SE PRESENTARON EN TUCUMAN UN CENTENAR DE HABEAS CORPUS PREVENTIVOS
Condenados pero en libertad
“Cada ciudadano es una posible víctima”, señalaron los organismos de derechos humanos de Tucumán al repudiar la decisión de la Cámara de Casación de dejar en libertad a 17 represores que ya fueron condenados y otorgar prisión domiciliaria a otros 13.
Por Ailín Bullentini
Los beneficiados fueron condenados en el juicio sobre la Jefatura de Policía y el Arsenal Miguel de Azcuénaga.Imagen: Télam
Un centenar de hábeas corpus “preventivos” inundaron la Justicia tucumana entre ayer y el martes para repudiar la decisión de Casación sobre 30 represores condenados hace un año por delitos de lesa humanidad: unos 17 fueron puestos en libertad y otros 13, beneficiados con la prisión domiciliaria. Testigos, sobrevivientes y familiares de víctimas de delitos de lesa humanidad que tuvieron lugar en los centros clandestinos de detención tucumanos que funcionaron durante la última dictadura en la Jefatura de Policía y en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, pero también abogados y ciudadanos que se solidarizaron con la causa, le advirtieron a la Justicia que “tan solo por el hecho de que estos genocidas estén en la calle, cada ciudadano es una posible víctima suya”. La campaña fue acompañada con un hábeas corpus colectivo, de idéntico fin, presentado por un grupo de organizaciones de derechos humanos y una campaña de afiches callejeros de alerta sobre “los genocidas sueltos”.
“Venimos a interponer esta acción de hábeas corpus preventivo en favor de querellantes, víctimas, familiares de víctimas y de todas aquellas personas que depusieron como testigos a lo largo del debate oral y público conocido como ‘Megacausa Jefatura II/Arsenales’, en virtud de la amenaza actual e inminente de secuestro y desaparición que sufrimos al haberse retrotraído la situación de libertad de los condenados al estado en que se encontraban previo al inicio del juicio oral”, plantea el documento colectivo presentado el miércoles por Madres de Plaza de Mayo de Tucumán, Hijos, Familiares, la Asociación de ex Presos Políticos local, la Fundación Memorias e Identidades, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y el colectivo de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes), que acompañó el espíritu del centenar de medidas individuales presentadas con el mismo objetivo.
“Están en la calle. Toda la población corre riesgo”, explicó la abogada de la APDH de Tucumán, Alejandra García Aráoz, el espíritu de la campaña. Julia Vitar, abogada e integrante de Hijos, completó: “La idea era llamar la atención a la Justicia sobre el riesgo tanto físico como psicológico que significa para los más de 400 testigos que declararon en la megacausa de Arsenales II la sentencia de Casación que excarceló a 17 y benefició con domiciliaria a otros 13 condenados en el juicio por esa megacausa hasta que la sentencia quede firme”.
Antes de comenzar el juicio por más de 200 casos de violaciones a los derechos humanos cometidos en la Jefatura de Policía de Tucumán y el Arsenal Miguel de Azcuénaga, como se lo conoció al centro clandestino de detención más grande de la región noreste del país, el Tribunal Oral Federal de Tucumán dio lugar a una medida cautelar presentada por la fiscalía y las querellas y mandó a prisión a todos los acusados. Un año después, en diciembre de 2013, los jueces Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y Juan Carlos Reynaga condenaron a 37 de ellos: la mayoría de los ex policías juzgados recibieron perpetua, una pena que no aplicaron a ninguno de los militares retirados que cumplieron tareas de Inteligencia en Arsenal. Para ellos, hubo penas de entre 16 y 20 años de prisión.
En marzo, la sentencia fue apelada por todas las partes.
Sin embargo, gracias a la Cámara de Casación, 30 de ellos no pisarán una cárcel común hasta tanto la condena quede firme. En fallo dividido, la sala III de la Cámara de Casación Penal integrada por Esteban Riggi, Liliana Catucci y Ana María Figueroa decidió que la situación de los condenados volviera al estado anterior al inicio del juicio en cuestión, ya que falló en contra de la medida cautelar que había aceptado el TOF.
“Entendemos que el tribunal podría haber evitado esta situación si en los fundamentos de su fallo expresaba los motivos, que sobran, para que todos los condenados fueran a cárcel común aun en período de apelaciones. La mayoría de ellos es investigado por otras causas, sin embargo ahora están libres. Los jueces no lo hicieron”, determinó Vitar. El mismo día que presentaron los hábeas corpus, el tribunal federal rechazó el pedido de las querellas para que resuelva la situación, tarea que las partes acusadoras consideraron le correspondía. Según calculan las organizaciones de derechos humanos, podrían pasar cuatro años hasta que la condena quede firme. “Presentamos las apelaciones en marzo, pero la Casación aún no se puso a estudiar el material de la cuestión de fondo”, concluyó la abogada.
Fuente:Pagina12
26 de Noviembre de 2014
Víctimas y organismos de Derechos Humanos rechazaron la polémica decisión de la justicia federal de Tucumán
Presentan 100 hábeas corpus por la liberación de represoresInvolucra a 30 ex militares y policías, que tras una condena en primera instancia fueron excarcelados o enviados a prisión domiciliaria hasta tanto la sentencia quede firme.
Rostros - Los peticionantes advirtieron sobre el "riesgo a su integridad física".
Víctimas, querellantes, familiares y testigos de la megacausa Arsenales II Jefatura II presentaron en la justicia federal medio centenar de habeas corpus preventivos individuales y un habeas corpus colectivo ante la grave situación que viven a partir de la decisión de la Cámara de Casación Penal y el TOF de liberar a 17 represores condenados y enviar a prisión domiciliaria a otros 13. A esos recursos interpuestos ayer, se sumarán hoy otros 50 pedidos individuales.
Casi un año después de la condena a 37 represores en ese juicio oral, en noviembre pasado la Sala III de la Cámara de Casación Penal dispuso que los condenados volvieran a la situación procesal previa al juicio hasta que la sentencia quedara firme, ya que el Tribunal los había enviado a prisión de manera preventiva para el desarrollo del debate.
"Pone en riesgo la integridad física, psíquica y moral de quienes atestiguaron sobre los vejámenes a los que fueran sometidos por quienes hoy deambulan en libertad por la provincia", sostuvieron en las presentación colectiva Madres de Tucumán, la Asociación de ex Presos Políticos, la Fundación Memorias e Identidades del Tucumán; Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES); HIJOS y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
Los organismos interpusieron el habeas corpus "en virtud de la amenaza actual e inminente de secuestro y desaparición al haberse retrotraído la situación de libertad de los condenados al estado en que se encontraban previo al inicio del juicio oral".
"Es necesario remarcar que todos los excarcelados fueron condenados por delitos de lesa humanidad, los más graves que prevé el ordenamiento jurídico y que muchos de estos sujetos revestían cargos de oficiales de inteligencia. Eran los encargados del armado logístico del plan represivo", argumentaron los organismos.
También recordaron las constantes amenazas que testigos y querellantes sufrieron a lo largo durante el debate que se desarrolló en 2013 y que "dan cuenta de la necesidad de requerir el resguardo a la integridad física de quienes fueron puestos en riesgo por la Cámara Nacional de Casación Penal", agregaron.
En paralelo a la presentación de los habeas corpus, el Tribunal Oral Federal de Tucumán, integrado por Juan Carlos Reynaga, Carlos Montilla y Gabriel Casas, rechazó el pedido de las querellas y de los fiscales Leopoldo Peralta Palma, Pablo Camuña y Patricio Rovira para revertir la situación de los 30 condenados. En el mismo fallo, los jueces ordenaron el estricto control de las prisiones domiciliarias y disponer al Programa Nacional de Protección de Testigos que releve a los testigos, víctimas y sus familias para la preservación de su integridad.
"El TOF resolvió en contra de nuestro planteo al sostener que ya están cumplidas las etapas del proceso y no tiene facultad de resolver sobre el planteo que hemos hecho. Nosotros consideramos que no es así, que debe resolver sobre cómo se cumplen las detenciones preventivas, pero los jueces no se quisieron hacer responsables", sostuvo en diálogo con Tiempo Argentino la abogada querellante Julia Vitar, quien anunció que van a recurrir la decisión del TOF a Casación, pero pedirán que no intervenga la Sala III.
Fuente:TiempoArgentino
Otro escrache para pedir cárcel común para los genocidas
“Basta de privilegios para los policías, militares y gendarmes condenados por delitos de lesa humanidad”, dijo la abogada Julia Vitar al convocar a la nueva protesta que se realizó ayer.
“Arrancamos a las 11 en el Juzgado Federal (Piedras y Congreso) donde se firmará entre los asistentes y organizaciones de DDHH un Hábeas Corpus Preventivo. A partir de las 12 nos congregaremos en el TOF (Chacabuco y Crisóstomo Álvarez) munidos de silbatos, maracas, redoblantes y cualquier otro elemento sonoro que quieran llevar. El TOF de
Tucumán tiene que escuchar nuestro reclamo de justicia”, expresó a abogada Julia Vitar al realizar la convocatoria a través de Facebook.
La indignación de los organismos de derechos humanos se desató luego de que la Sala III de la Cámara de Casación Penal de la Nación, con el voto mayoritario de los jueces de cámara Eduardo R. Riggi y Liliana Catucci, y el voto en minoría con una disidencia parcial de la doctora Ana María Figueroa, resolvió que 34 de los 37 ex militares y policías condenados por masivos delitos de lesa humanidad en la megacausa ex Arsenal vuelvan a prisiones domiciliarias, cesando así la imposición de cárcel común resuelta por el Tribunal Oral Federal de Tucumán.
Se trata de la segunda manifestación que realizan los organismos de derechos humanos en lo que va de este mes.
Fuente:PrimeraFuente
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