Resumen Latinoamericano/Resumen CL/ 10 de dic. 2015.-
Si definimos una revolución como un cambio de paradigmas tenemos que estar de acuerdo con que los tratados Pacifico y Atlántico lo son.
Durante 70 años, toda la post guerra, hemos vivido con unas reglas de juego que están a punto de cambiar radicalmente:
El Estado representativo tiene que responder de sus hechos a los representados. Esto ya cambió por la vía del secretismo. Las negociaciones hoy son secretas. Ni siquiera los parlamentarios las conocen, tampoco todos los ministros (de hecho no el Ministro de Salud según lo que él mismo ha declarado), solo los ministros ligados a la economía y la producción, la mayor parte de ellos relacionados con el BM o las transnacionales.
El Estado es soberano para imponer reglas de juego a todas las personas naturales y jurídicas bajo su dominio. Esto cambiara con los tratados, con los ya vigentes pero sobre todo con el TTP + TTIP. Las reglas de juego del país más favorable a las empresas serán las que rijan en todo el mundo. Las empresas tampoco se someterán al Poder Judicial nacional sino que sus conflictos con los Estados los resolverá el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones), institución del BM con sede en Washington.
Las decisiones de los Estados tienen que regirse por la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esto también cambiara al no poder establecerse límites al actuar de las empresas ni por leyes positivas ni por el actuar del Poder Judicial. De aquí en adelante son los derechos de las empresas los que rigen sobre los derechos individuales y colectivos (de las comunidades indígenas por ejemplo). Algunos derechos que se vulneraran son el derecho al trabajo (un cambio radical en las condiciones laborales que ya se viene dando); a la salud (la reacción de Médicos sin fronteras y del propio Ministro lo muestran); al medio ambiente (a Ecuador le ha costado varios millones de dólares expulsar a una petrolera que contaminaba la Amazonia) y otros. No se podrá regular a nivel nacional la comercialización de transgénicos o el fracking.
Los privatizadores nos dicen que con estos acuerdos el Estado se retira para darle más fuerza al mercado. Pero es necesario decir que la revolución se produce desde el propio Estado que, al renunciar a su soberanía, lo que hace en realidad es amparar a las empresas en contra de los ciudadanos. No es pues una libre negociación entre las primeras y los segundos. Para esto se cuenta con la dinámica muy organizada de las transnacionales frente al actuar individual del ciudadano de a pie.
El libre comercio fue una práctica del siglo XIX que duró unas pocas décadas y que fue luego arrumbada debido a sus inesperadas e indeseables consecuencias. El ‘laissez passer’, lo mismo que el ‘laissez faire’, es un mito que mal se compadece con los hechos económicos contemporáneos. Así lo entendieron tanto Marx como Keynes, dos gigantes de la economía, para quienes el capitalismo sería difícilmente entendible sin las muletas de la intervención del Estado: baste considerar el presupuesto público de cualquier Estado moderno para convencerse de ello. Además, otro gran economista, Joseph A. Schumpeter, llegó a dictaminar, por la misma época que Keynes, que el capitalismo no sólo es inseparable del monopolio y el oligopolio, sino que los necesita para evolucionar y expandirse.
Como muestra, un botón: las ingentes plusvalías que genera la pujante ‘economía de la información’ no serían más que humo si no existieran las patentes y el copyright (por cierto, dos monopolios que no son ‘naturales’, sino creados y otorgados por el Estado). Por si esto fuera poco hay un terreno más de intervención del Estado. Una mercadería que no puede circular libremente: el trabajo. Son miles de “ilegales” en Estados Unidos y Europa, lo que constituye una doble contradicción: los seres humanos no podemos ser ilegales porque somos anteriores a cualquier ley; si nos regimos por un “mercado libre” deberíamos poder ofrecer nuestra fuerza laboral donde este mejor pagada.
Hay un constante desplazamiento de trabajadores desde los espacios menos favorecidos a los más. Tanto interno (de las provincias a la capital) como externo (a EEUU, a Europa).
Pero los tratados solo aceptan el flujo de capital, no el de personas. ¿De dónde se retira entonces el Estado con estos tratados? Lo que nos dicen es que se trata de una rebaja de aranceles.
“Este acuerdo equipara el campo de juego para nuestros agricultores, ganaderos y fabricantes mediante la eliminación de más de 18.000 impuestos que diversos países aplican a nuestros productos”, ha dicho Obama. Pero lo real es que aranceles e impuestos han venido bajando desde hace mucho tiempo y no es necesario ningún tratado para eso.
Lo más importante son las “Medidas no arancelarias” o NTM según la jerga de la OMC. Es decir, las leyes, regulaciones o políticas de un país que afectan al mercado laboral, a los medicamentos y a los productos agroalimentarios y que son distintas a las de otro país. Con los tratados el neoliberalismo pretende reactivar de nuevo la voracidad del gran capital, desregularizando todas las esferas de la vida y creando la zona de libre comercio más grande del mundo al servicio de las Corporaciones.
Una nueva vuelta de tuerca a costa de los derechos laborales y sociales y del empobrecimiento de los pueblos, poniendo a disposición de las transnacionales los segmentos susceptibles de generar beneficios económicos que todavía no están bajo el control del capital privado.
Médicos sin Fronteras ha dicho que “pasará a la historia como el peor acuerdo comercial para el acceso a los medicamentos en los países en desarrollo”, cuya principal preocupación surge de las disposiciones del TPP sobre la protección de los fármacos biológicos sujetos a la propiedad intelectual.
Por fármacos biológicos se entiende toda terapia de una fuente de origen biológica, como las vacunas, las antitoxinas y los anticuerpos monoclonales para enfermedades como el cáncer y el virus de inmunodeficiencia humana/síndrome de inmunodeficiencia adquirida (VIH/sida). Los fármacos biológicos son estructuralmente más complejos que otros medicamentos, lo que hace que su elaboración sea más difícil y costosa.
En promedio, cuestan 22 veces más que los demás. Debido a estos costos MSF utiliza el fármaco original para desarrollar “biosimilares”, o sea versiones genéricas más baratas de los productos biológicos. Sin embargo, en Estados Unidos los fabricantes de fármacos biológicos tienen 12 años de exclusividad sobre la información necesaria para copiarlos. Durante ese lapso, no se puede aprobar un fármaco biosimilar que utilice los datos biológicos originales. Las normas que protegen esos datos varían según los países.
Por ejemplo, Chile, México y Perú no regulan los datos biológicos en absoluto. De firmarse el TTP la regulación norteamericana será la que prime. En lo que a agricultura corresponde deberíamos observar la experiencia de México tras 20 años de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y así podríamos comprobar la magnitud del problema.
Durante estos años de tratado, dos millones de campesinos han abandonado sus cultivos y emigraron a los Estados Unidos. Además México, que era un gran productor de maíz capaz de abastecer a su población se ha convertido en un país importador de este grano básico para la dieta de millones de sus ciudadanos.
El precio del maíz cayó tras la firma en más de un 59%, lo que permitió la entrada de millones de toneladas de maíz de baja calidad a bajo precio expulsando y aniquilando así la producción autóctona de calidad, que era el producido por miles de campesinos y campesinas mexicanos.
¿Cuáles son las alternativas frente a esta situación?
Hay una opción que propone encerrarnos en nuestras fronteras. Es la propuesta de Trump en los Estados Unidos, pero incluso hay compañeros que desde posiciones de izquierda siguen la misma línea.
Yo creo que si globalizan la opresión debemos globalizar la resistencia. Es necesario organizar todas las fuerzas en todo el mundo para resistir a los tratados. Los ya citados Médicos sin Fronteras y otros movimientos como La Vía Campesina, son algunas de las organizaciones que se han forjado en esta tarea.
Los marxistas revolucionarios siempre hemos estado organizados en una Internacional. Y es que cerrar las fronteras no es posible en el capitalismo. No olvidemos que el capitalismo nace con la invasión española a América, es decir es un sistema internacional desde su mismo origen. Cualquier cierre de fronteras es retardatario.
Hay un solo terreno en el que se justifica el cierre parcial de fronteras. Es el alimentario. Debemos tender a alimentarnos con lo que nuestra tierra produce. La liberalización del comercio y la falta de regulación de los mercados han llevado a los campesinos y las campesinas de todo el mundo a vender a precios por debajo del coste de producción, haciendo que los medios de vida de las comunidades agrícolas sean insostenibles. Pero hay un argumento más contra la producción masiva de alimentos.
El cuidado de nuestro planeta. Traer desde espacios lejanos nuestra comida es un gasto inútil de combustible que afecta al calentamiento global. Las granjas masivas de aves o mamíferos van contra los derechos de los animales.
En cambio debemos defender la idea de la libre circulación de personas por el mundo. Nadie es ilegal, nadie debe tener menos derechos por su lugar de procedencia, su sexo o sus creencias políticas o religiosas.
Se deben reducir las horas de trabajo para que todos tengamos acceso al empleo sin rebajar los salarios. Debemos reconocer que los Derechos Humanos están por encima de los intereses comerciales o productivos.
La producción debe ser regulada socialmente para eliminar algunos rubros (armas, energía nuclear, publicidad), disminuir otros (el 80% del petróleo debe quedarse bajo tierra) y en cambio hacer crecer unos terceros (salud, alimentación, educación).
Los bancos son un tema muy serio para dejarlos en manos de los banqueros, deberían convertirse en un sector estrictamente regulado que proporcione servicios financieros básicos a todos y todas, y contribuya a la construcción de sociedades justas y sostenibles. Los derechos de propiedad intelectual deben elaborarse, interpretarse y hacerse cumplir en el marco de los derechos humanos, la protección del consumidor, la competencia, las leyes sobre la intimidad y los objetivos sociales.
Fuente: ResumenCl
Pedro Ferraracio: “El gobierno chileno es cómplice de las violaciones de Israel”
Resumen Latinoamericano / 10 de Dic. 2015.-
En 2008 se creó el Comité Nacional Palestino para coordinar la campaña Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS). Esta campaña surgió en 2005 como llamado de la sociedad civil palestina, para que Israel respetara el derecho internacional y no continuara la ocupación de territorios palestinos.
Pedro Ferraracio Charbel, es un joven brasileño y quien desde marzo de este año asumió la tarea de encauzar la campaña BDS en Latinoamérica. En este momento realiza una gira por distintos países de la región para dialogar con organizaciones y activistas pro palestina con el objetivo de difundir la iniciativa. Ferraracio de paso por Chile, conversó en exclusiva con eldesconcierto.cl sobre en qué consiste BDS, los logros que han obtenido y la relación del Estado chileno con la compra de armas, equipos de seguridad y bombas lacrimógenas a Israel.
¿De qué se trata la campaña BDS?
Lo que plantea el BDS son tres derechos específicos que Israel debe respetar, cosas que están descritas en el derecho internacional: el derecho de retorno de los refugiados; el fin de la ocupación de Cisjordania, la Franja de Gaza, incluyendo Jerusalén; y derechos iguales para los palestinos que viven dentro de Israel.
Hoy 20% de la población de Israel es palestina sin embargo no tienen los mismos derechos que la población israelí judía. Son derechos obvios, estamos planteando la igualdad, la justicia, la libertad. En el caso de los refugiados por ejemplo, es algo que está en el derecho internacional, lo mismo para la ocupación, lo mismo para los derechos iguales a la gente que vive dentro de Israel.
Son planteamientos obvios, pero que clarifican, cuál es el problema: hay un régimen de apartheid, un proceso de ocupación y colonización que lleva años y frente a la impunidad, nosotros podemos romper, por lo menos con nuestros vínculos.
¿Cuáles son los resultados que ha tenido su campaña?
El BDS tiene muchos logros en el mundo. Es un movimiento muy efectivo que está creciendo mucho. A nivel económico por ejemplo, el año que pasó, hubo un 46% menos de inversiones internacionales en Israel y de acuerdo con relatores de la UNCTAC [Conferencia de las Naciones Unidas Sobre Comercio y Desarrollo] y de los académicos israelíes, la razones para esta caída en las inversiones internacionales son el BDS y la masacre de Israel en contra de la Franja de Gaza del año pasado. Entonces, es un movimiento efectivo.
Lo que hace el BDS es hacer campañas en contra de objetivos específicos, en contra de empresas israelíes o internacionales, que tienen vínculos con las violaciones de Israel.
Por ejemplo, la empresa británica G4s que hace la administración en las prisiones de Israel, los puestos de control, la seguridad en las colonias, es una empresa que tiene enfrentada una campaña al rededor del mundo y está perdiendo muchos contratos, está perdiendo muchas inversiones por su complicidad con lo que hace en Israel. Es el caso de la Gates Foundation en los Estados Unidos que sacó sus acciones de G4s, es el caso de los empresarios sudafricanos que han publicado carteles diciendo que no van a contratar los servicios de G4s.
Es el caso del Parlamento Europeo que no renovó su contrato con G4s y otros tantos ejemplos. Lo mismo con otras empresas. La empresa francesa de Veolia de transportes que construyó el tren que conecta las colonias israelíes ilegales con el resto de Israel y son cómplices, por lo tanto del proceso de colonización. Veolia perdió más de 14 millones de dólares en contratos con municipalidades alrededor de Europa.
Pero muchas de esas empresas que no logran contratos en Europa están viniendo a Latinoamérica¿Los logros siguen acá?
Así es. Una de las empresas que participó en la construcción del muro que construyó Israel en los territorios ocupados, muro que fue considerado ilegal por la Corte Internacional de Justicia, es Elbit empresa israelí. Elbit tenía contrato con la provincia de Río Grande del Sur en Brasil y después de la presión de la sociedad civil brasileña, centrales sindicales, grupos, políticos, sociedad civil, grupos de derechos humanos, incluso otros gobiernos, la provincia de Río Grande del Sur, rompió su contrato con Elbit.
Otra empresa es Mekorot, empresa de aguas israelí que saca el agua de Cisjordania a los palestinos y se las llevan a las colonias. Son dos sistemas de aguas distintos por criterios raciales, apartheid. Mekorot tenía un contrato con la provincia de Buenos Aires y los argentinos empezaron una campaña muy fuerte y lograron que la provincia suspendiera el contrato con Mekorot hablando de lo que hacía Mekorot en Palestina, pero también hablando de las consecuencias de tener un contrato de este tipo en Argentina, para la privatización del agua y el aumento en costos de consumo.
El BDS hace también puentes entre las situaciones locales y lo que sucede en Palestina.
Muchos de los equipos que importa Chile de Israel, armas, equipos de seguridad, las bombas lacrimógenas, todo eso se ha usado en contra de la población chilena misma. Lo mismo pasa en Brasil, con las policías militares que están ocupando las favelas, hay campañas de los movimientos negros en contra de una empresa israelí que hace entrenamiento de la policía militar porque ellos están sufriendo los impactos de la tecnología, de las técnicas que desarrolla Israel, utilizando el pueblo palestino como un laboratorio y ahora la están usando en contra de ellos en Brasil.
El BDS construye puentes muy fuertes de solidaridad entre los pueblos. Por eso, pueblos como los de Sudáfrica, apoyan tan fuertemente el BDS. Desmond Tutu, el arzobispo que luchó contra el apartheid, Nobel de la Paz, es uno de los grandes colaboradores del movimiento. La Universidad de Johannesburgo por ejemplo, rompió todos sus convenios con las universidades israelíes, un ejemplo muy importante del boicot académico.
Israel también utiliza las universidades, las asociaciones culturales para lavar su imagen y utilizar esto como propaganda. Lo que hace el boicot académico y el boicot cultural es decir que no es normal la ocupación y el apartheid y la colonización, incluso denunciar los vínculos de las universidades mismas con lo que hace Israel.
Las universidades israelíes están involucradas con el régimen de apartheid de ocupación y colonización. Han sacado declaraciones en apoyo a la masacre contra la Franja de Gaza el año pasado, tienen convenios de investigación y producción de conocimiento tecnológico para el Ejército Israelí, las tecnologías del ejército se desarrollan en colaboración con las universidades. Hay universidades que dan becas a los soldados que estaban en la Franja de Gaza el año pasado cometiendo crímenes de guerra. Son instituciones que están vinculadas con lo que hace Israel.
Nosotros no boicoteamos a individuos, hay muchos israelíes que también apoyan el BDS.
Recientemente la Asociación Americana de Antropología sacó una declaración en apoyo al BDS, la mayor asociación de antropología del mundo. En los Estados Unidos, por ejemplo, Judith Butler, la filósofo de género apoya fuertemente al BDS y ella es de origen judío. Stephen Hawking, el físico, no aceptó una invitación de ex presidente de Israel Shimon Peres para un premio, dijo que no iba a tener vínculos con instituciones israelíes hasta que Israel respete los derechos humanos del pueblo palestino.
A nivel cultural igual. Muchos artistas, como Roger Waters han dicho que no van a hacer conciertos en Israel porque no van dejar que se utilice su imagen para normalizar lo que hace Israel y por una cuestión de coherencia. Si uno no iba a hacer un concierto en Sudáfrica del apartheid, no va a hacer un concierto ahora en Israel donde hay un régimen de apartheid de colonización y ocupación.
¿Cuál es la relación de Chile con las empresas e instituciones israelíes?
El gobierno chileno y muchas de las instituciones chilenas son cómplices de las violaciones de Israel. El gobierno chileno tiene contrato con las empresas y con el gobierno de Israel. G4s, la empresa británica, está por todas partes en Santiago, en oficinas, en universidades, en centros comerciales y todo eso. La Universidad de Chile tiene convenios con universidades israelíes que son cómplices de las violaciones de Israel.
Si uno plantea soluciones justas: justicia, igualdad y libertad; hay que empezar por ejemplo, a no comprar armas, a no financiar la industria que hace estas violaciones. El movimiento BDS en Chile está creciendo, está denunciando todo eso. En la misma Universidad de Chile hay un grupo muy fuerte y muy creciente de estudiantes de distintas organizaciones y grupos políticos que están juntos en apoyo al BDS para hacer presión para que la universidad rompa sus vínculos con las universidades israelíes o que no acepten, por ejemplo, eventos que tienen patrocinio de la embajada israelí.
Los estudiantes de derecho han sacado una resolución muy clara sobre eso, que están en contra de eventos dentro de la universidad con patrocinio de la embajada de Israel o con agentes del gobierno israelí.
Eso es lo mínimo que hay que hacer. Nosotros como ciudadanos del mundo, gente con conciencia, no podemos aceptar que nuestros gobiernos estén financiando directamente estas ilegalidades.
Muchos gobiernos de Latinoamérica han reconocido al Estado Palestino, han hablado a favor del pueblo palestino y es el caso del gobierno chileno, pero sigue con un doble estándar, sigue comprando armas a Israel y haciendo contratos con empresas que contribuyen a las violaciones a los derechos humanos.
Hoy lo que los palestinos necesitan no es caridad ni declaraciones, necesitan de solidaridad efectiva. Si uno está en solidaridad con el pueblo palestino hay que romper los vínculos que se tengan y la complicidad con las ilegalidades que perpetra Israel.
¿Quiénes se pueden sumar al BDS?
El BDS es un movimiento de la sociedad civil internacional. Es un llamado a todas personas, no importa el origen étnico, racial, religioso, hay colaboradores del BDS en todo el mundo, en Europa, en los Estados Unidos, donde los grupos son más fuertes. Una de las mayores coaliciones está en Estados Unidos, la Voz Judía por la Paz, de judíos estadounidenses que se han sumado a la campaña de BDS allá.
El BDS es una campaña antirracista y nosotros, latinoamericanos, y ustedes aquí en Chile conocen lo que fue el terrorismo de Estado, lo que fue el proceso de colonización, las violaciones a los derechos humanos en nuestra región y si se está de acuerdo con el respeto a los derechos humanos hay que tener coherencia y hay que estar de acuerdo con los derechos humanos allá.
El BDS no es un movimiento dogmático, no es solamente dejar de comprar productos de Israel para dormir tranquilo, sino que es una herramienta política para que se respete el derecho internacional.
Muchas veces la prensa se olvida que las vidas de los palestinos tienen los mismos valores, los mismos valor y si uno respeta el derecho internacional aquí en Chile o plantea el derecho al derecho internacional en Chile, hay que plantear lo mismo en Palestina. Eso es lo que hace el BDS, plantea el respeto al derecho internacional, al derecho al retorno, a derechos iguales a los palestinos dentro de Israel y el fin de la ocupación por libertad, justicia e igual al pueblo palestino.
Súper simple, súper obvio, pero todavía sigue la complicidad de los gobiernos con las instituciones de Israel. Para nosotros, la sociedad civil internacional, cuando los gobiernos no están actuando, la responsabilidad está con nosotros. Los palestinos nos han llamado, a nosotros, a ustedes en Chile, a participar en eso y a luchar con ellos por esos principios. Sumarnos a esta lucha es una obligación moral y humana.
Fuente: ElDesconcierto
Envío:ResumenLatinoamericano
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