PRIMERA AUDIENCIA EN EL JUICIO POR EL ROBO DE BEBES EN CAMPO DE MAYO
Tras los responsables de la apropiación
Catalina de Sanctis Ovando y Francisco Madariaga Quintana son cuatro de esos entonces bebés que presenciarán, con su identidad restituida, el juicio que los atraviesa como víctimas. Llegaron ayer al edificio de los tribunales federales de Retiro acompañados de otros nietos recuperados por Abuelas de Plaza de Mayo. “Somos la muestra viva de lo que pasó en aquellos días en Campo de Mayo”, se autodefinió Madariaga. Como el resto de los nietos, no tiene espacio para dudas sobre las víctimas y victimarios en la persecución que se tragó a sus viejos. Por eso, atesora dentro suyo solo expectativas: “Que la Justicia empiece a juzgar a los médicos que nunca estuvieron sentados en el banquillo significa abrir puertas. Esperamos saber qué penas les darán por los delitos que cometieron y lo que esperamos todos los años con todos los represores: que alguno se quiebre y diga todo lo que sabe”, explicó Madariaga.
Este debate es una especie de continuidad de la causa que quedará en la historia como el “juicio por el plan sistemático de robo de bebés”. Ahora, el mismo tribunal abre el juego de responsabilidades, que en aquella oportunidad sólo se limitó a las primeras líneas de las fuerzas de seguridad: Riveros y Bignone. Ambos condenados ocupan desde ayer el sector de los acusados por jerarquía. A ellos se suma Bianco y Martín, médicos castrenses retirados, y Arroche, obstetra que se desempeñó en Campo de Mayo, quienes responderán por haber estado bastante más cerca de los hechos.
Abuelas de Plaza de Mayo es la única querellante en el debate oral, cuya presencia estuvo a cargo de su secretario y padre de Francisco, Abel Madariaga. La asociación comparte la acusación con la fiscalía, representada en Martín Niklison y Mercedes Soiza Reilly. La presidenta del TOF Nº 6, María del Carmen Roqueta, dirigió al secretario del tribunal para que leyera, en el marco de la audiencia inaugural y estratégicamente combinados, los nombres, los hechos, el contexto en el que se produjeron y las acusaciones de los requerimientos de elevación a juicio de ambas partes, sin caer en repeticiones engorrosas.
El eje de los dos requerimientos no son sólo las violaciones a los derechos humanos que sufrieron esas mujeres sino, sobre todo, lo que ocurrió con los hijos que parieron en cautiverio. El delito común al que acudieron las partes para exigir el inicio del debate oral contra Riveros, Bignone, Martín, Bianco y Arroche es el de sustracción, retención y ocultamiento de un niño menor de diez años y la supresión de su identidad. Las partes también señalaron a algunos acusados por la privación ilegítima de la libertad y las condiciones de ese cautiverio, o sea los tormentos que sufrieron las víctimas cuya estancia en el Hospital Militar al momento del alumbramiento consideraron probada.
Además del contexto –el plan sistemático de represión ilegal y la sustracción de bebés durante la dictadura–, los acusados, la fiscalía y la querella compartieron de manera casi total las nueve historias presentes en la causa para elaborar sus imputaciones y atribuir responsabilidades: con mínimas diferencias y brevemente, describieron el destino último de las jóvenes Marta Alvarez, Susana Stritzler, Mónica Masri, Valeria Beláustegui Herrera, María Eva Duarte, Myriam Ovando, Silvia Quintela Dallasta, Norma Tato y Liliana Isabel Acuña: todas fueron militantes, todas fueron secuestradas por miembros de las fuerzas de seguridad públicas durante la última dictadura cívico-militar, todas estaban embarazadas en ese momento y en ese estado fueron mantenidas cautivas en centros clandestinos de detención ubicados dentro de la jurisdicción militar de Campo de Mayo; casi todas –salvo Acuña, Stritzler y Norma Tato, cuyo caso solo lo tomó la querella– parieron a sus hijos en la maternidad clandestina que funcionó en los límites de esa zona del Ejército; todas, a excepción de Alvarez, que fue asesinada, permanecen desaparecidas.
Si bien son sólo estos casos los que integran el juicio, no son los únicos que ocurrieron en el espacio investigado: existen al menos una decena cuya instrucción está finalizada y por lo tanto prontos a ser elevados a juicio. Por ellos, Abuelas de Plaza de Mayo solicitó a la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones que le pida “celeridad” al juzgado de Instrucción. “El juicio llegó por fin y es un lujo tener a Bianco, un reverendo genocida, respondiendo por lo que hizo, pero es necesario que los casos que esperan por su elevación lleguen a acá”, reflexionó Abel Madariaga. “¿Qué esperan? ¿Que hagamos esto otra vez?”, cuestionó.
Coautora del robo
Es la causa por la sustracción de bebés nacidos en la maternidad clandestina del Hospital Militar de Campo de Mayo durante la dictadura. A diferencia de otro juicio, en el que fueron condenados Bignone y Riveros, ahora también se juzga a dos médicos y a una obstetra.
Por Ailín Bullentini
En última fila, la obstetra Luisa Arroche de Sala García hacía gestos de burla al tribunal y los presentes.Imagen: Rafael Yohai
Los cinco acusados ingresaron a paso lento a la sala Amia de Comodoro Py. Como si el lugar que les fuera reservado en las filas de la comandancia del Ejército aún los obligara a mantenerse unidos frente a otros de menor monta, los represores Reynaldo Bignone y Santiago Riveros se sentaron juntos. A no ser por algún que otro mínimo gesto, sus caras mantuvieron un rictus serio. La misma frialdad transmitían los médicos militares retirados Eugenio Martín y Norberto Bianco, que ocuparon asientos distantes. En la última fila que la sala reserva para los acusados quedó, sola, la obstetra Luisa Arroche de Sala García que, a diferencia de los otros imputados, se esforzó para que no sólo los jueces, sino también los representantes de las acusaciones, los abogados defensores y el público –reducido a nietos recuperados y algunas personas de a pie que se acercaron “para acompañar”– viera sus muecas inconfundibles de la burla. Todos se sentaron y aguardaron en silencio el comienzo de la primera audiencia del juicio por el robo de nueve bebés nacidos en la maternidad clandestina que funcionó en el Hospital Militar de Campo de Mayo durante la última dictadura.
Catalina de Sanctis Ovando y Francisco Madariaga Quintana son cuatro de esos entonces bebés que presenciarán, con su identidad restituida, el juicio que los atraviesa como víctimas. Llegaron ayer al edificio de los tribunales federales de Retiro acompañados de otros nietos recuperados por Abuelas de Plaza de Mayo. “Somos la muestra viva de lo que pasó en aquellos días en Campo de Mayo”, se autodefinió Madariaga. Como el resto de los nietos, no tiene espacio para dudas sobre las víctimas y victimarios en la persecución que se tragó a sus viejos. Por eso, atesora dentro suyo solo expectativas: “Que la Justicia empiece a juzgar a los médicos que nunca estuvieron sentados en el banquillo significa abrir puertas. Esperamos saber qué penas les darán por los delitos que cometieron y lo que esperamos todos los años con todos los represores: que alguno se quiebre y diga todo lo que sabe”, explicó Madariaga.
Este debate es una especie de continuidad de la causa que quedará en la historia como el “juicio por el plan sistemático de robo de bebés”. Ahora, el mismo tribunal abre el juego de responsabilidades, que en aquella oportunidad sólo se limitó a las primeras líneas de las fuerzas de seguridad: Riveros y Bignone. Ambos condenados ocupan desde ayer el sector de los acusados por jerarquía. A ellos se suma Bianco y Martín, médicos castrenses retirados, y Arroche, obstetra que se desempeñó en Campo de Mayo, quienes responderán por haber estado bastante más cerca de los hechos.
Abuelas de Plaza de Mayo es la única querellante en el debate oral, cuya presencia estuvo a cargo de su secretario y padre de Francisco, Abel Madariaga. La asociación comparte la acusación con la fiscalía, representada en Martín Niklison y Mercedes Soiza Reilly. La presidenta del TOF Nº 6, María del Carmen Roqueta, dirigió al secretario del tribunal para que leyera, en el marco de la audiencia inaugural y estratégicamente combinados, los nombres, los hechos, el contexto en el que se produjeron y las acusaciones de los requerimientos de elevación a juicio de ambas partes, sin caer en repeticiones engorrosas.
El eje de los dos requerimientos no son sólo las violaciones a los derechos humanos que sufrieron esas mujeres sino, sobre todo, lo que ocurrió con los hijos que parieron en cautiverio. El delito común al que acudieron las partes para exigir el inicio del debate oral contra Riveros, Bignone, Martín, Bianco y Arroche es el de sustracción, retención y ocultamiento de un niño menor de diez años y la supresión de su identidad. Las partes también señalaron a algunos acusados por la privación ilegítima de la libertad y las condiciones de ese cautiverio, o sea los tormentos que sufrieron las víctimas cuya estancia en el Hospital Militar al momento del alumbramiento consideraron probada.
Además del contexto –el plan sistemático de represión ilegal y la sustracción de bebés durante la dictadura–, los acusados, la fiscalía y la querella compartieron de manera casi total las nueve historias presentes en la causa para elaborar sus imputaciones y atribuir responsabilidades: con mínimas diferencias y brevemente, describieron el destino último de las jóvenes Marta Alvarez, Susana Stritzler, Mónica Masri, Valeria Beláustegui Herrera, María Eva Duarte, Myriam Ovando, Silvia Quintela Dallasta, Norma Tato y Liliana Isabel Acuña: todas fueron militantes, todas fueron secuestradas por miembros de las fuerzas de seguridad públicas durante la última dictadura cívico-militar, todas estaban embarazadas en ese momento y en ese estado fueron mantenidas cautivas en centros clandestinos de detención ubicados dentro de la jurisdicción militar de Campo de Mayo; casi todas –salvo Acuña, Stritzler y Norma Tato, cuyo caso solo lo tomó la querella– parieron a sus hijos en la maternidad clandestina que funcionó en los límites de esa zona del Ejército; todas, a excepción de Alvarez, que fue asesinada, permanecen desaparecidas.
Si bien son sólo estos casos los que integran el juicio, no son los únicos que ocurrieron en el espacio investigado: existen al menos una decena cuya instrucción está finalizada y por lo tanto prontos a ser elevados a juicio. Por ellos, Abuelas de Plaza de Mayo solicitó a la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones que le pida “celeridad” al juzgado de Instrucción. “El juicio llegó por fin y es un lujo tener a Bianco, un reverendo genocida, respondiendo por lo que hizo, pero es necesario que los casos que esperan por su elevación lleguen a acá”, reflexionó Abel Madariaga. “¿Qué esperan? ¿Que hagamos esto otra vez?”, cuestionó.
Coautora del robo
Un solo delito le pesa a Luisa Arroche de Sala García, ex obstetra del Hospital Militar de Campo de Mayo: el del robo de Francisco Madariaga Quintela y la supresión de su identidad. Estirada en una de las butacas de la sala destinada a los acusados, una canosa y burlona Arroche escuchó las imputaciones que le dedicaron las partes acusadoras: coautora, la señalaron ambas partes. Madariaga nació en julio de 1977 en la maternidad clandestina del Hospital Militar de Campo de Mayo mientras su mamá, Silvia Quintela, estaba detenida clandestinamente. Permanece desaparecida. La fiscalía y la querella acusan a la obstetra, también, de falsedad ideológica de documento público: la mujer anotó en el libro de nacimientos del hospital el parto de Susana Colombo, esposa del militar Víctor Gallo. A ellos, previa elaboración del certificado de nacimiento falso, les entregó a Francisco, quien los creyó sus padres biológicos hasta 2010.
La situación de los médicos
Bianco y Martín son partícipes necesarios para la fiscalía y coautores mediatos para Abuelas. El primero “desempeñó un rol fundamental en la atención de los partos y la sustracción de sus bebés”, dice el requerimiento de Abuelas. Durante la última dictadura, Bianco fue el de jefe de Traumatología del Hospital de Campo de Mayo. La querella lo señala como quien dirigía la maternidad y lo imputó por el secuestro y las torturas de Beláustegui Herrera, Masri, Quintela y Duarte, así como por la sustracción y supresión de la identidad de sus hijos. El análisis de la fiscalía es similar. Martín, que era jefe del servicio de Clínica del hospital, “fue uno de los vínculos” entre quien fue jefe de Obstetricia, Julio Caserotto –falleció sin ser juzgado—, y la dirección del hospital, explicó la querella: “No sólo tenía pleno conocimiento de los hechos ilícitos, sino que aportó los recursos para que tales hechos se consumaran”. Abuelas lo imputó por el secuestro y las torturas aplicadas a Beláustegui, Masri, Quintela y Duarte, así como del robo de sus bebés y la supresión de sus identidades.
La acusación a Riveros y Bignone
por el robo de nueve chicos nacidos durante el cautiverio de sus madres en la última dictadura.Dos médicos y una partera, junto con los responsables militares, son juzgados desde ayer
Dos médicos y una partera del Hospital Militar de Campo de Mayo comenzaron a ser juzgados ayer por la apropiación de nueve niños nacidos durante el cautiverio de sus madres en la última dictadura. El médico militar Norberto Atilio Bianco, el médico clínico Raúl Eugenio Martín y la obstetra Yolanda Arroche de Sala García estuvieron sentados en el banquillo de los acusados junto a los responsables militares, Santiago Omar Riveros y el dictador Reynaldo Bignone, jefe y subjefe del Comando de Institutos Militares, que tenía bajo su cargo la guarnición de Campo de Mayo.
Alrededor de las 11, el Tribunal Oral Federal 6 dio inicio al debate oral y público con la lectura de las acusaciones de la fiscalía, a cargo de Martín Niklison y Mercedes Soiza Reily, y de la querella de Abuelas, a cargo de Alan Iud y María Inés Bedia. Continuará el próximo lunes con las indagatorias a los acusados.
El juicio, que se espera que se extienda hasta diciembre y que declaren unos 30 testigos, investigará la apropiación de los hijos e hijas de nueve mujeres que fueron secuestradas y que dieron a luz en Campo de Mayo: Marta Álvarez, Myriam Ovando, Liliana Acuña, Susana Stritzler, Valeria Beláustegui Herrera, Silvia Quintela Dallasta, Norma Tato, María Eva Duarte de Aranda y Mónica Susana Masri de Roggeroni. Aunque los casos podrían aumentar ya que la querella de Abuelas de Plaza de Mayo insistió ayer con un pedido para que se acelere la instrucción de otros ocho hechos que tienen los mismos imputados y así poder sumarlos también al debate.
Como parte del público estuvieron dos de los nietos restituidos cuyos casos serán analizados: Francisco Madariaga Quintella y Catalina de Sanctis Ovando. "Es la parte que nos faltaba enjuiciar y uno nunca pierde las esperanzas de tener un poco más de información sobre lo que pasó, aunque sabemos cómo se maneja esta gente, su pacto de silencio", sostuvo Francisco.
Catalina se mostró expectante por la actitud que tomará Bianco: "Es muy importante para mí porque además de ser quien me entregó puede haber atendido el parto de mi mamá. Es muy fuerte tenerlo ahí cerca porque estuvo en ese momento y es responsable de eso que sucedió, de las condiciones en las que mi mamá parió, en las que yo nací, de mi apropiación."
El primer tramo de la causa correspondió a la obstetra Arroche de Sala García, quien permanece en libertad procesada por haber firmado la constatación de nacimiento falsa de Madariaga Quintella, que aparece como hijo biológico de sus apropiadores. "El accionar de Arroche posibilitó la desaparición forzada del niño y le imposibilitó reunirse con su verdadera familia hasta 2010", señaló la elevación. La mujer se sonrió irónicamente ante las acusaciones y negó con la cabeza cada uno de los cargos. "Yo no conozco a nadie", dijo al retirarse.
En el caso de Martín, fue jefe de la División Clínica Médica del Hospital Militar entre 1977 y 1978, y se encuentra acusado como partícipe necesario por las privaciones ilegales de la libertad e imposición de tormentos de cuatro de las mujeres que permanecieron cautivas en el hospital antes de dar a luz, y por la apropiación de sus hijos.
El mayor médico Bianco era uno de los jefes, junto a los fallecidos Julio César Caserotto y Ricardo Lederer, de la maternidad que se instaló a partir de 1977 en el área de Epidemiología del hospital. También fue señalado como quien realizaba el traslado de las mujeres embarazadas desde los centros clandestinos de detención hacia el Hospital Militar, y luego de regreso a su lugar de cautiverio.
El juicio a los médicos de Campo de Mayo es el segundo debate por el Plan Sistemático de robo de bebés, después de que en 2012 el mismo TOF seis condenara a 50 años de prisión al fallecido dictador Jorge Rafael Videla.
"En el juicio anterior juzgamos a quienes organizaron ese Plan sistemático de apropiación de niños así como a algunos apropiadores. Pero el eslabón del medio, los profesionales de la salud, que pensaron maternidades clandestinas, en muchos casos continúan impunes o se dieron juicios aislados", explicó Iud, de Abuelas.
Fuente:TiempoArgentino
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A sala casi repleta, el Tribunal Oral Federal 6 empezó esta mañana el juicio contra cinco imputados que posibilitaron el robo de nueve bebés durante la última dictadura militar en la maternidad clandestina que funcionó en el área militar de Campo de Mayo. Se trata de los médicos Norberto Bianco y Raúl Eugenio Martín y la obstetra Yolanda Arroche de Sala García. También están imputados Reynaldo Bignone y el ex general Santiago Riveros, responsables de esa jurisdicción.
Sentados en la penúltima fila, Bignone, Riveros y el médico Eugenio Martín se sentaron uno al lado del otro. Los dos primeros están condenados con sentencia firme a 25 años de prisión por otros juicios de la megacausa de Campo de Mayo, que va por el proceso oral número once en los tribunales de San Martín. Detrás de los jefes militares se ubicó el otro médico, Bianco, y, a unas sillas de distancia, la obstetra Arroche de Sala García. Después de la presentación de los imputados, los jueces María del Carmen Roqueta, Julio Panelo y Jorge Humberto Gettas, dieron lectura a las acusaciones por parte de la fiscalía.
A sala casi repleta, el Tribunal Oral Federal 6 empezó esta mañana el juicio contra cinco imputados que posibilitaron el robo de nueve bebés durante la última dictadura militar en la maternidad clandestina que funcionó en el área militar de Campo de Mayo. Se trata de los médicos Norberto Bianco y Raúl Eugenio Martín y la obstetra Yolanda Arroche de Sala García. También están imputados Reynaldo Bignone y el ex general Santiago Riveros, responsables de esa jurisdicción.
Sentados en la penúltima fila, Bignone, Riveros y el médico Eugenio Martín se sentaron uno al lado del otro. Los dos primeros están condenados con sentencia firme a 25 años de prisión por otros juicios de la megacausa de Campo de Mayo, que va por el proceso oral número once en los tribunales de San Martín. Detrás de los jefes militares se ubicó el otro médico, Bianco, y, a unas sillas de distancia, la obstetra Arroche de Sala García. Ella está acusada de registrar con otro nombre al hijo de Silvia Quintela, quien dio a luz a Francisco Madariaga Quintela en la maternidad clandestina y hoy está desaparecida. Arroche lo inscribió como hijo de los apropiadores –ya condenados- Víctor Gallo y Susana Colombo.
Entre el público, estaban Francisco y Pablo Casariego, quien también nació en la maternidad clandestina de Campo de Mayo. Después de la presentación de los imputados, los jueces María del Carmen Roqueta, Julio Panelo y Jorge Humberto Gettas, dieron lectura a las acusaciones por parte de la fiscalía. Arroche se retiró en la mitad de las lecturas. Los jueces determinaron que las audiencias se realizarán los lunes y miércoles a partir de las 9.30. Está previsto que el lunes comiencen las indagatorias a los imputados.
De los nueve bebés de los que se ocupa este juicio, tres fueron restituidos. Las madres que dieron a luz en la maternidad clandestina de Campo de Mayo fueron Marta Álvarez; Susana Stritzler; Mónica Masri; Valeria Beláustegui Herrera; María Eva Duarte; Myriam Ovando; Silvia Quintela Dallasta; Norma Tato y Liliana Isabel Acuña. También, se buscará establecer el rol de los acusados en la privación de la libertad de cuatro víctimas. Según las investigaciones de la Comisión por la Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo, uno de los espacios que se usaron como maternidad clandestina fue una cárcel de detención para internos comunes. Pero también las mujeres secuestradas dieron a luz dentro del Hospital Militar, en un área apartada de los pacientes habituales.
En representación del Ministerio Público Fiscal, intervienen el titular de la Unidad de Asistencia en casos de terrorismo de Estado, Martín Niklison y las fiscales ad hoc Viviana Sanchez y Nuria Piñol. Durante el debate, se prevé escuchar la declaración testimonial de entre 30 y 40 personas.
El largo periplo de Bianco ante la Justicia
A fines de la dictadura, Bianco además era mayor del Ejército. En los ´90, se fugó a Paraguay para evitar que se conociera el verdadero origen de Pablo, el nieto recuperado número 86, del que se había apropiado. Pablo era hijo de los militantes peronistas Norma Tato y Jorge Casariego, secuestrados en 1977 y desaparecidos. En 1997, Bianco fue extraditado junto a su mujer, pero solo cumplió dos de los 11 años de prisión de una primera condena de la Justicia Federal de San Isidro por la apropiación. Vivió once años en Paraguay, hasta que en 2011, fue extraditado por segunda vez a pedido de la Justicia argentina. Fue por la denuncia de Abuelas de Plaza de Mayo, quienes lo acusaron por la sustracción y entrega de hijos de desaparecidos a otros apropiadores.
Desde Abuelas de Plaza de Mayo, lamentaron que el médico militar llegue a juicio "en la comodidad de su casa, gracias al beneficio otorgado arbitrariamente por el tribunal que entendió en la causa durante la última feria judicial". También Riveros cumple prisión domiciliaria a pesar de que el TOF 5 de San Martín pidió el año pasado cárcel común.
En este juicio estuvieron imputados el ex general Domingo Antonio Bussi, y los médicos Ramón Oscar Capecce y Jorge Habid Haddad. El primero murió y los otros dos fueron apartados por cuestiones de salud.
"Es importante conocer qué rol cumplió cada uno"
En una entrevista con la jueza Roqueta a Infojus Noticias, dijo que “es importante saber qué pasó en la maternidad clandestina de Campo de Mayo". La magistrada explicó que esta causa no llegó a tiempo para que se incluya en la causa más grande de robo sistemático de robo de bebés, en la que fueron condenados el dictador Jorge Rafael Videla y también Bignone.
Sobre los médicos, Roqueta dijo: “Es importante conocer y ver qué rol cumplió cada uno. Hubo médicos que fueron testigos y apenas vino la democracia fueron a declarar a la Conadep. Entonces tenemos que juzgarlos y ver si han participado o no en estos delitos. Obviamente, es importante poder avanzar en el conocimiento de lo que sucedió en una de las maternidades clandestinas más importantes”.
Fuente:Infojus
En base a ese derrotero piramidal de tareas y culpabilidades, la fiscalía y la querella de Abuelas de Plaza de Mayo imputaron a Riveros y Bignone en su calidad de jefe y subjefe de Institutos Militares, un área del Ejército que mantenía bajo su órbita a la repartición Campo de Mayo y absolutamente todo lo que allí sucedía. Esas posiciones les otorgaban poder de control y conocimiento, según la acusación de Abuelas: en tanto jefe, Riveros “tenía pleno control sobre las operaciones que se realizaban dentro del ámbito” de Institutos militares, incluso el Hospital; en tanto subjefe, Bignone “tenía pleno conocimiento de la práctica sistemática de sustracción de menores llevada a cabo en Campo de Mayo”, concluye el dictamen. Para la querella, Riveros debe ser juzgado como coautor mediato de la sustracción, retención, ocultamiento y supresión de la identidad de los hijos de Alvarez, Ovando, Acuña y Stritzler, en tanto que Bignone lo deberá ser por el mismo delito en los casos de Stritzler, Beláustegui Herrera, Quinquela y Masri. El Estado los consideró partícipes necesarios de los mismos casos, salvo el de Quinquela, hecho por el que considera que el represor ya fue condenado en Plan Sistemático.
Fuente:Pagina12
18 de Septiembre de 2014
Dos de los nietos restituidos estuvieron en la sala
Campo de Mayo: comenzó el juicio por apropiación de niñospor el robo de nueve chicos nacidos durante el cautiverio de sus madres en la última dictadura.Dos médicos y una partera, junto con los responsables militares, son juzgados desde ayer
Norberto Atilio Bianco - El médico mayor era uno de los jefes de la maternidad que se instaló en el Hospital Militar - Foto: Télam
Alrededor de las 11, el Tribunal Oral Federal 6 dio inicio al debate oral y público con la lectura de las acusaciones de la fiscalía, a cargo de Martín Niklison y Mercedes Soiza Reily, y de la querella de Abuelas, a cargo de Alan Iud y María Inés Bedia. Continuará el próximo lunes con las indagatorias a los acusados.
El juicio, que se espera que se extienda hasta diciembre y que declaren unos 30 testigos, investigará la apropiación de los hijos e hijas de nueve mujeres que fueron secuestradas y que dieron a luz en Campo de Mayo: Marta Álvarez, Myriam Ovando, Liliana Acuña, Susana Stritzler, Valeria Beláustegui Herrera, Silvia Quintela Dallasta, Norma Tato, María Eva Duarte de Aranda y Mónica Susana Masri de Roggeroni. Aunque los casos podrían aumentar ya que la querella de Abuelas de Plaza de Mayo insistió ayer con un pedido para que se acelere la instrucción de otros ocho hechos que tienen los mismos imputados y así poder sumarlos también al debate.
Como parte del público estuvieron dos de los nietos restituidos cuyos casos serán analizados: Francisco Madariaga Quintella y Catalina de Sanctis Ovando. "Es la parte que nos faltaba enjuiciar y uno nunca pierde las esperanzas de tener un poco más de información sobre lo que pasó, aunque sabemos cómo se maneja esta gente, su pacto de silencio", sostuvo Francisco.
Catalina se mostró expectante por la actitud que tomará Bianco: "Es muy importante para mí porque además de ser quien me entregó puede haber atendido el parto de mi mamá. Es muy fuerte tenerlo ahí cerca porque estuvo en ese momento y es responsable de eso que sucedió, de las condiciones en las que mi mamá parió, en las que yo nací, de mi apropiación."
El primer tramo de la causa correspondió a la obstetra Arroche de Sala García, quien permanece en libertad procesada por haber firmado la constatación de nacimiento falsa de Madariaga Quintella, que aparece como hijo biológico de sus apropiadores. "El accionar de Arroche posibilitó la desaparición forzada del niño y le imposibilitó reunirse con su verdadera familia hasta 2010", señaló la elevación. La mujer se sonrió irónicamente ante las acusaciones y negó con la cabeza cada uno de los cargos. "Yo no conozco a nadie", dijo al retirarse.
En el caso de Martín, fue jefe de la División Clínica Médica del Hospital Militar entre 1977 y 1978, y se encuentra acusado como partícipe necesario por las privaciones ilegales de la libertad e imposición de tormentos de cuatro de las mujeres que permanecieron cautivas en el hospital antes de dar a luz, y por la apropiación de sus hijos.
El mayor médico Bianco era uno de los jefes, junto a los fallecidos Julio César Caserotto y Ricardo Lederer, de la maternidad que se instaló a partir de 1977 en el área de Epidemiología del hospital. También fue señalado como quien realizaba el traslado de las mujeres embarazadas desde los centros clandestinos de detención hacia el Hospital Militar, y luego de regreso a su lugar de cautiverio.
El juicio a los médicos de Campo de Mayo es el segundo debate por el Plan Sistemático de robo de bebés, después de que en 2012 el mismo TOF seis condenara a 50 años de prisión al fallecido dictador Jorge Rafael Videla.
"En el juicio anterior juzgamos a quienes organizaron ese Plan sistemático de apropiación de niños así como a algunos apropiadores. Pero el eslabón del medio, los profesionales de la salud, que pensaron maternidades clandestinas, en muchos casos continúan impunes o se dieron juicios aislados", explicó Iud, de Abuelas.
Fuente:TiempoArgentino
17-9-2014
Campo de Mayo
Ante el Tribunal Oral Federal 6
Maternidad clandestina: empezó el juicio a dos médicos y una obstetra
Campo de Mayo
Ante el Tribunal Oral Federal 6
Maternidad clandestina: empezó el juicio a dos médicos y una obstetra
A partir de hoy son juzgados dos médicos y una obstetra por posibilitar el robo de bebés en la maternidad clandestina del área militar Campo de Mayo. También Reynaldo Bignone y el ex general Santiago Riveros, responsables de esa jurisdicción.
Norberto Bianco, cuando llegó al País extraditado desde Paraguay-Telam
Sentados en la penúltima fila, Bignone, Riveros y el médico Eugenio Martín se sentaron uno al lado del otro. Los dos primeros están condenados con sentencia firme a 25 años de prisión por otros juicios de la megacausa de Campo de Mayo, que va por el proceso oral número once en los tribunales de San Martín. Detrás de los jefes militares se ubicó el otro médico, Bianco, y, a unas sillas de distancia, la obstetra Arroche de Sala García. Después de la presentación de los imputados, los jueces María del Carmen Roqueta, Julio Panelo y Jorge Humberto Gettas, dieron lectura a las acusaciones por parte de la fiscalía.
A sala casi repleta, el Tribunal Oral Federal 6 empezó esta mañana el juicio contra cinco imputados que posibilitaron el robo de nueve bebés durante la última dictadura militar en la maternidad clandestina que funcionó en el área militar de Campo de Mayo. Se trata de los médicos Norberto Bianco y Raúl Eugenio Martín y la obstetra Yolanda Arroche de Sala García. También están imputados Reynaldo Bignone y el ex general Santiago Riveros, responsables de esa jurisdicción.
Sentados en la penúltima fila, Bignone, Riveros y el médico Eugenio Martín se sentaron uno al lado del otro. Los dos primeros están condenados con sentencia firme a 25 años de prisión por otros juicios de la megacausa de Campo de Mayo, que va por el proceso oral número once en los tribunales de San Martín. Detrás de los jefes militares se ubicó el otro médico, Bianco, y, a unas sillas de distancia, la obstetra Arroche de Sala García. Ella está acusada de registrar con otro nombre al hijo de Silvia Quintela, quien dio a luz a Francisco Madariaga Quintela en la maternidad clandestina y hoy está desaparecida. Arroche lo inscribió como hijo de los apropiadores –ya condenados- Víctor Gallo y Susana Colombo.
Entre el público, estaban Francisco y Pablo Casariego, quien también nació en la maternidad clandestina de Campo de Mayo. Después de la presentación de los imputados, los jueces María del Carmen Roqueta, Julio Panelo y Jorge Humberto Gettas, dieron lectura a las acusaciones por parte de la fiscalía. Arroche se retiró en la mitad de las lecturas. Los jueces determinaron que las audiencias se realizarán los lunes y miércoles a partir de las 9.30. Está previsto que el lunes comiencen las indagatorias a los imputados.
De los nueve bebés de los que se ocupa este juicio, tres fueron restituidos. Las madres que dieron a luz en la maternidad clandestina de Campo de Mayo fueron Marta Álvarez; Susana Stritzler; Mónica Masri; Valeria Beláustegui Herrera; María Eva Duarte; Myriam Ovando; Silvia Quintela Dallasta; Norma Tato y Liliana Isabel Acuña. También, se buscará establecer el rol de los acusados en la privación de la libertad de cuatro víctimas. Según las investigaciones de la Comisión por la Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo, uno de los espacios que se usaron como maternidad clandestina fue una cárcel de detención para internos comunes. Pero también las mujeres secuestradas dieron a luz dentro del Hospital Militar, en un área apartada de los pacientes habituales.
En representación del Ministerio Público Fiscal, intervienen el titular de la Unidad de Asistencia en casos de terrorismo de Estado, Martín Niklison y las fiscales ad hoc Viviana Sanchez y Nuria Piñol. Durante el debate, se prevé escuchar la declaración testimonial de entre 30 y 40 personas.
El largo periplo de Bianco ante la Justicia
A fines de la dictadura, Bianco además era mayor del Ejército. En los ´90, se fugó a Paraguay para evitar que se conociera el verdadero origen de Pablo, el nieto recuperado número 86, del que se había apropiado. Pablo era hijo de los militantes peronistas Norma Tato y Jorge Casariego, secuestrados en 1977 y desaparecidos. En 1997, Bianco fue extraditado junto a su mujer, pero solo cumplió dos de los 11 años de prisión de una primera condena de la Justicia Federal de San Isidro por la apropiación. Vivió once años en Paraguay, hasta que en 2011, fue extraditado por segunda vez a pedido de la Justicia argentina. Fue por la denuncia de Abuelas de Plaza de Mayo, quienes lo acusaron por la sustracción y entrega de hijos de desaparecidos a otros apropiadores.
Desde Abuelas de Plaza de Mayo, lamentaron que el médico militar llegue a juicio "en la comodidad de su casa, gracias al beneficio otorgado arbitrariamente por el tribunal que entendió en la causa durante la última feria judicial". También Riveros cumple prisión domiciliaria a pesar de que el TOF 5 de San Martín pidió el año pasado cárcel común.
En este juicio estuvieron imputados el ex general Domingo Antonio Bussi, y los médicos Ramón Oscar Capecce y Jorge Habid Haddad. El primero murió y los otros dos fueron apartados por cuestiones de salud.
"Es importante conocer qué rol cumplió cada uno"
En una entrevista con la jueza Roqueta a Infojus Noticias, dijo que “es importante saber qué pasó en la maternidad clandestina de Campo de Mayo". La magistrada explicó que esta causa no llegó a tiempo para que se incluya en la causa más grande de robo sistemático de robo de bebés, en la que fueron condenados el dictador Jorge Rafael Videla y también Bignone.
Sobre los médicos, Roqueta dijo: “Es importante conocer y ver qué rol cumplió cada uno. Hubo médicos que fueron testigos y apenas vino la democracia fueron a declarar a la Conadep. Entonces tenemos que juzgarlos y ver si han participado o no en estos delitos. Obviamente, es importante poder avanzar en el conocimiento de lo que sucedió en una de las maternidades clandestinas más importantes”.
Fuente:Infojus
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