Campaña Punto Final
19.12.2014
Por Adrián Murano
En un país aún atravesado por la impunidad, Sergio Massa llamó a un nuevo Punto Final. “La Argentina tiene que cerrar la etapa de los derechos humanos”, proclamó el tigrense, desde las páginas de La Nación. Nada en esa declaración fue casual. Ni el medio escogido –dictadura friendly–, ni la oportunidad: con tres décadas de demora, y luego de lograr que cientos de genocidas de uniforme purguen condenas en cárcel común, los argentinos estamos cerca de asistir al juzgamiento de los cómplices civiles de la última dictadura que asoló al país.
¿Acaso Massa pensaba en ellos cuándo prometió cerrar el camino de memoria, verdad y justicia que millones de argentinos decidimos transitar? ¿Fue un guiño hacia el centenar de ricos y poderosos que acumularon influencia y millones durante la represión ilegal? Exento de ideas, convicciones y antecedentes que le adjudiquen algún grado de compromiso con la lucha por los derechos humanos, Massa se presenta como el candidato ideal para esa logia que busca prorrogar privilegios. Pero no está solo en el intento: Mauricio Macri, hijo de una dinastía que se enriqueció en dictadura, lleva años pregonando impunidad.
De hecho, fue el intendente porteño quien lanzó la primera piedra al sugerir que en caso de ser electo terminaría con “el curro de los derechos humanos”. Desesperado por no quedar rezagado frente a la platea reaccionaria, el tigrense dobló la apuesta y sugirió un nuevo Punto Final. Es probable que el discurso de los presidenciables haya conectado con un sector del electorado que, bajo los efectos de la difundida “ola de inseguridad”, aún vocifera que “con los militares esto no pasaba”. Pero no parecen ser los votantes los únicos –ni siquiera los principales– destinatarios del mensaje. Como lo explicó Massa: terminar “bien” la etapa de los DDHH implicaría completar los juicios que están iniciados, donde se juzga a la mano de obra criminal aportada por fuerzas militares y de seguridad. Eso es indetenible, y salvo el pataleo de los genocidas que se quejan por tener que cumplir sus penas en cárcel común, en la Argentina hay consenso mayoritario para que asesinos y torturadores paguen por sus crímenes en prisión. Pero al establishment, que hace tiempo les soltó la mano a sus ex socios de uniforme, le preocupa lo que sigue: el juicio y castigo a la complicidad civil.
De acuerdo al Centro de Estudios Legales y Sociales, sobre un total de 2.541 acusados, ya hay 306 civiles imputados en causas donde se investigan crímenes de lesa humanidad. El primer detalle que surge de ese recuento provoca escalofríos: la mayor cantidad de civiles imputados pertenecen al ámbito judicial. El dato demuestra, primero, la estrecha ligazón que hubo entre varios tribunales y el plan criminal. Ratifica, también, que la depuración de ese poder es una deuda de la democracia, y que recién ahora se comienza a penetrar en la coraza corporativa de una institución que logró mantenerse casi inalterable desde la dictadura.
El relevamiento realizado por el CELS muestra que del total de civiles imputados, casi la mitad se divide entre funcionarios judiciales y Personal Civil de Inteligencia de las diversas fuerzas armadas y de seguridad. Cada rubro cuenta con 70 imputados, es decir que reunidos suman el 46 por ciento del total de civiles con proceso judicial abierto. Pero la complicidad civil con el terrorismo de Estado fue diversa, e incluyó un entramado de negocios que aún persiste.
En la actualidad hay 15 empresarios imputados por violaciones a los derechos humanos. Uno de ellos es Carlos Pedro Blaquier, ex titular del Ingenio Ledesma, quien lleva dos años procesado como cómplice en el secuestro de 29 trabajadores de su compañía. El caso es paradigmático por varias razones. Amo y señor del norte argentino, Blaquier fue un hombre de poder antes, durante y después de la dictadura. Esa condición le permitió gozar de impunidad y beneficios que se perpetúan. Un ejemplo: el tribunal que debería juzgarlo por los crímenes cometidos en la denominada “Noche del apagón” lleva años sin poder actuar debido a distintas zancadillas legales que postergan la realización del juicio oral. Mientras tanto, el octogenario mandamás de Ledesma sigue activo al frente de sus empresas y animando fragotes políticos en su mansión.
El 6 de diciembre pasado, La Nación informó sobre uno de esos encuentros, al que asistió una fracción del poder económico local. Según relató el columnista Francisco de Olivera, el empresario organizó un encuentro bien servido y regado en La Torcaza, la imponente casona de las Lomas de San Isidro donde los invitados son agasajados con perdices y cerdos criados en los dominios del anfitrión. Hacia allí peregrinaron el consiglieri de Techint, Luis Betnaza; el titular de FIAT argentina, Cristiano Rattazzi; el empresario azucarero Roberto Arano; el abogado de la UIA Daniel Funes de Rioja; el ejecutivo de Ledesma, Federico Nicholson, y el diputado y referente de la UIA, José Ignacio de Mendiguren. El invitado de honor: Sergio Massa, el candidato que pocos días después de ese encuentro lanzó su propuesta de Punto Final. ¿Casualidad? En política se puede ser cualquier cosa, menos ingenuo.
Las declaraciones del tigrense y del intendente porteño coincidieron en tiempo y forma con la súbita reaparición pública de Ernesto “El Nabo” Barreiro, jefe de represores del Centro Clandestino La Perla, que está siendo juzgado en Córdoba por más de 500 crímenes de lesa humanidad. En una movida sorpresiva, Barreiro entregó al tribunal que lo juzga un listado con la supuesta identificación y el paradero de unos 25 desaparecidos. El episodio tenía rasgos de gesto inédito: por primera vez un represor ofrecía información sobre sus crímenes, rompiendo un pacto de silencio que lleva tres décadas de vigor. El hecho fue comentado incluso por la presidenta Cristina Fernández, quien valorizó que un militar ofreciera información al tribunal. Pero el montaje duró poco tiempo. En los días siguientes, Barreiro ofreció una serie de entrevistas donde aclaró que lo que él había entregado era supuesta información relativa a desapariciones ocurridas entre agosto de 1975 y marzo de 1976, es decir, antes de que se instaurara la dictadura y él mismo se afincara en Córdoba para ejecutar el terrorismo de Estado. Así las cosas, el pretendido “aporte” de Barreiro se refería a crímenes presuntamente cometidos por una organización ligada a la Triple A, la temible patota paramilitar de José López Rega que en Córdoba operó bajo el mando del capitán Héctor Vergez, un viejo enemigo de Barreiro que ya fue juzgado y condenado por crímenes de lesa humanidad. Pero la operación perseguía algo más que una venganza personal: a tono con la estrategia de los jerarcas del régimen, Barreiro aprovechó sus cinco minutos de fama para reflotar la “teoría de los dos demonios”, buscando equiparar los crímenes de la dictadura con los delitos cometidos por la guerrilla setentista.
La pretendida discusión ya fue varias veces saldada por fallos judiciales que explicaron la evidente diferencia entre cometer crímenes al amparo del Estado y perpetrarlos desde el ámbito civil. Pero las palabras de Barreiro, como antes las de su jefe y mentor Jorge Rafael Videla, no buscan influir en los tribunales, sino sobre parte de la sociedad que aún se muestra permeable a creer en ese engaño. Es probable que se trate de un grupo pequeño, pero con abundante visibilidad mediática debido al apoyo de medios masivos como el Grupo Clarín, cuyos directivos están siendo investigados por presuntos delitos cometidos en dictadura. Un ejemplo de eso son los llamados “cacerolazos”, manifestaciones supuestamente espontáneas convocadas para protestar contra el Gobierno donde abundan las consignas críticas a las políticas de derechos humanos del kirchnerismo.
En su fulgurante gira audiovisual, Barreiro replicó esas consignas y negó crímenes que ya fueron largamente probados en sede judicial, como el plan sistemático de robo de bebés.
De hecho, el relevamiento del CELS consigna que hay 45 apropiadores civiles imputados.
En ese rubro se contabilizan los “profesionales de la salud”, que suman 32 imputados dentro de la esfera civil. Es conocido el rol que cumplieron los médicos en los partos clandestinos y en la confección de partidas de nacimiento apócrifas. Un caso emblemático, que está siendo analizado en los tribunales federales de Comodoro Py, es el de Julio Sacher, el médico cuyo nombre figura avalando la partida de Ignacio Guido Montoya Carlotto, el nieto de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto.
Sacher fue médico de la Policía Bonaerense durante la última dictadura y este año fue imputado por las labores que ejercía en su consultorio privado de Olavarría. El trabajo también indica que hay ocho sacerdotes involucrados en delitos de lesa humanidad. Entre ellos figura Christian Von Wernich, ex capellán de la Policía de la Provincia de Buenos Aires durante la represión. Está detenido desde 2003 por su participación en delitos cometidos en los centros clandestinos de detención Puesto Vasco, Coti Martínez y el Pozo de Quilmes. Fue condenado en 2007 a reclusión perpetua.
Otro rubro que empieza a estar bajo la lupa judicial es el periodismo. El caso más avanzado es del periodista Agustín Bottinelli, de la revista Para Ti. Como jefe de redacción de aquella publicación de la editorial Atlántida se le adjudica la publicación en 1979 de una entrevista apócrifa a la secuestrada Thelma Jara de Cabezas, detenida en la ESMA.
Pero no es el único. En Bahía Blanca se está investigando al director y dueño del periódico
La Nueva Provincia, Vicente Massot, acusado de haber “marcado” a empleados gráficos que fueron desaparecidos y de haber prestado su diario para la campaña de desinformación que la dictadura implementó para justificar operaciones clandestinas y desapariciones forzadas.
Massot, como Blaquier, son apellidos de peso en el entramado de poder fáctico que desde hace años opera políticas públicas. A veces a cara descubierta, como cuando el editor procesista asumió en el Ministerio de Defensa de Carlos Menem, cuyo gobierno indultó a los genocidas. Aunque la mayoría de las veces maniobra tras las bambalinas, con reuniones como las que el empresario azucarero realiza en su mansión. Y en las que los políticos, como Massa, se comprometen a llevar a la práctica desde el Estado los deseos de estos grupos acostumbrados a canjear gobernabilidad por impunidad.
Informe: Franco Mizrahi
Fuente:Veintitres
En un país aún atravesado por la impunidad, Sergio Massa llamó a un nuevo Punto Final. “La Argentina tiene que cerrar la etapa de los derechos humanos”, proclamó el tigrense, desde las páginas de La Nación. Nada en esa declaración fue casual. Ni el medio escogido –dictadura friendly–, ni la oportunidad: con tres décadas de demora, y luego de lograr que cientos de genocidas de uniforme purguen condenas en cárcel común, los argentinos estamos cerca de asistir al juzgamiento de los cómplices civiles de la última dictadura que asoló al país.
¿Acaso Massa pensaba en ellos cuándo prometió cerrar el camino de memoria, verdad y justicia que millones de argentinos decidimos transitar? ¿Fue un guiño hacia el centenar de ricos y poderosos que acumularon influencia y millones durante la represión ilegal? Exento de ideas, convicciones y antecedentes que le adjudiquen algún grado de compromiso con la lucha por los derechos humanos, Massa se presenta como el candidato ideal para esa logia que busca prorrogar privilegios. Pero no está solo en el intento: Mauricio Macri, hijo de una dinastía que se enriqueció en dictadura, lleva años pregonando impunidad.
De hecho, fue el intendente porteño quien lanzó la primera piedra al sugerir que en caso de ser electo terminaría con “el curro de los derechos humanos”. Desesperado por no quedar rezagado frente a la platea reaccionaria, el tigrense dobló la apuesta y sugirió un nuevo Punto Final. Es probable que el discurso de los presidenciables haya conectado con un sector del electorado que, bajo los efectos de la difundida “ola de inseguridad”, aún vocifera que “con los militares esto no pasaba”. Pero no parecen ser los votantes los únicos –ni siquiera los principales– destinatarios del mensaje. Como lo explicó Massa: terminar “bien” la etapa de los DDHH implicaría completar los juicios que están iniciados, donde se juzga a la mano de obra criminal aportada por fuerzas militares y de seguridad. Eso es indetenible, y salvo el pataleo de los genocidas que se quejan por tener que cumplir sus penas en cárcel común, en la Argentina hay consenso mayoritario para que asesinos y torturadores paguen por sus crímenes en prisión. Pero al establishment, que hace tiempo les soltó la mano a sus ex socios de uniforme, le preocupa lo que sigue: el juicio y castigo a la complicidad civil.
De acuerdo al Centro de Estudios Legales y Sociales, sobre un total de 2.541 acusados, ya hay 306 civiles imputados en causas donde se investigan crímenes de lesa humanidad. El primer detalle que surge de ese recuento provoca escalofríos: la mayor cantidad de civiles imputados pertenecen al ámbito judicial. El dato demuestra, primero, la estrecha ligazón que hubo entre varios tribunales y el plan criminal. Ratifica, también, que la depuración de ese poder es una deuda de la democracia, y que recién ahora se comienza a penetrar en la coraza corporativa de una institución que logró mantenerse casi inalterable desde la dictadura.
El relevamiento realizado por el CELS muestra que del total de civiles imputados, casi la mitad se divide entre funcionarios judiciales y Personal Civil de Inteligencia de las diversas fuerzas armadas y de seguridad. Cada rubro cuenta con 70 imputados, es decir que reunidos suman el 46 por ciento del total de civiles con proceso judicial abierto. Pero la complicidad civil con el terrorismo de Estado fue diversa, e incluyó un entramado de negocios que aún persiste.
En la actualidad hay 15 empresarios imputados por violaciones a los derechos humanos. Uno de ellos es Carlos Pedro Blaquier, ex titular del Ingenio Ledesma, quien lleva dos años procesado como cómplice en el secuestro de 29 trabajadores de su compañía. El caso es paradigmático por varias razones. Amo y señor del norte argentino, Blaquier fue un hombre de poder antes, durante y después de la dictadura. Esa condición le permitió gozar de impunidad y beneficios que se perpetúan. Un ejemplo: el tribunal que debería juzgarlo por los crímenes cometidos en la denominada “Noche del apagón” lleva años sin poder actuar debido a distintas zancadillas legales que postergan la realización del juicio oral. Mientras tanto, el octogenario mandamás de Ledesma sigue activo al frente de sus empresas y animando fragotes políticos en su mansión.
El 6 de diciembre pasado, La Nación informó sobre uno de esos encuentros, al que asistió una fracción del poder económico local. Según relató el columnista Francisco de Olivera, el empresario organizó un encuentro bien servido y regado en La Torcaza, la imponente casona de las Lomas de San Isidro donde los invitados son agasajados con perdices y cerdos criados en los dominios del anfitrión. Hacia allí peregrinaron el consiglieri de Techint, Luis Betnaza; el titular de FIAT argentina, Cristiano Rattazzi; el empresario azucarero Roberto Arano; el abogado de la UIA Daniel Funes de Rioja; el ejecutivo de Ledesma, Federico Nicholson, y el diputado y referente de la UIA, José Ignacio de Mendiguren. El invitado de honor: Sergio Massa, el candidato que pocos días después de ese encuentro lanzó su propuesta de Punto Final. ¿Casualidad? En política se puede ser cualquier cosa, menos ingenuo.
Las declaraciones del tigrense y del intendente porteño coincidieron en tiempo y forma con la súbita reaparición pública de Ernesto “El Nabo” Barreiro, jefe de represores del Centro Clandestino La Perla, que está siendo juzgado en Córdoba por más de 500 crímenes de lesa humanidad. En una movida sorpresiva, Barreiro entregó al tribunal que lo juzga un listado con la supuesta identificación y el paradero de unos 25 desaparecidos. El episodio tenía rasgos de gesto inédito: por primera vez un represor ofrecía información sobre sus crímenes, rompiendo un pacto de silencio que lleva tres décadas de vigor. El hecho fue comentado incluso por la presidenta Cristina Fernández, quien valorizó que un militar ofreciera información al tribunal. Pero el montaje duró poco tiempo. En los días siguientes, Barreiro ofreció una serie de entrevistas donde aclaró que lo que él había entregado era supuesta información relativa a desapariciones ocurridas entre agosto de 1975 y marzo de 1976, es decir, antes de que se instaurara la dictadura y él mismo se afincara en Córdoba para ejecutar el terrorismo de Estado. Así las cosas, el pretendido “aporte” de Barreiro se refería a crímenes presuntamente cometidos por una organización ligada a la Triple A, la temible patota paramilitar de José López Rega que en Córdoba operó bajo el mando del capitán Héctor Vergez, un viejo enemigo de Barreiro que ya fue juzgado y condenado por crímenes de lesa humanidad. Pero la operación perseguía algo más que una venganza personal: a tono con la estrategia de los jerarcas del régimen, Barreiro aprovechó sus cinco minutos de fama para reflotar la “teoría de los dos demonios”, buscando equiparar los crímenes de la dictadura con los delitos cometidos por la guerrilla setentista.
La pretendida discusión ya fue varias veces saldada por fallos judiciales que explicaron la evidente diferencia entre cometer crímenes al amparo del Estado y perpetrarlos desde el ámbito civil. Pero las palabras de Barreiro, como antes las de su jefe y mentor Jorge Rafael Videla, no buscan influir en los tribunales, sino sobre parte de la sociedad que aún se muestra permeable a creer en ese engaño. Es probable que se trate de un grupo pequeño, pero con abundante visibilidad mediática debido al apoyo de medios masivos como el Grupo Clarín, cuyos directivos están siendo investigados por presuntos delitos cometidos en dictadura. Un ejemplo de eso son los llamados “cacerolazos”, manifestaciones supuestamente espontáneas convocadas para protestar contra el Gobierno donde abundan las consignas críticas a las políticas de derechos humanos del kirchnerismo.
En su fulgurante gira audiovisual, Barreiro replicó esas consignas y negó crímenes que ya fueron largamente probados en sede judicial, como el plan sistemático de robo de bebés.
De hecho, el relevamiento del CELS consigna que hay 45 apropiadores civiles imputados.
En ese rubro se contabilizan los “profesionales de la salud”, que suman 32 imputados dentro de la esfera civil. Es conocido el rol que cumplieron los médicos en los partos clandestinos y en la confección de partidas de nacimiento apócrifas. Un caso emblemático, que está siendo analizado en los tribunales federales de Comodoro Py, es el de Julio Sacher, el médico cuyo nombre figura avalando la partida de Ignacio Guido Montoya Carlotto, el nieto de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto.
Sacher fue médico de la Policía Bonaerense durante la última dictadura y este año fue imputado por las labores que ejercía en su consultorio privado de Olavarría. El trabajo también indica que hay ocho sacerdotes involucrados en delitos de lesa humanidad. Entre ellos figura Christian Von Wernich, ex capellán de la Policía de la Provincia de Buenos Aires durante la represión. Está detenido desde 2003 por su participación en delitos cometidos en los centros clandestinos de detención Puesto Vasco, Coti Martínez y el Pozo de Quilmes. Fue condenado en 2007 a reclusión perpetua.
Otro rubro que empieza a estar bajo la lupa judicial es el periodismo. El caso más avanzado es del periodista Agustín Bottinelli, de la revista Para Ti. Como jefe de redacción de aquella publicación de la editorial Atlántida se le adjudica la publicación en 1979 de una entrevista apócrifa a la secuestrada Thelma Jara de Cabezas, detenida en la ESMA.
Pero no es el único. En Bahía Blanca se está investigando al director y dueño del periódico
La Nueva Provincia, Vicente Massot, acusado de haber “marcado” a empleados gráficos que fueron desaparecidos y de haber prestado su diario para la campaña de desinformación que la dictadura implementó para justificar operaciones clandestinas y desapariciones forzadas.
Massot, como Blaquier, son apellidos de peso en el entramado de poder fáctico que desde hace años opera políticas públicas. A veces a cara descubierta, como cuando el editor procesista asumió en el Ministerio de Defensa de Carlos Menem, cuyo gobierno indultó a los genocidas. Aunque la mayoría de las veces maniobra tras las bambalinas, con reuniones como las que el empresario azucarero realiza en su mansión. Y en las que los políticos, como Massa, se comprometen a llevar a la práctica desde el Estado los deseos de estos grupos acostumbrados a canjear gobernabilidad por impunidad.
Informe: Franco Mizrahi
Fuente:Veintitres
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