HOY SE REALIZARA LA AUTOPSIA AL CUERPO DE FRANCO CASCO
Ganón y la verdad que huye
El defensor general cuestiona a la Fiscalía por retener la causa. Exige investigar a los policías de la seccional 7ª y que se acuse por falso testimonio a las tres personas que dijeron haber visto con vida al joven cuando ya había muerto.
Por Lorena Panzerini
El defensor general con la madre de Franco Casco, en la primera audiencia en Tribunales.
Imagen: Andrés Macera
A cuatro días de la aparición del cuerpo sin vida de Franco Ezequiel Casco, hoy se realizará la autopsia para determinar la causa de la muerte de este joven de 20 años que estuvo preso en la comisaría 7º antes de desaparecer el 7 de octubre pasado. Desde la Fiscalía Regional indicaron que el peritaje será realizado en presencia de un médico de Gendarmería Nacional y que además será filmado con imagen y audio, para arrojar "transparencia". En tanto, el defensor público provincial, Gabriel Ganón -que representa a la familia del joven proveniente de la localidad bonaerense de Florencio Varela-, adelantó que estará presente su perito de parte, el doctor Víctor Moglia. Al mismo tiempo, se quejó de la actitud de la Fiscalía, por intentar "retener" la causa que "se enmarca en una desaparición forzada de persona", y volvió a reclamar que sea investigada por la Justicia Federal. También tildó de "escandaloso" el hecho de que "no se tomaron medidas sobre el personal de la seccional 7º"; y lamentó que se hable de "muerte dudosa". En tanto, pasado mañana habrá una marcha en reclamo de justicia por el hecho.
A cuatro días de la aparición del cuerpo sin vida de Franco Ezequiel Casco, hoy se realizará la autopsia para determinar la causa de la muerte de este joven de 20 años que estuvo preso en la comisaría 7º antes de desaparecer el 7 de octubre pasado. Desde la Fiscalía Regional indicaron que el peritaje será realizado en presencia de un médico de Gendarmería Nacional y que además será filmado con imagen y audio, para arrojar "transparencia". En tanto, el defensor público provincial, Gabriel Ganón -que representa a la familia del joven proveniente de la localidad bonaerense de Florencio Varela-, adelantó que estará presente su perito de parte, el doctor Víctor Moglia. Al mismo tiempo, se quejó de la actitud de la Fiscalía, por intentar "retener" la causa que "se enmarca en una desaparición forzada de persona", y volvió a reclamar que sea investigada por la Justicia Federal. También tildó de "escandaloso" el hecho de que "no se tomaron medidas sobre el personal de la seccional 7º"; y lamentó que se hable de "muerte dudosa". En tanto, pasado mañana habrá una marcha en reclamo de justicia por el hecho.
La semana que comienza se vislumbra clave en la investigación por la muerte del joven que llegó desde Florencio Varela a visitar a una tía, en Empalme Graneros, y que cuando estaba por regresar, el 6 de octubre, perdió el tren y horas después fue arrestado por presunto "desacato". Veinticuatro días después, su cuerpo apareció flotando en el río Paraná. Su madre, Elsa Godoy, había llegado el 13 de octubre a buscar a su hijo, pero no halló respuestas claras sobre su paradero; lo último que supo de Franco --que tenía un hijo de tres años-- fue que había estado preso, y que --según la policía-- lo liberaron diez horas después.
Ayer el fiscal Guillermo Apanowicz confirmó que la autopsia se realizará en el Instituto Médico Legal, a partir de las 10. "Hay varias medidas que se están haciendo. Lo que se busca es recabar datos para determinar si existió responsabilidad policial, y si no la hubo, determinar qué sucedió", dijo el fiscal que instruyó la búsqueda de paradero del joven desde el 14 de octubre, y que ahora trabaja en conjunto con la fiscal de homicidios, Mariana Prunotto.
Apanowicz indicó que la investigación incluye saber "qué sucedió durante las 20 horas que transcurrieron entre que el joven se fue de la casa de la tía y fue detenido; se intenta saber dónde estuvo ese tiempo, porque recordemos que no se secuestraron sus pertenencias", las que tampoco fueron vistas por el personal policial de la seccional 7º, que la semana pasada prestó testimonio ante el juez Hernán Postma, en una audiencia por hábeas corpus solicitada por la Defensoría Pública.
Por su parte, Ganón se quejó porque desde la Fiscalía "insisten con retener la causa". Además, planteó que "es escandaloso que sigan sosteniendo que no hubo ninguna irregularidad policial; que la médica de policía --que declaró haber revisado a Franco en la comisaría, pero dijo no recordar su informe-- siga trabajando cuando quedaron cosas muy claras; y la actitud política, porque se sigue sin tomar medidas sobre el personal de la séptima".
Para Ganón, la "única calificación posible en este caso es la de desaparición forzada de persona"; y reprochó que "la fiscalía siga hablando de muerte dudosa o posible suicidio".
Frente a esa cuestión, el defensor --en representación de los padres del pibe-- presentó la semana pasada en la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) un pedido para que la investigación vaya a la justicia federal. También solicitó que se aparte de la causa a la policía santafesina. Ese pedido llegó a manos del juez Carlos Vera Barros, quien podría "pedir a la Justicia provincial que se declare incompetente; y si se niegan, ante la actitud clara del poder judicial y político de la provincia de encubrir la desaparición forzada, haremos una denuncia internacional", dijo.
Al mismo tiempo, Ganón calificó de "detalle macabro" que "los tres testigos plantados --quienes declararon haber visto a Franco pidiendo comida en una parroquia cercana a la seccional 7º-- supiesen en qué estado iba a ser encontrado el cuerpo, porque hablaban de que estaba sin remera y descalzo, y así me dijeron los padres que estaba su hijo", cuando lo vieron en el Instituto Médico Legal. Para el defensor, "llama la atención que la fiscalía no esté acusando a estas personas por falso testimonio; como así también que no tomen medidas por los dichos de la médica policial que mintió porque es una práctica habitual que muchos no vean a los detenidos. Entonces, o la médica mintió y no vio a Franco, o no está en condiciones de ejercer la medicina".
En tanto, este miércoles, organizaciones sociales, políticas, gremiales y de derechos humanos marcharán con la familia para reclamar justicia. La movilización partirá de Tribunales provinciales a las 18, y caminará hasta la sede de Gobernación.
OPINIÓN.
SIETE DIAS EN LA CIUDAD.
Un asunto delicado.
Una vez más el gobierno provincial debe enfrentar un caso delicado que demandará de explicaciones oficiales más certeras. La desaparición y muerte del joven Franco Casco representa una gravedad institucional que no debe ser soslayada. Los aprestos para el 2015 en el pináculo de la política santafesina.
Por Leo Ricciardino
Imagen: Andrés Macera
El gobierno provincial volvió a quedar envuelto en un caso que lo complica: la desaparición y muerte del joven Franco Ezequiel Casco. Oriundo de Florencio Varela, de extrema vulnerabilidad y pobreza, llegó a Empalme Graneros a visitar a unos familiares. Lo último que se supo de él fue que había sido detenido en la seccional 7ª de policía. Más de veinte días después apareció muerto flotando en el río Paraná. El agua no se tragó su cuerpo ni las sospechas que quedan en torno de su mala fortuna.
Las sospechas sobre el personal policial fueron inmediatas y lógicas. La comisaría era el último lugar con vida donde se lo vio y la policía es capaz de hacer este tipo de cosas y hasta peores todavía. Lamentablemente, la experiencia y muchos casos de pibes asesinados por los uniformados así lo indican. Esto es algo que hasta los funcionarios saben, pero nuevamente lo que falló fue la reacción. Los fiscales trabajaron tarde y mal, una vez más dejando la sensación de que se trata de un caso que avanza de otra manera por los bifurcados senderos de la justicia, como avanzan los casos de la pobreza y la exclusión social.
Cuando el tema fue noticia, y una cada vez más escandalosa, empezaron las declaraciones y las explicaciones tendenciosas. En un pequeño reportaje de apenas unos minutos, uno de los fiscales filtró al menos cuatro veces la palabra "suicidio" sin tener ninguna prueba contundente que lo indicara. El personal de la comisaría en cuestión fue indagado, pero no los detenidos que allí estaban y vieron el paso de Franco por esos calabozos. Una vez más, la filmación más importante de una cámara de seguridad -la que está enfrente de la seccional y pertenece a un banco- ya había sido borrada para cuando los fiscales reaccionaron. Después aparecieron otras imágenes y testigos poco convincentes que aseguraron ver al joven de 20 años, días después de su detención, pidiendo limosna en una iglesia evangélica. Ni el padre ni su tía pudieron certificar esas imágenes.
Como con el caso de los mellizos de Liliana Montenegro o la computadora personal del asesinado narco Luis Medina; el gobierno se muestra más preocupado por la reacción política de la oposición que por explicarle claramente a la sociedad cada detalle de hechos que son institucional y políticamente delicados. Empieza a ver conspiraciones de todo tipo y termina elaborando un discurso enojado que nada explica y siembra más sospechas todavía.
Es obvio que la oposición va a tratar de poner un lupa gigante sobre lo que interprete como acciones erradas de una gestión o decisiones equivocadas que intenten tapar el dislate inicial en la investigación de cada caso y hasta maniobras para encubrir. El problema es que se encuentran a cada paso casos sospechosos que complican al gobierno de la provincia y que, una vez hecho públicos, empiezan a ser objeto de largas disquisiciones sobre complicadísimos complots que terminan por alejar definitivamente a la verdad de la sociedad. En la función pública los hechos se explican hasta el cansancio, las veces que sean necesarias. Es una tensión discursiva con los opositores y el gobierno tiene infinitas formas de hacer oír su voz. De nada sirve desacreditar el tema, imputar a la prensa o tratar de convertir en víctima al poder político.
En el caso de Franco Casco la primera respuesta fue "la justicia está investigando", como si el gobierno no tuviera responsabilidad sobre el accionar de las fuerzas policiales o no formara parte del Ministerio Público de la Acusación en el sistema procesal penal. Con la independencia que corresponde, los fiscales representan al Estado y por ende también en parte al gobierno de turno en el esquema de la justicia donde se deposita la búsqueda de la verdad y el hallazgo de los culpables, de las responsabilidades.
Teatro de operaciones
Dos hechos concretos marcaron el inicio de las operaciones políticas a gran escala con vistas a los comicios del año próximo en Santa Fe. El primero que movió las fichas fue el peronismo con una cumbre de peso que pretendió ser secreta, con Omar Perotti, María Eugenia Bielsa, Alejandro Ramos y José Freyre, reunidos en un hotel céntrico de Rosario. No hubo fotos, pero igual fue un gesto de unidad que habrá que ver cómo se depura.
Detrás de este primer paso del peronismo, Reutemann entendió que era el momento de decir algo al respecto y marcar que si bien esa cumbre no dependió enteramente de él; sí estaba enterado del cónclave y lo avalaba. También le marcó la cancha con tiza gruesa al socialismo con sus clásicas mojadas de orejas, pero sin levantar el tono de voz.
El senador volvió a demostrar que está intacta su capacidad para hacer reaccionar al socialismo en su conjunto. Formaron una larga fila para pegarle de uno en fondo. Un dirigente por día, por las radios, los diarios y la TV. Le recordaron la desocupación de los '90, la matanza de 2001 y las inundaciones de 2003. La lista completa sin que faltara un solo ítem.
La otra postal, no menos importante, fue la de Hermes Binner y Miguel Lifschitz tomándose un café juntos en El Cairo. No es una pavada, teniendo en cuenta lo que pasó y las cosas que cada uno se aguantó del otro en estos últimos años. Especialmente Lifschitz, que supo mascullar su furia en silencio a la espera de su oportunidad que parece llegar cuatro años más tarde.
No va a resultar sencillo movilizar a ciertos sectores del partido detrás de la candidatura del ex intendente de Rosario, pero la necesidad tiene cara de hereje y se ha comprendido lo oportuno de "blindar" la provincia por cuatro años más. Y esto incluye por supuesto a Rosario, a la que se ha tratado de preservar en los últimos tiempos del relato policial dramático constante, aunque la cifra de los homicidios se niegue a mostrar una baja considerable.
En este entendimiento, el PS no debería enojarse tanto con Reutemann porque el regreso -aunque sea parcial- del senador a la política santafesina redundará en la ruina del principal adversario de Lifschitz hoy por hoy: el candidato del PRO Miguel Del Sel, que se la ha pasado recogiendo los restos electorales del reutemismo en retirada. El peronismo santafesino ha comprendido la necesidad de recuperar su ADN provincial si tiene pretensiones de gravitar en la discusión política del año próximo. El kirchnerismo nunca logró hacer pie definitivamente en la provincia, y tanto Néstor como Cristina lo entendieron desde el arranque. Por eso mantuvieron con el partido y sus dirigentes una relación tan prescindente como distante. Sólo con algunas excepciones bien conocidas. Pero está claro que es momento de ampliar la ya de por sí ancha alameda del peronismo provincial, para ponerse al lado de dirigentes que cosechan votos de variados descontentos sociales.
La muerte de Franco Casco
“A la Policía no le creo nada”
01/11/2014
Por Juane Basso
“El único acusado en esta causa fue el desaparecido”. La frase, que sintetiza algunas de las contradicciones que rodean al caso de Franco Casco, el joven de Florencio Varela que vino a Rosario a visitar a su familia, que fue visto por última vez en la comisaría 7a , y cuyo cuerpo fue encontrado sin vida flotando en el río Paraná, fue enunciada por el defensor general de la provincia de Santa Fe, Gabriel Ganón. El abogado había presentado esta semana un habeas corpus para que la Justicia santafesina averigüe el paradero del muchacho y calificó al hecho como “desaparición forzada de persona” y “violencia institucional”. Organizaciones comunitarias, movimientos sociales y agrupaciones de derechos humanos inscribieron la situación en el marco del contexto de violencia que golpea en los territorios más pobres de la ciudad, donde la connivencia de la criminalidad organizada con la Policía ha ganado protagonismo los últimos años. “Estas cosas son las que pasan cuando ponés a un gendarme al frente de la Policía, o cuando el discurso gubernamental abona a las tesis de la mano dura”, analizó Ganón, en una directa alusión al reciente nombramiento del comandante de gendarmería Gerardo Chaumont, al frente de la Secretaría de Seguridad provincial.
El reclamo de la familia
La violencia cotidiana en los territorios más olvidados de Rosario es una de las inocultables realidades que marcan el perfil de la Chicago argentina de los últimos tiempos, por mal que le pese a las autoridades provinciales y municipales. El contraste con el despliegue de los negocios inmobiliarios en las zonas más exclusivas de la ciudad, la proliferación de barrios cerrados en Funes, Roldán, Arroyo Seco u otras localidades cercanas, y el crecimiento del consumo, tornan más agresivo ese cruce.
El triple crimen de Villa Moreno y el escándalo narcopolicial que se llevó puesto al jefe de la Policía de Santa Fe Hugo Tognoli (actualmente detenido), pusieron al desnudo el desarrollo de la industria que disputa el dominio a las barriadas populares y villas rosarinas: el narcomenudeo. El negocio, con su carácter ilegal, viene acompañado de un cóctel de violencia que ha disparado los índices de muertes y enfrentamientos armados a niveles récord: 264 asesinatos en 2013, más de 200 en lo que va de 2014, a pesar del “refuerzo a la seguridad local” de la gendarmería.
Al parecer, el principal escollo que encuentran esas actividades criminales son los trabajos realizados por las organizaciones sociales y comunitarias. Los ejemplos abundan y como muestra alcanza repasar el episodio sufrido esta semana por los jóvenes que recuperaron los clubes Luchador y Federal, arrebatados a bandas ligadas a vendedores de drogas con lazos policiales.
Las víctimas y los muertos pertenecen a los sectores populares, siempre. Son jóvenes pobres de los barrios con las mayores carencias los que se encuentran a los dos lados del gatillo. Así lo ratifican los estudios recientes presentados por la Cátedra de Criminología de la Facultad de Derecho de la UNR que conduce Enrique Font. Así lo confirma la calle.
El lunes 20, en el marco de la cobertura a un acto realizado por la familia de Gabriel Aguírrez, un pibe de 13 años asesinado en barrio Ludueña, un grupo de cronistas tomó contacto con Elsa Godoy quien se acercó a la movida en la plaza Pocho Lepratti para denunciar la desaparición de su hijo Franco Casco. El chico tenía que volver a Florencio Varela ese día, pero no lo había hecho. El único dato que había podido conseguir esa madre desesperada junto a su marido, era que el joven, de 20 años, estuvo detenido en la comisaría 7a.
El caso fue tomado primero por los militantes del Bodegón Cultural Casa de Pocho del Ludueña y fue sumando apoyos de movimientos sociales y organismos de derechos humanos, los cuales conformaron la “Comisión por la Aparición con vida de Franco Casco” desde la que se organizó la marcha a la comisaría 7a.
La esperanza de Elsa y Ramón Casco (padre de Franco) de encontrar con vida a su hijo se mantuvo incólume hasta este viernes pasado, cuando tuvieron que reconocer en el Instituto Médico Legal de Rosario el cadáver encontrado en el río Paraná por la Prefectura Naval. Un tatuaje con el nombre del hijo de tres años de Franco, Thiago, habría sido clave en la identificación. De todas formas, se le realizará un nuevo peritaje y una muestra de ADN.
“Me lo mató la Policía”, fue el grito desgarrador de la madre que atronó ayer viernes en los tribunales rosarinos.
Violencia institucional
“El único acusado en esta causa es el desaparecido. Porque Franco fue acusado por atentado y resistencia a la autoridad”, afirmó en diálogo con el eslabón el defensor general de la provincia, Gabriel Ganón, quien denunció, apenas tomó contacto con el caso, que la defensoría “nunca fue notificada”.
El abogado explicó que cada vez que se produce una privación de la libertad los defensores públicos deben ir hasta la comisaría a hablar con esas personas. Y para eso se tiene que cumplir una directiva del Ministerio de Seguridad que normalmente las comisarías no llevan a la práctica, que es la notificación a la Defensoría General. “La única causa es contra el pibe que fue detenido, golpeado por la Policía y que desapareció”, insistió Ganón.
La reconstrucción que realizó la Defensoría General, con base en lo poco que se pudo comprobar hasta ahora, es que Franco estuvo en Rosario, que se iba a volver ese mismo 6 de octubre en que fue detenido y que la mamá lo esperaba en Buenos Aires. “Como a Retiro no llegó –relató Ganón–el papá se vino a Rosario y formuló una denuncia en la comisaría 20 de la ciudad en la que planteó la desaparición de su hijo. En esa comisaría le dijeron al padre de Franco, Ramón, que iban a iniciar el protocolo de búsqueda de personas y que iban a mandar comunicaciones para todas las comisarías y a todas las unidades. Y después, el padre siguió caminando, buscando por varios lugares, la estación de trenes y demás, y de casualidad se metió en la comisaría 7a y allí, un policía le habría dicho que sí, que lo conocía porque lo había detenido, que había estado detenido allí, pero que ya lo habían liberado”.
Entre otros de los elementos colectados se cuenta el referido por la madre de Franco, Elsa Godoy, quien informó que en la fiscalía a cargo de Guillermo Apanowicz, le exhibieron una fotografía en la que aparecía su hijo golpeado.
“Al expediente judicial nosotros no tuvimos acceso y yo creo que deberíamos tenerlo porque Franco estaba imputado”, se quejó Ganón, quien repasó una “serie de irregularidades” de policías y fiscales.
“El comisario le dijo a la mamá que él estaba desorientado y perdido en tiempo y espacio, y que eso lo constató el médico. Entonces, uno se pregunta, si hay una persona que tiene golpes en la cabeza, desorientado en tiempo y espacio ¿por qué no se hace lo que indica el protocolo médico, que impone que se lo tenga en observación 24 horas en un hospital?”, inquirió el defensor general.
“Por otro lado, el fiscal dijo que no hay ninguna irregularidad, y hay una irregularidad que es patente”, afirmó Ganón, y añadió: “Parece Videla el fiscal, cuando decía que «los desaparecidos no son, no están». El fiscal dice que no hay irregularidades ¿Cómo que no hay? ¡Tres semanas desapareció una persona que estuvo detenida en una comisaría! ¿Qué quiere que le digan los policías: «Mire se nos fue la mano y lo tiramos al río»?.
Además, el defensor general fustigó las declaraciones del secretario de Control de Fuerzas de Seguridad provinciales, Ignacio Del Vecchio, quien ligeramente lanzó la versión de que Franco había sido visto algo perdido y semidesnudo, primero en la terminal y luego en una iglesia evangelista el martes pasado.
“Como con Julio López, apareció gente que dice «yo lo vi acá, yo lo vi allá», pero sólo tratan de confundir. Me parece que Del Vecchio se burló no solamente de la familia sino de toda la sociedad santafesina, largando ese tipo de información. Parece que quieren instalar la idea de que el pibe era un loquito que andaba perdido por las calles de Santa Fe”, señaló.
Desde la defensoría realizaron el miércoles pasado una presentación de habeas corpus en la Justicia provincial y, el jueves, una denuncia en la Procuvin (Procuraduría Federal contra la Violencia Institucional). “Nosotros consideramos que se dan todos los presupuestos de una desaparición forzada de personas, por los datos que se tienen de su detención y porque la información que se le fue dando a la madre, que fue falsa”, sentenció Ganón.
También relacionó los hechos de violencia institucional y las conductas policiales con las últimas definiciones en materia de seguridad en la provincia. “Hay que analizar el mensaje político que significa poner un gendarme al frente de la Policía”, apuntó.
Ganón también fue muy crítico del accionar del fiscal Apanowicz. “No perició los móviles policiales, no buscó muestras de ADN en la comisaría, no perició los recorridos de los móviles esos días, qué clase de investigación está haciendo”, enumeró el defensor.
Según Ganón, el fiscal debió iniciar la investigación el día 8, cuando le llegó la primera denuncia, o el 12, cuando le llegó la segunda. “La filmación de un banco que está enfrente del lugar donde dice el comisario que lo detuvieron a Franco se perdió porque no se pidió. Son programas que cada un par de días se borra. No la pidió en tiempo y forma”, señaló el defensor general, para quien el fiscal “no hizo nada hasta que el tema salió en los diarios”.
El fiscal
Tras la aparición del cuerpo sin vida de Franco, el fiscal Guillermo Apanowicz habló con la prensa y admitió que la causa tuvo un giro con el hallazgo de Franco. “Hasta ayer era una búsqueda de paradero de persona, hoy con la aparición del cuerpo estamos trabajando en la hipótesis de un homicidio o un suicidio”, dijo.
Apanowicz se apresuró en incluir entre las hipótesis la posibilidad de que Franco se haya suicidado. “Es una de las hipótesis que se manejan”, afirmó. “Puede ser un homicidio o un suicidio”, remarcó.
“No teníamos ningún elemento hasta esta mañana que se determinó que el cuerpo encontrado es de Franco Casco. Estábamos ante la búsqueda de un paradero de personas, no de un homicidio. Ahora, con la aparición del cuerpo estamos trabajando en la hipótesis de un homicidio o un suicidio, no hay otra posibilidad”, insistió.
El cuerpo
La fiscal Mariana Prunotto, a cargo de la investigación abierta por el cuerpo encontrado en el río Paraná, fue la encargada de informar en rueda de prensa el mediodía del viernes pasado que el cadáver pertenecía a Franco Casco y que había sido identificado por sus padres.
Prunotto remarcó que “los padres, tanto la madre como el padre, identificaron que el cuerpo pertenece a Franco Casco”. La fiscal, precisó que “de todos modos se va a realizar igual un estudio de ADN”.
En la rueda de prensa también habló el perito Raúl Rodríguez, que revisó el cuerpo, y que aseguró que “si bien estaba en un avanzado estado de descomposición”, se pudo establecer que “no tenía proyectiles ni quebraduras”.
El perito planteó que de igual forma se va a hacer una nueva autopsia, con otro equipo médico. “Hoy por hoy no podemos confirmar la causa de la muerte. El tiempo de muerte no lo podemos determinar. Estamos con un cuerpo que tiene aproximadamente en el agua 15 días o más”, afirmó el doctor Rodríguez.
Violencia es mentir
La madre de Franco dejó en claro el jueves pasado frente a la comisaría séptima que “la Policía nunca lo buscó”. “Desde el primer momento que se hizo la denuncia en la comisaría 20 nunca lo buscaron”, se quejó Elsa, quien remarcó que “lo único que sabemos es que estuvo en esta comisaría y son los únicos que lo vieron”.
La madre refirió que cuando fue a la comisaría a pedir el libro para saber cuándo fue detenido, por qué motivo y cuándo fue liberado, “no lo querían mostrar”. “Fueron adentro, hablaban, tardaban; ahí hicieron algo ya que él estaba ahí todavía”, aseguró Elsa. “A la Policía no le creo nada, ellos dicen que lo andaban buscando, pero es mentira, me mandaban a buscarlo a mí sola para distraerme, nunca me ayudaron a buscarlo”, insistió Godoy.
Artículo publicado en la edición de este sábado del semanario El Eslabón.
Fuente:RedacciónRosario
“A Franco lo mató la policía”
Un final que refleja la realidad
Apareció muerto el pibe de veinte años que había estado desaparecido por más de veinte días. Los Familiares y su defensa, junto a las organizaciones que acompañan, responsabilizan a la policía por un nuevo caso de violencia institucional y desaparición forzada de persona.
El puño de Elsa
Estábamos en la plaza Pocho Lepratti en el barrio Ludueña acompañando a una familia que había perdido a su integrante más chico. Era un homenaje que se hacía a un año del asesinato de Gabriel Aguirrez, donde amigos y familiares junto a organizaciones sociales pasaban un rato juntos para recordar a ese pibe de trece años que debería haber estado jugando en la plaza de su barrio en ese mismo momento. Pero en cambio había lágrimas de dolores, de esas que aun no cicatrizan ni con el inevitable paso del tiempo. Y esas lágrimas se mezclaban con la de Elsa Godoy. Por el momento, Elsa era aquella señora que andaba junto a una vecina del barrio dando vueltas con un papel empuñado y evitando largar sus lágrimas contenidas. Charlaba con enREDando entonces, y nos decía que no había querido hablar con los medios de comunicación de la ciudad y daba sus razones que justificaría con el paso de los días.
Con su temple de bajos decibeles y siempre con claridad, Elsa relataba el motivo por el cual se acercaba a la plaza, incluso sin querer hacerlo en un primer momento. “Para no molestar a la familia del chico”, explicaba. Pero terminaría contando todo, y relatando que su hijo Franco Casco, de veinte años, estaba desaparecido hacía dos semanas y no se sabía nada de él. Nos contaba de un dato alarmante: habían averiguado con certeza que Franco estuvo detenido en la Comisaría 7ma de Rosario. Después explicaría que ni ella ni su hijo eran rosarinos, sino que Franco había estado de visita desde Buenos Aires, y que ella se acercaba a la ciudad para buscarlo. Elsa también comentaba que a Franco lo esperaba su hijo Thiago de tres años en su Buenos Aires natal. Hablaba con la cotidiana y lógica actitud de cualquier madre que pretende volver a ver a su hijo. Mantenía sus puños cerrados, y de sus palabras brotaba, todavía, una ferviente calma que la nutría de esperanza.
Cronología de una muerte naturalizada
Tal como detalló enREDando en publicaciones anteriores, Franco había llegado a Rosario a principios de octubre, proveniente de la localidad de Florencia Varela en la provincia de Buenos Aires. Se había instalado en la casa de una tía en el barrio rosarino de Empalme Graneros. Venía de visita, pronto debía volver a Buenos Aires donde lo esperaba su hijo y su trabajo como ayudante de albañil junto a su padre. El día 6 de octubre por la noche, debería haber tomado el tren de regreso para llegar a la estación de Retiro por la madrugada del día siguiente, donde lo esperaría su madre.
Franco no volvió y fue entonces que su familia comenzó a moverse. Primero su tía en Rosario, luego su padre Ramón, que llegaría desde Buenos Aires para recorrer varias dependencias policiales. Dejaron la denuncia en la Comisaría 20, y luego en un casual paso por la Comisaría 7ma, les confirmaron que su hijo había estado detenido en dicha seccional. En ese momento, los agentes le dijeron a Ramón que Franco había sido liberado, por falta de antecedentes y por orden del fiscal Álvaro Campos, a las diez y media de la noche del martes 7 de octubre. A los pocos días, cuando todavía no se sabía nada del pibe, llegaría su madre para intentar acelerar la búsqueda.
En la 7ma, el comisario Diego Álvarez le recomendaría a Elsa que buscara a su hijo en morgues, hospitales y otros lugares de la ciudad. “Me mandaban a lugares que yo no conocía mientras que ellos tenían que haberlo buscado”, razonaba la señora por entonces.
También le prohibirían ver el cuaderno de acta donde debían estar los datos del detenido y la firma previa a su supuesta liberación. En una de las tantas maniobras que dejarían ver las irregularidades en el caso, uno de los agentes que la atendió se llevó dicho cuaderno a otro espacio de la seccional, para a unos veinte minutos volver y ahí sí relatarle a Elsa los datos de su hijo, sin mostrarle nada del acta. Luego, en las afueras de la dependencia, llamaría la atención que todas las fotos con la cara de Franco, que habían sido pegadas en la zona, ya no estaban.
El caso llegó a la Fiscalía recién el 14 de octubre, y fue tomado por el fiscal Guillermo Apanowicz, quien en un primer momento delegaría la mayor responsabilidad a su secretario de Gestión Penal Leandro Trangoni y al área de Asuntos Internos. Franco Casco, identificado como Franco Godoy según el relato policial, había sido detenido por resistencia a la autoridad. Los policías le dirían a Elsa en un primer encuentro que Franco estaba drogado y borracho, y que lo detuvieron “por desacato y por agredir a la autoridad”.
“Yo no creo en la policía”, diría Elsa a los pocos días. Intervenía también la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, desde donde llamaron la atención por la actitud de la Comisaría 20 que no había notificado la primera denuncia por búsqueda de paradero que habían realizado los familiares de Franco.
Los días transcurrieron y cuando el caso comenzó a tener trascendencia en los grandes medios de comunicación, la justicia comenzó a actuar de otra manera, que de todas formas seguía sin convencer a los allegados de Franco. En una visita a la Fiscalía Regional, mano a mano con Apanowicz y Trangoni, Elsa pudo ver por primera vez la supuesta firma de su hijo y la foto de legajo tomada en la Comisaría. Y aquí nuevas irregularidades: según Elsa la firma no era la de Franco, y en la foto se lo veía terriblemente golpeado. Sin embargo, Apanowicz seguiría insistiendo en que no había modo de probar irregularidades en el accionar policial. También se vería complicado el registro de las cámaras de seguridad de la seccional y de la zona, ya que todas poseen un sistema de autoborrado a pocos días.
Lo que continua, es la intervención del defensor general de Santa Fe, Gabriel Ganón, quien se constituyó como defensor de Franco y su familia. Ganón cuestionaría a la manera de actuar de la policía. “Presentamos habeas corpus en toda la provincia para evitar este tipo de detención por averiguación de identidad. Sin embargo la policía continúa utilizando este poder arbitrario”, explicaba a los medios de comunicación días atrás.
El 30 de octubre, luego de un encuentro entre Gabriel Ganón y la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), se presentó una denuncia y un habeas corpus ante el juez Federal Carlos Vera Barros. Se hablaba de desaparición forzada y la presión ya se hacía insostenible, junto a la movilización que familiares de Franco y las organizaciones que la acompañan realizaron en la puerta de la Comisaría 7ma. Ese mismo día, por la mañana, el secretario de Control de las Fuerzas de Seguridad, Ignacio Del Vecchio aseguraba que tres testigos habían visto a Franco el último domingo mendigando en una iglesia evangélica de la zona. Por la tarde, sin embargo, en una audiencia judicial presidida por el juez Hernán Postma, el jefe de la Prefectura admitía el hallazgo de un cadáver que en el brazo derecho tenía un tatuaje que decía Thiago, el nombre del pequeño hijo de tres años de Franco Casco. Los análisis del Instituto Médico Legal determinaron que el cuerpo, por su estado, llevaba alrededor de tres semanas en el río.
El 31 de octubre amaneció con la noticia de que el cadáver encontrado pertenecía a Franco. El tatuaje fue el primer indicio, y el reconocimiento de sus padres fue la confirmación. Mientras los medios de comunicación más consumidos de la ciudad hablaban de que todavía no se podría determinar si se trataba de homicidio o suicidio, el entorno de Franco se convencía cada vez más de que al pibe lo mató la policía.
Desaparición forzada. El único imputado es el que murió.
En la continuación de la audiencia pública de habeas corpus, realizada cuando los familiares de Franco Casco ya habían reconocido el cuerpo, se tomó declaraciones a tres agentes de la Comisaría 7ma y a la doctora que realiza los informes médicos de los detenidos, antes y después de ingresar. La sala de audiencia se tiñó de contradicciones y amnesia intencional por parte de los declarantes. Todo apunta al poder policial y es cuestión de profundizar la investigación para que las sospechas se conviertan en certezas.
La causa, que ahora será investigada por la fiscal de la Unidad de Homicidios Mariana Prunotto, deberá atravesar distintas etapas en las que, como en las audiencias de habeas corpus anteriores, se buscará entibiar la responsabilidad de la policía. El testimonio del Jefe de Sumarios de la Comisaría 7ma, César Acosta, fue una muestra clara de esto, pero que a la vez desnuda una serie de medidas que podrían ser cuestionadas. Por un lado, Acosta relató ante el juez que aquel día salieron junto al Comisario Álvarez a patrullar por un llamado que el mismo jefe de la comisaría había recibido a su teléfono particular por parte de un vecino identificado en un primer momento como Daniel, por dos supuestos sospechosos que circulaban por la vía pública. Lo llamativo es el motivo que Acosta aduce para detener a quien luego sería identificado como Franco Casco. “En calle Catamarca y Constitución junto a un árbol había una persona, era el único que estaba ahí solo y nos pareció sospechoso que esté al lado del árbol”, dijo Acosta con total naturaleza.
“Esto se trata de una desaparición forzada, por eso pedimos la intervención de la Procuvin, y creemos que el camino que hay que seguir es el que corresponde. Franco fue detenido, es el único imputado hasta ahora en la causa, es el que desapareció, y el que seguramente fue asesinado por la policía”, aseveró a este medio Gabriel Ganón luego de la audiencia. Explicó también que a partir de ahora queda “investigar como no se hizo hasta ahora”. “El legajo del fiscal no avanzó hasta que esto no salió en los diarios de la ciudad. A partir de esto el fiscal empezó a intentar investigar qué había pasado con Franco, descartando desde el comienzo cualquier participación policial. Lo cual es indignante y revelador de la poca credibilidad que tienen los poderes públicos-punitivos de la provincia de Santa Fe”, expresó además, insistiendo en un “funcionamiento perverso de la justicia en contra de los pobres”.
Ganón analizó que la falta de celeridad de la investigación encabezada por Apanowicz desembocó en la pérdida de datos importantes, como lo son las filmaciones de las cámaras de seguridad. “El fiscal se tendría que declarar incompetente, y lo que está haciendo es querer mantener su competencia para poder seguir barriendo, como hasta ahora, la tierra debajo de la alfombra”, apuntó.
También hubo un mensaje para Ignacio Del Vecchio. “Debería estar presentando la renuncia. Eran pruebas plantadas por la policía para tratar de distraer y confundir a la población, y excusar todo tipo de responsabilidad de la policía”, consideró Ganón como respuesta a la intervención en la causa del funcionario.
Afuera, en las escalinatas de Tribunales Provinciales que a cada año acumula más movilizaciones por pedidos de justicia, Ganón junto a Elsa pediría a las organizaciones presentes que no aflojaran en la compañía a los familiares de Franco. Ahí mismo, consideraría al hecho como delito de lesa humanidad y apuntaría nuevamente a la justicia elitista. Mientras tanto, la fachada del edificio de Tribunales dejaba ver en una pintada un nuevo mensaje: “Yo sabía que a Franco Casco lo mató la policía”.
Impresiones del día después
En el momento en que apareció el cadáver de Luciano Arruga, enterrado como NN después de haber estado desaparecido durante cinco años con la Policía Bonaerense apuntada como principal responsable, en Rosario ya hacían diez días que no se sabía nada de Franco Casco. Los dos pibes, provenientes de la pobreza marginal de las grandes ciudades, fueron víctimas de una realidad que sólo se asoma en las pantallas de los medios de comunicación masiva cuando la palabra muerte es el denominador común, pero que se padece cotidianamente en aquellos sectores de la sociedad que pocos miran y muchos señalan con el dedo firme de la estigmatización. Es la realidad de los pibes y las pibas de los barrios marginados, que junto a sus familias tienen que atravesar casi día a día el peligro que implica la naturalización de estos hechos. Es la realidad que los mismos que la construyen se niegan a admitir, y no es otra que la generada por la violencia institucional ejercida por cada una de las fuerzas de seguridad dependientes del Estado, en cualquiera de sus niveles.
La violencia institucional, por parte de la policía en este caso, se posiciona como la herramienta que por excelencia cumple el trabajo de la exclusión social de una manera implícita y a la vez tácita. Entre la impunidad y el silencio se teje el maltrato y el abuso sobre las clases oprimidas a las que los derechos humanos se les pinta como una utopía, que incluso a veces es ajena. Los casos de Franco y Luciano no son aislados, sino que pertenecen al resultado desmedido de la manera sistemática de obrar que tienen las fuerzas policiales.
En los próximos días se creará sobre la vida ya extinta de Franco una serie de hipótesis que intentarán desligar a la policía santafesina de este fatal desenlace. Tal como sucedió en un primer momento, cuando se buscó justificar su detención, la justicia probablemente actuará de una manera cómplice al servicio de la policía provincial que acumula en su historial denuncias por delitos de todo tipo, siempre vinculados a negocios clandestinos o a prácticas acordes a otras épocas de la historia argentina que poco tiene que ver con esta democracia entre comillas a la que se tiene acceso de una manera totalmente desigual.
El Estado, en sus tres niveles, porque Franco se crió en la pobreza de la bonaerense Florencio Varela y murió en las mismas condiciones en la santafesina Rosario, se enfrentará a un nuevo caso de los que muchas veces terminan durmiendo en los cajones de la justicia que se reforma en todos sus aspectos menos en el más esencial: su certeza.
Después de dos semanas de desaparecido, el caso de Franco Casco comenzó a tener relevancia a nivel mediático. Si bien ya había llegado a las oficinas de la Fiscalía Regional algunos días atrás, fue a través del revuelo que generó el caso en la opinión pública que se comenzó a actuar. Lo que no se hizo en casi un mes, se concretó en menos de una semana pero con el peor e irreversible resultado: La muerte del pibe, de tan sólo veinte años. En todo este tiempo, la intervención de funcionarios municipales y provinciales fue totalmente nula, dejando el mensaje en su silencio prolongado.
Los días en los que la justicia, también entre comillas, se demoró en hacer su trabajo con certeza, fueron suficientes para que el cuerpo del pibe aparezca descartado y para que de plano, por ahora, no haya posibilidades de incriminar técnicamente a la policía y su accionar. Funcionarios del gobierno provincial colaborando con la implantación de falsos testigos que decían haberlo visto, como método desesperante para frenar las movilizaciones que exigían la aparición con vida de Franco, daban cuenta del grado de connivencia del que ningún gobierno llega a prescindir. Por otra parte, los organismos de Derechos Humanos, y organizaciones políticas y sociales que acompañan a la familia de Franco, sostienen que detrás de esto, y como en infinitos casos similares, la responsabilidad recae sobre la policía y su eterna costumbre de criminalizar a la pobreza y matar a los pibes que la padecen. Los defensores de la familia Casco hablan de delito de Lesa Humanidad. El pronto final de la vida de Franco de seguro tiene responsables, y quienes sean deberán recibir la condena ejemplar que amerita un hecho de estas dimensiones.
Fuente:enREDando.org.ar
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