Resumen Latinoamericano/Radio U, 30 de diciembre de 2015 –
Una serie operativos policiales y allanamientos se han registrado en estos días festivos en la llamada “zona de conflicto”.
Esto cuando en enero se conmemoran ocho años de la muerte de Matías Catrileo y cuando la Presidenta Michelle Bachelet anunció su viaje a la región de La Araucanía para el primer mes del 2016.
Los días previos a las fiestas fueron allanadas las comunidades de Tricauco, Autónoma de Temucuicui, José Guiñón de la comuna de Ercilla y la comunidad José Millacheo de Collipulli, a lo que, después de Navidad, se sumó la comunidad We Küyen del sector de Pidima.
Este domingo a eso de las diez de la mañana un piquete de Fuerzas Especiales de Carabineros ingresó a la comunidad y al interior de las viviendas, disparando y sin mediar ninguna explicación.
El werkén de la comunidad, David Cuyul indicó que “hace días que vienen entrando a nuestra comunidad y no sabemos cuál es el procedimiento, ni por qué entran destruyendo las cercas. Hubo parceleros en nuestra comunidad, pero ellos conversaron con nosotros y dejaron sus tierras.
También hablamos con Carabineros y dijimos que no queríamos más allanamientos, porque ya no hay que cuidar, ni nadie a quien proteger. No entendemos esto, pero a mí me huele a provocación”, dijo.
En el operativo resultó herido Moisés Rodrigo Lienqueo Cayul (18), quien recibió múltiples perdigones en su rostro y su cabeza, por lo que concurrió de urgencia al Hospital de Victoria, donde este lunes fue detenido y posteriormente formalizado.
Por su parte, la abogada Manuela Arroyo, de la Defensoría Penal Pública, afirmó que “claramente durante estas fechas, entre Navidad y Año Nuevo se pretende que pase inadvertidas estas acciones, porque hay otros intereses de la sociedad”.
La abogada reconoció que suele haber mayor incidencia de allanamientos y con más violencia.
“Lo que es peor en este caso es que hubo disparos a un joven que salió a observar lo que estaba pasando y fue brutalmente atacado”, comentó este lunes, mientras visitaba a Lienqueo en el Hospital.
Por su parte, el werkén y destacado comunicador mapuche, Richard Curinao afirmó que la situación se complica en estas fechas, porque hay casi nula presencia de medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos que puedan denunciar lo que está ocurriendo.
En ese sentido, sostuvo, “sólo quedan las redes sociales”. Todo esto ocurre a pocos días de la conmemoración de un nuevo aniversario del asesinato de Matías Catrileo, donde ya se convoca a una semana de agitación y protesta ante lo que afirman, ha sido la falta de Justicia real para la familia por la muerte del joven el 2008.
Curinao confirmó que ya hay varios llamados a conmemorar lo que denominó como ocho años de impunidad.
“Como dijo Héctor Llaitul de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) creo que es una fecha bien sensible para poder recordar a nuestro peñi (hermano) y el camino que el recorrió en la defensa del territorio”.
En ese sentido, hizo un llamado a no manipular ni hacer mal uso de esta fecha, sino que poner el énfasis en el proceso de recuperación territorial y las demandas de las comunidades.
A mediados de diciembre la Corte Suprema estableció la responsabilidad del Estado en el actuar irracional del cabo de Carabineros Walter Ramírez y dictaminó una indemnización de 130 millones de pesos para la madre y la hermana de Catrileo.
Sin embargo, el cabo recibió una sentencia de sólo tres años de cárcel, ante lo que la familia decidió donar la compensación económica.
Por esto enero es una época sumamente tensa en el sur, a lo que se suma la muerte del matrimonio Luchsinger Mackay el 2013.
Aún así, ésta es la fecha en la que la Presidenta Michelle Bachelet fijó su viaje a La Araucanía y el momento en el que el Gobierno decidió presentar el proyecto de ley que cambia la actual institucionalidad en materia de pueblos indígenas reemplazando a la Corporación Nacional de desarrollo Indígena (Conadi) por un nuevo Ministerio y Consejo de Pueblos Indígenas.
Ya abrió la inscripción para las universidades gratuitas en Chile
Resumen Latinoamericano / DiarioRegistrado / 28 de diciembre de 2015 –
La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, promulgó la ley aprobada por el congreso de su país que garantiza la gratuidad a los sectores más vulnerables y por la cual casi 200.000 jóvenes comenzarán a formarse gratuitamente en educación superior a partir del próximo año. La inscripción para el nuevo sistema gratuito ya está abierta.
La decisión fue tomada en su tercer trámite constitucional, por 92 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención. “Después de 30 años la gratuidad vuelve a Chile”, aseguró el vocero del Gobierno, Marcelo Díaz, quien agregó que este acuerdo va pasar a la historia del país.
Por su parte, la ministra de Educación, Adriana Delpiano, afirmó que este es “un gran paso” en un camino en el que “esperamos seguir avanzando para que más estudiantes puedan acceder a la educación gratuita”.
La gratuidad en la educación universitaria fue uno de los emblemas del segundo mandato de la presidenta Bachelet que a lo largo de este año sufrió distintos cambios. Desde el pasado 21 de mayo, el Gobierno modificó en más de cinco ocasiones las propuestas de gratuidad lo que desconcertó a la comunidad universitaria y empujó a los estudiantes a marchar por las calles de Santiago.
El programa inicial de Bachelet sostenía que el 70 % de los estudiantes más vulnerables podría acceder de forma gratuita a la universidad; sin embargo, tras la brusca desaceleración económica que golpeó el país austral en 2015, el Gobierno recortó la cuota de forma considerable.
La norma actual beneficiará a unos 200.000 estudiantes que ingresen o estén cursando alguna carrera universitaria en las casas de estudios que cumplan los requisitos estipulados por la enmienda que compete a la Ley de Educación Superior.
La gratuidad universitaria era un anhelo de millones de jóvenes, maestros y padres que marcharon desde 2011 por las calles de Chile exigiendo a la autoridad una educación sin costo, de calidad y sin fines de lucro.
El problema del financiamiento universitario se arrastraba desde la reforma educacional que implantó dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990) al obligar a las universidades públicas a autofinanciarse, por lo que hasta hoy cobran aranceles anuales de miles de dólares, gasto que muchos estudiantes y sus familias sus estudiantes no pueden sufragar.
En Chile alrededor de la mitad de los trabajadores percibe salarios inferiores a los 500 dólares por mes. “Después de 30 años la gratuidad vuelve a Chile”, aseguró el vocero del Gobierno, Marcelo Díaz, quien agregó que este acuerdo va pasar a la historia del país. Por su parte, la ministra de Educación, Adriana Delpiano, afirmó que este es “un gran paso” en un camino en el que “esperamos seguir avanzando para que más estudiantes puedan acceder a la educación gratuita”.
La gratuidad en la educación universitaria fue uno de los emblemas del segundo mandato de la presidenta Bachelet que a lo largo de este año sufrió distintos cambios. Desde el pasado 21 de mayo, el Gobierno modificó en más de cinco ocasiones las propuestas de gratuidad lo que desconcertó a la comunidad universitaria y empujó a los estudiantes a marchar por las calles de Santiago.
El programa inicial de Bachelet sostenía que el 70 % de los estudiantes más vulnerables podría acceder de forma gratuita a la universidad; sin embargo, tras la brusca desaceleración económica que golpeó el país austral en 2015, el Gobierno recortó la cuota de forma considerable.
La norma actual beneficiará a unos 200.000 estudiantes que ingresen o estén cursando alguna carrera universitaria en las casas de estudios que cumplan los requisitos estipulados por la enmienda que compete a la Ley de Educación Superior.
La gratuidad universitaria era un anhelo de millones de jóvenes, maestros y padres que
marcharon desde 2011 por las calles de Chile exigiendo a la autoridad una educación sin costo, de calidad y sin fines de lucro.
El problema del financiamiento universitario se arrastraba desde la reforma educacional que implantó dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990) al obligar a las universidades públicas a autofinanciarse, por lo que hasta hoy cobran aranceles anuales de miles de dólares, gasto que muchos estudiantes y sus familias sus estudiantes no pueden sufragar.
En Chile alrededor de la mitad de los trabajadores percibe salarios inferiores a los 500 dólares por mes.
Envío:ResumenLatinoamericano
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