Resumen Latinoamericano, 28 de agosto 2015.-
Los insurgentes han denunciado los crímenes del paramilitarismo en Colombia. La guerrilla expresó su apoyo a las medidas tomadas por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para solucionar la crisis en la frontera común con Colombia.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC- EP) llamaron este viernes a fortalecer las relaciones entre su país y Venezuela, y a lograr la normalización en la frontera común mediante el diálogo constructivo y sincero.
Por medio de un comunicado que leyó en La Habana, Cuba, el representante Seusis Pausivas Hernández, alias Jesús Santrich, la guerrilla consideró que ese paso es indispensable para que en Colombia se consolide la construcción de una paz estable y duradera que irradie influjos de hermandad al continente.
“Venezuela es y seguirá siendo fundamental para la paz de Colombia y tenemos que promover la unidad e integración de dos naciones con una misma historia, hijas de un mismo padre, el Libertador Simón Bolívar”, manifestó.
“El paramilitarismo no puede destruir los lazos de concordia que históricamente, desde la lucha por la independencia, hicieron de Colombia y Venezuela una misma familia”, expresó la insurgencia.
Las FARC-EP enfatizaron en la necesidad de que respetar la soberanía de Venezuela, para lo cual es necesario cesar “la perfidia que significa trasplantar el paramilitarismo que tantas victimizaciones ha causado en Colombia”.
Según la insurgencia, entienden con claridad que la confrontación en Colombia,“como la profunda crisis humanitaria que hoy desborda nuestras fronteras, tienen raíz en el injusto orden social vigente que nos flagela”.
“ En el texto, la guerrilla señaló la necesidad del diálogo entre ambas naciones para normalizar la situación en la frontera. Para esto, abogan por la creación de una “zona binacional de integración y desarrollo que favorezca la fraternidad, la convivencia y la construcción del proyecto de Patria Grande”.
Al mismo tiempo, instó a respetar el derecho de los pueblos, por encima de todos aquellos que usan la guerra económica y conspiraciones para fomentar la desestabilización al Gobierno del presidente Nicolás Maduro.
El Dato:
Venezuela ejerce, junto a Chile, como país acompañante en el proceso de paz que las FARC-EP y el Gobierno colombiano llevan a cabo en Cuba, que actúa junto a Noruega como nación garante en los diálogos de paz en La Habana.
Miles de campesinos, indígenas y afros tomarán Bogotá
Resumen Latinoamericano / 29 de Agosto 2015 .-
Del 30 de agosto al 5 de septiembre Bogotá se convertirá en la sede de una delegación regional conformada por cerca de 5000 campesinos, indígenas, afrocolombianos y pobladores urbanos que llegarán de todos los rincones del país a exigir el cumplimiento por parte del gobierno, de los ocho puntos del pliego de exigencias de la Cumbre Agraria, acordados en septiembre del 2013.
Las Jornadas de la Indignación Campesina, Étnica y Popular, nombre de la movilización, tienen el propósito fundamental de adelantar diálogos con diferentes sectores industriales y con algunas carteras del gobierno nacional.
En palabras de Marly Torres, integrante de la comisión política de la Cumbre, “este escenario de unidad se suma a los llamados de justicia social que ha liderado el movimiento popular”.
Los temas centrales que se debatirán durante la semana marco de la Cumbre Agraria en Bogotá serán el Plan Nacional de Desarrollo, el tema minero, la economía propia, el incumplimiento de los puntos acordados en el paro nacional agrario y la exigencia de un entorno con garantías para el movimiento popular.
“La intención es generar un dialogo entre los ciudadanos que nos permita reflexionar sobre las maneras empleadas por el gobierno nacional en los diálogos que se llevan en La Habana que no tienen en cuenta las demandas y alternativas del movimiento social” afirmó Omar Fernando Obregón, vocero de la Cumbre Agraria e integrante de la Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia -Comosoc-.
Por su parte, el Congreso de los Pueblos aseguró que este nuevo escenario de movilización tendrá lugar en todo el territorio nacional y busca “constituirse en espacios de discusión acerca del momento actual de las negociaciones con el gobierno y los problemas más acuciantes del país”.
Este movimiento social y político insistió en que el objetivo central de las Jornadas es poner en evidencia la implementación del Plan Nacional de Desarrollo -PND- y su tendencia a “privilegiar la entrega de baldíos en provecho de la agroindustria, el despojo en favor de la gran minería, en detrimento de la vida, los ecosistemas y los territorios”. Además, enfatizar en que el PND representa un modelo que amenaza a las comunidades, a los sectores agrarios y populares y a la soberanía nacional.
A dos años del Paro Agrario
Las Jornadas de la Indignación son herencia de las movilizaciones agrarias del año 2013. Las exigencias de entonces, a pesar de que la Cumbre Agraria cuenta con una mesa de negociación con el Gobierno, siguen intactas.
Los presupuestos, acuerdos, intervenciones prometidas o no se han cumplido o se han hecho de manera parcial o insuficiente.
Las víctimas de asesinatos y agresiones por parte de la Fuerza Pública no han sido reparadas, los responsables siguen sin aparecer. Por el contrario, los líderes sociales que encabezaron las concentraciones más importantes se encuentran judicializados, encarcelados o perseguidos.
Tal es el caso de Esmer Montilla, Ingrid Pinilla y Ramiro Atehortúa, integrantes del Movimiento Político Marcha Patriótica que se encuentran privados de la libertad por hechos relacionados con las movilizaciones de entonces.
A esta lista de criminalizados se suma el montaje judicial contra 11 reconocidos líderes sociales del Congreso de los Pueblos y las intimidaciones contra una de sus voceras.
Finalmente, para seguir el desarrollo de la movilización puede acceder a los distintos medios de comunicación alternativos y sociales que, desde diferentes puntos de vista, realizarán el cubrimiento. Este fin de semana se espera conocer la agenda de las actividades que darán forma a las Jornadas de la Indignación.
fuente: Colombia Informa
Colombia. Carta abierta de las FARC-EP
Resumen Latinoamericano / 26 de agosto 2015 .-
Compatriotas:
Frente Amplio por la Paz.
Proceso de Constituyentes por la Paz.
Comunidades basadas en la Fe.
Red de Universidades por la Paz.
Hoy se cumple el mes de cese al fuego unilateral decretado por las FARC-EP, del cual ustedes son verificadores; por esta razón, queremos darles a conocer el balance de lo ocurrido durante estos 30 días de vigencia de nuestro gesto de desescalamiento.
Tal como fue denunciado por el Comandante Timoleón Jiménez, en el trascurso de este mes se presentaron 2 bombardeos contra unidades nuestras en el departamento del Putumayo, a pesar de que el Presidente Santos dio una orden pública de suspender dichos ataques; a lo que se agregan operaciones terrestres en varios departamentos, en una muestra de falta de voluntad política, contraria al espíritu del acuerdo denominado “Agilizar en La Habana y desescalar en Colombia” y que compromete al Gobierno y la insurgencia por igual. Como resultado de estas operaciones terrestres, en el departamento de Antioquía, una guerrillera fue capturada y dos más asesinadas; en el Caquetá, en un asalto aéreo a una unidad del frente 14, murió un guerrillero y 3 más están desaparecidos, al tiempo que se intensifican las operaciones y las fumigaciones aéreas en áreas de los frentes 32, 15 y 14 en ese mismo departamento; y en los municipios de Toribío, Caloto, Corinto y Belalcazar en el departamento del Cauca.
A las guerrilleras y guerrilleros caídos rendimos sentido homenaje de reconocimiento. Sus vidas cegadas son ejemplo de la generosidad característica de la juventud colombiana y de su aporte a la lucha por una Colombia en paz con justicia social, democracia y soberanía. Son varias las preocupaciones que deseamos exponer por su intermedio al país, en el entendido que mientras no haya definiciones claras sobre estos asuntos será muy difícil avanzar de manera expedita, en la construcción de acuerdos en la Mesa.
Es consenso nacional que ya no tiene validez dialogar en medio de las detonaciones y el ruido de los fusiles. Por eso, no se entienden estas agresiones a una guerrilla en tregua; que como es lógico, las unidades guerrilleras están en el derecho de responder apelando a la legítima defensa.
Lo más sensato por parte del gobierno es no continuar tratando de sacar ventaja militar de este gesto humanitario de la insurgencia; por ese camino, podemos terminar regresando a situaciones como las que se originaron a raíz de la masacre de guerrilleros en Guapi, Cauca.
Tampoco es comprensible, seguir empeñados en una estrategia de judicialización contra las FARC-EP, mediante la fabricación de expedientes amañados. Si de verdad se aspira a una solución política del conflicto, se hace necesario cesar este tipo de hostilidades y poner freno a la ofensiva mediática que pretende desconocer el carácter político de la insurgencia. Informes recientes señalan que en los primeros 6 meses de 2015 fueron asesinados 69 defensores de derechos humanos, líderes políticos y sociales, 25 más sufrieron atentados, 334 fueron amenazados y 4 detenidos arbitrariamente; lo que demuestra la existencia de una política sistemática dirigida a perseguir, encarcelar y silenciar a los dirigentes sociales, líderes de movimientos alternativos y defensores de los derechos de todos los colombianos.
A lo anterior se suma el negacionismo gubernamental frente al fenómeno del paramilitarismo, que sigue siendo uno de los principales obstáculos en el camino de la paz; tal como lo demuestra la parálisis del proyecto piloto de descontaminación de explosivos en la vereda El Orejón, debido a las amenazas de los paramilitares que delinquen en el municipio de Briceño, Antioquia, a la vista de todos los pobladores; sin que las autoridades civiles, militares y de policía se den por aludidas.
Es tiempo de analizar la situación jurídica, de los condenados y procesados por pertenecer o colaborar con las FARC-EP y de los más de 9.000 prisioneros políticos y de conciencia, víctimas de los denominados falsos positivos judiciales. Una Colombia en paz con democracia, presupone terminar con semejante aberración. Un buen comienzo sería aliviar el terrible hacinamiento y las condiciones de reclusión, organizando patios especiales para los prisioneros políticos y de guerra.
Conocido el informe preliminar del Censo Agrario, las cifras nos dan la razón. Es oportuno retomar la discusión de las salvedades de este punto, entre las que se encuentra el tema del latifundio. No es buen precedente negar la existencia de estos pendientes, ni incumplir los acuerdos pactados con las organizaciones participantes en el paro agrario de 2013, al tiempo que se presentan proyectos de ley que marchan en contravía de lo ya acordado, como es el caso de las Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico (Zidre); y se lanzan iniciativas políticas dirigidas a crear falsas expectativas en la opinión pública.
Como puede verse, sin que se agoten nuestras preocupaciones, son varios y complejos los temas que faltan por abordar en la Mesa, para lo que se necesita de un ambiente político apropiado, ante lo cual ratificamos nuestra decisión de mantener el cese al fuego unilateral, a pesar de los hechos que se vienen sucediendo en distintas regiones de Colombia; pero exigimos una actitud correspondiente por parte del Gobierno para que se pueda consolidar el desescalamiento del conflicto, hasta llegar al cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo que toda Colombia reclama.
En ese camino, la patriótica labor de verificación que ustedes adelantan, cobra cada día mayor importancia y se convierte en motivación para que nuevos sectores se sumen a este gran esfuerzo por derrotar la guerra y sus causas en nuestro país.
De ustedes, con sentimiento de consideración; Secretariado del Estado Mayor de las FARC-EP.
Otro jefe paramilitar responsable de masacres quedará libre por la Ley de Justicia y Paz
Resumen Latinoamericano/Colombia Informa, 26 de agosto de 2015 –
Para la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, el tiempo de detención de 8 años del excomadante paramilitar Iván Roberto Duque -alias Ernesto Báez-, fue suficiente para concederle la libertad bajo la figura de Ley de Justicia y Paz. El Tribunal indicó que aún está vinculado al proceso por la masacre de La Rochela.
Pese a que Ernesto Báez fue uno de los primeros paramilitares en ser excluido de los alcances de la Ley de Justicia y Paz, la magistrada Teresa Núñez, del Tribunal Superior de Bogotá, apeló a la figura de la misma ley para considerar que Báez cumplió con los requisitos establecidos para reparar a las víctimas. A esto se agregaron certificados de buena conducta, estudios realizados en el centro de reclusión y el hecho de que a la fecha no ha vuelto a delinquir; con estos elementos se avaló la solicitud de sustituir la medida de aseguramiento.
Criminales
El prontuario criminal de Ernesto Báez, exjefe político del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC- pasa por múltiples asesinatos, desapariciones y desplazamientos. Desde el campesinado de las zonas donde ejercía control criminal se le señala por patrullar junto con el Ejército colombiano y ejercer masacres a la población civil. Desde que el exjefe paramilitar decidió acogerse al proceso de desmovilización con el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, realizó una aparición histórica junto a los comandantes paramilitares Ramón Isaza y Salvatore Mancuso a las instalaciones del Congreso de la República, recibiendo algunos aplausos y ovaciones de parte de un Congreso que actualmente está siendo investigado por tener vínculos con estos grupos criminales.
Luego de aquella visita fue recluido en la cárcel de Itagüí, en Antioquia. Desde entonces fue llamado en múltiples ocasiones para brindar testimonio por los denominados casos de parapolítica, que involucran entre otros al exrepresentante a la Cámara por el departamento de Caldas, Juan Pablo Sánchez y el exgobernador de Santander, coronel (retirado) Hugo Aguilar. Por estos testimonios la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia compulsó copias ante la Fiscalía para que lo investigue por falso testimonio, teniendo en cuenta que la ley de Justicia y Paz obliga a quienes se sometan a ella a cumplir con el esclarecimiento de la verdad.
Aún falta esperar a que el Tribunal Superior de Bogotá se pronuncie frente a la compulsa de la Corte Suprema por falso testimonio y se defina la medida de aseguramiento que actualmente existe en su contra por protagonizar la masacre de La Rochela, ejecutada en el departamento de Norte de Santander. Por el momento habrá que esperar si se sumará la libertad de Báez a la de los otros paramilitares, Rodrigo Pérez Alzate -alias Julián Bolívar- y la más reciente de Freddy Rendón Herrera, El Alemán.
Con lo puesto: colombianos cargan lo que pueden y abandonan la zona de conflicto con Venezuela
Por García Rawlins / Resumen Latinoamericano /Reuters / 26 ago 2015 .-
Centenares de colombianos cruzaron la inhóspita frontera apurados por las férreas medidas de control que tomó el Gobierno venezolano en respuesta a los ataques sufridos por cuatro ciudadanos en la zona limítrofe.
El sol y la difícil geografía no importaron. Cualquier desafío fue enfrentado y superado por quienes se vieron obligados a abandonar sus viviendas en San Antonio del Táchira, Venezuela. Por delante tenían un río y la necesidad de recibir ayuda para no quedarse sin nada.
El ataque sufrido por tres militares y un civil hace algunos días derivó en el éxodo voluntario de más de 1.500 colombianos. El viaje comenzó temprano y entregó una imagen repetida: todos iban cargados al extremo con aquello que pudieron tomar de sus hogares. “Hoy empezamos a sacar las cositas”, contó una de las migrantes, mientras se preparaba para cruzar a pie el río fronterizo.
A muchos de ellos los aguardaba un refugio en la zona de Cúcuta, que ya recibió a más de 600 personas y les brindó alimentos y un lugar para bañarse y dormir. Según publicó el portal La Razón, la única esperanza de los damnificados era saber “qué ayuda” les brindaría su país, ya que las pertenencias que les quedaron fueron solo aquellas que lograron transportar sobre sus propios hombros.
Ante a esta situación, el Gobierno de Colombia cuestionó el éxodo forzado y aseguró que la manera de resolver los problemas en la zona limítrofe “no es cerrando la frontera ni deportando colombianos”, detalló la publicación, que agregó que las autoridades venezolanas ya deportaron a más de mil colombianos indocumentados y recordaron que en la zona de conflicto detuvieron a 18 individuos, 10 de los cuales eran presuntos miembros de Los Urabeños, un grupo paramilitar acusado de delitos de homicidio, narcotráfico, contrabando, trata de personas y extorsión.
Reuters / Carlos Garcia Rawlins
El cierre de frontera: recuperar la casa y nombrar la guerra
Marco Teruggi/Resumen Latinoamericano, 26 de agosto de 2015 –
Nadie saldrá de la casa tirando la llave a la alcantarilla para alejarse luego “triste, solitario y final”. No serán tomadas las habitaciones una a una como un silencio, una presencia invisible, como una pesadilla de Julio Cortázar donde nada se puede hacer, salvo la huida. Se trata y tratará justamente de lo contrario: de recuperar uno a uno los espacios perdidos, con política, diplomacia, operaciones especiales, pueblo, mucho pueblo.
Porque han ganado terreno, y no es una novedad. Los meses de guarimbas con sus relatos de violencia paramilitar en la frontera, los asesinatos de comuneros en Lara, de Robert Serra y María Herrera, el descuartizamiento de Liliana Hergueta, y las puertas que comenzaron a abrirse con la Operación de Liberación del Pueblo (OLP) son algunas de las fotografías de un escenario donde lo interno y lo externo están peligrosa y planificadamente cruzados.
Lo de afuera está dentro, ha sido inyectado, se ha adaptado y ha evolucionado, como lo hacen las formaciones de la derecha nacidas con el objetivo de asesinar a organizaciones, resistencias y revoluciones. Ésa es la génesis del paramilitarismo colombiano, así también del que actuó en Argentina en la antesala del golpe de Estado de 1976 —que luego se trasladó a Nicaragua para iniciar la formación de la contrarrevolución—, es el que comienza a desarrollarse en Paraguay, entrenado por los Ejércitos colombiano e israelí.
La derecha arma, transmite sus experiencias internacionalmente, perfecciona sus métodos y armamentos, y forma a sus propios cuadros locales: Lorent Gómez Saleh, Carlos Trejo, José Rafael Pérez Venta, para nombrar sólo a algunos de ellos, visibles, entre tantos —¿decenas, centenares, miles?— invisibles.
Entonces, el Gobierno nacional planificó su accionar: la OLP. Las respuestas comenzaron a aparecer rápidamente: San Félix y diversos intentos de saqueos organizados, y la emboscada al cabo primero Miguel Núñez y a los tenientes del Ejército Manuel Veloz Santaella y Alexis Rodríguez, en San Antonio del Táchira. La guerra desde dentro y fuera, multiplicada como golpes incendiarios locales, sin autores ideológicos responsabilizándose, negando la misma existencia de la guerra, que sin existir ocupa cada día más espacios.
Hasta que vino el cierre de la frontera: la ocupación del territorio propio, la excepción necesaria. Para frenar el avance, recuperar barrios, derechos, alimentos, gasolina, decomisar casas, explosivos, arrestar paramilitares, contrabandistas, y evidenciar la realidad de frontera que buscan expandir como ríos de peste.
Lo que emerge
duele, tanto por la situación nacional como por la colombiana. Comencemos por “aquel lado”: 144.000 migrantes a Venezuela en el 2014, 121.834 en lo que va de 2015, como lo dio a conocer el presidente Nicolás Maduro: “El éxodo más grande que se da en el campo migratorio en el mundo”. Eso significa campesinos, pobres, familias enteras, perseguidos, huyendo de falsos positivos, masacres, extorsiones, desocupados, obligados a cruzar una frontera. Y esa cifra sólo contempla a quienes fueron legalmente registrados.
La situación de aquel lado asfixia, y no es nuevo: casi 6 millones de colombianos viviendo en Venezuela son la prueba de eso. ¿Quiénes son los culpables? Los mismos que hoy infiltran el país con paramilitares, instalaron siete bases del Ejército imperialista norteamericano en Colombia, persiguieron a 164 periodistas en el 2014, o asesinaron a 5.000 militantes de la Unión Patriótica, con Álvaro Uribe como cabeza actualmente visible —quien fue a Cúcuta a presentarse como salvador—. El enemigo es el mismo.
¿Cómo explicar que sean centenares de miles quienes vengan a Venezuela donde existe una guerra económica, colas y escasez organizada? ¿Será que aquí la situación no es como la cuenta CNN, El País y La Nación? ¿Qué hay de “aquel lado” que nadie cuenta? El cierre de frontera arrojó algunas imágenes: miles buscando cruzar para Táchira, desabastecimiento en Cúcuta, falta de gasolina, 17% de desocupación, abandono, y una economía inflada con alimentos venezolanos y casas de cambio criminales amparadas por el Banco Central de Colombia.
Junto a ello aparece en pantallas venezolanas algunas realidades del paramilitarismo de “este lado”: allí estuvo Jorge Arreaza enseñando explosivos, detonantes, armas, pasamontañas, logos paramilitares, la punta de algo inmenso. La guerra cobra imágenes, colores, responsables, se hace visible, existe.
Y con el cierre de la frontera comenzaron a llegar las voces narrando disminuciones de colas, aparición de productos que llevaban meses desaparecidos de los anaqueles, gasolina. La guerra económica tuvo desde el inicio uno de sus puntos críticos en Táchira, terminar con ese pase, por el tiempo que decida Nicolás Maduro, significa cortar con una sangría de día y noche, restablecer algunos niveles de abastecimiento necesario.
Un debate
que viene emergiendo refiere al racismo, a la xenofobia, a la ruptura del proceso de acercamiento y reconocimiento con “el otro” que se había puesto en marcha con la Revolución Bolivariana, la deconstrucción de la balcanización del continente. Está en esquinas, en conversaciones en autobuses, colas, peligrosamente está, aunque Nicolás Maduro se encargue de aclarar y distinguir los diferentes niveles: el pueblo, el Gobierno, el paramilitarismo. Y seguramente también esté del lado colombiano.
Pero cuesta, son millones quienes construyen su interpretación de las cosas únicamente a través de los medios de comunicación, que forman su interpretación desde allí. Resulta suficiente con mirar un noticiero de Caracol para comprender cómo se reconstruye la realidad sobre un nacionalismo recortado, funcional a una polarización de bandera, sin contenido y, sobre todo, mentiroso e hipócrita.
O leer historias pasadas y presentes —como el caso de varios países europeos— para comprender cómo uno de los primeros emergentes en escenarios de dificultades económicas —y éste lo es debido a una dinámica marcada a fuego por la guerra en todos sus niveles— es la puesta del problema en quien viene de afuera. Y eso puede ser utilizado para ser exacerbado o trabajado en un sentido contrario, para continuar sobre el camino de la generosidad continental, las palabras de Hugo Chávez, la diferenciación de cada nivel, de los enemigos y los hermanos.
Existen otros debates presentes en el escenario actual, como, por ejemplo, la OLP y sus focos de golpe, es decir, su ausencia en zonas de clases altas —donde se encuentran ideólogos y financiadores—. Seguramente hayan otros, y no podría ser de otra manera: se están recuperando los espacios perdidos de la casa, volviendo a ingresar a territorios, edificios, contra una estructura que no es imaginaria, ni una sensación. Y eso es llevado adelante por diferentes actores, que no están exentos de fallas, contradicciones y errores, como la misma Revolución. Cómo articular esa dinámica con el Poder Popular podría ser una pregunta y necesidad pertinente, y lo que es seguro: la casa es nuestra y nadie tirará la llave a la alcantarilla para marcharse en silencio.
Movimientos sociales continúan en la mira del Estado
Resumen Latinoamericano/Colombia Informa, 24 de agosto de 2015 –
Continúan las denuncias sobre amenazas y persecución a los movimientos sociales en Colombia. Tras las detenciones y los irregulares procesos contra los miembros de los movimientos Congreso de los Pueblos y Marcha Patriótica, estos siguen manifestando la vigilancia y el hostigamiento permanente del que son víctimas.
La última denuncia se conoció desde la comisión de derechos humanos del Congreso de los Pueblos, en donde se plantea detalladamente como la defensora y lideresa de este movimiento y de la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular, Alexandra Bermúdez, viene siendo hostigada por seguimientos tanto de uniformados de la policía como por personas de civil.
Así mismo, denuncia el ingreso ilegal a su residencia, la manipulación de su computadora y la clara interceptación telefónica de la cual está siendo víctima.
A través de un comunicado oficial se plantea que: “Esta violación de su privacidad se constituye en una campaña de terror a Alexandra Bermúdez y su familia, quienes sin duda han sentido acoso y temor por sus vidas. Ésta estrategia de persecución, terror, intimidación probablemente tiene por objeto atemorizar a defensores de derechos humanos y sus familias”.
Lo más grave del caso es que esta situación se repite con otros líderes y lideresas de este mismo movimiento. Otro de sus voceros, Jimmy Moreno, reportó seguimientos en varios de sus recorridos. De igual manera, lo denunció Yolima Bedoya secretaría técnica de este proceso social.
Los miembros del Congreso de los Pueblos relacionan estos hechos a lo acontecido con las detenciones del mes de julio y a la fuerte agitación que develó el “falso positivo judicial” que se pretendía montar impunemente. Al respecto plantean: “Hemos observado que luego de las judicializaciones y detenciones ocurridas el pasado 08 de julio de 2015 contra varias personas que hacen parte del Congreso de los Pueblos, se han elevado los hechos de vigilancia, interceptaciones y actos de intimidación y por consiguiente ha aumentado el riesgo a la vida e integridad física de los líderes y lideresas de este movimiento social”.
Por esa razón han iniciado procesos legales para aclarar la situación de hostigamiento, así mismo exigen a los organismos de inteligencia del Estado colombiano para que cesen el terror y los señalamientos contra los líderes y lideresas sociales y políticas.
Señalan e inculpan directamente al presidente Juan Manuel Santos como responsable de la persecución y la estigmatización de los movimientos sociales, acusándolo como el principal enemigo de la paz en Colombia. Entendiendo que estos hechos hacen parte de una política instada desde el alto gobierno y que busca cerrar el paso a la participación de las organizaciones populares.
Dada esta percepción, lanzan un llamado a los organismos internacionales para que estén pendientes de todo este panorama, plantean: “A los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, a las organizaciones sociales y populares a pronunciarse, denunciar estos hechos y mantenerse atentos y alerta frente a cualquier vulneración de los derechos humanos de los líderes y lideresas del movimiento social y popular, para que `Protestar no nos cueste la Vida y la Libertad´”.
Con todo ello, anuncian para los próximos días algunas acciones de protesta y manifestación contra estas acciones y los incumplimientos del gobierno nacional con la Cumbre Agraria.
El campo colombiano entre el latifundio y la miseria campo colombiano
Hernán Camacho/Resumen Latinoamericano/Prensa Rural, 24 de agosto de 2015 –
Las cifras del Tercer Censo Agrario Nacional, dadas a conocer por el Presidente de la República Juan Manuel Santos, y el director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, Mauricio Perfetti del Corral, muestran una verdad de a puño sostenida por los campesinos del país: la raíz del conflicto está en el latifundio.
De acuerdo con Perfetti, el Censo abarcó 1.101 municipios del país, 32 departamentos, 20 áreas no municipalizadas, 773 resguardos indígenas, 181 tierras de comunidades negras y 56 parques nacionales naturales.
Sin embargo, las cifras publicadas no están suficientemente desagregadas y muestran una generalidad que permite cuestionamientos. En cualquier caso los números son desalentadores. El 0.4% de los propietarios abarcan casi la mitad de la tierra cultivable en Colombia y la pobreza llega a un 44,7%, es decir la mitad de los campesinos están en la miseria.
El campo colombiano se encuentra a merced del latifundio y la miseria.
Así lo reconoce el propio mandatario en la entrega de los resultados de la medición: “Esto lo que nos muestra es que el campo sigue en un atraso enorme frente al resto del país. Ahí se concentra la pobreza, ahí se concentra la desigualdad y por eso el país tiene que volcarse hacia al campo, si queremos ese país con más equidad que todos estamos soñando y si queremos ese país en paz”.
Histórica petición
Para el presidente de la Federación Sindical Agraria, Fensuagro, Eberto Díaz, los resultados obtenidos del censo son muestra de la política de estado contra el desarrollo rural. Una de las peticiones históricas del movimiento campesino es la desconcentración de la tierra:
“Este censo en cierta medida arroja resultados que no son del todo concretos. Nosotros hemos dicho que incluso esas cifras pueden ser más inequitativas. De acuerdo a nuestras mediciones la acumulación de tierra puede estar por el orden del 63% y la medición multimodal de la pobreza en el censo no es clara.
No sabemos cuál es la metodología de la medición y si en ella se tuvo en cuenta la ausencia de agua potable, la precaria infraestructura, precaria vivienda rural, la falta de energía en el campo y el nulo acceso al crédito.
Antes del censo nosotros hemos venido señalando la crisis del campo y las soluciones estructurales de una reforma agraria integral”, subraya Eberto Díaz.
Pobreza
Las cifras del campo son contradictorias. El gobierno nacional presentó un diagnóstico del campo colombiano en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018; allí se asevera que la pobreza, en determinadas zonas, puede ser de un 74% hasta un 80%, si se trata de la periferia rural. Pero las cifras del Dane muestran una reducción en la pobreza que llega apenas a un 44,7%
“Hoy todas las políticas están dirigidas a fortalecer los agronegocios. La política agropecuaria del país deja a un lado el fortalecimiento de la economía campesina. El pasado 20 de julio en la instalación del Congreso de la República, el Presidente hablaba de dos proyectos estratégicos para el campo, el de Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico, Zidres, y el Estatuto Rural. Pero esos dos instrumentos no servirán si no se llama a las organizaciones campesinas para diseñar mecanismos que resuelvan gran parte de la crisis del sector. Decimos que es necesaria la congelación de los tratados de libre comercio, que fueron firmados a la ligera para enfrentar los efectos que produce”, explicó Eberto Díaz.
Metodología
La metodología está cuestionada. Para el joven campesino y experto agrario, Jaime Muñoz, el censo debió hacerse de la mano de las comunidades rurales para tener un cien por ciento de efectividad y una medición más fiel a la realidad:
“El censo arranca después de acordarse el primer punto agrario en La Habana, y es un contrasentido que las delegaciones de paz en Cuba acuerden que las comunidades agrarias son el pilar fundamental del desarrollo agrario integral y este censo no contó con esas comunidades pues la metodología utilizada por el Dane no se ajusta a las realidades agrarias que viven las familias campesinas”, explica Muñoz.
El Censo pudo ser la oportunidad para reconocer al campesinado como actor político y social, pero no fue así. “De nuevo fuimos excluidos de la participación y convencidos que buena parte de esos números que fueron expuestos por el Presidente y el director del Dane, están lejos de las realidades del mundo rural”, sentencia Muñoz, quien desde el departamento del Cauca, se ha movilizado en los últimos años reclamando una reforma agraria integral.
Esa realidad a la que se refiere Muñoz es la de los municipios encuestados. La cobertura operativa del censo fue del 98,9%, asegura el gobierno nacional, pero la duda se genera, según Jaime Muñoz, cuando se contrasta la visita de los encuestadores a las zonas rurales de los 1.101 municipios.
La primera etapa del censo se desarrolló en los departamentos de Tolima, Quindío, Atlántico y Risaralda y las siguientes fases dependían del acceso a la zona. Según Muñoz, “el Dane se enfrentó a los mismos escenarios difíciles de nuestros campesinos, por ejemplo carencia total de vías de comunicación y por eso creemos que no tuvo la capacidad de llegar al corazón del campesinado y encuestar efectivamente”.
Educación
Otra cifra que llamó la atención fue el desarrollo educativo del campesinado colombiano. Respecto a la población joven en un rango entre 17 y 24 años, dice el Dane, aumentó el porcentaje de personas que asiste a alguna institución educativa. Pasó de un 15,3% en el censo del 2005 a un 25,4%. Es una cifra vacía, afirma Muñoz. La institución encuestadora no hace mención específica de los campesinos que cursan el ciclo escolar completo, es decir primaria, bachillerato y educación universitaria, tiene en cuenta los jóvenes matriculados a instituciones educativas pero no mide la deserción escolar o la finalización exitosa de los estudios.
“Un elemento que no se tuvo en cuenta es que el año escolar inicia en febrero pero en la inmensa mayoría de municipios agrarios se nombran los maestros dos o tres meses después y eso lo que genera es una migración de estudiantes o un abandono. Un campesino joven tiene necesidades educativas elementales: sumar, restar, multiplicar y dividir, aprender a leer y escribir porque eso es suficiente para su vida diaria y hasta ahí llegan porque no existe un proceso educativo que garantice mayor conocimiento”, explica Jaime Muñoz.
Los voceros campesinos coinciden en exigir al gobierno nacional que tome medidas acertadas para solucionar en parte la crisis agraria. Una de ellas es implementar los acuerdos de La Habana, la eliminación de los tratados de libre comercio que han golpeado el desarrollo económico del campesinado e iniciar una reforma agraria integral que transforme las relaciones inequitativas del campo colombiano.
Envío:ResumenLatinoamericano
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