18 de Septiembre de 2014
Por primera vez en 38 años podría sentarse al banquillo de los acusados
Piden la indagatoria del sacerdote Grasselli, capellán durante la dictaduraEl fiscal federal Emilio Delgado solicitó, luego de testimonios de sobrevivientes y familiares de víctimas, la declaración del ex vicario castrense por considerar que accedía a "información cualificada" sobre la represión.
Grasselli - El ex capellán fue citado como testigo y luego denunciado por falso testimonio en la megacausa Campo de Mayo - Foto: GENTILEZA: Gustavo Molfino
El requerimiento del procurador fue en el marco de la causa Nº 12073/13 que se abrió en diciembre de 2013 en los tribunales de Comodoro Py a partir de los testimonios de sobrevivientes y familiares de víctimas de la última dictadura cívico-militar que comprometieron al sacerdote en el juicio Plan Sistemático de Robo de Bebés y en el Juicio por la Verdad. El juez Julián Ercolini debe pronunciarse sobre el pedido. Es la primera vez en 38 años que el cura, uno de los pocos referentes de la estructura de vicarios castrenses que aún está vivo y símbolo del aceitado vínculo que mantuvo la Iglesia con la represión, podría sentarse en el banquillo de los acusados.
En su dictamen, Delgado requirió que se cite a Grasselli "en los términos del artículo 294 del Código Procesal Penal". Según ese artículo, "cuando hubiere motivo bastante para sospechar que una persona ha participado en la comisión de un delito, el juez procederá a interrogarla". El fiscal basó su pedido en la declaración de testigos y la información que le proveyó la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, coordinada por Jorge Auat.
El organismo le remitió dos elementos importantes: el legajo de Grasselli que estaba en poder del Ministerio de Defensa, donde figura que el sacerdote se desempeñó como Capellán Mayor Castrense del Ejército entre 1967 y 1980. Y las aproximadamente 2500 fichas, digitalizadas, que confeccionó el cura cuando se desempeñaba como secretario de la vicaría castrense. Allí Grasselli registraba las entrevistas que tuvo con familiares de víctimas de la represión que iban a verlo a la iglesia Stella Maris. El material fue secuestrado en 1999 por la Cámara Federal de La Plata.
La causa Nº12073/13 caratulada "Emilio Grasselli s/averiguación de delito" se inició a partir
de un pedido de investigación que realizó el Tribunal Oral Federal en el marco del Plan Sistemático de Robo de Bebés, en septiembre de 2012. El tribunal ordenó que se centre la atención en el cura porque "pudo haber tenido conocimiento de los crímenes ocurridos durante la última dictadura militar". Para el TOF 6, Grasselli "habría intentado disuadir a las abuelas y familiares de la búsqueda de los desaparecidos" por lo que solicitó que se lo investigue "teniendo en cuenta su condición de funcionario público en la época de los sucesos investigados". Entonces, el fiscal Martín Niklison había solicitado que se profundizase en la "posible complicidad" del cura y "se lo investigue por el delito de encubrimiento". La pesquisa que está en manos de Ercolini sumó luego las declaraciones de testigos y sobrevivientes que apuntaron contra el ex secretario de monseñor Adolfo Tórtolo en el Juicio por la Verdad.
En un dictamen del 20 de agosto pasado, Delgado sintetizó: "De lo que sabemos hasta el momento, podemos advertir: 1) que el rol de Grasselli podría haber sido transversal, es decir, no se habría restringido a un solo centro clandestino de detención; 2) pese a existir denuncias no habría sido formalmente imputado en ninguna de las investigaciones en curso hasta el momento." El procurador sostuvo que el sacerdote habría estado vinculado a diversos centros clandestinos de detención: la ESMA, el Pozo de Arana y el Pozo de Banfield.
OTRA INVESTIGACIÓN. En la megacausa de Campo de Mayo, donde Grasselli fue citado como testigo y luego denunciado por falso testimonio, también hubo novedades en el inicio de esta semana. El lunes los abogados querellantes Pablo Llonto y Ernesto Lombardi ratificaron su acusación contra el cura por su declaración mendaz en el "juicio de los obreros". Además, el fiscal de San Martín, Miguel Blanco García Ordas, está investigando la participación del sacerdote en los delitos de lesa humanidad que se cometieron en Campo de Mayo atento al grado que ostentaba. En los próximos días se espera una resolución al respecto.
Fuente:TiempoArgentino
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