TUCUMÁN: JUZGARÁN DESDE EL MIÉRCOLES, POR PRIMERA VEZ, A UN EX JUEZ FEDERAL POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD.

25.10.2014
Tucumán
Juzgarán desde el miércoles, por primera vez, a un ex juez federal por delitos de lesa humanidad

Un ex juez federal tucumano deberá responder desde el miércoles próximo en un juicio oral y público, acusado de haber cometido delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar

Se trata de Manlio Torcuato Martínez, ex titular del Juzgado Federal 1 de Tucumán quien está acusado por "cajonear" más de 300 hábeas corpus durante el Operativo Independencia.

El debate, que por primera vez juzgará a un miembro del Poder Judicial tucumano, comenzará el miércoles 29 en el Tribunal Oral Federal de esta provincia.

Según señaló la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, al ratificar la elevación a juicio, Martínez actuó "garantizando que los hechos ilícitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas, que llegaron a su conocimiento en su carácter de juez penal, no fuesen investigados ni por él ni por ningún otro magistrado, de modo de proveer segura impunidad a sus autores".

Durante el proceso, Martínez deberá responder a otras acusaciones que se le imputan: asociación ilícita durante el terrorismo de Estado, encubrimiento de crímenes, abuso de autoridad y privación ilegal de libertad.

A estos delitos se suma la imputación como "partícipe secundario" en un quíntuple homicidio.

Los fiscales Leopoldo Peralta Palma y Pablo Camuña acusan a Martínez por su actuación como juez tras la ejecución extrajudicial, ocurrida el 20 de mayo de 1976, de los militantes montoneros María Alejandra Nikilson, Fernando Saavedra, Juan Carlos Meneses, Atilio Brandsen y Eduardo González Paz, en una casa de la capital tucumana.

También le imputan los delitos de los que luego fue víctima el propietario de esa casa, Miguel Romano, quien estuvo recluido en el centro clandestino de detención de la Jefatura de la Policía provincial y fue torturado por el personal del Servicio de Informaciones Confidenciales.

"Las denuncias de torturas y violaciones por personas secuestradas 'legalizadas' eran pasadas por alto por el ex juez, que aceptaba como prueba incriminatoria confesiones arrancadas bajo tortura", apuntaron desde la fiscalía en el pedido de elevación a juicio contra el magistrado.

Los fiscales resaltaron que "pese a la gran cantidad de denuncias que tenía en su despacho, nunca inició investigación alguna para buscar a sus responsables".

Según la fiscalía, existen pruebas suficientes de que Martínez, a través del incumplimiento de sus deberes como funcionario público, avaló esos homicidios y la privación ilegítima de la libertad de Romano, quien estuvo detenido en un centro clandestino con la complacencia del ex magistrado que le dictó tres meses de detención.

Martínez, según los fiscales, actuó de esa forma para garantizar la impunidad de los policías y militares que cometieron estos hechos materialmente o de quienes dieron las órdenes para que se cometieran.

La causa estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán integrado para el juicio por María Alicia Noli, Hugo Norberto Cataldi y José Fabián Asis.

Actuarán en representación de la acusación pública Peralta Palma y Camuña; mientras que los representantes de la querellas serán Bernardo Lobo Bugeau, Pablo Gargiulo, Emilio Guagnini y María Alejandra Romero Niklison.

Durante las audiencias, que comenzarán el miércoles y seguirán el 30 de octubre, 6, 7 y 13 de noviembre, el tribunal escuchará las declaraciones de 62 testigos.

Martínez fue nombrado juez federal de Tucumán en 1974 a pedido del entonces general Acdel Vilas, a cargo del "Operativo Independencia".

Entre 1975 y 1976 fueron presentadas más de 350 acciones de habeas corpus ante su juzgado a fin de dar con el paradero de personas secuestradas y/o desaparecidas: todas fueron rechazadas o archivadas.

Además, existen registros de su presencia en los Centros Clandestinos de Detención más importantes de la provincia, como la Jefatura de Policía, la cárcel de Villa Urquiza, la "Escuelita de Famaillá" y la Delegación local de la Policía Federal Argentina, donde había cientos de personas secuestradas y torturadas.

En abril de 1983, Martínez alcanzó notoriedad nacional cuando dispuso el procesamiento del entonces presidente de la AFA, Julio Grondona, a quien acusó de desobediencia judicial, lo que obligó al máximo dirigente del fútbol argentino a presentarse ante la Justicia para prestar declaración indagatoria.

El hecho no pasó desapercibido puesto que nunca antes (ni después) Grondona, quien falleció hace pocos meses siendo uno de los dirigentes del fútbol con mayor peso del mundo -vicepresidente de la federación internacional FIFA-, vivió algo parecido.

La causa se originió cuando la AFA suspendió por siete fechas el estadio de San Martín de Tucumán debido a una agresión sufrida por el árbitro Juan Carlos Lousteau luego de dirigir al equipo local en un encuentro contra Argentinos Juniors, por el viejo campeonato Nacional.

El presidente de San Martín, Natalio Mirkin, por entonces uno de los dirigentes del interior que enfrentó a Grondona pidiendo cambios en la estructura de los campeonato nacionales, consideró excesivo el castigo, por lo que presentó un recurso de amparo ante la Justicia Federal, que finalmente le dio la razón.

El conflicto se resolvió puesto que el club desistió luego de la acción judicial tras una audiencia de conciliación convocada por Martínez, a la que suscribieron ambos directivos en el despacho del mandatario, quien obligó a Grondona a trasladarse a Tucumán.

Fuente:Telam