LA MODA DE LOS DNU NO PARA
El Gobierno traspasó las escuchas a la Corte y postergó la aplicación del Código Procesal
El presidente Mauricio Macri reformó por decretos de necesidad y urgencia dos leyes votadas por el Congreso, una que quitaba las escuchas telefónicas judiciales de la órbita del área de inteligencia y la pasaba a la Procuración General de la Nación, y otra que a partir del 1 de marzo hacía entrar en vigencia un sistema acusatorio que, a grandes rasgos, implica que las investigaciones quedan a cargo de los fiscales y los jueces actúan como garantes del proceso.
El decreto 257/2015 publicado en el Boletín Oficial establece que el nuevo Código Procesal Penal "entrará en vigencia de conformidad con el cronograma de implementación progresiva que establezca la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación" de esa norma, cuya responsabilidad es del Congreso nacional, "previa consulta con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación".
El DNU también suspende las partidas presupuestarias establecidas para la puesta en marcha del nuevo Código y la creación de nuevas estructuras, y prevé un "mecanismo progresivo de asignación de recursos para atender las erogaciones que demande la efectiva implementación".
Según los considerandos, "la implementación en las actuales condiciones pondría en grave riesgo la correcta administración de Justicia". Pero tanto esta norma como la del traspaso de las escuchas están vinculadas a la presión del Gobierno sobre la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, para que renuncie a su cargo.
Respecto de las escuchas, el decreto 256/2015 que transfirió a la órbita de la Corte Suprema el Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (DICOM), creado a partir de la reforma al sistema de inteligencia a principios de año, le quita a la Procuración la administración de esos actos.
En ese sentido, el artículo 4 del DNU indica que la Corte "dictará el reglamento de funcionamiento del DICOM", que estará a cargo "de UN (1) juez penal con rango de Juez de Cámara, quien será designado por sorteo y durará en sus funciones por un plazo de UN (1) año y no podrá ejercerlas nuevamente hasta transcurrido un período de CINCO (5) años".
Según los considerandos, el Ministerio Público Fiscal es "una parte principal" que "persigue un interés determinado" por lo que "resulta más prudente, teniendo en miras el debido proceso legal, que la ejecución de una orden de intervención de una comunicación sea llevada a cabo por un organismo distinto al que es parte en la investigación".
Caamaño: "Cualquier juez va a poder realizar escuchas desde cualquier lado"
La titular del Departamento de Interceptación y Captación de Comunicaciones (Dicom) de la Procuración General de la Nación, la fiscal Cristina Caamaño, consideró "un mamarracho jurídico" el decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el presidente Mauricio Macri que transfiere el organismo del Ministerio Público Fiscal a la Corte Suprema de Justicia.
"Es un mamarracho jurídico porque es un DNU y éstos no pueden versar sobre investigaciones penales", consideró en declaraciones a radio Del Plata, al conocerse hoy el decreto 256/15 que hace efectiva la transferencia de la tarea de las escuchas telefónicas a la Corte Suprema.
Para la fiscal Caamaño, con esta decisión, "vuelve la gente de (el ex espía Antonio "Jaime") Stiuso y vuelve la promiscuidad entre algunos jueces y los servicios de inteligencia", ya que -entre los considerandos de la medida- "dice que se faculta a solicitar los servicios del personal de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI)".
La fiscal explicó que durante el trabajo de todo este año "se recibieron casi 200 agentes de Inteligencia y los devolvimos, y actualmente la gente es de la Procuración". "Yo no voy a permitir que se trasladen las personas como si fuesen bienes o muebles, son personas que tienen su contrato en la Procuración y con mucho trabajo y empeño fo"rmamos el equipo", aseveró Caamaño para quien, con el nuevo decreto, "cualquier juez va a poder realizar escuchas desde cualquier lado".
La hasta hoy titular del Dicom también se pronunció en contra del otro decreto conocido esta mañana, que suspende la aplicación del Código Procesal Penal de la Nación, cuya entrada en vigencia estaba prevista para el 1 de marzo próximo. "Hay una ley que dice que se pone en vigencia y por un DNU se anula una ley, es na locura. Es una vergüenza que tengamos un código penal pero por un decreto se voltee la ley", indicó.
Fuente:Pagina12
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