MATERIA PENDIENTE: LA COMPLICIDAD EMPRESARIAL CON LA DICTADURA.

Materia pendiente: la complicidad empresarial con la dictadura
Anabela Ghilini 
Martes 13 de Octubre
"Estamos saliendo de la masificación y hemos debilitado el poder sindical. Esta es la base para cualquier salida política en la Argentina”, declaró Juan Alemann en octubre de 1979. 

Materia pendiente: la complicidad empresarial con la dictadura Materia pendiente: la complicidad empresarial con la dictadura
En los últimos años tomó dimensión pública la responsabilidad de empresas, instituciones y personas que se beneficiaron con la dictadura militar. Fue a través de una relación corrupta que les permitió disponer de bienes de terceros y de oportunidades para negocios espurios. A través de ese vínculo algunos actuaron en carácter de instigadores e incluso de ejecutores, otros de socios y siempre con la condición de cómplices y beneficiarios. En esta línea, la denominación “dictadura militar” va cayendo en desuso a favor de otras más complejas que reconocen que se trató de un bloque cívico, militar, empresarial y eclesiástico.

Lo que aquí nos interesa señalar es la estrecha relación entre las actividades y los intereses del Estado y ciertos sectores de la economía. La “patria financiera”, el modelo que aniquiló a la industria e instaló en su lugar al poder de las finanzas pergeñado por los teóricos del neoliberalismo, fue constituida no sólo por bancos sino también por grupos de empresarios agrícolas, industriales y de servicios que participaron activamente en la ejecución del terrorismo de Estado y se beneficiaron con el nuevo patrón de acumulación. 

Este esquema de apoyos y beneficios recíprocos fue reconocido por el propio ministro de Economía Alfredo Martínez de Hoz, quien con la participación de empresarios industriales en el gabinete nacional promovió a la par que la desindustrialización un desarrollo industrial selectivo en beneficio de un grupo concentrado de empresas nacionales y transnacionales. Se reprimarizó la economía con la especulación financiera y la desaparición de decenas de miles de empresas manufactureras haciendo retroceder el empleo industrial que fue hundido al igual que los salarios.En definitiva se produjo una acentuada redistribución del ingreso desde los asalariados hacia sus empleadores mediante la caída del salario real, el deterioro de las condiciones laborales y el aumento en la extensión y la intensidad de la jornada de trabajo. Entre los empresarios hubo sectores fuertemente perjudicados (los pequeños y medianos) mientras fue beneficiado un conjunto acotado de grandes grupos empresarios que aumentó su poderío económico y el control que ejercía sobre un amplio espectro de mercados (tales los casos de Acindar, Agea/Clarín, Alpargatas, Arcor, Astra, Bagó, Bemberg, Bridas, Bunge y Born, Celulosa Argentina, Fate/Aluar, Fortabat, entre otros).

Las patronales buscaron liquidar todo tipo de movilización popular al mismo tiempo que la organización de los trabajadores y sus dirigencias. Juan Alemann, secretario de Hacienda de Videla, en declaraciones del diario La Prensa, el 23 de octubre de 1979 sostenía: “Con esta política buscamos debilitar el enorme poder sindical que era uno de los grandes problemas del país. La Argentina tenía un poder sindical demasiado fuerte, todo el poder lo tenían ellos. Ahora, con un mercado laboral en movimiento, el trabajador no acude más al dirigente sindical por su problema. Si no le gusta su empleo se va a otro y listo. Además hay salarios diferenciados por idoneidad, por apego al trabajo. Estamos saliendo de la masificación y hemos debilitado el poder sindical. Esta es la base para cualquier salida política en la Argentina”.

Desde 1974, las cámaras patronales agropecuarias asumieron una actitud de confrontación abierta contra el gobierno democrático. Sociedad Rural, Confederaciones Rurales (CRA) y Coninagro conformaron un Comité de Acción Agropecuaria y llamaron a un lock out patronal en marzo de 1975. Dos meses después se le sumaba Federación Agraria. Esas mismas entidades recibieron sin sorpresa la noticia del golpe de 1976. Ellas brindaron un apoyo político explícito dado que numerosos integrantes del gabinete económico eran miembros de la Sociedad Rural, entre los que se destaca a Mario Cadenas Madariaga (secretario de Agricultura y Ganadería), Jorge Zorreguieta (subsecretario de Agricultura) y Juan Martín Ocampo (presidente del Banco Nación).

En diversas declaraciones la SRA pronuncia su apoyo a la dictadura miliar. “(…) nuestra entidad ha defendido y apoyado insistentemente los principios que inspiraron el programa económico del actual gobierno. (…) Nos encontramos con que en 1978 no hemos progresado en la lucha contra el principal flagelo que soportamos: la inflación. Esta ha superado ampliamente las previsiones oficiales. La causa fundamental de esta situación es el excesivo gasto público (…). El total de los gastos de empresas del Estado ha aumentado en términos reales, siendo la privatización anunciada mínima y muy lenta.” (Declaraciones de la Sociedad Rural Argentina, 12/12/1978 y Memorias SRA, 1979)

La dictadura militar vino a transformar la economía y la sociedad argentinas en pos de un modelo financiero y de ajuste estructural que fue impuesto mediante el disciplinamiento represivo de los trabajadores, la intervención de los sindicatos y el cercenamiento de conquistas laborales, política que contó con la complicidad empresaria mediante la represión en los lugares de trabajo (Acíndar, Astarsa, Ford, Ledesma, Mercedes Benz, y otras) y a través de la participación de funcionarios de grandes empresas en ámbitos estratégicos del aparato estatal.
Fuente:InfoNews