30-1-2015
Proyecto
Hoy
Reforma en Inteligencia: oficializan el llamado a sesiones extraordinarias
Proyecto
Hoy
Reforma en Inteligencia: oficializan el llamado a sesiones extraordinarias
El Poder Ejecutivo Nacional publicó en el Boletín Oficial la convocatoria para tratar, durante febrero, la creación de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). El anuncio sobre la creación de la AFI fue dado por la Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, el lunes pasado.
Telam
El temario de la convocatoria del Poder Ejecutivo abarca la consideración de "acuerdos para designaciones y promociones" así como de "tratados, convenios y acuerdos Internacionales", y la creación de la Agencia Federal de Inteligencia tras la disolución de la ex SIDE.
Según lo adelantado el lunes por la Presidenta en su mensaje en cadena nacional, la AFI tendrá un director y un subdirector que, si bien serán designados por el Ejecutivo, deberán pasar por la aprobación del Senado. Otro punto de saliente del proyecto es la transferencia del sistema de escuchas telefónicas a la órbita de la Procuración General de la Nación.
Una vez creada por el Parlamento, la AFI trabajará en un ámbito concreto de defensa frente a ataques externos o frente a delitos complejos por su globalización, como la trata de personas, el narcotráfico, el ciberdelito, o los delitos económicos.
Las actividades de inteligencia interna solo quedarán limitadas a la investigación en materia de delitos federales complejos, inteligencia criminal o atentados contra el orden institucional o constitucional que prevé el artículo 36 de la Constitución nacional.
En la iniciativa se establece un plazo no prorrogable, que no podrá ser mayor a 90 días, para que la norma entre en vigencia. Las encargadas de dar inicio a la discusión serían las comisiones de Asuntos Constitucionales, a cargo de Marcelo Fuentes, y de Justicia y Asuntos Penales, que dirige Pedro Guastavino. Luego, la iniciativa sería girada también a la Comisión de Presupuesto.
El proyecto también clasifica la información según sea confidencial, secreta, reservada o pública, y al mismo tiempo se crean bancos de protección de datos y archivos de inteligencia. Por otra parte, la Presidenta enfatizó que de sancionarse la ley "ningún funcionario va a poder contactarse con tal agente o tal persona: la única vía que tienen los funcionarios para conectarse con la Agencia va a ser la institucional, en la persona de su director y subdirector”. Por eso, serán penalizados “todos los empleados o funcionarios que tomen contacto con los servicios de inteligencia por afuera de los canales institucionales”.
"Esta es una deuda de la democracia. Tal vez me toca a mí hacer la reforma. Hemos visto una suerte de calesita permanente de fiscales, jueces, medios de comunicación, que evidentemente ha quedado a descubierta y que hay que cortar de cuajo", dijo Cristina al anunciar el cese de la SI y el envío del proyecto de nueva Agencia Federal de Inteligencia.
29-1-2015
Escuchas
En otros países de Latinoamérica las escuchas están en la órbita de la Procuración
Por qué las escuchas no pueden pasar a la Corte Suprema
Escuchas
En otros países de Latinoamérica las escuchas están en la órbita de la Procuración
Por qué las escuchas no pueden pasar a la Corte Suprema
La jurista Graciana Peñafot explicó a Infojus Noticias "que resulta inviable desde la propia jurisprudencia de la Corte Suprema delegarle tareas administrativas. "Las funciones no pueden exceder las competencias constitucionales", y dio como ejemplo varios fallos.
En la reforma del sistema de inteligencia, la presidenta Cristina Fernández anunció el traspaso del sistema de escuchas judiciales -conocido en la jerga con el nombre de Ojota- a la órbita de la Procuración. Aunque el proyecto de ley aún no se dio a conocer públicamente, algunas voces de la oposición – el Frente Renovador, el Pro y la Coalición Cívica, entre otros partidos- rechazaron la propuesta y se pronunciaron a favor que pase a manos de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, esa medida sería inconstitucional.
“Es algo que no está sujeto a debate, porque resultaría inviable desde la propia jurisprudencia de la Corte delegarle competencias administrativas. En este sentido, la Oficina de Observaciones Judiciales no podrá estar asignada a la Corte porque así lo marcan leyes que tienen vigencia desde 1984”, dijo a Infojus Noticias Graciana Peñafort, directora de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa.
En la jurisprudencia que delimita el marco de acción del máximo tribunal, se deja en claro que “no resulta constitucional atribuirle funciones que excedan sus competencias constitucionales”. Peñafort explicó que hay varios fallos, “pero centralmente está el que se refiere a la inaplicabilidad de la Ley 22.192, que otorgaba a la Corte la facultad de designar a los miembros del Tribunal de Ética Forense. El máximo tribunal lo rechazó, porque excedía notoriamente el marco de las atribuciones jurisdiccionales que la Constitución otorga a este Tribunal Superior y a las cuales debe ceñirse estrictamente en su accionar”.
¿Por qué la Procuración sería el organismo más adecuado para investigar las escuchas telefónicas? Peñafort opinó, al igual que la presidenta, que es el único ministerio extra-poder, que no depende del Poder Ejecutivo, ni de la Corte ni del Poder Legislativo. “Los fiscales son los que hacen las investigaciones, entonces es coherente que el organismo que los controla esté a cargo de las escuchas. ¿Quién lo manejaría sino? Está claro que la Corte no tiene como función propia la de investigar”. Y agregó: “La oposición rechaza el proyecto porque rechaza cualquier cosa, rechaza a Carlés por ser joven, dice que la SIDE no sirve y ahora la defiende. Ni siquiera han leído el proyecto de ley, pero entiendo que con el tema de las escuchas les preocupa que ya no puedan acceder al control de las mismas”.
El de Argentina no sería el primer caso en Latinoamérica en que la Procuración quede a cargo de las escuchas: en Paraguay, Colombia y Guatemala las interceptaciones telefónicas legales están a cargo del Ministerio Público Fiscal. “Está muy bien quitarle la Oficina de Observaciones Judiciales a la ex SIDE y pasarlas a otro organismo como el Ministerio Público. Que sea un sistema que tenga que tener niveles de secreto no quiere decir que tenga que ser un sistema oscuro”, explicó a Infojus Noticias el especialista Alberto Binder, director del Instituto Latinoamericano sobre Seguridad y democracia (Ilsed).
29-1-2015
Inteligencia
La SIDE se fundó en 1946
Desmilitarizar la SIDE, el objetivo alfonsinista
Inteligencia
La SIDE se fundó en 1946
Desmilitarizar la SIDE, el objetivo alfonsinista
Con el retorno democrático, el gobierno de Raúl Alfonsín heredó la Secretaria de Inteligencia del Estado (SIDE) que funcionó como un engranaje determinante en el aparato de exterminio de la dictadura. La desmilitarización tuvo sus consecuencias: secuestros, asesinatos y custodios presidenciales infiltrados. Eso, en un contexto político sinuoso entre el movimiento Carapintadas y el copamiento a La Tablada.
Una de las herencias más pesadas que recibió Raúl Alfonsín al asumir la presidencia en la reapertura democrática fue el control de la Secretaria de Inteligencia del Estado (SIDE), pieza fundamental del aparato de exterminio que montó la última dictadura cívico-militar. El proceso de desmilitarización de la SIDE y tratar de romper sus lazos con los servicios de inteligencia de las tres armas (Ejército, Armada, Fuerza Aérea) fueron dos objetivos que Alfonsín llevó adelante, no sin tener que asumir consecuencias. El histórico dirigente del radicalismo Leopoldo Moreau explicó a Infojus Noticias que tuvieron que sufrir “algunos cimbronazos o intentos de desestabilización: el más grave fue el secuestro del empresario Sivak que no sólo lo secuestraron sino que lo asesinaron y nos infiltraron nada más y nada menos que a Raúl Guglielminetti en la custodia del propio presidente de la Nación”.
Moreau define a la SIDE, desde su fundación en 1946, como “un ámbito cooptado por las fuerzas militares, tanto es así que los jefes de la SIDE era o generales, brigadieres o almirante que se iban turnando en la conducción del organismo de inteligencia”. Esta relación se profundizó durante la etapa de la dictadura militar cuando la SIDE pasó a ser uno de los eslabones esenciales de la cadena represiva. “La primera tarea de nuestro gobierno podríamos decir que fue la desmilitarización de la SIDE”, resaltó Moreau.
“El presidente Alfonsín designó un secretario civil, cosa que no había ocurrido a lo largo de toda la historia de la SIDE y fuimos separando, a medida que las circunstancias lo iban permitiendo, a todos los oficiales ya retirados de la Fuerzas Armadas. Tratamos de ir dándole mayor grado de profesionalidad civil”, completó Moreau. El primer jefe del organismo durante el alfonsinismo fue Roberto Peña que mantuvo el cargo hasta 1986. Entonces fue sucedido por Facundo Suárez, un referente del radicalismo de la época.
Alfonsín y Moreau
La ultraderecha
“Este organismo, a partir del gobierno democrático ha dejado de tener injerencia militar”, dijo Suárez en agosto de 1987, en una entrevista a la revista El Periodista y reforzó: “Yo creo que los militares no deben atender hipótesis de conflicto interior en un gobierno democrático”. Sin embargo, en toda la entrevista los periodistas Julio Villalonga y Daniel Vila pusieron en duda que desde las tres armas se hubiera abandonado el trabajo en inteligencia interior.
En la entrevista, Suárez busca legitimar el profesionalismo de sus agentes y destaca que la SIDE mantenía por entonces convenios de formación con Alemania Federal e Israel. Además, Suárez expresó que se recibían numerosas amenazas contra el presidente Alfonsín y que por eso se reforzó su custodia. También se refirió a las filtraciones de información que los medios de comunicación de la época publicaron: “Que existan filtraciones informativas es un asunto grave”, aseguró, pero le bajó el tenor a la respuesta diciendo que nunca se les filtró nada grave. Para Suárez esas filtraciones tenían que ver con grupos internos que pretendían forzar cambios en sentido diferente a los propuestos por la presidencia. “La que intenta perturbar es la ultraderecha, la izquierda está en oposición al gobierno pero no en la desestabilización”.
A meses del primer levantamiento Carapintada, Suárez ponía el foco en los sectores de la ultraderecha y descartaba toda posibilidad de “rebrotes guerrilleros” argumentando que en caso de surgir denuncias de ese tipo serían “para echarle la culpa a una guerrilla inexistente y justificar el accionar de la derecha”.
El mayor Guastavino
Raúl Alfonsín está vestido con traje claro y corbata oscura de pequeños lunares. Atrás se ven periodistas y entre ellos un hombre, también de traje y corbata, con la cabeza ladeada. Es uno de los custodios del Presidente: Raúl Guglielminetti. Antes de esa foto, no muchos antes, en las mazmorras del centro clandestino de detención Automotores Orletti, no se hacía llamaban así, sino “Mayor Guastavino”.
Raúl Guglielminetti durante la última dictadura cívico-militar fue uno de los miembros del temible Batallón de Inteligencia 601 y miembro de la patota que actuó en el Orletti bajo las órdenes del ex jefe de la Triple A, Aníbal Gordon. El juez Federal Daniel Rafecas que llevó adelante la investigación de los delitos de lesa humanidad en ese CCD sostuvo que Orletti dependía de la SIDE, a cargo de Otto Paladino. Desde ahí se coordinaron las acciones del Plan Cóndor entre Argentina y Uruguay.
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En 1985, la información de que un servicio de inteligencia vinculado a la represión custodiaba al Presidente estalló. Guglielminetti huyó a Europa hasta que fue hallado y detenido en España. Suárez en la entrevista con El Periodista también habló sobre esto: “Guglielmineti volvió porque se sentía rodeado. Habló conmigo, me dijo que no aguantaba más y se entregó porque no tenía otra alternativa. Y les recuerdo que el escándalo Guglielminetti no se produjo durante mi gestión, pero se resolvió en ella”.
“El Mayor Guastavino” fue uno de los beneficiados con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Igual fue detenido por un allanamiento en el que se le encontró un arsenal en su casa. Cumplió condena y quedó en libertad en 1989. En agosto de 2006, Interpol lo detuvo en Mercedes a pedido del juez Rafecas por su actuación en la dictadura en el circuito represivo Atlético-Banco-Olimpo. Cuatro años después fue condenado a 20 años de prisión.
Moreau definió lo ocurrido como “maniobras de infiltración que los servicios llevan a delante, en aquella época, el ministro del interior, Antonio Tróccoli lo calificó como mano de obra desocupada, esa mano de obra fue la que accionó en el secuestro de Sivak. Son modos de mimetización que tienen estos grupos de servicios”.
Secuestros extorsivos
El empresario Osvaldo Sivak fue secuestrado dos veces. La primera, por miembros del Batallón de Inteligencia 601, en 1979. La segunda, fue a mediados de 1985 a manos de la llamada “Banda de los comisarios”. Estuvo desaparecido durante 28 meses. Su cuerpo fue encontrado en noviembre de 1987, enterrado en un campo a 50 kilómetros de la Capital.
Durante su primer cautiverio, los agentes del 601–policías federales al mando del Ejército– pidieron un millón y medio de dólares. Sobre el destino de ese dinero hay dos teorías: una, la que dice que el 601 abonaba una caja que sostenía económicamente la “lucha contra subversión” y otra que estaba destinada a poner en funcionamiento un diario –con las rotativas confiscadas a La Opinión– para respaldar al general Viola como remplazo de Videla al frente del aparato de exterminio. El plan se frustró porque en el momento del pago del rescate un operativo policial detuvo a los secuestradores.
La suerte del empresario en democracia fue otra. La banda compuesta con policías y agentes que habían prestado servicio en el 601 y tenían vínculos con la SIDE desde fines de la dictadura se dedicaba a los secuestros extorsivos. Integrada por los ex policías Ignacio Báez, Roberto Ignacio Buletti, Héctor Rubén Galeano, José Benigno Lorea, Carlos Alberto Lorenzatti y Félix Roque Miera, fueron desbaratados luego de una extensa investigación que tuvo a la cabeza al comisario Juan Ángel Pirker. “Pirker fue una pieza clave en el saneamiento de la Policía Federal después de la dictadura”, explicó Moreau.
El caso Sivak fue el más resonante de los secuestros extorsivos de la época alfonsinista. Para Leopoldo Moreau no hay dudas de fue un muerto vinculado a las reformas hechas en la Secretaría de Inteligencia del Estado.
Carapintadas
“Cuando fui secretario de Interior, entre el 88 y el 89, hasta que Alfonsín entregó el poder, junto con el ministro teníamos reuniones semanales o quincenales con el secretario de la SIDE que era Facundo Suárez y con su segundo. En esas reuniones el foco central estaba apuntado a los Carapintadas. El gran problema que tenía el gobierno de Alfonsín apuntaba a ese movimiento”, contó a Infojus Noticias Ricardo Gil Lavedra.
La referencia que hace el histórico dirigente radical está relacionada con el acuartelamiento de los Carapintada de Semana Santa de 1987, con epicentro en la Escuela de Infantería de Campo de Mayo. A la cabeza de este movimiento estuvo Aldo Rico igual que en el segundo acuartelamiento, ocurrido el 14 y el 18 de enero de 1988 en Monte Caseros, Corrientes. El tercero fue encabezado por el entonces coronel Mohamed Alí Seineldín, con epicentro en Villa Martelli. Los tres levantamiento horadaron el gobierno alfonsinista e instalaron en el imaginario la posibilidad del retorno de los militares al poder.
Leopoldo Moreau explicó que para 1987 ya se había “desmilitarizado mucho la SIDE y además intentamos con relativo éxito, cortar la influencia y la relación que mantenían los servicios de inteligencia de las tres armas con la SIDE. No lo logramos totalmente, todavía existían parentescos, lazos”. En ese mismo sentido, Gil Lavedra no tienen dudas de que la SIDE estaba “bastante infectada de “mano de obra” que actuara en épocas de la dictadura” y confirma que la mayor hipótesis de conflicto del período apuntaba de lleno a los Carapintadas.
La Tablada
–Raúl, es verdad, son del MTP.
–¡No puede ser! ¡Qué hijos de mil putas!
El que confirma la autoría del copamiento al Regimiento de Infantería Mecanizado 3 General Belgrano de La Tablada es el jefe de la SIDE Facundo Suárez. El que contesta, el presidente Raúl Alfonsín. Cuentan los periodistas Darío Gallo y Gonzálo Álvarez Guerrero en su libro “El Coti”, biografía no autorizada de Enrique Nosiglia, que Alfonsín recibió la información en mangas de camisa, agobiado por el calor de enero en un despacho con los aires acondicionados apagados por la crisis energética del ‘89.
“Al Gobierno lo agarró absolutamente por sorpresa, al punto que la primera conferencia de prensa que dio José Ignacio López ignoraba quiénes eran los atacantes. La primera versión era que se trataba de otro levantamiento de los Carapintadas, que es lo que se esperaba. Hay un discurso de Alfonsín poco días antes donde alerta sobre el tema, la preocupación estaba en los Carapintadas”, recordó Gil Lavedra.
La reacción del presidente excedía la sorpresa de confirmar que no eran los Carapintadas los que habían entrado en La Tablada. Quizás la bronca haya sido no haberlo previsto o, mejor dicho, no haber reparado en el informe que seis meses antes le acercó la SIDE caracterizando al Movimiento Todos por la Patria, la organización política que tuvo como máximo referente a Enrique Aroldo Gorriarán Merlo y que surgió como un intento de síntesis política de las izquierda revolucionaria de los ’70.
El informe vio la luz un día después del copamiento, en el diario Ámbito Financiero, y según consta en sus páginas después de hacer un análisis de los miembros del movimiento, de su raíz ideológica y de sus políticas de alianzas, el informe concluye: “Por las mismas causas apuntadas y sumando a ello el grado de reserva y encubrimiento con que sus miembros suelen desenvolverse y/o encarar algunas de sus actividades o reuniones, tampoco sería descartable que, si sus intereses así lo impusieran, el MTP considere un eventual retorno a la lucha armada, habiendo asumido ya errores y experiencias anteriores”.
El copamiento de La Tablada terminó en una masacre: 33 militantes, 9 militares y dos policías muertos. La causa que investigó las desapariciones de dos militantes MTP que participaron en aquel copamiento del 23 de enero de 1989 estuvo a cargo, entre otros del fallecido fiscal Alberto Nisman que por entonces trabajaba en el Juzgado en lo Criminal y Correccional 1 de Morón. Su tarea, solicitada especialmente por el juez Gerardo Larrambebere, era investigar la desaparición de los militantes Iván Ruíz y José Díaz que habían sido capturados con vida pero que los militares afirmaban que habían logrado escapar desarmados y heridos, después de combatir durante ocho horas, de un cuartel rodeado de policías y militares. Nisman abaló esa teoría y por eso se dictó captura internacional para los dos militantes que aún permanecen desaparecidos.
29-1-2015
Inteligencia
"Que la Presidenta defina estas medidas me parece importante", dijo.
Reforma de Inteligencia: “Me parece buena la decisión política”
Lo dijo el titular del Ministerio Público Fiscal porteño, Martín Ocampo. El ex legislador del PRO celebró la decisión de la presidenta Cristina Fernández y se mostró de acuerdo con que la transformación sea debatida entre las distintas fuerzas políticas en el Congreso.
Martín Ocampo, titular del Ministerio Público Fiscal porteño, respaldó la iniciativa de la presidenta Cristina Fernández para reformar los sistemas de inteligencia. “Que se aborde esto que viene siendo una problemática para Argentina desde hace un tiempo, y que la Presidenta defina estas medidas me parece importante”. En el sistema judicial de la ciudad de Buenos Aires hasta ahora también se debía recurrir a la Secretaría de Inteligencia para solicitar escuchas telefónicas e interceptación de comunicaciones.
Ocampo fue legislador del PRO entre 2007 y 2011, y desde el año pasado encabeza el cuerpo de fiscales en la ciudad. “Es un tema estratégico para el desarrollo del país”, opinó sobre el proyecto de ley. Lamentó el contexto en que surgió la iniciativa, dijo que “no es el mejor”, por la muerte de Alberto Nisman, “pero bienvenida sea la decisión” de reformular los servicios de inteligencia. Y analizó: “Estamos en una situación de alerta, porque lo que sucedió nos hace pensar que la actividad puede ser bastante riesgosa”.
“Espero que el debate sea amplio y se permita la participación de todos los sectores políticos para que la medida pueda sustentarse en el tiempo”, dijo el fiscal general. Recordó que en el Congreso de la Nación ya hubo otros proyectos para modificar el sistema de Inteligencia. “Me parece buena la decisión política, aunque lamento que sea en un momento en que todos los fiscales estamos en una situación de crisis por la muerte de Nisman, que llevaba la causa más importante de Argentina por su complejidad e implicancias internacionales”, planteó.
El titular del Ministerio Público Fiscal apoyó el traspaso del sistema de escuchas judiciales a la Procuración General de la Nación, un cambio a nivel nacional que no sólo afecta a la justicia federal, sino a todos los sistemas judiciales provinciales y al de la ciudad de Buenos Aires. “Es un avance en relación a lo actual”, dijo Ocampo a Télam, aunque consideró que “la mejor salida hubiese sido que se dé dentro del Poder Judicial”.
El sistema porteño
En la ciudad de Buenos Aires, las pericias y entrecruzamientos de llamadas y mails están a cargo del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ), que depende funcionalmente del Ministerio Público Fiscal. Pero esa dependencia no está habilitada a realizar escuchas telefónicas, porque la Ley de Inteligencia vigente sólo le atribuye esa competencia a la ex SIDE. Cuando en las investigaciones del fuero penal porteño hace falta una escucha, los fiscales porteños deben solicitarle la prueba al juez, que se la encomienda a la Secretaría de Inteligencia.
El CIJ cumple las funciones de una policía judicial, y debe asistir a los fiscales en sus investigaciones por delitos complejos. Está integrado por dos áreas: un departamento de Investigaciones Judiciales y otro Técnico Científico. Allí se brinda apoyo logístico y operativo para las investigaciones, para lo que cuentan con peritos especializados. Entre sus tareas y atribuciones, está la de analizar técnica, jurídica y estratégicamente la información que se desprende de la prueba producida por el fiscal.
La oficina está en la órbita de la Secretaría General de Política Criminal y Planificación Estratégica del MPF, y fue creada en 2008 bajo la gestión del entonces fiscal general Germán Garavano. La ley 2896, que regula su funcionamiento, la puso al servicio del “esclarecimiento de los hechos ilícitos, tanto en el aspecto técnico como en el científico”. El Cuerpo cuenta con un personal de casi 50 personas, entre investigadores, administrativos y analistas.
En un informe elaborado por Garavano poco después de la puesta en marcha del CIJ, se detalla que el organismo “se enmarca en una de las acciones llevadas a cabo por el Gobierno Nacional, como lo es el ‘Plan de Implementación de Laboratorios Regionales de Investigación Forense’, destinado a mejorar la administración de justicia en nuestro país”. Garavano, autor de esa presentación, resaltó que el organismo “ha logrado la coordinación con las fuerzas federales de seguridad”. Y destacó que el laboratorio de esa policía judicial “fue dotado con equipamiento de última generación de investigación criminal financiado con recursos del presupuesto federal”.
Ocampo fue legislador del PRO entre 2007 y 2011, y desde el año pasado encabeza el cuerpo de fiscales en la ciudad. “Es un tema estratégico para el desarrollo del país”, opinó sobre el proyecto de ley. Lamentó el contexto en que surgió la iniciativa, dijo que “no es el mejor”, por la muerte de Alberto Nisman, “pero bienvenida sea la decisión” de reformular los servicios de inteligencia. Y analizó: “Estamos en una situación de alerta, porque lo que sucedió nos hace pensar que la actividad puede ser bastante riesgosa”.
“Espero que el debate sea amplio y se permita la participación de todos los sectores políticos para que la medida pueda sustentarse en el tiempo”, dijo el fiscal general. Recordó que en el Congreso de la Nación ya hubo otros proyectos para modificar el sistema de Inteligencia. “Me parece buena la decisión política, aunque lamento que sea en un momento en que todos los fiscales estamos en una situación de crisis por la muerte de Nisman, que llevaba la causa más importante de Argentina por su complejidad e implicancias internacionales”, planteó.
El titular del Ministerio Público Fiscal apoyó el traspaso del sistema de escuchas judiciales a la Procuración General de la Nación, un cambio a nivel nacional que no sólo afecta a la justicia federal, sino a todos los sistemas judiciales provinciales y al de la ciudad de Buenos Aires. “Es un avance en relación a lo actual”, dijo Ocampo a Télam, aunque consideró que “la mejor salida hubiese sido que se dé dentro del Poder Judicial”.
El sistema porteño
En la ciudad de Buenos Aires, las pericias y entrecruzamientos de llamadas y mails están a cargo del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ), que depende funcionalmente del Ministerio Público Fiscal. Pero esa dependencia no está habilitada a realizar escuchas telefónicas, porque la Ley de Inteligencia vigente sólo le atribuye esa competencia a la ex SIDE. Cuando en las investigaciones del fuero penal porteño hace falta una escucha, los fiscales porteños deben solicitarle la prueba al juez, que se la encomienda a la Secretaría de Inteligencia.
El CIJ cumple las funciones de una policía judicial, y debe asistir a los fiscales en sus investigaciones por delitos complejos. Está integrado por dos áreas: un departamento de Investigaciones Judiciales y otro Técnico Científico. Allí se brinda apoyo logístico y operativo para las investigaciones, para lo que cuentan con peritos especializados. Entre sus tareas y atribuciones, está la de analizar técnica, jurídica y estratégicamente la información que se desprende de la prueba producida por el fiscal.
La oficina está en la órbita de la Secretaría General de Política Criminal y Planificación Estratégica del MPF, y fue creada en 2008 bajo la gestión del entonces fiscal general Germán Garavano. La ley 2896, que regula su funcionamiento, la puso al servicio del “esclarecimiento de los hechos ilícitos, tanto en el aspecto técnico como en el científico”. El Cuerpo cuenta con un personal de casi 50 personas, entre investigadores, administrativos y analistas.
En un informe elaborado por Garavano poco después de la puesta en marcha del CIJ, se detalla que el organismo “se enmarca en una de las acciones llevadas a cabo por el Gobierno Nacional, como lo es el ‘Plan de Implementación de Laboratorios Regionales de Investigación Forense’, destinado a mejorar la administración de justicia en nuestro país”. Garavano, autor de esa presentación, resaltó que el organismo “ha logrado la coordinación con las fuerzas federales de seguridad”. Y destacó que el laboratorio de esa policía judicial “fue dotado con equipamiento de última generación de investigación criminal financiado con recursos del presupuesto federal”.
29-1-2015
Entrevista
“Es la última estructura que le faltaba transparentar a este gobierno”
Entrevista
“Es la última estructura que le faltaba transparentar a este gobierno”
Lo dijo la diputada nacional María Teresa García, presidenta de la comisión bicameral encargada de fiscalizar los órganos de inteligencia. Cómo transparentar el funcionamiento de los sistemas de inteligencia, que implicancias tendrá el debate que se viene y que papel juega la oposición.
La diputada nacional María Teresa García (FPV) preside la comisión bicameral encargada de fiscalizar a los órganos de inteligencia desde mayo del año pasado. En diálogo con Infojus Noticias dijo que la propuesta de crear una Agencia Federal de Inteligencia es un “un cambio de concepto” del sistema de inteligencia y que el cambio de conducción de la ex SIDE en diciembre ya evidenciaba “una nueva mirada sobre el personal” sobre un organismo cuyas zonas oscuras afectaron al poder político en los últimos tres años. Cómo será el debate que se viene y qué papel juega la oposición.
-¿De qué forma el nuevo proyecto de ley transparenta el funcionamiento del sistema de inteligencia?
-Es un cambio de concepto, una nueva comprensión del sistema de inteligencia. Cuando un juez lo requiera, el fiscal podrá relacionarse con el director de la Agencia Federal de Inteligencia. No habrá intermediarios. El ámbito natural de los fiscales es el Ministerio Público, porque es el independiente de los tres poderes. Anoche Pinedo decía que es una barbaridad que las escuchas judiciales dependieran del Ministerio Público Fiscal, pero en la ciudad de Buenos Aires las escuchas telefónicas dependen del Ministerio Público Fiscal, conducido por el ex legislador macrista Martín Ocampo.
-¿Podría existir una purga del personal de la mano de la reforma del sistema de inteligencia?
-La decisión de cambiar la conducción política de la SI en diciembre y el pase a retiro de algunos agentes o funcionarios dan cuenta de esa voluntad. Seguro habrá una nueva mirada sobre el personal, porque se trata de un nuevo sistema.
-¿Cómo calificaría el funcionamiento de la Secretaría de Inteligencia desde la recuperación de la democracia?
-Fueron 30 años de una estructura que faltaba transparentar. Es la última estructura que le faltaba transparentar a este gobierno, a este proyecto político. Siempre supuse que había cosas que no estaban claras. De hecho en la propia denuncia de Nisman se habla de informantes de la SI que finalmente no eran de la SI. Creo que hay zonas oscuras que tampoco están claras dentro de la propia SI. La llamada “mano de obra desocupada” ha estado dando vueltas durante estos últimos 30 años, y ha afectado el poder político no sólo de la presidenta Cristina Fernández sino también de todos los presidentes de la democracia.
-¿Cómo ha sido el funcionamiento de la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia?
-La comisión ha sido cascoteada por la oposición todos estos días, pero sólo puede funcionar cuando tiene un requerimiento judicial o de un particular damnificado en sus derechos constitucionales. No es una comisión como las permanentes, que se reúne para tratar multiplicidad de temas. Hubo pedidos de reunión compulsivos durante estos días, pero no convoqué porque no me parecía políticamente correcto ni oportuno generar expectativas en un área institucional que nada tiene para decir porque su funcionamiento es reservado y secreto. Planteé que cuando tuviéramos más información sobre las causas del fallecimiento de Nisman iba a convocar a la comisión. Pero a partir del anuncio de la presidenta, si prospera el proyecto de ley, esta comisión ya no tendrá razón de existir porque fue creada por la Ley de Inteligencia que rige hoy, que dejaría de tener vigencia.
-¿La comisión intervino alguna vez en el caso AMIA?
-Nunca tuvimos un requerimiento sobre la causa AMIA, ni del fiscal Nisman. Nunca hemos tenido participación en ese tema. Sucedió otro hecho público y político, que es la publicación de información reservada en la web de una ONG de una asesora de Patricia Bullrich. Analizaremos alguna cuestión penal con esta persona, porque no debiera haberlo publicado. No afecta nada en particular, pero ha violado la Ley de Inteligencia.
-¿Cómo será el debate parlamentario?
-Dicen que el Frente para la Victoria aplica la mayoría automática, pero el mejor ejemplo de lo contrario es la propuesta de Daniel Reposo para encabezar la Procuración General. Si hubiéramos aplicado la mayoría automática, Reposo sería procurador. La oposición abrió debates, presentó oposiciones y finalmente Reposo no fue procurador. Y es porque el Frente para la Victoria no resuelve todo con mayoría automática. Estamos abiertos a la discusión, pero muchas veces la oposición está ausente. Es palos porque bogas y palos porque no bogas.
-¿Qué le pareció la reacción de parte de la oposición al anuncio de la presidenta?
-El paseo de la oposición por la TV es irresponsable y políticamente incorrecto, de mínima, porque no se puede hablar de algo que no se conoce. Es la misma práctica de oponerse por oponerse que han tenido todo el año pasado. ¿Cómo puede un precandidato presidencial como Sergio Massa decir que se va a convertir en querellante de la causa? Hay que ser burro para decir una cosa así, porque legamente no puede ser querellante. Sólo se entiende desde la especulación electoral. Políticos de partidos que han gobernado este país desfilaron por los estudios de televisión la semana pasada opinando en consonancia con lo que después anunció la presidenta.
-¿Qué es lo que lleva a la oposición a actuar así?
-Todo estuvo muy convulsionado en estos días, y no hay que mezclar los temas. Hay que ser respetuosos de la muerte del fiscal Nisman, por razones humanas. La oposición ha sido tan irrespetuosa y tan poco seria que dejó en evidencia que hay una voluntad especulativa de ganar dos centímetros de cancha en un sentido electoral. Dicen que el Frente para la Victoria o el peronismo quiere a atropellar la Constitución, pero fue Antonio Cafiero el que estuvo junto a Raúl Alfonsín en el balcón de la Casa Rosada, para sostener la continuidad democrática. Se han dicho barbaridades en estos días. Hay que cuidar las palabras, ser prudentes. No se puede generar miedo en la sociedad.
-¿Hay quienes buscan desestabilizar al Gobierno con estos sucesos?
-Quedó clara la intencionalidad de algunos medios de comunicación, de afectar y desprestigiar la investidura presidencial. Pero han hecho agua. Pero en medio de toda esta información, se omite un dato que es muy importante reiterar, y es que a partir del segundo semestre de este año comienza el juicio oral y público sobre el encubrimiento de la AMIA. Yo no lo separo de esta situación, donde hay sectores involucrados que son de los medios de comunicación, de un ámbito oscuro de la inteligencia que proviene de la noche más negra de la Argentina, e incluso algunos sectores económicos.
Fuente:Infojus
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