EL JUEZ PONTET Y SUS USOS DE LA HISTORIA PARA DEFENDER A MASSOT
(Por Ana Belén Zapata)
Para el Juez Pontet, Vicente Massot era un “joven novato periodista de un medio local” en 1976 cuando asesinaron a Heinrich y Loyola. Y que, como tal, “no tuvo arte ni parte” en las decisiones empresariales durante los conflictos del diario con sus trabajadores entre 1973 y 1975, ni cuando luego de los mismos –y como consecuencia de ellos- se produjeron los brutales asesinatos de los gráficos. Pontet -más en rol de defensor que de un juez- opta por creer cien por cien la versión de Massot y en consecuencia resolver la falta de mérito para él en este caso.
A lo largo de su resolución, el juez pretende instalar la idea de que a Heinrich y Loyola los asesinó la Triple A y de esta forma desligar de responsabilidad en estos actos a la patronal de La Nueva Provincia. Para decir eso, en su escrito, Pontet mal usa, falsea y descontextualiza parte de mis trabajos.
El juez llega a decir que: “la investigadora Ana Belén Zapata ha asociado directamente el hecho del que resultaron víctimas HEINRICH y LOYOLA con las acciones perpetradas por el grupo parapolicial conocido como Triple A”, para luego afirmar que “Ana Belén Zapata insiste en la hipótesis que los asesinatos de Heinrich y Loyola son atribuibles a la Triple A”.
Esto además de ser falso y erróneo, es una deliberada tergiversación de mi investigación la cual aparece burda y alevosamente citada casi 17 veces en sus 345 páginas, como si con esto Pontet buscara parafrasear a su DEFENDIDO, Vicente Massot- cuando decía en indagatoria que: “es de particular interés traer a comento los otros libros, ponencias, artículos, que en el curso de los últimos años ha escrito la misma Licenciada en Historia Belén Zapata, que se ha especializado precisamente en el tema de los conflictos laborales que se dieron entre 1973 y 1975 en LNP. Dada la clarísima animadversión de la licenciada respecto de LNP, cosa que es fácil de detectar a partir de la lectura de todo ese material, nadie podría, al menos en su sano juicio suponer que existe de su parte hacia el diario algún tipo de favoritismo”.
Ahora bien, yo digo en un artículo que es necesario comenzar a estudiar los nexos y vasos de convergencia entre las formas de represión paraestatal anteriores a la dictadura y las que se produjeron durante la misma, pensando en lo complejo de las transiciones y más concretamente en las formas de violencia, modus operandi y mano de obra que muchas veces compartieron tanto bandas y organizaciones criminales tipo Triple A, con las fuerzas militares y/o policiales que operaron ya en contexto dictatorial. Es desde esta línea de análisis que menciono el caso de la llamada “Cueva de los leones” como uno de los lugares comunes donde los grupos paraestatales locales arrojaban los cuerpos de sus víctimas, allí donde también aparecieron los cuerpos de Heinrich y Loyola. Pero esto, DE NINGUNA MANERA, es afirmar que a Heinrich y Loyola los mató la Triple A.
El inconsistente argumento de Pontet se fundamenta en “la enemistad abierta entre la Triple A y La Nueva Provincia” interpretando que para la Triple A, asesinar a Heinrich y Loyola fue como “matar dos pájaros de un tiro” al eliminar a dos obreros “vinculados a Montoneros” (?!!) y al mismo tiempo dañar al diario frente al cual sentían aversión. ¿Pero cómo? ¿Asesinando a los dos trabajadores que más dolores de cabeza les traían a los Massot???
Primero, ni Enrique ni Miguel Ángel formaban parte de Montoneros, la vinculación –por demás forzada- que plantea Pontet es a partir del testimonio de Enrique Marano quien solo menciona una reunión en el SAG (Sindicato de Artes Gráficas) con dos integrantes de Montoneros que intentaban convencer a Heinrich y Loyola de volar la rotativa del diario (hecho que finalmente jamás sucedió).
Por otra parte, Pontet menciona la “conocida oposición y denuncia del diario a las actividades de la Triple A”. Eso es por lo menos discutible, y resulta necesario plantear matices y contextos diversos frente a las relaciones entre la dirección de La Nueva Provincia y “la Triple A”. Porque, si acaso fuera real, que el juez leyó los 10 años de editoriales de La Nueva Provincia que dijo que leyó… no se le habría escapado que justamente es en uno de los mencionado en su resolución (Estado de sitio: Recuperar el monopolio de la fuerza legítima, del 8 de noviembre de 1974) donde el diario justifica el accionar de la Triple A para “eliminar el terrorismo”. Cito: “La Alianza Anticomunista Argentina, si bien se mira, ha reaccionado contra una situación de inseguridad hábilmente explotada por el criminal terrorismo marxista. Ha reaccionado reivindicando una violencia que el Estado no sabe o no quiere hacer efectiva contra las huestes de Santucho y Firmenich. Mientras estas, entonces desarrollaran una táctica de ataque frontal al Estado y sus instituciones, la AAA pretende, por medios contraterroristas, eliminar un terrorismo frente al cual el Estado se muestra impotente”. (LNP, 8/11/1974)
Pontet menciona los enfrentamientos armados entre la guardia de La Nueva Provincia y la patota de Ponce; menciona las denuncias de Diana Massot sobre las “desprolijidades” de la nefasta “fiambrera”; pero casualmente (o no tanto) se olvida de mencionar el encuentro cordial entre Ponce y Diana Massot en su departamento de calle Cerrito donde el diputado y la empresaria charlaron “cuestiones de hacienda”. Es su propio DEFENDIDO quien menciona este encuentro en su indagatoria. Entonces ¿en qué quedamos?, si asumimos que Ponce era Triple A en Bahía Blanca ¿cómo era la cosa? ¿Se tiroteaban entre las patotas y después salían juntos a comer la empresaria y el diputado? Por lo pronto, la cosa era un poco más compleja de como la quiere presentar Pontet.
Ahora vayamos a la parte anacrónica del argumento de Pontet. Para el juez hacia fines de junio, principios de julio de 1976, con la dictadura ya instaurada, la Triple A seguía operando, a sus anchas, al punto tal de organizar dos secuestros sincronizados en las casas de Heinrich y Loyola. Otro dato que “se le pasó” al juez de las lecturas rápidas, es la nota de La Nueva Provincia del 31 de marzo de 1976 en la cual se anuncia que, entre otros sindicalistas, para ese entonces había sido detenido por las fuerzas militares RODOLFO PONCE. Para quien luego, asimismo, el 18 de junio la Junta Militar dispuso sanciones por delitos de corrupción, abusos de poder, y enriquecimiento ilícito. Junto a Ponce figuraban también Isabel Perón, Lorenzo Miguel, Rogelio Papagno, Carlos Menem y José López Rega entre otros… Pasando en limpio: si asumimos que Ponce era la Triple A local, ¿cómo se explica su actuación en este contexto en el que el mismo Ponce había sido ya detenido por los militares?
Es simplista y endeble la representación que Pontet tiene de lo que fueron las organizaciones paramilitares. Por lo contrario, no es nada sencillo pensar, historizar, investigar sobre la Triple A: cómo se formó, cómo operó y aún más complejo: cómo y cuándo se desmembró, qué parte de su mano de obra resultó “reciclada” en el terrorismo de Estado; es decir, la compleja transición de estas formas represivas, esto que Pontet no llega a ver en sus ciegos esfuerzos por liberar de culpa y cargo a su DEFENDIDO.
Por otra parte, la manipulación que Pontet hace de los testimonios de las víctimas resulta alevosa. Es por lo menos vergonzosa la parcialidad con la cual Pontet decide dar crédito a una parte del testimonio de Vilma Denk, pero desestimar otra. Entonces el juez va a subrayar que a Enrique Heinrich lo amenazaban desde la CGT de Ponce, pero menoscaba la parte del relato de Vilma en la cual ella explica que “la dueña de La Nueva Provincia los ´volvía locos´ y ´los amenazaba´ por los paros que hacían”.
A Pontet “no le parece razonable”: “suponer que los directivos del diario La Nueva Provincia se hayan tomado el trabajo de documentar un conflicto por actas notariales para luego decidir eliminar a los trabajadores que encabezaban el conflicto gremial y que figuraban en esas mismas actas, junto con ellos: lógicamente, en caso de ocurrir las muertes de los empleados, aquellas constancias probarían un supuesto móvil en una eventual investigación penal, y los principales sospechosos serían -sin dudas- ellos mismos”.
Y es así que el juez no entiende por qué razón los habría mandado a matar la empresa si “el conflicto ya había terminado” para 1976. Pontet “no se explica” ¿porqué la empresa habría querido deshacerse de dos de sus trabajadores más combativos cuando el conflicto ya estaba saldado? Con esto el juez pretende invisibilizar el efecto aleccionador que tuvo para todos los gráficos del taller y de la empresa en general, los brutales asesinatos de sus compañeros. La Nueva Provincia no volvió a tener luchas internas ni conflictos laborales en los años siguientes y hasta el día de hoy, ¿acaso piensa que nada de eso tuvo que ver con los asesinatos? El amedrentamiento le sirvió a la empresa para cambiar su sistema de producción y aumentar su productividad con el sistema de impresión off set, para cuya implementación la empresa pudo prescindir de los operarios que ya no necesitaba y beneficiarse con las condiciones y la legislación laboral que la dictadura había suprimido.
“Le tenemos miedo a la señora de Massot”, decían los gráficos en actas de asambleas, luego de los conflictos. Además, el juez agrega que: “la actuación en las tratativas laborales y/o sindicales con los delegados gremiales es absoluta y totalmente lícita. Lo único que demuestran las actas es la existencia de un conflicto gremial (lo que era público y notorio) y eventualmente, detraer de ello la existencia de un móvil para el crimen. Pero es claramente inidónea tal prueba para acusar de homicidio o de participación en el genocidio a quienes llevaron a cabo tal negociación sindical”. Decir esto es no entender nada del contexto de época, de la movilización social existente en años previos a la dictadura y de la realidad de cientos de establecimientos y fabricas en todo el país en los cuales –como en La Nueva Provincia- encontramos que la situación de conflictividad laboral previa al golpe resultó en factor determinante para el posterior secuestro, la desaparición y el asesinato de miles de delegados de planta, gremialistas o trabajadores de base ya en contexto dictatorial.
Por otra parte, sobre el informe de Prefectura en que los servicios de inteligencia establecen los miembros de la “guerrilla sindical” a ser “raleada de LNP”, Pontet se pregunta en un esfuerzo por resultar incisivo “¿porqué las fuerzas militares no siguieron matando a los demás trabajadores que estaban signados como personal a ser raleado y solo asesinaron a Heinrich y Loyola?”. Y para contestarse (¿) trae a cuento testimonio de su defendido, Massot: “Luego, en su indagatoria del 24/04/2014 a fs 857/68 dijo que: “…en atención a la lectura de la causa y de la cita del informe de la PNA del 22 de marzo de 1976 respecto del personal involucrado en los conflictos laborales de 1975 deseo puntualizar que varios de ellos por no decir muchos de ellos, siguieron trabajando en la empresa normalmente por espacio de años, algunos todavía forman parte como empleados de LNP en puestos jerárquicos como el sr. Olivieri y que otro, ya muerto, el sr. Andueza, llegó a ocupar el más alto cargo del diario por debajo de la dirección y subdirección, el de secretario general de reacción”. Como si estos dichos permitieran esclarecer algo…
Respecto al mismo documento resulta curioso cómo Pontet se pregunta por el caso de SOLDINI pero en ningún momento habla de la actuación de JOSÉ HÉCTOR RAMOS dentro del diario. Se permite dudar respecto a si efectivamente fue la familia empresaria la que aportó los datos de sus trabajadores a los servicios de inteligencia de la Prefectura cuando es el mismo informe de inteligencia el que dice que parte de la investigación sobre los gráficos la realizó Ramos antes de su muerte. Pontet menoscaba incluso el hecho de que es el mismo Vicente Massot quien me dijo a mí en la entrevista del 6/06/2013 que Ramos ERA EL JEFE DE SEGURIDAD DEL DIARIO. Este es un eje fundamental que nos permite pensar en la responsabilidad empresarial en el señalamiento e instigación a los asesinatos de Heinrich y Loyola. Pero el juez parece no verlo.
Lo cierto es que la provisión de información por parte de la La Nueva Provincia hacia los servicios de inteligencia queda en evidencia – en parte- desde la doble pertenencia del comisario José Héctor Ramos (que un lado ocupaba el cargo de Segundo Jefe del Servicio de Informaciones de la Policía de de la provincia de Buenos Aires y por otro lado se desempeñaba como Jefe de Seguridad del diario) esto nos muestra un vínculo directo entre la empresa y los servicios de informaciones. Si a esto le sumamos los testimonios de trabajadoras que dieron cuenta de la presencia cotidiana de Ramos en los pasillos de LNP, que solían reconocerlo cuando se reunía con los directivos del diario en las oficinas de la empresa. Estos son algunos de los detalles que aparecen en mi tesis pero que, muy convenientemente, Pontet no toma en cuenta.Para dejarlo libre de culpa y cargo a Vicente Massot, Pontet le endilga los asesinatos de Heinrich y Loyola a la Triple A. Y habla de esta organización muy livianamente, cortanto y pegando textos, tergiversando a su antojo. Como si reconstruir la estructura de las AAA, su forma de operar, sus redes de influencia a nivel nacional fuera algo sencillo de realizar. Habla de Triple A sin tener idea de lo complejo que es analizar este tipo de organización que justamente por su carácter de clandestinidad e ilegalidad requiere de suma cautela para analizar la muy fragmentaria base de indicios con la que contamos para tal fin.
Para terminar, Pontet cita mucho mi tesis pero evidentemente la leyó muy poco o nada. A tal punto que ni del título que estaba citando se percató: “Páginas Manchadas” La metáfora no es nada encriptado. Solo alguien que nunca leyó mis trabajos podría sostener que en ella desvinculo a La Nueva Provincia de los asesinatos de Heinrich y Loyola para en cambio decir que los mato la Triple A.
Fuente:BahiaGris.blogspot
Viernes, 6 de Marzo 2015
Resolución del Juzgado Federal N° 1 de Bahía Blanca en causa “Massot Vicente Gonzalo María y otros s/ privación ilegal libertad agravada…”
Lesa Humanidad
Contra la falta de mérito en la causa por el encubrimiento de la fuga del ex capellán Aldo Vara
Bahía Blanca: recurrieron ante Casación la resolución que favoreció al arzobispo Garlatti
24.02.2015
El recurso fue presentado por el fiscal general Alejandro Cantaro ante la reciente decisión de la Cámara Federal bahiense de desprocesar al religioso y al apoderado de Vara. Tildó la resolución de "arbitraria" y advirtió que, si no se revierte la falta de mérito, "la causa está muerta".
El fiscal general de Bahía Blanca, Alejandro Cantaro, recurrió ayer ante la Cámara Federal de Casación Penal el fallo por el que la Cámara Federal de esa ciudad desprocesó y dictó la falta de mérito al arzobispo local, Guillermo Garlatti, y al apoderado del ex capellán del Ejército Aldo Vara, Antonio Bochile, quienes se encuentran imputados de haber prestado asistencia al prelado castrense mientras estuvo prófugo durante ocho meses en una causa por crímenes de lesa humanidad.
"Señores jueces de la Cámara Nacional en lo Penal Federal, si la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones no es casada, esta causa está muerta y no la revivirá siquiera que la suerte de las conductas que se juzgan sean la de los portadores del Verbo Divino", indicó el Cantaro en su recurso, en el que requirió que se revoque la falta de mérito a los dos imputados.
No obstante, el fiscal general señaló que "la responsabilidad de Garlatti aún es mayor" porque su conducta "significó la ayuda económica de quien debiendo ser un ciervo de Jesús, era perseguido por delitos contra la mayúscula del hombre, contra la Humanidad que debía resguardar y preservar. No pareció Garlatti reparar en el reproche moral que cabe a quien colabora en sostener a un cura (etimológicamente: sana, no lesiona, tortura, secuestra y mata) que elige la fuga antes que la presencia para dar cuenta de sus actos a la ley, a las víctimas, a la sociedad que debía preservar, cuidar, consolar".
El arzobispo Garlatti y el apoderado Bochile habían sido procesados en primera instancia por el juez subrogante Álvaro Coleffi, en el marco de una investigación motorizada por la denuncia de los fiscales de la Unidad que interviene en casos de terrorismo de Estado, Miguel Palazzani y José Nebbia, e impulsada e instruida por el fiscal de primera instancia, Antonio Castaño.
Durante la investigación, se logró acreditar que Vara, cuya captura fue ordenada el 7 de agosto de 2013 y fue hallado por Interpol en Ciudad del Este, Paraguay, el 28 de abril pasado, era beneficiario de un subsidio de 2350 pesos que paga la Conferencia Episcopal Argentina a los sacerdotes mayores de 68 años a través de las respectivas curias. Vara había designado en 2001 a Bochile para percibirlo en su nombre todos los meses en el Arzobispado de Bahía Blanca.
Ese fue el principal elemento de cargo considerado por los fiscales y el juez subrogante para procesar a Garlatti por encubrimiento agravado y desobediencia a la orden del Poder Judicial de informar todos los datos que tuviera sobre su paradero, y para tomar la misma medida contra Bochile, por el primero de los delitos.
Pero los camaristas bahienses Pablo Candisano Mera y Ricardo Emilio Planes sostuvieron que la omisión del Arzobispado de informar sobre el subsidio es "un dato que no era requerido expresamente por la sede [judicial]" y ponderaron que el propio Garlatti en su declaración indagatoria había afirmado que "nunca imaginó que dicho dato podría resultar relevante para dar con el paradero de quien se encontraba prófugo". En cuanto a Bochile, los jueces valoraron que "percibir dinero a nombre de tercero no conlleva la acción de entrega, o cuando menos, nada se ha acreditado al respecto ni se investigó sobre el destino de lo percibido", por lo cual consideraron que "con lo que se ha investigado hasta aquí, no alcanza para tener por acreditada la supuesta colaboración o ayuda económica del imputado Bochile al pŕofugo Aldo Omar Vara".
En el recurso de Casación, Cantaro calificó la resolución de alzada como "arbitraria" pues indicó que el tribunal bahiense "se ciñó a formular diversas consideraciones de carácter dogmático en punto a la significación jurídica del suceso, omitiendo profundizar en la valoración de la prueba colectada".
Al respecto, Cantaro señaló que "es palmaria la absurdidad del planteo de atipicidad de la concucta de los encartados", pues "el pago se generaba automáticamente y quien lo materializaba era la Arquidiócesis y se asentaba en una planilla en la que firmaban su recepción ocho personas, entre ellas el arzobispo Garlatti y Vara a través del mandatario Bochile. Hay pagos que son legales y se transforman en antijurídicos desde cuando pasan a ser la ayuda económica a un prófugo. ¿Cuál sería el temor de Garlatti y Bochile, que Vara los demandase por el no pago o los denunciase penalmente por retención indebida?"
En ese sentido, el fiscal general de Bahía Blanca precisó que la decisión del tribunal "oculta un sobreseimiento" cuando señala que la conducta de Garlatti y Bochile no es punible pues se correspondía con las expectativas y el rol social que se esperaba de ellos en el caso concreto. Con ese razonamiento, "se pruebe lo que se pruebe, nada podrá variar la neutralidad de sus actos, que no constituyen, por ello mismo, un delito", valoró Cantaro.
"Si para analizar las conductas de los imputados basta que el reprochado Garlatti diga que nunca se imaginó que la información omitida -a saber: que Vara cobraba una pensión o jubilación a través de un apoderado-, era relevante como respuesta a la información exigida; y que tal infantil explicación excluya la imputación de la desobediencia a la orden judicial que mandaba informar 'todos los datos' que se posean respecto del paradero de Vara, ¿qué más y mejor puede probarse que revierta la ya declarada atipicidad de su conducta?", se preguntó el representante del Ministerio Público.
Respecto de Bochile, señaló que "según el fallo de la Cámara, seguir cobrando para -y en nombre de- Aldo Vara, luego de ser declarado prófugo de la Justicia, una pensión que, por mucho o poco que fuere, lo ayuda a Vara a mantenerse en su condición de prófugo de la Justicia humana, nada dice del encubrimiento por favorecimiento personal, ya que lo mismo que hizo desde octubre de 2013 era lo que hacía desde diez años antes".
Al analizar la respuesta negativa de Garlatti ante el pedido del juez Coleffi sobre Vara, el fiscal señaló que "el enunciado 'todos los datos que conociere sobre el paradero actual de Aldo Omar Vara' puede dar lugar a una discusión, pero esa ambivalencia puede ser fácilmente eliminada en el discurso. 'Todos los datos' no es un concepto vago, puede ser precisado si es necesario, para lo cual se pueden indicar cuáles son los elementos que lo definen. Garlatti no dijo que su confusión surgiera de 'paradero actual', diciendo que él no sabía dónde se hallaba Vara el día en que recibió el oficio judicial, sino que no imaginó siquiera cuál era el alcance de 'todos los datos respecto del paradero de Vara'".
Cantaro señaló además que "el juez federal de primera instancia no tenía un modo más preciso en el marco en que se dirigió a Garlatti, que pedirle todos los datos que el arzobispo poseyera respecto del paradero de Vara y la deducción de Garlatti, consagrada por el fallo de la Cámara, descansa en arena movediza".
"En este caso, la conducta de Garlatti y que los jueces de la Cámara Federal de Bahía Blanca celebran con su interpretación, no sólo generan inseguridad jurídica sino que producen resultados sociales insatisfactorios, pues las decisiones judiciales y los mandatos como el librado a Garlatti han de ser congruentes con las expectativas y el sentimiento de justicia de los asociados", puntualizó el fiscal, quien recordó también que los organismos de Derechos Humanos habían reclamado información a la curia local sobre el cura prófugo.
Cantaro explicó que la frase "toda la información" utilizada por Coleffi "puede dar lugar a sobreinclusión e información innecesaria, pero nunca a infrainclusión y no dar alguna que se conoce, por razones morales excluyentes".
Fuente:Fiscales.gob.ar
Envío:AgnDDHH
13-3-2015
Lesa Humanidad
La Nueva Provincia
Los fiscales apelaron la falta de mérito que benefició a Massot
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Los fiscales apelaron la falta de mérito que benefició a Massot
Como lo habían adelantaron a Infojus Noticias Miguel Palazzani y José Nebbia ayer se presentó el escrito ante la Cámar Federal de Bahía Blanca. El viernes pasado, el juez federal Claudio David Pontet dictó la falta de mérito probatorio del empresario periodístico, acusado por delitos de lesa humanidad.
Sol Vazquez
Los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia presentaron la apelación al fallo de 345 páginas, en el que el juez subrogante del Juzgado Federal 1 de Bahía Blanca, Claudio David Pontet, dictó la falta de mérito probatorio del empresario periodístico Vicente Massot, acusado por delitos de lesa humanidad. La presentación se realizó ante la Cámara Federal de Bahía Blanca. “Pareciera que nosotros leímos un diario y él otro. Las diferencias son abismales, dijo Nebbia a Infojus Noticias apenas se conoció el fallo. El fiscal, además expresó que “La defensa que hace Pontet sobre Massot es llamativa porque lo protege diciendo que aplicó el derecho de libertad de expresión, pero no sólo eso: dice que fue víctima de la dictadura”.
Massot está acusado por la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Bahía Blanca de integrar "junto con los mandos militares, una asociación ilícita con el objetivo criminal de eliminar un grupo nacional", para lo cual habría contribuido desde La Nueva Provincia (LNP) actuando "de acuerdo a las normativas y directivas castrenses y en cumplimiento de tales" órdenes. El empresario también fue imputado como coautor del homicidio de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, "instigando, determinando, prestando aportes indispensables para su concreción material y encubriendo a sus autores inmediatos".
Como consecuencia de la imputación, Massot ya fue indagado dos veces por la justicia. “Demostramos que está en condiciones de ser procesado. Cuando alguien está imputado, hay tres opciones. O se confirma su procesamiento, se dicta el sobreseimiento o se pronuncia la falta de mérito. Esta última opción es la que eligió Pontet, pero la causa sigue y no sólo que ratificaremos punto por punto las pruebas que tenemos, sino que también presentaremos nuevas”, enfatizó Nebbia.
Fuente:Infojus
Massot está acusado por la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Bahía Blanca de integrar "junto con los mandos militares, una asociación ilícita con el objetivo criminal de eliminar un grupo nacional", para lo cual habría contribuido desde La Nueva Provincia (LNP) actuando "de acuerdo a las normativas y directivas castrenses y en cumplimiento de tales" órdenes. El empresario también fue imputado como coautor del homicidio de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, "instigando, determinando, prestando aportes indispensables para su concreción material y encubriendo a sus autores inmediatos".
Como consecuencia de la imputación, Massot ya fue indagado dos veces por la justicia. “Demostramos que está en condiciones de ser procesado. Cuando alguien está imputado, hay tres opciones. O se confirma su procesamiento, se dicta el sobreseimiento o se pronuncia la falta de mérito. Esta última opción es la que eligió Pontet, pero la causa sigue y no sólo que ratificaremos punto por punto las pruebas que tenemos, sino que también presentaremos nuevas”, enfatizó Nebbia.
Fuente:Infojus
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