organismos de derechos humanos y al Ministerio Público Fiscal, que desde hacía meses reclaman el nombramiento de otro juez para evitar la acumulación de causas y el temido cuello de botella. La misma inquietud se traslada a los jurados de juicio, ya que el único tribunal que se encarga de este tipo de debates es el que preside Rozanski, y varias causas elevadas hace algún tiempo esperan su turno de ser sorteadas.
Fuente:Infojus
Jueves, 04 de septiembre de 2014
Lesa humanidad: arrancaron los alegatos en un juicio oral por crímenes en La Plata
Lesa humanidad: arrancaron los alegatos en un juicio oral por crímenes en La Plata
El Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata dio inicio este miércoles a las audiencias de alegatos de las partes en el juicio oral por crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención conocido como “La Cacha”, que funcionó en la localidad de Olmos durante la última dictadura.
El tribunal -integrado por los jueces Carlos Rozanski, Pablo Vega y Pablo Jantus- comenzó a
escuchar la exposición de los representantes del Ministerio Público Fiscal.
En la causa se juzga a 21 acusados, entre los que se encuentra el ex comisario Miguel Osvaldo Etchecolatz, por delitos cometidos en perjuicio de 147 víctimas.
Se investigan los delitos de homicidio, privación ilegítima de la libertad y retención y ocultamiento de un menor de 10 años.
El proceso se lleva a cabo en el marco de las causas n° 3389/12 caratulada “Hidalgo Garzon, Carlos del Señor y otros s/ Inf. art. 144 inc. 1°, último párrafo, 142 incs. 1º y 5º agravado por el art. 144 ter 1º y 2º párrafo según ley 14.616 en concurso real, arts. 80 inc. 2º, 146 y 139 inc. 2º del Código Penal en concurso ideal”; n° 3471/13 caratulada “Smart, Jaime Lamont y otros s/ infracción art. 80 inc. 6° del C.P.” y n° 3494/13 caratulada “Amigo, Miguel Ángel s/ Inf. art. 144 inc. 1°, último párrafo, 142 incs. 1º y 5º agravado por el art. 144 ter 1º y 2º párrafo según ley 14.616 en concurso real”.
Está previsto que el debate se reanude este viernes, a las 10, con la continuación del alegato de la Fiscalía.
Listado completo de imputados
1. Carlos del Señor Hidalgo Garzón
2. Claudio Raúl Grande
3. Emilio Alberto Herrero Anzorena
4. Carlos María Romero Pavón
5. Gustavo Adolfo Cacivio
6. Jorge Héctor Di Pasquale
7. Raúl Ricardo Espinoza
8. Héctor Raúl Acuña
9. Luis Orlando Perea
10. Juan Carlos Herzberg
11. Jaime Lamont Smart
12. Roberto Armando Balmaceda
13. Ricardo Armando Fernández
14. Rufino Batalla
15. Isaac Crespín Miranda
16. Anselmo Pedro Palavezzati
17. Miguel Angel Amigo
18. Miguel Osvaldo Etchecolatz
19. Julio César Garachico
20. Eduardo Gargano
21. Horacio Elizardo Luján
Fuente:CIJ.Gov.ar
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