Por Shaila Rosagel / Resumen Latinoamericano/ 09 de Septiembre 2015.-
Desde 2010 a la fecha, el terror para los migrantes centroamericanos que transitan por México para llegar a Estados Unidos creció, no se ha detenido y ahora es incluso peor que el drama que se vive actualmente en Europa porque aquí, al invisibilizarlos, el Gobierno federal no asume esa crisis, dijo Martha Sánchez Soler, del Movimiento Migrante Mesoamericano.
“El problema para los migrantes empezó en 2006. En 2010 aumentó exponencialmente la participación del crimen organizado, se vieron los efectos de la guerra contra las drogas, pero de 2010 a la fecha se ha ido agravando y cada vez hay menos grietas por donde sobrevivir”, explicó la activista.
Los migrantes son asesinados en el camino, secuestrados para trata sexual y laboral y muchos de ellos desaparecidos.
“Si en México los migrantes flotaran como flotan en el mar Mediterráneo, tendríamos cadáveres por todo México flotando. Los migrantes aquí son invisibles, terminan en las fosas clandestinas o terminan como esclavos sexuales y laborales”, planteó la activista y organizadora de la Caravana de Madres de Migrantes que todos los años recorre la llamada “Ruta del Migrante” en busca de sus desaparecidos.
Hace unos días la la fotografía de un niño sirio de tres años ahogado en las aguas de la isla griega de Kos por escapar de la guerra y llegar a Europa como refugiado, sacudió al mundo al difundirse en redes sociales y medios de comunicación. México no fue la excepción.
Sin embargo México vive su propio drama migratorio que a decir de la activista es “aterrador”. Se estima que en el México han desparecido alrededor 120 mil migrantes durante su tránsito.
La suerte de los migrantes centroamericanos que transitan por México ha sido denunciada por varios activistas desde hace años, sin que el Estado mexicano detenga la masacre de indocumentados.
En diciembre de 2013 Fray Tomás González Castillo, director del albergue La 72 de Tenosique, Tabasco, se refirió a México como el cementerio clandestino que sepulta anualmente a miles de migrantes.
“Mientras Estados Unidos levanta muros, aquí cavamos fosas para enterrarlos”, dijo Fray Tomás en esa ocasión.
Aunque no existen estadísticas confiables sobre su género, edad y la cantidad exacta de personas provenientes de Centroamérica y que cruzan por el país, hay trabajo de campo que indica que son víctimas del Estado, del crimen organizado y de una colusión entre ambos, explicó la activista Sánchez Soler.
“Les pasa de todo. Lo que menos les pasa son las golpizas los robos y que los dejan sin papeles… sin nada. Lo que menos les pasa a las mujeres son las violaciones. Lo que más les pasa es que se mueren en el camino”, dijo.
Los migrantes terminan en fosas clandestinas, en trata de personas e incluso en explotación o trata laboral.
“Tenemos el caso de un joven de Honduras que estuvo desaparecido 15 años y fue localizado aquí en México: lo tenía un cacique en un pueblo de Hidalgo, en un rancho, trabajando en las caballerizas, sin sueldo. Era un esclavo”, indicó.
El joven de 31 años, quien desapareció cuando intentaba cruzar México para llegar a Estados Unidos a los 16 años, tardó una semana en poder hablar y comunicarse con su madre, quien viajaba en la Caravana de Madres Migrantes.
De acuerdo con la activista hubo avances con la nueva Ley de Migración publicada en 2011, sin embargo el reglamento fue mutilado y la legislación simplemente no se aplica.
“Lo que están haciendo es aterrador. Dicen ‘rescatamos’, pero no rescataron, los apresaron, detuvieron y deportaron. Muchos de los que dicen que rescataron estaban en el último tramo del viaje, después de que pagaron todo y pasaron por todo. A esos los deportan y ahí vienen otra vez, vuelven a empezar”, detalló.
La activista agregó que en el país existe una gran simulación en el tema migratorio. El Plan Frontera Sur, explicó, forma parte de ella.
“En el Plan los protegen para que no se caigan del tren, pero los avientan por las veredas donde los están asesinando. Todo es simulación, el Plan es un mecanismo de contención criminal, lo están haciendo con violencia”, detalló.
“LA GRUTA DEL DOLOR”
Foto: Francisco Cañedo, SinEmbargo
Como parte de la lucha en contra de la trata de mujeres migrantes, Elisa Martínez, integrante de la organización civil Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, presentó un cómic titulado “La gruta del dolor”, que recoge el modus operandi del crimen organizado para reclutar y secuestrar mujeres centroamericanas migrantes y hacerlas víctima de trata en México.
Elvira Madrid Romero, directora de la asociación, también explicó que las violaciones contra mujeres migrantes en su paso por México se han incrementado, pero también las vejaciones contra los hombres.
“No sólo violaban a mujeres, estamos visitando a los albergues donde están los migrantes y nos confían que también a los hombres los están violando. Criticamos mucho lo que se hace en Estados Unidos, pero en México hay mucha discriminación”, afirmó.
El cómic recoge información de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de distintos activistas como los sacerdotes católicos Alejandro Solalinde y Heyman Vázquez Medina, fundador de La Casa del Migrante Hogar de la Misericordia en Arriaga, Chiapas.
La publicación expone las violaciones a los que son expuestos los migrantes por distintas autoridades mexicanas y su colusión con miembros del crimen organizado.
La organización también presentó el manual Auto-Protección ante la trata de personas, en donde se pueden leer esquemas básicos y señalamientos de defensa individual y colectiva a partir de un caso de estudio en Ecatepec, Estado de México. Brigada Callejera publicó también el libro “Hacia una mayor rendición de cuentas”, donde se incluyen testimonios de mujeres sobrevivientes de trata sexual y que se dedican al trabajo sexual.
Informe independiente del caso Iguala: NO LOS QUEMARON
Por Blanche Petrich y Emir Olivares/ Resumen Latinoamericano/ 07 de Septiembre 2015 .-
Expertos de la cidh echan por tierra la verdad histórica Señalan que el Ejército supo del ataque a los normalistas de Ayotzinapa. El grupo no tuvo acceso a todas las comunicaciones grabadas durante los hechos El informe con la investigación alternativa que realizó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el Caso Ayotzinapa –43 desapariciones forzadas, seis asesinatos y más de 20 heridos– fue entregado ayer a mediodía a los tres subsecretarios que firmaron en Washington el convenio con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la formación de este mecanismo.
Ante la mirada severa de las madres y padres de los estudiantes desaparecidos, los muertos y los heridos del 26 de septiembre en Iguala, los subsecretarios de Gobernación Roberto Campa y de Asuntos Multilaterales de la cancillería, Juan Manuel Gómez Robledo, y el subprocurador Eber Betanzos subieron al estrado a recibir sus copias del Informe Ayotzinapa: un tomo negro que luce en la portada el diseño de una tortuga verde, símbolo de la Escuela Normal Rural; más de 500 hojas en las que se narran los hechos y la causa posible de una agresión que fue masiva, en ascenso, desproporcionada y sin sentido.
En el Informe Ayotzinapa, no se determina el posible paradero de los 43 jóvenes. Es por ello, expresaron los cinco expertos que integran el GIEI, que es necesario replantear la investigación y reorientar la búsqueda. Carlos Beristáin, por su parte, dijo: La nuestra es una propuesta; pretendemos que nuestro informe sea un mensaje de transformación.
Los cinco expertos –Claudia Paz y Paz, de Guatemala; Ángela Buitrago y Alejandro Valencia, de Colombia; Francisco Cox, de Chile, y Carlos Beristáin, de España– tomaron la palabra por turnos. En la presentación cada uno expuso diversas inconsistencias, falencias, omisiones y ocultamiento de evidencias en la mayor parte de las actuaciones de las policías y las procuradurías involucradas en la averiguación del caso.
Demostraron que en los expedientes se prescindió de consignar hechos y elementos probatorios y se insistió en la necesidad de abrir una línea de investigación sobre el trasiego de drogas que se realiza desde Iguala en autobuses modificados y cargados, en posible colusión con las policías de los niveles municipal, estatal y federal. Como hipótesis del móvil señalaron el intento de las corporaciones que atacaron a la comitiva de estudiantes de impedir a toda costa que los autobuses tomados salieran de la ciudad.
Demostraron que en distintos momentos del operativo estuvieron presentes soldados y agentes de inteligencia militar.
Con nuevos peritajes que allegaron los investigadores internacionales se descartó la pieza central de lo que el ex procurador Jesús Murillo Karam había defendido como verdad histórica: que no había quedado ni rastro de los 43 desaparecidos ni posibilidad de encontrar sus restos, porque habrían sido ejecutados y después incinerados en una enorme pira humana encendida por sicarios de Guerreros Unidos en el basurero de Cocula. Tenemos la convicción de que no fueron incinerados en ese basurero, expresó Francisco Cox, uno de los expertos.
La verdad huye con el tiempo que pasa Ángela Buitrago, integrante del grupo y ex fiscal colombiana, reconoció que la formación de este mecanismo, que no tiene precedente en el sistema interamericano, fue producto del diálogo.“Y la verdad –añadió– sólo se consigue a través del diálogo, no de la confrontación. Pero también es cierto que la verdad huye con el tiempo que pasa”.
El documento, de más de 500 cuartillas que resumen seis meses de estudio, indagatorias y diversos peritajes independientes, contiene –aseguraron– evidencias nuevas que cambian la perspectiva del expediente oficial. Propone nuevas hipótesis tanto sobre el móvil de esta agresión de gran magnitud como para determinar el paradero de los 43 desaparecidos y señalar responsabilidades de los perpetradores.
Los especialistas en distintas disciplinas describieron los nueve escenarios en los que se desarrollaron las sucesivas agresiones, que fueron en ascenso: desde disparos contra un autobús a su salida de la terminal hasta el secuestro de 43 y el asesinato con brutales torturas de Julio César Mondragón, en un lapso de tres horas. En distintos momentos y diferentes roles participaron en la agresión como perpetradores u observadores policías municipales de Iguala y Cocula, policías ministeriales, policías federales, soldados del 27 batallón de infantería, policía militar y militares de servicios de inteligencia.
El informe del GIEI descarta las versiones contenidas en los expedientes oficiales de que los estudiantes fueran confundidos con una banda de narcotraficantes rival de la que controla la plaza de Iguala, Los Rojos, ya que todas las corporaciones tuvieron datos precisos de que eran normalistas de Ayotzinapa, a qué hora y cómo llegaron y qué hicieron en todo momento.
Todo ello a través de distintas diligencias y de las tarjetas informativas y comunicaciones del C-4, el sistema de coordinación estatal al que tienen acceso simultáneo las fuerzas de seguridad de todos los niveles y el Ejército. Hay dos lapsos de comunicaciones a las que el GIEI no ha tenido acceso: el tiempo posterior al primer ataque y durante el segundo ataque. Se les ha informado que esas comunicaciones están intervenidas por la Sedena. También se les ha informado que tres grabaciones de cámaras de seguridad del sistema, en las carreteras, han sido destruidas.
Por estas y otras razones explicadas en el informe el GIEI ha insistido en la necesidad de que se le brinde acceso a entrevistar a los militares del 27 Batallón. Hacia finales de agosto la respuesta a nuestra petición seguía siendo negativa, indicaron.
La incineración, imposible
En sus conclusiones, el GIEI descartó tajantemente la versión de cinco de los perpetradores encarcelados de que los 43 muchachos fueron incinerados en una hoguera hasta quedar totalmente calcinados. Se trata de una conclusión a la que se llegó gracias al peritaje llamado de dinámica de fuego, realizado por el experto peruano en ciencias del fuego José Torero, quien acudió al basurero de Cocula el 12 de julio de 2015. Francisco Cox, chileno, aseguró:
Ese evento, tal como ha sido descrito, no pasó. Torero, el perito peruano, concluyó que esa acción es científicamente imposible. Su dictamen partió de que la intemperie es el ambiente más ineficiente para cremar un cuerpo, ya que 30 por ciento del calor de la hoguera se irradia hacia los lados, el resto sube al aire y sólo uno por ciento se dirige al consumo del objeto a quemar.
Según su cálculo, para quemar un cuerpo se requerirían 700 kilos de madera o 310 kilos de neumáticos a lo largo de 12 horas. Incinerar 43 cuerpos requeriría 30 mil 100 kilos de madera o 13 mil 300 llantas durante 60 horas. Según las versiones obtenidas por la PGR, el fuego en Cocula duró seis horas.
Otro cálculo de Torero demostró que se necesita un espacio de 12 por 2.5 metros para incinerar 43 cuerpos y produciría una llama de al menos siete metros, con un penacho de humo de más de 300 metros. Los habitantes de Cocula habrían visto una columna de humo de 280 metros.
En su análisis el investigador de la Universidad de Queensland, Australia, señala que la radiación de la hoguera hubiera alcanzado 15 metros de distancia del núcleo de la fuente de calor. Una persona no hubiera podido acercarse a menos de esos 15 metros.
Los presuntos implicados dijeron que después de seis horas bajaron a echar más combustible. Finalmente, al analizar la vegetación y la cantidad de basura circundante y la ubicación de la posible hoguera respecto dentro de la hondonada del basurero, dictaminó que, de haber existido, la pira hubiera generado un incendio forestal.
Foto: Carlos Beristáin, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, entrega una copia del informe sobre el caso Ayotzinapa a la madre de unos de los estudiantes desaparecidos. Foto :Marco Peláez Fuente: La Jornada
Envío:ResumenLatinoamericano
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