Por Emma de Coro / Resumen Latinoamericano/ Diagonal / 24 de Sept. 2015.-
Cecilia Mérida y María Victoria Pedro buscan recabar el apoyo internacional en su lucha contra la implantación de los megaproyectos de la empresa gallega Hidralia en Guatemala.
Cecilia Mérida y María Victoria Pedro, activistas guatemaltecas.
Beatriz de Coro
El conflicto con las empresas filiales de la Gallega Hidralia en Guatemala sigue abierto en el municipio de Barillas. La construcción de una hidroeléctrica en las riberas del río Cambalam, lugar sagrado para el pueblo Q’anjob’al, se ha cobrado la vida de varias personas y ha originado un movimiento de resistencia en defensa del territorio que hasta la fecha se salda con el encarcelamiento de 17 líderes comunitarios.
En la actualidad, María Victoria Pedro y Cecilia Mérida, dos mujeres que han vivido en carne propia la represión que se vive en estas comunidades, se encuentran embarcadas en una gira Europea para dar a conocer su historia, visibilizar su lucha y recabar apoyos internacionales.
“Hidro Santa Cruz, filial de Hidralia, llegó a Barillas diciendo a la gente que quería comprar las tierras para plantar café y hacer viveros”, relata Cecilia Mérida, “pero llegaron acompañados de empresas de seguridad que se dedicaban a señalar a los líderes comunitarios que están al frente de los procesos de resistencia y ahí empieza una historia de horror, de horror porque desarticulan todo. Venimos de una dictadura, de un sistema político corrupto, pero nuestros esfuerzos hemos hecho por revertir todo esto. Hemos montado procesos de participación comunitaria, de participación de las mujeres, de los jóvenes, pero cuando llegan empresas como Hidro Santa Cruz o Hidro San Luis, se rompe lo poco que habíamos ganado en términos de tejido comunitario”.
Como en el caso de otras comunidades en las que se ha pretendido implementar megaproyectos, en Barillas, se llevó a cabo una consulta comunitaria de buena fe en julio del 2007. Participaron 49.000 personas que dijeron ‘no¡ al asentamiento. Estas consultas son de carácter ancestral, son el mecanismo de los pueblos para consensuar qué es lo que quieren para sus tierras. “Vienen a ser mecanismos que rearticulan el tejido comunitario ya que después de la guerra, las comunidades estaban dispersas. Las consultas viene a insuflar una nueva energía a la organización comunitaria, posiciona los derechos individuales de las comunidades indígenas, esto le da un gran impulso a los procesos organizativos”, explica Cecilia.
“Venimos de una dictadura, de un sistema político corrupto pero nuestros esfuerzos hemos hecho por revertir todo esto”
“Ante el expolio de estas empresas a nuestras comunidades, lo que queda es organizarnos y resistir y que les llegue el mensaje de que no van a pasar con sus minas, que no van a pasar con sus hidroeléctricas, aunque tengan el apoyo de los gobiernos, como el de Otto Pérez Molina. La población vamos a estar ahí vigilantes aunque los costos sean muy altos”, declara Maria Victoria. Su padre, líder comunitario que dio a conocer la licencia de explotación de la empresa por la radio comunitaria, fue secuestrado, torturado y asesinado.
“Hay ahorita nueve mujeres que tienen a sus esposos en la cárcel, hay presos que no han visto nacer a sus hijas, hay presos que no han podido ir a enterrar a sus madres, es demasiado dolor, pero es sobre ese dolor sobre el que nosotras vamos a seguir montando nuestra resistencia pacífica y demandando que se nos respete”, apunta Cecilia. “Estamos orgullosas de que la empresa no haya podido poner a funcionar su proyecto por siete años, aunque tengamos que enterrar a los nuestros, aunque tengamos que ir a ver a la cárcel a nuestros seres queridos… no van a pasar”.
En el caso de Cecilia, su compañero, Rubén Herrera, se dedicaba a acompañar los procesos de las poblaciones indígenas retornadas después del conflicto armado, proyectos de desarrollo, auditoría social, organización municipal, participación ciudadana… Por su oposición a la hidroeléctrica fue acusado de actos de terrorismo y encarcelado.
“Ver a la gente que quieres en esas condiciones inhumanas, con un baño para cada 400 privados de libertad, sin agua, sin medicamentos. Vernos a nosotras mismas pasar por encima de nuestros principios, doblegarnos ante los guardias de seguridad, para poder entrar a verlos, exponernos a que nos metan a un cuarto donde nos registran, nos tocan impunemente. Tener que pagar la talacha que es un dinero que cada preso que cae en la cárcel tiene que pagar para que dentro de la cárcel no le hagan daño otros reclusos. En el caso de Rubén tuvimos que pagar 5.000 quetzales”, relata Cecilia al ser preguntada por lo que supuso el encarcelamiento de su compañero.
En la actualidad 58 líderes comunitarios tienen órdenes de captura por asuntos relacionados con este proyecto
El hecho de que todos los presos sean hombres es una circunstancia que determina el reparto de roles en la lucha por la defensa del territorio. Ellos son los que sufren de manera más explícita la represión y son ellas las que quedan fuera, las que tienen que mantener los hogares con numerosos hijos y además seguir con la causa. Y con la defensa de sus maridos. Esto ha hecho que se desarrolle una red de apoyo mutuo que las ha hecho crecer como colectivo con una dimensión, dentro de la lucha por la defensa del territorio, que, en la mayoría de los casos, no hubieran tenido si sus maridos no hubieran sido privados de libertad.
“Hay ahorita nueve mujeres que tienen a sus esposos en la cárcel, hay presos que no han visto nacer a sus hijas, hay presos que no han podido ir a enterrar a su madres”
“La historia nuestra, oyéndonos a nosotras mismas, no son historias personales mías o de Rubén son historias colectivas, son historias de luchas de comunidades que, desgraciadamente, nos ha tocado vivir muy de cerca y eso lo que ha hecho es refrendar nuestra convicción de que nosotras tenemos mucho que aportar a la lucha de nuestro país. Una historia de lucha marcada por la violencia, la violencia institucional, patriarcal, genocida… Una lucha que llega a nosotras y el compromiso es que tenemos que seguir adelante, ya que si no lo hacemos es dejarnos ganar por el miedo”, relata Cecilia.
Proceso contra el expresidente Pérez Molina
Preguntadas por cómo están viviendo los acontecimientos que han llevado a prisión al presidente Otto Pérez Molina y a la vicepresidenta Roxana Baldetti, la respuesta es unánime:
“Lo vivimos con emoción. Todo el país se ha rebelado, ha vencido los miedos a salir de sus casas, salir de noche a manifestarse, ha sido algo muy emocionante. Como país nos tenía que pasar algo bueno, nos había ganado la indiferencia.
Ahora entendemos que todo lo que hicimos después del cese del conflicto armado es lo que ha ido abonando todo lo que ha pasado en estos cuatro meses de emergencia popular, de rebeldía ciudadana, de tomar las calles, de recuperar lo público”.
Para el movimiento de Resistencia Indígena de Barillas este proceso también ha venido a refrendar sus tesis de que Otto Pérez Molina tenía una relación más que institucional con la empresa Hidralia.
El abogado personal del expresidente en este proceso, Cesar Calderón, era también el abogado de la empresa en las causas contra las comunidades. El hecho pone de manifiesto la estrecha relación que une a Pérez Molina con las filiales de la empresa Gallega empeñadas en instalarse en Barillas.
Coincidiendo con el proceso contra el presidente se han celebrado las elecciones generales, muchas de las movilizaciones en la calle de los últimos días estaban encaminadas a detener el proceso electoral, lo que no ha sido posible. María Victoria se lamenta de ello: “La esperanza desde luego no está en los candidatos que se han presentado a las elecciones, más bien para nosotros estos candidatos son una tragedia para el país. Ahora resulta que nos enfrentamos a la posibilidad de que tengamos de presidente a Jimmy Morales, un pésimo comediante, cuyos chistes giran en torno al racismo contra los pueblos mayas”.
fuente: Diagonal
Texto de urgencia. Conversación con un preso político
Resumen Latinoamericano/ 26 de Sept. 2015.-
El 20 de septiembre de 2015 no es una fecha más en el calendario para Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar. Es la fecha próxima al cumplimiento de seis meses de prisión en una cárcel de Guatemala capital.
Estos dos líderes qanjobales están muy cerca del centro del poder que les encarcela, y muy lejos de sus territorios ancestrales en el extremo occidental de Guatemala, el país de la eterna primavera, aunque esta siempre se retrasa para los pueblos indígenas.
Con motivo de un encuentro que reúne en estos días a delegaciones de Bolivia, Ecuador, Colombia, así como Cataluña, País Vasco y el Estado español, y de la propia Guatemala, se plantea la obligación moral y política de visitar a estas dos autoridades perseguidas por el Estado e injustamente encarceladas.
Una muestra de solidaridad entre las personas y los pueblos, una forma de gritar ante la injusticia de estos encarcelamientos.
Porque la criminalización y persecución política en Guatemala ni siquiera a partir de los Acuerdos de Paz han desaparecido; al contrario, en los últimos años, al hilo de la instauración del neoliberalismo en su sentido más ortodoxo, del desembarco de múltiples transnacionales mineras o energéticas y de la venta barata de este país a las mismas, estos hechos han aumentado.
Recuperando métodos viejos, han vuelto los asesinatos, los heridos, las amenazas y coacciones, la represión de la protesta, el soborno, el chantaje y la cooptación. Y la existencia de la figura del preso político.
Autoridades y líderes comunitarios indígenas son encarcelados con acusaciones construidas ad hoc para este fin, con dos objetivos principales: la represión sobre los liderazgos para tratar de disminuir la fuerza de las comunidades, de la protesta; y, como forma de castigo hacia quienes con su actuación conse- cuente siguen al frente de las luchas por la defensa del territorio, la madre tierra y la vida.
Como señala Rigoberto en nuestra conversación con un frío enrejado por medio, «no hay otra», porque la defensa del territorio y la vida es fundamental.
Entrar en una cárcel hacinada de miles de historias individuales siempre ocasiona cierto encogimiento de aquellas personas que estamos fuera, que sabemos que entramos para un rato.
Sin embargo, entrar aquí, cuando la visita es a autoridades perseguidas, acosadas y encarceladas por un Estado radicalmente injusto y servil a intereses económicos, es doblemente emotivo.
De una parte la congoja que suponen los espacios de rejas, alambradas y hormigón y al otro lado, una persona que despide fuerza y energía que tu recoges para llevar, en su nombre, al exterior; de otra parte, la reafirmación escuchando su historia de la radicalidad de la mentira, de la construcción de acusaciones falsas y del injusto sistema dominante.
Rigoberto Juárez, con quien esa delegación internacional que visitó la prisión, pudo mantener una larga conversación, reiterando su compromiso con la lucha realizada y con la que seguirá realizándose, su compromiso con las comunidades, con el pueblo qanjobal y los demás pueblos de esta Guatemala, tantas veces olvidada por el mundo.
Son palabras calmadas, suaves y sabias que trasladan a quienes estamos al otro lado de las rejas el convencimiento de estar escuchando a una autoridad en el sentido ancestral de la palabra, y no como el sistema la ha prostituido convirtiendo esa autoridad en poder represor y corrupto; se escucha a un líder no solo con fuerza política en las ideas que expresa, sino sobre todo con fuerza ética.
Algo que la clase política y económica nunca entenderá y que, precisamente, por ello está en la raíz y explica su acción represora, hostil a las palabras sabias que provienen de las comunidades y que ahora expresan líderes como Rigoberto.
Pero esa reiteración del compromiso no es ya solo individual, sino colectivo al juntarse con el que crece y se desarrolla en la delegación con quien conversa.
Y se expresa en el convencimiento de que la lucha por la defensa de los territorios y por las posibilidades de que en estos se desarrolle la vida plena merece la pena y debe ser obligación de todas las personas que formamos las mayorías históricamente marginadas por las minorías dominantes.
Nos vamos de esta cárcel y mientras damos la espalda a esos muros se mantienen los ecos de las palabras pronunciadas por Rigoberto Juárez.
Y crece el compromiso por extender la solidaridad que denuncia injusticias como la existencia de presos políticos en Guatemala.
También contra el encarcelamiento que supone para los pueblos hoy sentir permanentemente las violaciones a sus territorios, a los derechos individuales y colectivos, a la vida. Reafirmamos el compromiso.
Envío:ResumenLatinoamericano
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