El juicio podría comenzar antes de fin de año
Once represores serán juzgados por delitos de lesa humanidad en el Chaco
06/11/2015
Con jueces subrogantes quedó constituido el Tribunal Oral Federal de Resistencia que deberá juzgar a once represores por crímenes cometidos durante la última dictadura cívico militar en la exBrigada de Investigaciones de Resistencia en la causa conocida como Caballero Residual. Expectativa en que las audiencias comiencen antes de fin de año.
José Rodríguez Valiente (archivo)
Once represores podrían comenzar a ser juzgados antes de fin de año en la provincia del Chaco por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar.
Es en el marco de la causa conocida como Caballero II o Residual por crímenes cometidos en el centro clandestino de detención de la exBrigada de Investigaciones de Resistencia.
Una vez concluido el proceso de ofrecimiento de pruebas y de recusaciones abierto el miércoles 4 de noviembre, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la capital chaqueña deberá definir si hay posibilidades de que las audiencias del juicio oral y público comiencen a desarrollarse antes de fin de 2015.
erá el cuarto juicio que se realice en el Chaco por delitos de lesa humanidad.
Eduardo Ariel Belforte (de Formosa), Luis González (de Corrientes) y Mario Alurralde (de Reconquista) son los tres jueces con los que quedó constituido el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia.
En una resolución firmada el miércoles 4 de noviembre convocaron a las defensas, querellas y a la Fiscalía Federal para que examinen las actuaciones, ofrezcan pruebas e interpongan las recusaciones que estimen pertinentes.
Transcurrido ese plazo, alrededor de veinte días, el TOF deberá definir si las audiencias del juicio oral y público se inician antes de la Feria Judicial, como es la expectativa de los organismos de Derechos Humanos de la Provincia del Chaco.
Los 11
Son once los imputados por los delitos de “tormentos agravados, privación ilegítima de la libertad y desaparición forzada de personas” entre los que se encuentran oficiales del Ejército Argentino y oficiales y suboficiales de la Policía de la provincia del Chaco.
Entre los oficiales del Ejército se encuentran el capitán Tadeo Bettoli y el teniente, Luis Alberto Patetta.
Los miembros de la policía provincial y oficiales de la Dirección de Investigaciones que están procesados son el comisario, Ramón Esteban Meza; el sargento Gabino Manader; el oficial principal Francisco Rodríguez Valiente y los agentes Enzo Breard, Héctor Rubén Roldán, José Marín, Albino Luis Borda, Ángel Jorge Ibarra y Miguel Pelozo.
Los hechos, las víctimas
Los represores serán juzgados por delitos cometidos contra el matrimonio compuesto por Sara Fulvia Ayala y Pedro Morel, militantes de las Ligas Agrarias de la zona de Goya (Corrientes) y vinculados al Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).
Ambos se encuentran desaparecidos y fueron vistos por última vez en la exBrigada de Investigaciones a mediados del año 1977, en estado de salud precario como consecuencia de los tormentos sufridos en el excentro clandestino de detención ubicado en pleno centro de la ciudad de Resistencia.
Años antes, Morel se había desempeñado como secretario general del gremio de los trabajadores judiciales de la provincia de Formosa.
A los once imputados se les imputa también por las desapariciones de tres militantes de la Juventud Peronista -detenidos en abril de 1976-, otros tres de la Juventud Universitaria Peronista de la Facultad de Arquitectura -secuestrados en noviembre 1976- y el de un pequeño productor integrante de las Ligas Agrarias del Chaco.
En todos los casos fueron secuestrados en operativos de fuerzas conjuntas, encabezados por oficiales del ejército y con participación del grupo de tareas de la Dirección de Investigaciones y sufrieron todo tipo de tormentos en el tenebroso centro clandestino de la exBrigada de Investigaciones.
La complicidad judicial
Por otro lado, aún está pendiente una resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia que debe definir si ratifica la imputación por el delito de asociación ilícita contra el exjuez federal Luis Angel Córdoba y el exfiscal federal Roberto Domingo Mazzoni, y así dejar abierta la posibilidad de sentar en el banquillo de los acusados a dos de los funcionarios judiciales acusados por su complicidad e inacción ante los aberrantes crímenes contra la humanidad cometidos en su jurisdicción como funcionarios de la Justicia Federal.
Fuente:ChacoDiaPorDia

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