EL JUEZ TORRES ELEVARA LA CAUSA POR LA TRANSFERENCIA DEL PREDIO DE PALERMO EN 1991
La venta de la Rural va a juicio oral
Los principales acusados por haber vendido las tierras “a precio vil” son el ex presidente Carlos Menem y el ex ministro Domingo Cavallo. Si hubiera un fallo condenatorio de la operación, el Estado podría insistir con la recuperación del terreno.
Por Sebastián Premici
Por Sebastián Premici
La Sociedad Rural compró en 30 millones de dólares un predio que la Corte Suprema tasó en 131 millones.Imagen: Joaquín Salguero
La causa penal por la venta del Predio Ferial de Palermo a la Sociedad Rural durante el menemismo será enviada a juicio oral en los próximos días. El juzgado de Sergio Torres ya cerró la instrucción y sólo resta que sea enviado a sorteo el tribunal que deberá llevar adelante el juicio oral. En este tramo de la causa hay doce imputados, entre ellos el ex presidente Carlos Menem y el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, acusados de ser los principales artífices de una planificación para la “malversación de caudales públicos” (artículo 261 del Código Penal). También están imputados el ex presidente de la SRA, Eduardo de Zavalía, y el ex secretario de la entidad, Juan Alberto Ravagnan, sumados a varios funcionarios del área dedicada a la venta de tierras del Estado y los tasadores del Banco Ciudad y el Hipotecario. El predio fue entregado a la SRA en 1991 por 30 millones de dólares, cuando existía desde un año antes una tasación oficial por 943 millones de dólares, tomando en cuenta posibles usos comerciales. En 2006, una tasación de la Corte Suprema de Justicia determinó que su valor era de 131 millones de dólares.
La causa penal por la venta del Predio Ferial de Palermo a la Sociedad Rural durante el menemismo será enviada a juicio oral en los próximos días. El juzgado de Sergio Torres ya cerró la instrucción y sólo resta que sea enviado a sorteo el tribunal que deberá llevar adelante el juicio oral. En este tramo de la causa hay doce imputados, entre ellos el ex presidente Carlos Menem y el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, acusados de ser los principales artífices de una planificación para la “malversación de caudales públicos” (artículo 261 del Código Penal). También están imputados el ex presidente de la SRA, Eduardo de Zavalía, y el ex secretario de la entidad, Juan Alberto Ravagnan, sumados a varios funcionarios del área dedicada a la venta de tierras del Estado y los tasadores del Banco Ciudad y el Hipotecario. El predio fue entregado a la SRA en 1991 por 30 millones de dólares, cuando existía desde un año antes una tasación oficial por 943 millones de dólares, tomando en cuenta posibles usos comerciales. En 2006, una tasación de la Corte Suprema de Justicia determinó que su valor era de 131 millones de dólares.
La instrucción estuvo a cargo del fiscal Carlos Stornelli. En su dictamen de agosto del año pasado, en el que solicitó la elevación a juicio, sostuvo que en la venta del predio “se aplicaron normas que no se ajustaban al caso, se omitieron mecanismos de control y dictámenes previos, se soslayaron tasaciones anteriores (expediente 200.706/90 foja 81) y se desconocieron actos legítimos de la misma administración”.
“El más grave incumplimiento y la mayor gravedad que sigue al despojo del patrimonio público e histórico acontecido en manos de un ex presidente (Carlos Menem) y de uno de sus colaboradores más cercanos (Domingo Cavallo) es que se ha observado un claro desprecio a la manda constitucional”, sostuvo Stornelli en su último dictamen.
El Predio Ferial de Palermo fue cedido a la Sociedad Rural en agosto de 1875. Las 12 hectáreas de este terreno formaban parte del Parque Tres de Febrero, que hasta 1852 habían pertenecido a Juan Manuel de Rosas. En diciembre de 1880 se firmó un acuerdo por el cual el gobierno de la provincia de Buenos Aires entregó formalmente dicho parque al gobierno nacional. Desde 1905 en adelante, el Congreso nacional fue el responsable de prorrogarle a la Sociedad Rural el usufructo del predio. Esto resulta relevante, ya que desde aquellos años se consideró al predio como un bien de dominio público. Según la Constitución Nacional, la enajenación de los bienes de dominio público debe realizarse a través del Congreso.
En el dictamen de elevación a juicio se deja constancia de la existencia de un decreto firmado por Antonio Erman González y José Dromi en febrero de 1990, en el que se prorrogaba por 35 años el usufructo del predio en favor de la SRA. Es decir, el Estado continuaba realizando el procedimiento aplicado desde 1905, al considerar al predio como un bien de dominio público. Sin embargo, dicho decreto nunca fue ratificado por el Congreso.
Entre las declaraciones testimoniales y los escritos presentados en el expediente existen contrapuntos con relación a quién fue el primero en manifestar la idea de una operación de compraventa. Desde la SRA sostienen que fue una propuesta de los funcionarios del Estado. Sin embargo, el imputado Matías Ordóñez, ex presidente de la Comisión de Venta de Inmuebles estatales, rechazó tal afirmación, aunque reconoció la existencia de reuniones informales para analizar el tema.
En el expediente administrativo 25.587/88 existe una nota del 14 de noviembre de 1991 en la que la SRA manifiesta por primera vez su intención de comprar el predio de manera directa al considerarlo un bien de dominio privado. Cuatro días después, la Comisión de Venta de Inmuebles envió una comunicación a los bancos Ciudad e Hipotecario para realizar una tasación del predio en cuestión.
El 29 de noviembre de 1991, los bancos dictaminaron al unísono que el predio valía 30 millones de dólares. El boleto de compraventa fue firmado el 20 de diciembre de ese año, a través del decreto 2699/91. Para justificar que existió una posible defraudación al Estado, en la elevación a juicio consta, por ejemplo, que las impugnaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas de la Nación y el contador fiscal fueron incorporadas en el expediente recién en 1992, con los hechos ya consumados.
Hacia fines de 2012, el gobierno nacional dictó el decreto 2552 para revocar la venta del predio en poder la SRA, por considerar que la transferencia se había realizado a “precio vil”. La decisión fue frenada a través de una medida cautelar. La resolución del juicio apunta a dirimir la cuestión de fondo, por lo que, una vez resuelta la cuestión judicial, el predio podría regresar al Estado nacional como bien de dominio público.
Otro acuerdo con FAA
La Federación Agraria y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) acordaron un plan de trabajo conjunto para fortalecer las políticas hacia los pequeños y medianos agricultores de todo el país. Este es el segundo acuerdo entre la entidad gremial y el Gobierno, que marcaría un cambio de época tras la salida de Eduardo Buzzi de la entidad rural. “Teniendo en cuenta la gran representatividad que tiene FAA en las provincias, es indispensable articular el trabajo a futuro, para que esta institución pueda darles la mayor asistencia técnica posible a los agricultores federados”, señaló Omar Príncipe, titular de Federación Agraria. Durante la gestión de Buzzi, la FAA había adoptado la posición de sólo reunirse con representantes del Gobierno si el resto de los integrantes de la Mesa de Enlace eran parte del convite. La semana pasada, el ministro Kicillof anunció que los pequeños productores de hasta 600 toneladas de soja podrán recibir financiamiento del Banco Nación.
Fuente:Pagina12
3-2-2015
Fraude
La SRA compró el terreno "a precio vil".
La venta del predio de la Rural llega a juicio oral
Fraude
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La venta del predio de la Rural llega a juicio oral
El ex presidente Carlos Menem y el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, están entre los doce imputados. La Rural compró el terreno a 30 millones de dólares, cuando las tasaciones superaban los 100 millones. El expediente será sorteado en los próximos días para determinar en qué tribunal será el juicio oral.
La venta del predio ferial de Palermo a la Sociedad Rural Argentina (SRA) durante la década menemista será elevada a juicio oral durante los próximos días. El juzgado de Sergio Torres concluyó la etapa de instrucción y el expediente será sorteado para determinar ante qué tribunal será el juicio. Entre los doce imputados por la maniobra fraudulenta con la que la SRA se hizo del predio están el ex presidente Carlos Menem y el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo. Se los acusa de ser los resposnables del plan para la "malversación de caudales públicos".
El predio llegó a manos de la Sociedad Rural en 1991, por una operación de 30 millones de dólares. El monto fue definido por las tasaciones del Banco Ciudad y el Hipotecario, que coincidieron en el mismo valor a pesar de que había una tasación oficial previa de 943 millones que contemplaba los usos comerciales posibles. La última tasación fue de la Corte Suprema de Justicia, que en 2006 determinó que el valor del terreno alcanzaba los 131 millones de dólares.
Entre los imputados también están el ex presidente de la SRA, Eduardo de Zavalía, y el ex secretario de la entidad, Juan Alberto Ravagnan. Los otros funcionarios involucrados son los del área dedicada a la venta de tierras del Estado y los tasadores del Ciudad y el Hipotecario. Están todos involucrados en la operación reconstruida por el fiscal Carlos Stornelli, que solicitó la elevación a juicio en agosto del año pasado, indicó el diario Página/12.
"Se aplicaron normas que no se ajustaban al caso, se omitieron mecanismos de control y dictámenes previos, se soslayaron tasaciones anteriores y se desconocieron actos legítimos de la misma administración", detalló en ese dictamen. El fiscal apuntó contra el ex presidente y su ministro, y dijo que "el más grave incumplimiento y la mayor gravedad que sigue al despojo del patrimonio público e histórico acontecido en manos de un ex presidente y de uno de sus colaboradores más cercanos es que se ha observado un claro desprecio a la manda constitucional", afirmó.
Una historia antigua
Las doce hectáreas del predio ferial de Palermo pertenecían al Parque Tres de Febrero, que hasta 1852 habían sido tierras de Juan Manuel de Rosas. En agosto de 1875 el predio fue cedido a la Sociedad Rural, y en diciembre de 1880 el gobierno de la provincia de Buenos Aires entregó los terrenos al gobierno nacional tras la firma de un acuerdo. Desde 1905, el Congreso nacional prorrogó periódicamente el usufructo del predio a la SRA, pero siguió siendo un bien de dominio público. Para enajenarlo, hacía falta otra ley del Congreso.
Los entonces ministros de Economía y de Obras y Servicios Públicos, Antonio Erman González y José Dromi, firmaron en febrero de 1990 un decreto que prorrogaba por 35 años el usufructo del predio a favor de la SRA. Así, el Estado continuaba el acuerdo tácito desarrollado desde 1905, pero sin que pasara por el Congreso. Ese decreto nunca fue ratificado por los legisladores. No queda claro quién propuso la compraventa, porque desde la Sociedad Rural sostienen que lo hicieron funcionarios del Estado, pero el ex presidente de la Comisión de Venta de Inmuebles estatales, Matías Ordóñez -que está imputado-, rechazó la afirmación.
En una nota que pertenece al expediente administrativo 25.587/88 hay una nota del 14 de noviembre de 1991 en la que la SRA deja clara su intención de comprar el predio. Cuatro días después, la Comisión de Venta de Inmuebles pidió la tasación a los bancos Ciudad e Hipotecario, que coincidieron en la cifra de 30 millones de dólares en dos dictámenes coincidentes y con la misma fecha. El 20 de diciembre, mediante el decreto 2699/91, se firmó el boleto de compraventa. El Tribunal de Cuentas de la Nación y el contador fiscal impugnaron la operación, lo que encarna una prueba clave para probar si existió una defraudación al Estado.
El gobierno nacional dictó el decreto 2552 a fines de 2012 para revocar la venta del predio que posee la SRA. Se consideró que la transferencia había sido realizada a "precio vil", pero el instrumento fue suspendido a través de una medida cautelar. La resolución de este juicio busca dirimir la cuestión de fondo, que si probara la venta fraudulenta, podría devolver el predio al patrimonio del Estado.
Fuente:Infojus
El predio llegó a manos de la Sociedad Rural en 1991, por una operación de 30 millones de dólares. El monto fue definido por las tasaciones del Banco Ciudad y el Hipotecario, que coincidieron en el mismo valor a pesar de que había una tasación oficial previa de 943 millones que contemplaba los usos comerciales posibles. La última tasación fue de la Corte Suprema de Justicia, que en 2006 determinó que el valor del terreno alcanzaba los 131 millones de dólares.
Entre los imputados también están el ex presidente de la SRA, Eduardo de Zavalía, y el ex secretario de la entidad, Juan Alberto Ravagnan. Los otros funcionarios involucrados son los del área dedicada a la venta de tierras del Estado y los tasadores del Ciudad y el Hipotecario. Están todos involucrados en la operación reconstruida por el fiscal Carlos Stornelli, que solicitó la elevación a juicio en agosto del año pasado, indicó el diario Página/12.
"Se aplicaron normas que no se ajustaban al caso, se omitieron mecanismos de control y dictámenes previos, se soslayaron tasaciones anteriores y se desconocieron actos legítimos de la misma administración", detalló en ese dictamen. El fiscal apuntó contra el ex presidente y su ministro, y dijo que "el más grave incumplimiento y la mayor gravedad que sigue al despojo del patrimonio público e histórico acontecido en manos de un ex presidente y de uno de sus colaboradores más cercanos es que se ha observado un claro desprecio a la manda constitucional", afirmó.
Una historia antigua
Las doce hectáreas del predio ferial de Palermo pertenecían al Parque Tres de Febrero, que hasta 1852 habían sido tierras de Juan Manuel de Rosas. En agosto de 1875 el predio fue cedido a la Sociedad Rural, y en diciembre de 1880 el gobierno de la provincia de Buenos Aires entregó los terrenos al gobierno nacional tras la firma de un acuerdo. Desde 1905, el Congreso nacional prorrogó periódicamente el usufructo del predio a la SRA, pero siguió siendo un bien de dominio público. Para enajenarlo, hacía falta otra ley del Congreso.
Los entonces ministros de Economía y de Obras y Servicios Públicos, Antonio Erman González y José Dromi, firmaron en febrero de 1990 un decreto que prorrogaba por 35 años el usufructo del predio a favor de la SRA. Así, el Estado continuaba el acuerdo tácito desarrollado desde 1905, pero sin que pasara por el Congreso. Ese decreto nunca fue ratificado por los legisladores. No queda claro quién propuso la compraventa, porque desde la Sociedad Rural sostienen que lo hicieron funcionarios del Estado, pero el ex presidente de la Comisión de Venta de Inmuebles estatales, Matías Ordóñez -que está imputado-, rechazó la afirmación.
En una nota que pertenece al expediente administrativo 25.587/88 hay una nota del 14 de noviembre de 1991 en la que la SRA deja clara su intención de comprar el predio. Cuatro días después, la Comisión de Venta de Inmuebles pidió la tasación a los bancos Ciudad e Hipotecario, que coincidieron en la cifra de 30 millones de dólares en dos dictámenes coincidentes y con la misma fecha. El 20 de diciembre, mediante el decreto 2699/91, se firmó el boleto de compraventa. El Tribunal de Cuentas de la Nación y el contador fiscal impugnaron la operación, lo que encarna una prueba clave para probar si existió una defraudación al Estado.
El gobierno nacional dictó el decreto 2552 a fines de 2012 para revocar la venta del predio que posee la SRA. Se consideró que la transferencia había sido realizada a "precio vil", pero el instrumento fue suspendido a través de una medida cautelar. La resolución de este juicio busca dirimir la cuestión de fondo, que si probara la venta fraudulenta, podría devolver el predio al patrimonio del Estado.
Fuente:Infojus
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