27 de noviembre de 2015

DIFUSIÓN.

LA SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN SEÑALIZARÁ
EL “POZO DE VARGAS”


La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación -a través de la Dirección Nacional de Sitios de Memoria- señalizará el próximo MIÉRCOLES 2 de DICIEMBRE  a las 10 horas el “Pozo de Vargas” –ubicado en Francisco Aguirre 4500, departamento de Tafí Viejo - por su funcionamiento durante el terrorismo de Estado (1976-1983).
El acto de señalización está organizado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación junto con la Secretaría de Estado de Derechos Humanos provincial y la participación de organismos de derechos humanos, familiares y sobrevivientes.

Pozo de Vargas 

En el marco de plan de exterminio iniciado en febrero de 1975 con el “Operativo Independencia” y ejecutado de manera sistemática en todo el país por la última dictadura cívico-militar (1976-1983), este sitio fue utilizado para el enterramiento clandestino de militantes políticos y sociales que habían sido secuestrados por las Fuerzas Armadas y de Seguridad. El terrorismo de Estado encubría así sus asesinatos y ocultaba el destino de los detenidos-desaparecidos.
Según testimonios obrantes en el Archivo Nacional de la Memoria y en causas judiciales, la mayoría de las víctimas estuvieron previamente cautivas en los centros clandestinos de detención “La Escuelita de Famaillá”, Jefatura de Policía de Tucumán y Arsenal Miguel de Azcuénaga, entre otros.
Ubicado en la “Finca de Vargas”, el “Pozo” es una edificación subterránea de tres metros de diámetro y, aproximadamente, 40 metros de profundidad construido hacia fines de siglo XIX y empleado como lugar de abastecimiento de agua para las máquinas ferroviarias a vapor hasta mediados del siglo XX.
Hacia fines del año 2001, tras reiteradas denuncias de los organismos de derechos humanos y familiares referidas a la existencia de un pozo de agua en el que habrían hombres y mujeres enterrados, un equipo de investigación- conformado por estudiantes, graduados y docentes de la carrera de arqeología de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo de la Universidad Nacional de Tucumán- realizó un primer relevamiento. Como resultado, en abril de 2002 se inició una investigación sistemática que, enseguida, comprobó que ahí había una fosa.
El 30 de septiembre de 2003, el presidente de la Nación, Néstor Kirchner, visitó el sitio e impulsó el avance de las investigaciones. Fruto de los estudios de la Universidad Nacional de Tucumán, en 2004 se recuperaron las primeras evidencias de restos óseos humanos. Actualmente, la instancia forense continúa con los trabajos y, a partir de la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas, hasta el momento se han identificado a 43 hombres y mujeres en este lugar de inhumación clandestina.

LA POLÍTICA NACIONAL DE SEÑALIZACIONES

La señalización de los ex centros clandestinos de detención y otros sitios de memoria del terrorismo de Estado hace visible el impacto local y nacional del plan sistemático de exterminio ejecutado por la última dictadura cívico-militar en todo el país y expresa en el espacio público el compromiso del Estado democrático de dar a conocer y condenar estos crímenes, impulsar el juzgamiento de sus responsables y aportar al reconocimiento y la reparación a las víctimas.

En aplicación de la Ley N° 26.691 y a través de la Dirección Nacional de Sitios de Memoria creada por decreto presidencial N° 1986/14, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación articula la gestión de políticas públicas de memoria entre el Poder Ejecutivo Nacional y las áreas estatales de derechos humanos provinciales y municipales de todo el país, con eje en la preservación y difusión de estos sitios por su valor testimonial, pedagógico y judicial.

También se impulsa y garantiza la creación y el sostenimiento en ellos de espacios públicos destinados a la construcción colectiva de la memoria y la promoción de derechos.




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