01/02/2015
Avances y retrocesos en la Ley de Inteligencia
Autor: CELS
La propuesta de disolver la Secretaría de Inteligencia (SI) y de crear una nueva Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en el vértice del Sistema de Inteligencia Nacional es de absoluta trascendencia política. En un contexto en el que se ha puesto en debate el intolerable nivel de autonomización del aparato de inteligencia nacional y sus relaciones espurias con el sistema político y judicial, la nueva regulación debería servir para promover la reducción de su tamaño, la profesionalización de la actividad y una clara subordinación a las instituciones democráticas y al gobierno político. En igual sentido, representa un avance sustantivo sacarle a esta Agencia la facultad de centralizar las intervenciones telefónicas vinculadas a causas criminales y su traspaso al Ministerio Público. Sin perjuicio de la necesidad de discutir qué corresponde hacer con aquellas que se pretendan realizar en el marco de tareas de inteligencia y que requieren orden judicial.
La conveniencia de avanzar sobre la estructura autonomizada del aparato de inteligencia nacional se puede tornar ineficaz, sin embargo, si se aumentan las competencias de la AFI y se superponen tareas de investigación e inteligencia criminal. En este sentido, el proyecto no reformula la relación promiscua que existe con la justicia federal al otorgarle y reforzar funciones de investigación. Además, se queda a mitad de camino en las modificaciones relativas a la incorporación de nuevos controles políticos, parlamentarios y judiciales que se requieren para transparentar su actividad.
Este proyecto es un avance en el demorado cumplimiento del compromiso que el Estado argentino tomó con las víctimas del atentado a la AMIA en el año 2005. El decreto 812/05 firmado en el marco del trámite del caso ante la CIDH, en el que el CELS acompaña a Memoria Activa, establecía la necesidad de transparentar el uso de los fondos reservados de las agencias de inteligencia y facilitar el acceso a información en el marco de causas judiciales. Sin embargo, el proyecto prevé regulaciones insuficientes para cumplir con este compromiso.
La decisión de reformar la Ley de Inteligencia Nacional impone que se abra finalmente un amplio debate en el Congreso y que gobierno y oposición trabajen en forma cooperativa en el mejoramiento del proyecto sin buscar ventajas coyunturales que desplacen el eje de uno de los temas centrales para el sistema democrático y sus instituciones fundamentales (art. 38, CN). En esta línea, el CELS enviará un conjunto de observaciones al Congreso para aportar a la discusión parlamentaria.
En el documento desarrollamos algunos de los puntos del proyecto que consideramos deben ser revisados por el Congreso de la Nación.
Leer acá.
Envío:AgnDDHH
2-2-2015
Inteligencia
La presentó el legislador porteño Gustavo Vera
Denuncian a cinco agentes de la ex SIDE por enriquecimiento ilícito
Inteligencia
La presentó el legislador porteño Gustavo Vera
Denuncian a cinco agentes de la ex SIDE por enriquecimiento ilícito
El texto tiene 14 páginas e ingresó hoy en la Fiscalía Federal a cargo de Federico Delgado. Según la denuncia, Stiuso y otros cuatro agentes de la ex SIDE figuran como fundadores o directores de empresas que tuvieron un crecimiento exponencial de su patrimonio.
Telam
Delgado debe ahora evaluar el peso de la prueba que acompaña a la denuncia como para darle curso o desestimarla y recién entonces pasarla sorteo para que ingrese a algún juzgado para comenzar la investigación propiamente dicha.
La denuncia apunta a que se investigue el presunto enriquecimiento ilícito de los cinco agentes y, a la vez, que se determine si existen conflictos de intereses entre la función pública que desempeñas y las empresas privadas en las que figuran como parte. Según explica el texto, se le pide a la justicia que realice “una investigación integral” para dar respuestas concretas “del porqué del crecimiento exponencial de los patrimonios de los nombrados y de su integración en distintos tipos societarios que presentan similitudes muy cuestionables entre sí”.
El legislador sostuvo que la actividad económica desplegada por Stiusso no se corresponde con un ingreso mensual de alrededor de 15.000 pesos. Vera sustentó su presentación con datos obtenidos del Boletín Oficial y datos y financieros de sitios de internet especializados en ese tipo de información. El legislador consideró que los ex agentes de inteligencia pueden haber incurrido también los delitos de lavado de dinero y tráfico de influencia.
Las empresas denunciadas
El origen de la información que Vera tomó para efectuar la presentación proviene de “denuncias anónimas” y de investigaciones previas de la Fundación Alameda que en 2011 acusó a Raúl Martins, ex miembro de la SI, de formar parte de una red de trata de personas. En ese marco, dice la denuncia, surgieron elementos que mostraban “el aparente crecimiento patrimonial desproporcionado” de los ahora denunciados.
La empresa American Tape SRL es una de las que está en el foco de la denuncia. Stiuso y dos de los agentes figuran como sus creadores en 1994. En el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial figuran cuatro marcas a nombre de American Tape SRL: AV, AV American Vial y dos con el nombre AV American Vial Construyendo Futuro pero con diferente categoría de operación. Es American Tape la empresa que, según el Boletín Oficial, en el año 2013 “registró un aumento de capital pasando de 6 mil a 6 millones de pesos”.
También aparece mencionada en la denuncia Construcciones y Tecnologías SA, creada en 1997. Se dedica a la construcción, reforma y reparación de redes de distribución de electricidad, gas y telecomunicaciones. Las otras empresas son Establecimiento El Peregrino SA, Avícola de la Cruz SA, distribuidora Hobar SA e Iwsa - Indian Wells SA.
En la denuncia, Vera expresa que existe “una marcada conducta inapropiada temporalmente paralela a la toma del puesto
3-2-2015
Inteligencia
Desde las 14 en el salón Illia
Reforma de Inteligencia: quiénes van al Senado y qué se debate
Inteligencia
Desde las 14 en el salón Illia
Reforma de Inteligencia: quiénes van al Senado y qué se debate
El proyecto enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo establece las bases de la reforma integral del sistema de Inteligencia. El director y el subdirector de la Secretaría de Inteligencia (SI), Oscar Parrilli y Juan Martín Mena, y el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, se acercarán al plenario de comisiones para dar precisiones sobre el texto.
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Patrick Haar
El plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, de Asuntos Constitucionales y la Bicameral Permanente de Fiscalización de Los Organismos y Actividades de Inteligencia, será presidido por el senador Marcelo Fuentes, también presidente en las últimas dos. La reunión está convocada para las 14 en el Salón Ilia, en el primer piso del Palacio del Congreso.
El proyecto enviado el Poder Ejecutivo el pasado viernes, establece las bases de la reforma integral del sistema de inteligencia. "No es sólo un cambio de nombre. No se trata de cambiar algo para que nada cambie. También es más profundo que la mera disolución de la ex SIDE", resumen los fundamentos del texto que crea la Agencia Federal de Inteigencia (AFI). El proyecto propone disolver la actual SI transfiriendo la totalidad de su personal, bienes, activos y patrimonio a la nueva estructura, así como los de la Dirección Nacional de Inteligencia para delitos complejos, dependiente del Ministerio de Seguridad.
En el primer artículo indica la reforma integral del sistema de inteligencia, acorde a los parámetros que fija la Constitución Nacional, los tratados de Derechos Humanos y “toda otra norma que establezca derechos y garantías”.
La Agencia, según el texto de la reforma, será el órgano rector del sistema de inteligencia. Y estará a cargo de la producción de inteligencia ante amenazas internacionales como terrorismo, narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas, ciberdelitos y delitos contra el orden económico y financiero. Mientras que las actividades de inteligencia interior quedarían limitadas a la investigación de “delitos federales complejos, inteligencia criminal o atentados contra el orden institucional y el sistema democrático".
La opinión del CELS
El CELS respaldó públicamente la decisión de disolver la Secretaría de Inteligencia (SI) y crear la agencia, y las consideró medidas de “absoluta trascendencia política”. Destacó como un “avance sustantivo” el traspaso de las escuchas judiciales a la Procuración General de la Nación, sin perjuicio de discutir “qué corresponde hacer con aquellas que se pretendan realizar en el marco de tareas de inteligencia y que requieren orden judicial”.
También señaló el aumento de competencias de la AFI y sugirió una redefinición del concepto de “inteligencia” para establecer claramente cuáles son las funciones propias de esa actividad.
Mediante un comunicado titulado “Avances y retrocesos en la Ley de Inteligencia”, llamó la atención sobre las relaciones “promiscuas” entre los agentes del sistema de inteligencia y los funcionarios del Poder Judicial y los Ministerios Públicos. Planteó que la amplitud de las competencias de la AFI sobre “inteligencia interior” en materia de “investigación criminal” podrían impedir que se ponga fin a ese vínculo espurio entre los actores de ambos sectores.
Uno de los objetivos principales del proyecto de ley es terminar con esas relaciones, por lo que el CELS propuso que la AFI coordine el sistema y analice la información que producen los otros subsistemas. Además, planteó que deben reforzarse los niveles de control político sobre el organismo, que debe levantarse el secreto sobre la identidad del personal que no requiera ese resguardo, y suprimir la reserva sobre los fondos destinados a cubrir gastos propios de la administración de la agencia. Con el comunicado, inauguró el debate que tendrá lugar en el Congreso durante las próximas semanas.
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Fuente:Infojus
Debatirán hoy en el Senado los detalles de la nueva ley de Inteligencia
El secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini; y el secretario y subsecretario de Inteligencia, Oscar Parrilli y Juan Martín Mena, respectivamente, serán los encargados de abrir este martes el debate sobre la nueva ley de Inteligencia anunciada por el Gobierno, durante un plenario de comisiones del Senado.
El objetivo del oficialismo es emitir dictamen ese mismo miércoles para llevar la discusión al recinto el próximo 11 de febrero y luego girarlo a la Cámara de Diputados.
En diálogo con Télam, Fuentes salió al cruce de las críticas de la oposición -que se reunirá este martes antes del plenario para definir si participa del debate- al calificarlas de "inconducentes" y rechazó el reclamo de que el sistema de escuchas telefónicas pedidas por la justicia pase a manos de la Corte Suprema de Justicia en lugar de a la Procuración General de la Nación como sostiene el proyecto.
El senador consideró que a la oposición "el árbol le tapa el bosque" por el "encono" que sienten hacia la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y "no se dan cuenta -acotó- que ese organismo es un segmento extrapoder, de imparcialidad, que da garantías y que independiza para dar esa imparcialidad".
Fuentes también cuestionó los pedidos para "prolongar el debate en el tiempo" y consideró que la oposición tiene el "irracional criterio" de que el gobierno nacional "debe gobernar los primeros dos años y después no hacer más nada".
"Esta reforma apunta a dar un nuevo marco jurídico, no hace falta estar seis meses discutiendo", opinó el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, y fustigó a quienes sostienen que la iniciativa se presentó para "tapar" la muerte del fiscal federal Alberto Nisman.
También mencionó "la resistencia de sectores enquistados en el seno de Inteligencia, que han sido favorecidos por la inacción de las distintas fuerzas políticas y nos hacemos cargo, y que han estado abiertamente en contacto con servicios de Inteligencia extranjeros para oponerse al memorandum firmado con Irán".
Ese acuerdo suscripto entre Argentina e Irán fue pensado para "la cooperación judicial en torno a la declaración de los imputados iraníes", recordó Fuentes, y recordó que fue aprobado por el Congreso de la Nación.
"Es evidente que hay sectores e intereses que no quieren que esto se lleve a cabo", declaró, y expresó la necesidad de "democratizar la justicia" y contar "con un servicio de inteligencia independiente que tenga como objetivo la seguridad nacional y posea independencia de la influencia de otros sectores".
El texto de la propuesta girada al Senado el viernes pasado aclara que la reforma de la SI “no se trata sólo de un cambio de nombre”, precisa que establece la transferencia de las escuchas judiciales al Ministerio Público y dispone que las máximas autoridades del organismo, director y subdirector general, sean designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado.
En el documento se indica, además, que "el cese de ambos funcionarios podrá ser dispuesto por el Poder Ejecutivo nacional".
Según el proyecto, las actividades de inteligencia interior quedarán limitadas a "la investigación de delitos federales complejos, inteligencia criminal o atentados contra el orden institucional y el sistema democrático”.
La reforma del SI dispone que las máximas autoridades del organismo, director y subdirector general, sean designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado
En el capítulo dos, aclara que la AFI tendrá como misión general la dirección y coordinación del sistema nacional de inteligencia y la producción de inteligencia “en defensa de la Nación ante amenazas internacionales de terrorismo, narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas, ciberdelitos, económicos y financieros”.
Entre los fundamentos, el Gobierno también hace hincapié en el hecho de que este proyecto “constituye un paso fundamental para la democracia dado que algunos sectores de los organismos de inteligencia se han considerado superiores o no alcanzados por la democracia”.
Asimismo, según el texto, la AFI deberá quedar constituida en un plazo de 90 días y se determina que toda relación entre la AFI y funcionarios o empleados de cualquiera de los poderes públicos sólo podrá ser ejercida por el Director o el Subdirector de la AFI.
Fuente:TiempoArgentino
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