Piden prisión perpetua para los ex militares represores
Fiscal y querella hicieron especial hincapié en que los acusados, en caso de ser condenados, cumplan la pena en cárcel común.
sábado, 07 de noviembre de 2015
FISCALES. RAFAEL VEHILS RUIZ (IZQUIERDA) Y JAVIER MEREP.
Durante la mañana de ayer se reanudó el debate que juzga a Darío Otero Arán, Jorge Isaac Ripoll, Enrique Henzi Basso, Rodolfo Sergio Mujica y Carlos Ricardo Ruiz, todos ex militares acusados por delitos de lesa humanidad cometidos en Catamarca. Esta vez las partes expusieron sus conclusiones finales, y tanto el representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Guillermo Díaz Martínez, como el fiscal Rafael Vehils Ruiz, solicitaron la pena de reclusión perpetua para los cinco y sumaron la acusación por el delito de "homicidio doblemente agravado".
En la sala de debates del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca estuvieron presentes para escuchar tanto los familiares de las víctimas del genocidio, Nelly Borda, Francisco y Griselda Ponce y Julio Burgos, como de los imputados. Mujica y Ruiz pidieron ampliar su declaración y esta vez se refirieron brevemente a su supuesta inocencia en los hechos. Posteriormente, fue el turno de alegar de Díaz Martínez. Como representante de la Nación y también de la familia Borda, el letrado adujo que todos fueron coautores "funcionales” en el plan de exterminio propuesto.
El letrado solicitó, en tanto, la pena de reclusión perpetua para todos y que sean declarados "traidores a la patria” y que pierdan el beneficio jubilatorio. Tras esto, visiblemente emocionado, pidió la palabra para agradecer a las familias Borda y Ponce por la confianza que depositaron en él.
Por su parte, Vehils Ruiz realizó un relato de los tres hechos que se juzgan. Así, señaló la participación de Otero Arán y de Ruiz en la desaparición de Francisco Ponce y cómo el primer militar fue visto y reconocido como autor material de este secuestro. En cuanto al hecho que investiga las desapariciones forzadas y posteriores muertes de Griselda Ponce y Burgos, manifestó la posibilidad de que los militares llevaran a Francisco hasta casa de su hermana y así lograr que los dejasen ingresar.
"La excusa de Mujica de que estuvo haciendo un censo en casa de los Ponce es inadmisible”, aseguró, todo teniendo en cuenta que existe como prueba un acta firmada por Mujica y Florentino Reyes, quien entonces era jefe de Investigaciones de la Policía. "No puede decir que no sabía nada cuando hay testigos que vieron a Griselda en la base de Investigaciones”, dijo.
En cuanto al hecho que investiga la desaparición de Borda, involucró también a Basso, Ripoll y Otero Arán. "No pueden decir que no sabían nada de lucha antisubversiva. Hay una testigo que asegura que la noche del 27 de enero del '77 iban a buscar a una joven montonera”, aseguró.
Tras relatar las implicancias de todos, aseguró que si bien los acusados no mataron a las víctimas, sí ayudaron a que luego sean asesinadas al secuestrarlas. Por esto solicitó que se los acuse por homicidio doblemente agravado y se los condene a prisión perpetua.
Javier Goane, defensor de Otero Arán y de Ripoll, pidió la absolución. Debido a lo avanzada de la hora, el Tribunal pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo viernes para concluir con los alegatos. Luego, los acusados tendrán su última palabra.
Anulan condena
En el marco del debate, el representante del ministerio público fiscal, tras pedir la condena de prisión perpetua para los 5 imputados, anunció que el 29 de octubre pasado la Cámara de Casación Federal anuló la condena dictada contra Carlos Lucena y Juan Rauzzino y solicitó al Tribunal que dicte un nuevo fallo, teniendo en cuenta la "participación necesaria" que pudieron tener ambos represores en el homicidio de las cuatro víctimas.
Lucena y Rauzzino fueron condenados en junio de 2012 a las penas de 16 y 10 años de prisión, respectivamente, tras ser encontrados culpables de los delitos de "privación ilegítima de la libertad" y "asociación ilícita".
Durante los alegatos, tanto la querella como la Nación y el fiscal de Cámara pidieron que sean condenados como partícipes necesarios del delito de homicidio agravado, no obstante el tribunal les negó esta posibilidad. Las partes casaron en su momento la sentencia y la respuesta final les llegó hace 9 días.
"La cámara resolvió que no se había violado la base fáctica, por lo tanto ordenó al tribunal que dicte nueva sentencia tomando en cuenta la participación primaria en el homicidio doblemente agravado.
Por eso hoy vinimos con mucha más fuerza y más convicción porque estamos avalados por la Cámara de Casación Penal Nacional, donde no solo confirmó las privaciones ilegítimas que condenó a Rauzzino y Lucena y también la asociación ilícita”, señaló el representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en juicios de lesa humanidad, Guillermo Díaz Martínez.
Fuente:ElAncasti
Envío:AgnDDHH
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