marzo 30
Este 29 de marzo se cumplió un nuevo aniversario del asesinato de Silvia Suppo en la ciudad de Rafaela en el año 2010. Cinco años de un pedido de verdad y justicia y de una causa judicial marcada por las irregularidades y el encubrimiento.
Silvia Suppo fue asesinada en su local, una talabartería del centro de la ciudad de Rafaela, a plena luz del día. Según la versión policial, entraron a robarle, dado que faltaba el dinero de la caja y alguna mercadería. Desde el primer momento la ciudad de Rafaela y sobre todo los hijos de Silvia, Marina y Andrés, se movilizaron denunciando la anomalía de un crimen con tal ensañamiento en la ciudad y a exigir que el mismo sea considerado un delito de lesa humanidad, por la condición de víctima, testigo y querellante de su madre en causas relacionadas con la última dictadura.
Marina y Andrés denunciaron que la policía y los funcionarios judiciales no protegieron la escena del crimen y ocultaron prueba. El caso se quiso cerrar muy rápido con una policía que allanó el lugar del delito antes que llegue el fiscal y con un Juez, Alejandro Mognaschi, que rápidamente procesó por homicidio calificado por ensañamiento a dos jóvenes lava coches, de 18 y 22 años.
La conformación del Espacio Verdad y Justicia por Silvia Suppo, las marchas exigiendo justicia, la difusión del caso a nivel nacional y sobre todo el pedido de incompetencia que los querellantes presentaron sobre el Juez Mognaschi y la Justicia Provincial, llevaron el caso hasta la Corte Suprema de Justicia, que resuolvió que el caso debe ser investigado por la Justicia Federal.
¿Quién era Silvia Suppo?
Silvia vivía en Rafaela, era militante por los Derechos Humanos, detenida durante la dictadura y testigo crucial en juicios por delitos de lesa humanidad en la Provincia de Santa Fe. Meses antes de su asesinato, su testimonio había sido fundamental en las condenas de la “Causa Brusa”. En el año 2010, cuando la asesinaron, todavía tenía que declarar en la causa por la desaparición de su ex-pareja, Reinaldo Hattemer.
La historia de vida de Silvia es la clave para entender las motivaciones políticas tas su asesinato. Con solo 17 años fue secuestrada en mayo de 1977 junto a su hermano Hugo y su futuro esposo Jorge Destéfani. Ella fue a parar a “La Casita”, centro de detención clandestino de la Guardia de Infantería Reforzada. Privada ilegalmente de su libertad fue sometida a torturas y violaciones reiteradas que le produjeron un embarazo y en cautiverio, le practicaron un aborto.
En la “Causa Brusa”, que investigó los delitos de lesa humanidad cometidos por ex juez federal Víctor Brusa y los ex policías Eduardo Alberto “Curro” Ramos, Héctor Romeo Colombini, María Eva Aebi, Juan Perizotti y Mario Facino sentenció a los imputados a penas que fueron entre los 19 y 23 años de prisión efectiva.
El testimonio de Silvia fue clave para convertir a Brusa en el primer magistrado en recibir una condena por lesa humanidad, al quedar demostrado que presenciaba torturas y les tomaba declaración a los detenidos que se encontraban en los centros clandestinos.
También, su testimonio, fundamentó el primer fallo que estableció la violación como delito de lesa humanidad y tan imprescriptible como la tortura. “Los abusos sexuales y la violación sufrida por la víctima durante su cautiverio (…) constituyen una forma más de tormento y por ende corresponde encuadrar tales hechos en dicha figura penal, constitutiva de crímenes contra la humanidad”, sentenció el Tribunal.
Con todos estos elementos es impensable que la investigación siga la hipótesis del robo como fundamento del asesinato de Silvia. Pero además, por la declaración de un testigo de identidad reservada que denunció vínculos entre los presuntos asesinos y el juez Brusa, y mencionó a dos personas: Miguel Ángel Mendoza y Emiliano Rodríguez. Según averiguaciones de la querella, Mendoza estaba preso en la cárcel de Las Flores, donde está el ex juez, y podría ser el nexo entre los cerebros del crimen y los sicarios.
A contramano de la evidencia, el Juez Federal Reinaldo Rodríguez rechazó investigar la hipótesis de crimen político por encargo y la Cámara Federal de apelaciones de Rosario apartó al mismo de la causa, en respuesta a la recusación presentada por la Querella. Sin embargo, Marcelo Bailaque, el actual Juez a cargo tampoco ha avanzado en medidas investigativas de la hipótesis del crimen político y, en diciembre de 2014, elevó apresuradamente a juicio oral una parte de la causa.
A esto se le sumó la conformación del Tribunal Oral con Luciano Lauría, quien fuera rechazado por todos los organismos de derechos humanos de la provincia y por la querella, en éste y en todos los expedientes donde se tramitan delitos cometidos contra perseguidos políticos. Luciano Lauría, amigo de Victor Brusa, a quien le debe el ingreso al Poder Judicial, es parte del Tribunal que juzgará el asesinato de una de las testigos principales de la Causa que condenó a Brusa a la cárcel.
El pasado 17 de marzo comenzaron las declaraciones, con sólo dos imputados: Cóceres y Sosa, después de que el tribunal aceptara el expediente con las pruebas perdidas y la escena del crimen contaminada. Tal como denuncia el Espacio Verdad y Justicia por Silvia Suppo: “Sorpresivamente, no dejaron ninguna huella en el lugar; ni salieron del local en remis como afirman ya que nunca se lo pudo ubicar al mismo; ni actuaron solos ya que se ha identificado a otras personas en la zona a la hora del crimen”.
“Hoy, estamos en la etapa final de un juicio que puede ser anulado y dejado sin efecto por la Cámara Federal de Casación Penal y por la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación. Terrible absurdo que sólo genera más desgate a los familiares de Silvia y lejos está de acercarnos a la verdad”, añadieron.
Como desde hace cinco años, todos los 29 de marzo, el Espacio Verdad y Justicia por Silvia Suppo marchó por las calles centrales de Rafaela. Y el día martes 31 de marzo convoca a la sentencia de un juicio cuya nulidad será requerida a los Tribunales Superiores en exigencia de una investigación seria con medidas de fondos sustanciales para saber quiénes son los responsables del asesinato.
“Lo que más me queda de la memoria de ella es la lucha. Luchar, no callar y seguir hasta las últimas consecuencias en post de la justicia. Lo que ella siempre me decía es que lo que más deseaba es que se termine la impunidad y que los juicios avanzaran”, son las palabras de Marina Destefani, hija de Silvia.
María Eugenia Rodríguez y Marina Acuña, desde Rosario
Fuente:Notas
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