Señalizarán la Facultad de Educación Física como ex centro clandestino de detención
18/04/2015
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación colocará una placa recordando su funcionamiento represivo durante la última dictadura militar.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación -a través de la Dirección Nacional de Sitios de Memoria- invita a la señalización de la ex Escuela Universitaria de Educación Física de la Universidad Nacional de Tucumán, por su funcionamiento represivo durante el terrorismo impuesto por el Estado a partir del golpe de marzo de 1976.
La placa se descubrirá el próximo 23 de abril, a las 11 hs en Av. Benjamín Aráoz 751 de la capital tucumana, según informa en su página de Facebook el equipo de Educación y Memoria del Ministerio de Educación de la provincia.
El acto contará con la presencia de funcionarios nacionales, provinciales y municipales, representantes de la casa de estudios, sobrevivientes, familiares de detenidos-desaparecidos, organismos de derechos humanos, agrupaciones políticas y sociales locales.
La Escuela Universitaria de Educación Física y el terrorismo de Estado
En la ahora Facultad de Educación Física de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) funcionó un centro clandestino de detención, en el marco del plan sistemático de terror y exterminio ejecutado por la última dictadura cívico-militar entre 1976 y 1983. Según testimonios obrantes en el Archivo Nacional de la Memoria y pruebas acreditadas en causas judiciales por delitos de lesa humanidad, allí permanecieron secuestradas aproximadamente 250 personas perseguidas por su militancia política, social y sindical. Algunas de ellas continúan desaparecidas.
El gimnasio de varones fue el recinto de los interrogatorios y distintas aulas de la por entonces Escuela Universitaria de Educación Física (EUDEF) fueron utilizadas como salas de tortura, celdas para los detenidos y habitaciones para miembros del Ejército. La custodia de este lugar estaba a cargo de la Gendarmería Nacional. La EUDEF formó parte del circuito represivo integrado por otros centros clandestinos de detención de la provincia, como la Jefatura de Policía de Tucumán, la “Escuelita de Famaillá” y el Batallón de Arsenales “Miguel de Azcuénaga”, todos ellos bajo el control de la Brigada de Infantería V de Tucumán y dependientes del Comando del Tercer Cuerpo de Ejército, con asiento en Córdoba. A fines de 1975, esta sede también sirvió de albergue para las tropas provenientes de otras provincias que participaron en el “Operativo Independencia”.
El 10 diciembre de 1984 se inauguró un mural realizado por un grupo de artistas tucumanos, denunciando el uso de este espacio educativo como centro clandestino de detención. En marzo de 1998, la UNT declaró estas instalaciones como “Monumento Histórico a la Memoria” y realizó un homenaje al estudiante Gustavo Santillán, desaparecido en 1976. En 2002 el Honorable Consejo Superior de la Universidad declaró al edificio “Sitio Permanente de la Memoria”.
En el marco de la Megacausa “Jefatura de Policía de Tucumán II - Arsenal M. de Azcuénaga II s/secuestros y desapariciones”, en agosto de 2013 se realizó una inspección ocular con sobrevivientes de este centro de detención. En diciembre del mismo año el Tribunal Oral Federal de Tucumán condenó a 37 policías y militares por los crímenes investigados en ese juicio.
La política nacional de señalizaciones
La señalización de los ex centros clandestinos de detención y otros sitios de memoria del terrorismo de Estado hace visible el impacto del plan sistemático de exterminio ejecutado por la última dictadura cívico-militar en todo el país y expresa en el espacio público el compromiso del Estado democrático de dar a conocer y condenar estos crímenes, impulsar el juzgamiento de sus responsables y aportar al reconocimiento y la reparación a las víctimas.
En aplicación de la ley N° 26.691 y a través de la Dirección Nacional de Sitios de Memoria creada por decreto presidencial N° 1986/14, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación articula la gestión de políticas públicas de memoria entre el Poder Ejecutivo Nacional y las áreas estatales de derechos humanos provinciales y municipales de todo el país, con eje en la preservación y difusión de estos sitios por su valor testimonial y judicial, y en la creación y el sostenimiento de espacios públicos destinados al debate y la construcción colectiva de la memoria y la promoción de derechos.
Fuente:TucumanNoticias
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