Resumen Latinoamericano /Contagio Radio, 10 febrero 2016.-
La corrupción en las administraciones y los proyectos mineros implementados en la Guajira han provocado la muerte de por lo menos 4000 niños en todo el departamento, para Armando Valbuena, líder indígena, esta crisis se debe a la acción empresarial junto a la desatención estatal.
Las recientes muertes de niños sumado a los 16 casos de los menores de edad wayuu que se debaten en la vida y la muerte, fueron el agravante para que el presidente Juan Manuel Santos decidiera liderar una reunión para buscar salidas a la situación que se vive en la región, sin embargo, Valbuena, asegura que no hay ningún tipo de expectativa frente al plan de acción que se tome desde el gobierno, pues de acuerdo con él “hay genocidio estructural de Estado contra los pueblos indígenas de La Guajira”.
Según Valbuena es evidente la inacción de los entes estatales, pues aun cuando la Corte Constitucional profirió un Auto en 2009 que obligaba al Estado a ejecutar un plan de salvaguarda para la región éste no ha sido aplicado, por el contrario ha aumentado la corrupción en sus funciones administrativas y los avances en la solución de estas problemáticas han sido mínimos.
Desde el Ministerio de Vivienda la entrega de 222 pozos de agua para las comunidades indígenas, sin embargo, esto contrasta con la acción empresarial de empresas como el Cerrejón custodiadas por el Estado, y que en palabras del líder indígena “lleva 30 años despilfarrando millones de litros de agua del río Ranchería para extraer carbón… La Guajira no cuenta con el mínimo vital”.
La Serranía de Macuira y el río Ranchería, han sido afectadas tanto por el cambio climático, como por los 30 años de extracción carbonífera por parte de Cerrejón. La empresa minera para extraer el carbón usa las aguas del rio y luego vierte en su cuenca las aguas contaminadas resultantes.
Lo más grave es que esas son las dos únicas fuentes de las que depende el abastecimiento de agua y alimentos del pueblo Wayuu. Para Valbuena, la “crisis humanitaria en La Guajira responde a desorden estructural del Estado”.
La Fiscalía y Procuraduría no han funcionan para investigar los casos de corrupción que han dejado en la pobreza a una de las regiones que más le genera regalías al país.
Foto: Arauca Estéreo
Sindicalismo colombiano: La criminalización y judicialización de la actividad sindical siguen al orden del día
SINDICALIMOSCOLOMBIANO
Trabajadores y su organización sindical del Hospital San Juan de Dios lucharon varios años para defender el hospital de los pobres en Colmbia y sus puestos de trabajo. Fueron violentamente agredidos por las fuerzas públicas pero no se doblegaron ante el Estado. ANNCOL, 10 de febrero 2016.-
En días pasados las imágenes de los noticieros mostraron un piquete del Esmad en arremetida violenta contra los funcionarios judiciales que adelantaban una protesta laboral frente a los edificios de los juzgados civiles y de familia del centro de Bogotá.
Los funcionarios protestaban contra el acuerdo 10445 del Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) que en diciembre pasado creó los Centros de Servicios para los juzgados civiles y de familia, medida que no fue bien recibida por los y las funcionarias de estos despachos, que resolvieron adelantar un cese de actividades.
Lo que causó desconcierto y preocupación fue la irrupción violenta del Esmad para desalojar a estos trabajadores y trabajadoras, quienes no hacían nada distinto a lo que han hecho en todos los paros que históricamente han promovido, casi siempre por los mismos motivos: exigir mejores condiciones laborales y más atención del Estado a los múltiples problemas de la justicia.
Funcionario judicial herido en la acción del Esmad.Foto: ESN.
En la acción del Esmad hubo golpes y ataques con pistolas eléctricas, que dejaron varias personas lesionadas, sangrantes. No respetaron ni a las mujeres embarazadas, e incluso dañaron algunos implementos dentro del edificio, según lo denunció Orlando Chinchilla, vocero de los manifestantes.
Criminalización y judicialización de la protesta laboral
Este nuevo ataque violento del Esmad pone en evidencia un fenómeno que se viene generalizando en Colombia: la criminalización de la protesta social, y en particular de la acción sindical, que si bien ha sido un recurso usado desde que el sindicalismo existe, en estos últimos años viene tomando fuerza, institucionalizándose en el país, hecho que coincide con el auge de las protestas y movilizaciones de los trabajadores, que hoy es 4 veces mayor que hace 10 años.
Y se suma a las tradicionales estrategias para contener la protesta sindical, como lo son, entre otras, la estigmatización, la persecución, las detenciones arbitrarias y el asesinato de los activistas y dirigentes.
No hay que olvidar que desde 1977 en Colombia se han cometido 13.983 violaciones a la vida, libertad e integridad contra las y los sindicalistas, entre éstas 3.089 homicidios.
Este tema fue motivo de análisis en el “Encuentro contra la Criminalización de la Protesta Sindical y Social”, realizado el pasado mes de noviembre en Bogotá con la asistencia de medio centenar de sindicatos, evento en el que también se llamó la atención sobre las diversas estrategias de contención de la acción sindical, aparte de la criminalización. Una de ellas es la judicialización, o “guerra jurídica”.
Consiste en poner contra las cuerdas a los sindicatos y los trabajadores sometiéndolos a procesos disciplinarios y denuncias ante la Fiscalía y los juzgados, y abusando no pocas veces de las normas del derecho y el Código del Trabajo.
La mayoría de esas demandas las pierden las empresas, pero no les importa porque con su andanada de denuncias y procesos logran bloquear y desgastar a los sindicatos. Además, es grave porque se despolitiza el conflicto y no se transforman ni mejoran las relaciones laborales.
Otra estrategia es la declaratoria de ilegalidad de las huelgas, que se viene consolidando como una política sistemática.
Desde la vigencia de la ley 1210 de 2008, la Corte Suprema ha producido 33 sentencias sobre huelgas, 19 declarando su ilegalidad, 11 la legalidad, y 3 en que no se pronunció sobre la legalidad.
Las principales causas que señala la Corte para declarar la ilegalidad de las huelgas, son: por tratarse de un servicio público esencial (6 casos), por ser huelga no pacífica (6), por no cumplimiento de términos (5), por no contar con las mayorías (2).
Las decisiones de primera instancia declararon legales 19 huelgas e ilegales 11, y en 3 no se calificó la ilegalidad.
La Corte Suprema revocó 10 sentencias que declaraban legales las huelgas y 2 que la declaraban ilegal, y en 21 casos confirmó la primera instancia. Esta disparidad de criterios obedece, sin duda, a la precaria regulación legal del tema.
Fueron especialmente controversiales la declaratoria de ilegalidad que la Corte hizo de la huelga de Anthoc en los hospitales, pese a que este sindicato garantizó la prestación de servicios mínimos.
También la declaratoria de ilegalidad de 6 huelgas realizadas en la gran minería del carbón. En total, según datos de la ENS, de las 1.623 protestas registradas desde 2010 hasta hoy, 675 (41,5%) han sido entorpecidas con medidas legales e ilegales.
Asimismo, desde el 2006, en el marco de las protestas laborales, hubo 13 detenciones arbitrarias, 10 hostigamientos, 5 atentados con o sin lesiones, y 2 amenazas. Con el agravante de que 28 de estas agresiones fueron contra dirigentes sindicales.
Algunas acciones del Esmad
Desde el año 2006 la ENS tiene registro de 32 casos de protestas laborales y sindicales en las cuales hubo intervención del Esmad. Estas son algunas de ellas:
– Junio 2007. Contra profesores que conmemoraban el día del estudiante caído en el parque Olaya Herrera en Manizales. Agresión con gases lacrimógenos y balas, supuestamente de caucho, que realmente eran bolas de cristal. Saldo: 15 personas heridas, entre ellas Juan C. Martínez Gil, dirigente del sindicato Educadores Unidos de Caldas, quien perdió su ojo izquierdo.
– 1º de mayo 2010. En Cali, los dirigentes sindicales José Milciades Sánchez, presidente de Sintraunicol Subdirectiva Valle, y Diego Quiguanas, del Comité Obrero de Sintraemcali, fueron agredidos por el Esmad cuando participaban en la marcha de conmemoración del Día del Trabajo. José Milciades ha sido agredido en múltiples ocasiones por el Esmad, y además ha recibido amenazas.
– Febrero 2011. Agresión contra trabajadores afiliados a Sintrahospiclinicas en el Valle del Cauca, en momentos en que protestaban contra el incumplimiento en el pago de salarios. Hubo varios lesionados.
– Marzo 2011. En Bogotá, unos 10 mil docentes y directivos estaban concentrados frente a las instalaciones de la Secretaria de Educación, en la Jornada de Protesta por la Dignidad del Magisterio y contra el maltrato laboral. Miembros del Esmad agredieron verbalmente y lanzaron gases lacrimógenos. Varias maestras y maestros fueron golpeados.
– Enero 2012. Ante la intransigencia de la empresa Carbones Colombianos (Caipa) para negociar el pliego petitorio, trabajadores afiliados Sintramienergética entraron en huelga e hicieron toma de las instalaciones. El Esmad los desalojó con gases lacrimógenos. Dos trabajadores resultaron afectados.
– Octubre 2012. Trabajadores afiliados a la USO que realizaban una jornada de protesta en Barrancabermeja, fueron agredidos por el Esmad y soldados del ejército. Jair Ricardo Chávez, dirigente de la USO, fue golpeado y herido con gases lacrimógenos. John Rodríguez Quintero, dirigente de Funtraenergetica, y su escolta, fueron agredidos y posteriormente detenidos.
– Agosto 2013. Durante el “cacerolazo” pacífico que en solidaridad con el paro agrario realizaron diferentes sectores sociales en Rionegro, Antioquia, fue agredido Sergio Echeverri Duque, presidente de Adida en dicha localidad. Dos agentes de policía dispararon contra él cuando los manifestantes ya se habían dispersado.
– Julio 2013. 48 trabajadores de la empresa R y R Asociados crearon un sindicato para buscar garantías laborales y exigir el pago de su seguridad social, que la empresa les incumplía. La respuesta de ésta fue enviarles el Esmad a desalojarlos por la fuerza, con gases lacrimógenos y balas de goma. Hubo 4 heridos.
– Enero 2014. Trabajadores de la hidroeléctrica de Caldas afiliados a Sintraelecol realizaron una protesta para exigir el cumplimiento de su convención colectiva y denunciar abusos de EPM Medellín, dueña de la hidroeléctrica. Fueron atacados por el Esmad con artefactos explosivos. Una de las víctimas fue Oscar Arturo Orozco, el presidente de la CUT y de Sintraelecol Caldas, quien perdió su ojo izquierdo.
– Octubre 2014. En el corregimiento La Boquilla, de Cartagena, manifestantes bloquearon una vía para expresar su desacuerdo por la construcción de un viaducto que afectaría la Ciénaga La Virgen. Medardo Hernández Baldiris, presidente del Sindicato Único de Educadores de Bolívar, quien participó en la protesta, posteriormente fue sacado de un hotel, agredido físicamente y detenido por miembros de la policía.
– Marzo 2015. Los corteros de caña del Ingenio Risaralda, afiliados a Sintrainagro, adelantaban una huelga para exigir derechos violados por la empresa. El Esmad los atacó violentamente en la madrugada, mientras dormían. Los molieron a golpes y les dispararon con bombas lacrimógenas. Saldo: 5 trabajadores heridos, dos de ellos graves: Carlos Ossa, alcanzado en la frente por una bomba, y James Alzate, que quedó en cuidados intensivo por los golpes que recibió.
– Junio 2015. Trabajadores afiliados a Sintraemcali realizaron una protesta en contra la privatización de Emcali. Esa vez el Esmad actuó de manera excesiva.
– Julio 2015. Trabajadores afiliados Sintracoala, sindicato de la empresa Columbia Coal Company, en el municipio de Ubaté (Cundinamarca), se encontraban en huelga para exigir mejores condiciones de trabajo. La empresa llamó a la fuerza pública argumentado que los trabajadores estaban obstaculizando la salida, cuando una funcionaria del Ministerio de Trabajo constató que no había tal obstaculización.
– Octubre 2015. La empresa atunera Seatech International paró su producción y cerró durante dos semanas su planta de Cartagena, dejando sin empleo y sin ingresos a más de mil personas, en su gran mayoría mujeres cabeza de familia.
En protesta por esa situación, 125 mujeres afiliadas al sindicato Ustrial permanecieron dentro de la planta en toma pacífica.
A solicitud de la gerencia de la empresa llegó el Esmad y las desalojó con gases lacrimógenos
El ELN propone un cese del fuego para empezar a dialogar
A través de un mensaje difundido por la Iglesia católica en Cali, el jefe del Ejército Nacional de Liberación, Nicolás Rodríguez, ofreció abrir una tregua bilateral con el Gobierno de Juan Manuel Santos para iniciar un proceso de diálogo de paz, tal como el que hace cuatro años se inició con las FARC, la otra guerrilla colombiana.
El obispo de Cali, Darío de Jesús Monsalve, dijo que recibió una carta de Rodríguez, más conocido con el alias de “Gabino”, en la cual afirma que un alto el fuego bilateral creará las condiciones necesarias para abrir la negociación entre las partes tras varios meses de acercamiento.
El gobierno de Santos y el ELN iniciaron hace dos años contactos informales en busca de iniciar un proceso de paz. Sin embargo, las partes se han acusado mutuamente en las últimas semanas de dilaciones que no han permitido instalar una mesa de negociación. En medio de las discusiones, el ELN ha incrementado sus ataques.
“Lo que quieren ellos es superar la situación y continuar con ese proceso exploratorio, dando siempre muestras de voluntad de paz”, dijo monseñor Monsalve en declaraciones a la cadena de radio Caracol.
Santos ordenó el lunes pasado a las Fuerzas Armadas intensificar la persecución contra el ELN, debido a recientes ataques de esa guerrilla, y condicionó el inicio del proceso de paz a la liberación de personas que están secuestradas.
El drama de los presos guerrilleros colombianos: El viacrucis de los indultados
ANNCOL, 9 febrero 2016.-
Uno de los grandes compromisos de los primeros indultados es promover el proceso de paz, pero la pregunta es ¿lo podrán hacer en esas condiciones?
Por estos días corren las noticias de la grave situación de los presos políticos y de guerra en Colombia. Las cárceles andan hacinadas y el estado de salud de la mayoría de los presos es trágico.
Muchos han muerto allí sin ser atendidos por un médico, como le sucedió el 5 de febrero a Jhon Jairo Moreno en Pereira. Este es el caso de Wilson Antonio López, un guerrillero de las FARC, capturado el 22 de abril de 2014 y condenado a 72 meses y que también es noticia porque fue uno de los indultados junto con otros 17, el pasado 22 de enero, que recibieron indultos por delitos políticos menores y que hacen parte de los compromisos acordados en La Habana.
Quedarían faltando 13 para completar los 30 acordados. El ministro de Justicia Yesid Reyes aclaró que se comprobó que estos guerrilleros no tenían investigaciones por otro tipo de delitos y que el compromiso de estos para recibir el indulto, es no volver a las filas de las FARC y participar de un proceso de reinserción social con el Gobierno.
“Van a estar en libertad pero estarán incorporados en un programa de reinserción social. Teníamos que tener asegurados qué iban a hacer al salir de la cárcel, cómo orientarlos durante los primeros días, ya que muchos de ellos no tienen arraigo familiar, por eso fuimos cuidadosos y no corrimos más de la cuenta”, dijo el ministro Reyes.
Sin embargo la realidad es otra. Wilson Antonio fue amenazado de muerte a principios de febrero cuando recién estaba viviendo en la vereda El Salado de Envigado.
Un drama que apenas comienza Wilson estuvo gran parte de su prisión en la cárcel de Bellavista, en Bello, Antioquia y en diciembre fue trasladado a La Picota en Bogotá.
Para él fue una gran noticia la de quedar en libertad sin pagar el tiempo al que había sido condenado, además porque no podía trabajar para reducir su pena debido al mal estado de salud en que se encontraba.
Estar con su familia era el mayor anhelo. Y lo logró. Llevaba un par de semanas viviendo en la vereda El Salado de Envigado, reintegrándose a la vida civil, sin embargo su salud no mejora y el esfuerzo por sobrevivir es grande.
Pero su felicidad se vio interrumpida cuando el primero de febrero llegan a su casa varios hombres, quienes luego de identificarse como miembros de la Oficina de Envigado, le manifiestan que por los medios de comunicación se enteraron de “quien es usted, sabemos a qué se dedica y de dónde viene”, que se lo dicen “para que mire a ver qué va a hacer porque por aquí no los queremos volver a ver”.
El 3 de febrero recibe una llamada anónima, donde le dicen “casi que no nos damos cuenta de quién es usted”, “lo vimos en televisión”, “se lo tenía muy bien guardado”, “sabemos dónde vive y donde está usted y su familia para que sepa de una vez de que se van a morir”.
La situación familiar de Wilson es dramática. La hija mayor, de 20 años, tiene problemas de arritmia cardiaca, no puede trabajar y quiere seguir estudiando. La esposa es de avanzada edad y tiene problemas de salud.
El hijo menor de 17 años es el único que puede trabajar. Es el encargado de sostener el núcleo familiar. Trabaja en una finca ajena y se gana 400 mil pesos mensuales. También quiere terminar los estudios.
Wilson está totalmente incapacitado. La situación se agrava con las amenazas. El abogado defensor logró obtener unas medidas de protección por parte de la Agencia Colombiana para la Reintegración ACR y de la Unidad Nacional de Protección UNP.
Le dieron una ayuda económica de 1’700.000 pesos, un dinero para emergencias, también le entregaron un celular con comunicación directa con las autoridades. Estuvieron en la Cruz Roja internacional.
El mandato que tienen es limitado, les dicen que lo único que pueden hacer es presentar el caso ante la UNP y ACR, lo que ya había hecho el abogado, le sugieren enviar el caso a La Habana.
Salud en riesgo
Desde que Wilson ingresó a la cárcel, llevaba una herida de guerra en la pierna derecha que no fue atendida mientras mientras estuvo preso.
Llevaba una esquirla de granada y que aún no ha sido extraída, por el contrario la herida se le infectó y se le expandió por gran parte de la pierna, causándole grandes dolores permanentes, con riesgo de gangrena y en consecuencia la pérdida de la pierna y hasta de la vida.
Todo esto estando privado de la libertad, lo que lo incapacitó para desarrollar cualquier actividad allí. La Corporación Colectivo de Abogados Suyana estuvo llevando el caso y en un comunicado dijeron que “después de interponer una tutela, fue valorado por médico tratante, quien ordenó hospitalización, por lo que fue remitido hacia un centro hospitalario, donde fue valorado nuevamente.
El nuevo médico formuló medicamentos y recomendó retornarlo a reclusión, pues según el galeno el paciente no requería de hospitalización y con los medicamentos bastaba”.
A la fecha Wilson debió salir de Envigado y se encuentra en otro municipio, escondido y con una infección que no para y ningún médico le trata. Uno de los grandes compromisos de los primeros indultados es promover el proceso de paz, pero la pregunta es ¿lo podrán hacer en esas condiciones?
FUENTE: ANNCOL
Muere prisionero de guerra de FARC-EP por negligencia Estatal
Las FARC han denunciado reiteradamente los maltratos, altos niveles de hacinamiento y la falta de atención médica que sufren sus miembros en las cárceles del país. Jhon Jairo Moreno Hernández falleció el viernes en un hospital colombiano debido a la enfermedad hepática que venía padeciendo desde 2013 y que no fue atendida por las autoridades penitenciarias.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -Ejército del Pueblo (FARC-EP) denunciaron este sábado la muerte de uno de sus miembros y prisionero político Jhon Jairo Moreno Hernández en Colombia por falta de atención médica, por lo que piden al presidente Juan Manuel Santos honrar sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
“En pleno cautiverio el prisionero político de las FARC Jhon Jairo Moreno Hernández” falleció el viernes en un hospital colombiano “debido a la enfermedad hepática que venía padeciendo desde 2013”, señaló la guerrilla en un comunicado publicado en el portal de su delegación de paz en La Habana.
En el texto, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) destacaron que esa dolencia “fue tratada negligentemente por parte de las autoridades penitenciarias”, así como en el centro de salud donde estaba recluido y finalmente falleció.
Las FARC-EP sostienen en el comunicado al gobierno de Juan Manuel Santos la responsabilidad que tiene, “a la luz de los Convenios de Ginebra, de garantizar la vida y la integridad física” de las personas privadas de libertad.
A Moreno Hernández “se le negó tratamiento médico” y “no le brindaron la atención especializada que su caso requería, entre otras debido a la dilatación de los procedimientos y tratamientos médicos”, indicó la guerrilla.
Moreno Hernández formaba parte de la lista de 71 presos políticos gravemente enfermos cuya liberación fue solicitada en 2015 por personalidades internacionales, entre ellas el Premio Nobel argentino Adolfo Pérez Esquivel y organizaciones de derechos humanos.
Washington cita a sus cipayos colombianos para organizar el Plan Colombia
Editorial de ANNCOL / Resumen Latinoamericano / LaHaine / 06 de febrero de 2016 –
Según se ha filtrado por algunos medios “indiscretos”, la “comitiva de grandes personalidades” colombianas que acompañarán al presidente JM Santos en su viaje a Washington, a conmemorar los 15 años del Plan Colombia es una nómina frondosa de (250) doscientas cincuenta personas, quienes viajan en dos aviones y se hospedarán en tres hoteles 5 estrellas de Washington.
Todo a costillas del erario público o dineros de los arruinados contribuyentes colombianos de a pie quienes son los que pagan el IVA. Los ricos no pagan impuestos en Colombia. Para ellos hay reformas tributarias excepcionales.
El campesino Luis Ernesto Mejia enseña los tomates quemados por el pesticida glisofato en el municipio de Calamar. El Plan Colombia fue no solo un Plan de Guerra contrainsurgente sino también una Guerra ecocida con millones de campesinos colombianos como víctimas.
Viajan con el presidente, la familia presidencial con su delfín Martín, la primera dama María Clemencia Rodríguez y su hermano Mauricio Rodríguez. Las nueve personas que se ocupan de su atención personal: Un médico, una fisioterapeuta, más cinco hombres de su seguridad y dos del servicio secreto colombiano como guardaespaldas, pues no se confía en la seguridad que brinda el Gobierno USA, y el temor de sufrir un atentado letal en EEUU es muy alto.
Inexplicablemente, no va en la comitiva el sobrino del presidente y director de la revista Semana, debió haber viajado por cuenta propia; pero van los demás representantes del Oligopolio Mediático Contrainsurgente colombiano: Gonzalo Córdoba presidente de Caracol TV, Fidel Cano director del El Espectador, Juan Roberto Vargas de Caracol TV; tres medios propiedad de la familia Santo Domingo. Además, Fernando Quijano director del diario La República, el director de La W Julio Sánchez Cristo y la periodista Camila Zuluaga.
Tres cogollos del neo-liberalismo privado de nuevo tipo: César Caicedo presidente Colombina, Harold Eder del grupo Manuelita, Miguel Cortes del grupo Bolívar, el veterano Christian Daes el presidente de Tecnoglass, junto con los presidentes de las dos empresas de azúcar vallecaucanas, que se suman a los cogollos del neoliberalismo oficial de viejo tipo como el Presidente de Ecopetrol Juan Carlos Echeverry y la Presidenta de Proexport María Claudia Lacouture.
Así mismo tres de los generales de las gigantescas FFMM colombianas reconocidos militaristas y beneficiarios directos de las “bondades financieras” del Plan Colombia: los generales Fredy Padilla de León, Roso José Serrano, Óscar Naranjo, Jorge Enrique Mora y su señora Olga Oviedo, junto al Director de la Policía Rodolfo Palomino.
No importan los cuestionamientos sobre violaciones a los derechos humanos que se les hayan hecho a estos generales, reconocidas ONG´s estadounidenses e internacionales defensoras de DDHH, o, las denuncias por acoso sexual de la comunidad del anillo que siguen impunes. No. Lo importante es mostrar “mediáticamente” al mundo quien gobierna de facto y para eso, la inflada nómina de periodistas pre pago y directores del Oligopolio Mediático Contrainsurgente colombiano. Mostrar quien tiene el Poder para comprometer al país, su economía, sus fuerzas militares y su futuro a los intereses imperiales de los EEUU. (verhttp://www.rcnradio.com/nacional/ee-uu-pondria-condiciones-segundo-plan-colombia-madeleine-albright/)
No podían faltar los grandes burócratas que rodean al presidente Santos: la “canciller” Holguín, el ministro de Defensa Villegas con su esposa, la ministra de Comercio, las ministras consejeras Lorena Gutiérrez, de comunicaciones Pilar Calderón, del Interior Cristo, el secretario privado del presidente Enrique Riveira, y el infaltable ministro para el post-conflicto Rafael Pardo. Ver lista completa aquí http://www.las2orillas.co/wp-content/uploads/2016/02/invitados-santosok.pdf
Sin embargo, ANNCOL llama la atención: No es el problema de los costosos viáticos que demanda tal movilización lo que mueve nuestra crítica, como lo está señalando el oportunista Uribe Vélez.
Es el compromiso ineludible que va a hacer el presidente de todos los colombianos ante el gobierno de los EEUU para profundizar la dependencia a sus intereses imperialistas y para empeñar el futuro de los colombianos, y no para comprometer al gobierno de los EEUU, actor principal y responsable directo de la terrible y prolongada guerra contrainsurgente librada en Colombia, para que ayude, repare e indemnice a los millones de víctimas de esa trágica guerra, para que ayude a recuperar los millones de hectáreas que quemó como en Vietnam con su “agente naranja o Glifosato, y para que ayude a financiar generosamente y sin las onerosas condiciones de que habla la señora Albright antes citada, la etapa de transición social y política que se abrirá tras la firma de los acuerdos de paz de la Habana.
Envío:ResumenLatinoamericano
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