VENEZUELA.

Confrontación geopolítica por el poder 
Por Dr. Juan Eduardo Romero J. * 

La particular situación que vive Venezuela, debe entenderse como una consecuencia múltiple de diversos procesos, tanto internos como externos concadenados dentro de la dinámica del sistema-mundo.Por un lado, la formulación del Proyecto Bolivariano, que el pasado 4F conmemoró 24 años de su praxis insurgente (1992-2016), significó de entrada una confrontación tanto con el capital trasnacional como con los elementos de una oligarquía articulada con los intereses mundiales. Uno de los elementos esenciales de los denominados Documentos del 4F (http://elperroylarana.gob.ve/catalogo/bibliotecas/4f/732-historia-documental-del-4-de febrero.html ), es el relativo a la formulación de una geopolítica propia, que permitiera acceder a un control más efectivo sobre la renta petrolera. Este tema, implicó de entrada un enfrentamiento con el tradicional papel de proveedor seguro que había tenido el país, desde los inicios de la explotación petrolera en la 1era década del pasado siglo XX.

El Proyecto Político formulado por Hugo Chávez, significó el relanzamiento del nacionalismo petrolero que había sido tan duramente castigado desde los tiempos del derrocamiento del líder iraní, Mohammed Mossadegh en 1953, que creó el Frente Nacional Iraní, cuyo punto de honor fue la defensa de las riquezas petroleras, afectando a la muy poderosa compañía Anglo-Iranían Oil (antecesora de las British Petroleum). Ese nacionalismo petrolero, relanzado por Chávez con la reunión de la OPEP en Caracas en el año 2000 (apenas un año después de asumir el poder), mostró la iniciativa de articular una política internacional no alineada a los intereses, no solo de EEUU, sino de los denominados Imperialismos Colectivos ( Unión Europea y Japón). Por otro lado, el propio Proyecto Bolivariano, significó una visión de país distinta de las formas de conciliación características de la democracia venezolana entre 1958-1998. Con ello, el enfrentamiento (y la conflictividad) fueron múltiples, en términos del factor apropiación de la renta petrolera. Este punto es esencial, para comprender los enfrentamientos y dificultades actuales del país.

La estructura productiva establecida con los inicios de la producción petrolera en la década 1910-1920, generó una conformación económica altamente dependiente del uso de los ingresos por la extracción de hidrocarburos. Esa estructura, conllevó el manejo de contradicciones en tres planos:
1) el externo, entre capital trasnacional y el Estado,
2) el interno, entre el capital nacional y el propio Estado y
3) entre el Estado, sus elites políticas y los ciudadanos. La forma de solucionar esas contradicciones, fue la formulación de la “idea” de propiedad exclusiva del subsuelo, de la cual se derivó todo el planteamiento de la renta petrolera. Así quién controlaba el Estado (los actores políticos), controló el uso de los recursos generados y se apropió de buena parte de los excedentes petroleros, que fueron empleados para direccionarlos hacia la nueva estructura oligárquica, ya no tan asociada a la exportación agrícola (como había sido la norma entre los siglos XVII al XX), y otra parte, se utilizó para impulsar una política de inversión del Estado de Bienestar, mientras se seguía favoreciendo e intercambio desigual con las grandes trasnacionales.

No puede negarse, que en términos de una estructura anti-capitalista, las ideas del Proyecto Bolivariano de Chávez se quedaron cortas. El denominado Socialismo del Siglo XXI, que planteó la ruptura con las formas tardo-capitalistas, quedó sólo en un planteamiento. El “adequismo rentista”, es decir, el uso de la renta para crear clientelismo y burocratismo, permeó las ideas (peor aún la praxis) del Proyecto Bolivariano y con ello, lo que pudo avanzarse no se hizo. La estructura de funcionamiento político, del modelo de Estado implementado por Chávez, a pesar de lo establecido en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la nación (2001-2007) y el Proyecto Simón Bolívar (2007-2013), no afectó la dinámica del Estado rentista, como Estado Capitalista, a pesar de los anuncios y esfuerzos realizados por el propio líder del 4F.

Las formas clientelares y rentísticas se vieron favorecidas por el éxito de la estrategia de precios internacionales y el fortalecimiento de la OPEP después de la firma de los Acuerdos de Caracas (2000) y la posterior articulación de mecanismos geoestratégicos derivados de las ideas planteadas por Chávez en esa reunión (no alineamiento, multilateralismo, impulso de un mundo pluripolar). La escalada de los precios de venta del petróleo, permitieron contar con enormes recursos económicos destinados al desarrollo e implementación de las misiones sociales, y con ello, las ideas planteadas desde 1992, de crear otro modelo de Estado y otras formas de participación no clientelares, se vieron progresivamente pospuestas.

Es este elemento, el que permite entender como una organización como el PSUV pasa de obtener 8.191.132 votos en octubre de 2012 a sólo obtener 5.615.300 en diciembre de 2016. Simplemente no se transformó en un partido revolucionario, capaz de impulsar “un bloque histórico” en el sentido gramsciano, sino que sigue funcionando como una maquinaria de poder, por el poder mismo, a pesar de los esfuerzos de buena parte de sus militantes por crear condiciones de superación de las características del modelo capitalista rentístico. De ahí la eficacia de la política comunicacional de la oposición, que empleando estrategias de Guerra psicológica de IV Generación, logró inmovilizar a más de 2.575.832 votantes del PSUV.

No hay duda, sin embargo, que ciertas ideas y praxis de ruptura postcapitalista han sido asimiladas. Me refiero a las propuestas de poder comunal o poder popular, ya presentes en los documentos del 4F y en el Libro Azul (http://www.opsu.gob.ve/portal/vistas/descargas/banners/arc_Libro_Azul.pdf ), las ideas de creación de una democracia popular y revolucionaria, pero las mismas han sido “contenidas”por la nomenklatura del PSUV, particularmente por las tendencias pragmáticas y dogmáticas. La primera, insistente en el denominado “tareismo”, la idea de “gobernar es hacer” pero sin cambiar las estructuras y las formas de dominación. La segunda, insistiendo en repetir los errores de interpretaciones equivocadas en términos de economía política, que condujeron al fracaso de las experiencias rusa (1917-1991). Nos encontramos en un punto de quiebre o no retorno.

Por un lado, la rearticulación de los viejos (y nuevos) actores políticos, con el liderazgo visible y provocador del socialdemócrata Henry Ramos Allup (AD), el radicalismo de derecha de Voluntad Popular (VP) con Leopoldo López y las tesis neoliberales de Primero Justicia (PJ), que junto a la derecha internacional (Álvaro Uribe en Colombia, Felipe Calderón en México, Mauricio Macri en Argentina, José María Aznar y Mariano Rajoy en España, entre otros) buscan retomar los espacios geopolíticos perdidos en Venezuela, principalmente por el hecho de la presencia en nuestro país de las más importantes reservas de petróleo del mundo ( más de 1 billón, ochocientos mil millones de barriles de crudo, repartidos en el este – 750.000 barriles en la frontera marítima con la república Cooperativa de Guayan-, en el oeste – cerca de 540.000 millones de barriles en el Golfo de Venezuela, en la frontera con Colombia- y en el centro del país – La Faja Hugo Chávez, en el Orinoco con más de 510.000 millones de barriles).

La estrategia de la Oposición, en conjunción con enormes e importantes campañas comunicativas en todo el mundo, principalmente en España, Colombia, EEUU, Argentina, México, es presentar al Gobierno de Nicolás Maduro como un Estado con doble debilidad. En el plano internacional, como un Estado Forajido, es decir, que no tiene control sobre sus fronteras, que violenta las normas de convivencia internacional, principalmente en lo que respecta a la preservación de los derechos humanos y las garantías de libertad. En lo interno, se presenta al Gobierno de Venezuela como un Estado Fallido, eso es incapaz de mantener la paz y la tranquilidad necesaria.

Ambas tesis, han significado el inicio de operaciones de manipulación mediante la creación de “marcos informativos”, que presentan al país sumergido en una inevitable y catastrófica crisis humanitaria, que amenazaría a toda la subregión del Caribe. Ya en el mes de julio de 2015, a través de un analista de la Escuela de Guerra del Ejército de EEUU, Robert Evan Ellis( https://www.academia.edu/16059343/La_Implosion_Iminente_de_Venezuela) , se advertía sobre los riesgos para todo el Caribe y sobre todo, para los intereses estratégicos de EEUU en la zona, ante una eventual (e inevitable según el analista) crisis institucional en Venezuela. En este mismo marco interpretativo, se han generado innumerables artículos de opinión y pronunciamientos de medios y actores políticos en los diversos centros pivotes desde donde se estructura esta campaña contra Venezuela.

Estamos ante lo que el Vice-presidente de Bolivia, Álvaro García Linera denomina “empate catastrófico”, caracterizado por una confrontación entre dos fuerzas políticas, con proyectos disimiles; que tienen control institucional de alguna parte importante del Estado (El Gobierno de Nicolás Maduro ejerce el poder Ejecutivo pero perdió el control del Poder legislativo) y que actúan ante el hecho evidente de la paralización de la efectividad de acción del Estado, en términos sociales y económicos. Ese empate solo puede quebrarse a través de una gran acción movilizadora del poder popular, pero esta acción según nuestro criterio, tiene que surgir de los propios sectores movilizados y comprometidos con las ideas de transformación y superación de la sociedad rentísta y capitalista venezolana, contenida en el Plan de la Patria y no de la nomenklatura del PSUV y el Polo Patriótico (PP), que hasta ahora han sido ineficaces en enfrentar la estrategia de la oposición, cuyo talante democrático está seriamente comprometido.

Lo que está en juego en Venezuela, es mucho más que el propio ritmo y destino del modelo democrático, se trata de una confrontación relacionada en términos geopolíticos con el papel que ha jugado (y puede o no seguir jugando) el país en el conflicto entre los imperialismos colectivos (EEUU, Unión Europea y Japón) con los BRICS (Brasil, Rusia, China, Sudáfrica, India y otros). Por otro lado, es una confrontación que tiene que ver con la propia geopolítica de Nuestra América y la posibilidad que significa la alianza entre Argentina, Brasil y Venezuela. El quiebre de uno de esos factores, con el triunfo del representante de la oligarquía argentina Mauricio Macri, ha impulsado el intento de estructurar ofensivas similares en Venezuela y Brasil, fijando sus objetivos en la ruptura de los gobiernos de Nicolás Maduro y Dilma Roussef, bajo cualquier medio revestido de un aparente carácter constitucional.

Se trata de la implementación de estrategias desafiadoras, de actores no necesariamente imbricados en el sistema legal, tal es el caso de Leopoldo López, y su praxis de confrontación con la estructura del estado, encabezada por Nicolás Maduro, o las propias acciones implementadas contra la Presidente de Brasil por las elites paolistas. En ambos casos, únicamente la acción articulada de los actores populares, más allá de las nomenklaturas políticas del PSUV en el caso de Venezuela o el Partido de los Trabajadores (PT) en el caso de Brasil, puede impedir que ocurra en ambos países lo que ya ha ocurrido en Argentina. La realidad de la estrategia y el éxito en alcanzar el poder, basado en explotar los errores, los dogmatismos, la parálisis del Estado o el ocultamiento de la corrupción en el caso Macri, para avanzar en un desmontaje del Estado, la apertura al capital trasnacional o peor aún, la claudicación de las políticas nacionalistas es una muestra de lo que puede ocurrir, sí no se construye una red de acciones y desenmascaramiento de las estrategias de la nueva derecha en el escenario internacional. Hay que terminar citando a Antonio Gramsci, en Odio a los Indiferentes (1917): “Odio a los indiferentes. Creo que vivir quiere decir tomar partido. Quien verdaderamente vive, no puede dejar de ser ciudadano y partisano. La indiferencia y la abulia son parasitismo, son cobardía, no vida. Por eso odio a los indiferentes.

La indiferencia es el peso muerto de la historia. La indiferencia opera potentemente en la historia. Opera pasivamente, pero opera. Es la fatalidad; aquello con que no se puede contar. Tuerce programas, y arruina los planes mejor concebidos. Es la materia bruta desbaratadora de la inteligencia.”
* Historiador/politólogo y Director del Centro de Investigación y Estudios Políticos y Estratégicos (CIEPES)


La empresa Polar no produce alimentos 
5.FEB.2016 
Por: William Serafino
Misión Verdad 

Parásitos por obra y gracia del rentismo petrolero 
Sólo basta revisar por encimita la producción propagandística de Empresas Polar para darse cuenta de los cuantiosos esfuerzos narrativos y mediáticos que ha destinado dicha organización para convencernos de que verdaderamente existe una carga genética proveedora de infinita “genialidad”, “brillantez” e “inventiva” corriendo de generación en generación por la sangre de la familia Mendoza.

Por más que Empresas Polar busque desesperadamente posicionarse como la organización empresarial pionera en la “producción” de alimentos, dirigida ayer y hoy por “excelsas personalidades” del mundillo universitario caraqueño, la historia económica venezolana del siglo XX les arrebata las alas de cartón piedra y los sienta de nalgas como corresponde.

En ninguna publicidad de Empresas Polar se dice, por ejemplo, como Eugenio Mendoza consiguió ser el principal accionista venezolano de la transnacional gringa Cargill mediante la captación fraudulenta de la renta petrolera.

Tampoco dicen que la monopólica infraestructura agroindustrial que exhiben en la actualidad (molinos, empaquetadoras, etc.), publicitada durante los años 60 y 70 como el logro empresarial más importante de la época, estuvo íntimamente relacionada al saqueo estructural de la renta petrolera, a la definitiva (y estilizada) dependencia tecnológica, a jugosos contratos de importación de materias primas e insumos y al abandono absoluto de la producción agrícola.

Mencionado proceso de neocolonización económica tuvo como principal figura al diplomático y lobbysta comercial Luis Alejandro Mendoza Fleury (pionero de Empresas Polar), quien entre los años 1942-1955 estaría relacionado en ciudades como Philadelphia y New York con emporios transnacionales (Cargill, General Mills, Standard Oil, etc.), diseñando y planificando como se entregaría sin chistar, durante la segunda mitad del siglo XX, la renta petrolera a cambio de chatarra agroindustrial, insumos tecnológicos y materia prima agrícola.

El operador interno de este pacto económico fue Eduardo Mendoza Goiticóa (hermano de Eugenio Mendoza), quien asumió la jefatura del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Fomento durante el gobierno de Rómulo Betancourt.

Fueron desde esas posiciones de poder, y en nombre de la “industrialización venezolana”, que el constante (y casi absoluto) flujo de la renta petrolera fue a parar en Estados Unidos en pro de la consolidación de contratos de importación, concesiones financieras y atractivas exoneraciones fiscales que ya venía macerando Luis Alejandro Mendoza Fleury. Una familia comprometida con la entrega del país. 

Un sembradío de chapas y botellas
Empresas Polar durante este proceso histórico se posicionó en el espectro económico venezolano como el principal cartel de importación, procesamiento, empaquetado y comercialización de agroconfeti extranjero.

La actividad parasitaria de dicho emporio nunca planteó dentro de su diseño económico incentivar por cuenta propia la siembra nacional de maíz, girasol, arroz, tomate, entre otros rubros necesarios para que Empresas Polar se autoabastesca y siga manteniendo la vorágine constante en sus líneas de empaque.

La decisión (estratégica) de Empresas Polar dirigida a no propiciar la producción nacional de rubros agrícolas indispensables fue vorazmente estimulada por el deseo infinito de conseguir ganancias superlativas con el menor esfuerzo posible.

Esta es la “inventiva” y la “brillantez” a la cual se refieren. Invertir capital en producción, en tecnología de punta y en la ampliación de las capacidades productivas del campo venezolano, incluso desde la lógica contaminante del monocultivo patentada por Monsanto, significaba para Empresas Polar perder tiempo, y el tiempo es dinero.

Optaron por la solución más lucrativa: sacarle el máximo provecho a la renta petrolera, con el firme propósito de favorecer desmesuradamente la megaimportación de maíz, girasol, arroz, pasta de tomate, trigo, aceites vegetales, lomo de atún, estabilizantes, compuestos químicos, maquinarias, nuevas líneas de empaquetado y cualquier tuerquita, fusible o bombillito que necesite el castillo de naipes para verse reluciente.

La verdad duele tanto como las expropiaciones 
En el año 2005 fueron expropiados en el estado Barinas los silos de Empresas Polar (bajo el nombre de Promabasa) por incurrir en prácticas de sabotaje y desestabilización económica.

Cinco años más tarde, en el estado Lara se expropiaron 21 hectáreas de terreno propiedad de Empresas Polar. En dicho espacio se encontraban enormes depósitos y galpones en condición ociosa, donde aparcaban de vez en cuanto tres o cuatro gandolas haciendo el paro de que ahí entraba y salía infinidad de mercancías.

Si bien estas dos importantes expropiaciones favorecieron a que la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (Casa), adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, colocase bajo absoluta rectoría pública la administración de los silos más importantes del país, el dato que está de fondo es mucho más doloroso para Empresas Polar: quedó en evidencia ante el país que tienen grandes silos para almacenar materia prima importada, monumentales plantas para procesarla y empacarla, pero no tienen ni una mínima hectárea sembrada.

El Estado: el único que siembra en Venezuela 
La orfandad agrícola y la exorbitante dependencia de las importaciones alimentarias que dejó Empresas Polar tras 50 años de operaciones en Venezuela es abismal. Tanto así que durante la era puntofijista y el califato tropical de la familia Mendoza, el PIB agrícola no superó la microscópica cifra del 7%.

En el año 2013, el estado Portuguesa, como consecuencia de la efectiva política de apoyo técnico y financiero a productores agrícolas por parte del Gobierno Bolivariano, rompió su propio récord del año 2010 en producción de maíz y arroz con un total de 1 millón 665 mil 417 toneladas.

A finales de ese mismo año, la producción agrícola en general subió en 10,6% en comparación con el 2012.

La fábrica Pronutricos, rescatada de la quiebra por el Gobierno Bolivariano hace varios años, y encargada de fabricar harina de maíz, también rompió su propio récord de producción con 12 mil toneladas puestas a la disposición de la población en la red pública de comercialización.

Este intensivo nivel de productividad agrícola se mantuvo durante el año 2014. La producción de arroz específicamente aumentó en un 20% al cierre del año en cuestión y la producción de maíz se estabilizó en la inédita cifra presentada arriba.

Durante el año 2015 se prevé mantener estos altos niveles de producción agrícola con la puesta en marcha del Plan Siembra Soberana, el cual tiene como eje operativo cultivar 960 mil hectáreas de distintos tipos de cereales, además de ofrecer 26.000 toneladas de semillas y asistencia técnica a medianos y pequeños productores.

Por su parte, la producción de girasol, debido a las diversas inversiones que realiza el Gobierno Bolivariano en el estado Portuguesa, agregará mil toneladas adicionales al consumo interno, lo cual supera con creces las expectativas del año 2013.

El Estado venezolano, administrado primero por el Comandante Chávez y ahora por Nicolás Maduro, es el único actor económico que ha invertido seriamente en la producción agrícola, consolidando inversiones a la largo plazo, reforzando sistemas integrados de abastecimiento, almacenaje y asistencia técnica, elevando la productividad en fábricas y plantas rescatadas de la quiebra, fiscalizando el transporte de alimentos; en fin, un organigrama efectivo de políticas públicas dirigidas a reducir paulatinamente las importaciones alimentarias.

Polar no invierte nada 
Empresas Polar no desea invertir sus ingentes recursos financieros depositados en el extranjero en la siembra de rubros agrícolas estratégicos para el país. Su actividad consiste, única y exclusivamente, en procesar, empacar y comercializar el maíz, el arroz, el girasol y otros rubros que produce el Estado venezolano de vital importancia para que

Empresas Polar extienda su condición de indigencia económica. Empresas Polar también importa, procesa, empaca y comercializa productos a base de trigo, lomo de atún y pasta de tomate, y no lo hace con recursos financieros propios, sino con las divisas que genera el Estado venezolano a través de Pdvsa.

Empresas Polar es, simple y llanamente, una bodega de proporciones industriales que subsiste a partir de lo que producen los demás, en este caso, el Estado venezolano. Y aún con esta innegable realidad económica que pesa sobre su lomo, Lorenzo Mendoza, el bodeguero responsable del castillo de naipes, todavía tiene el caretablismo de decir que el Gobierno Bolivariano no estimula la producción privada, cuando todos sabemos que necesita desesperadamente del Estado para seguirse batiendo una de empresario en New York. Pero ese caretablismo viene incluido en su bozal de genes atiborrados de “genialidad”.

Al igual que su padre y abuelo, la “brillantez” e “inventiva” de Lorenzo Mendoza radica en su compulsiva agromitomanía, pues en verdad él cree que tanta Harina Pan empaquetada y vendiéndose en comercios es producto de “su esfuerzo” y no de las divisas que le entrega el Estado venezolano, y ni qué decir de las gandolas llenas de arroz y de maíz que se le expenden desde los silos de la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (Casa).

Cachetada final
Las principales marcas de Alimentos Polar dependen a totalidad de la importación realizada a través de las divisas preferenciales entregadas por el Estado venezolano y del potencial productivo en el área agrícola que ha impulsado el Gobierno Bolivariano en 16 años.

Harina Pan, Arroz Primor, Mazeite y Mantequilla Mavesa dependen del maíz, del arroz y del girasol producido, almacenado y distribuido por el Estado venezolano, como también de las divisas que éste último genera para suplir las parasitarias necesidades procesadoras de Empresas Polar a través de importaciones subsidiadas.

Pastas Primor, Pampero (salsa de tomate), Atún Margarita, Rikesa y Migürt dependen de materias primas y estabilizantes artificiales que no se producen en Venezuela, por lo cual es necesario que venga nuevamente el Gobierno Bolivariano, aquel que supuestamente no le da estímulos a la empresa privada, a entregarle los dólares que no producen para que puedan realizar sus importaciones. Sólo así podrán seguir siendo parte de esa casta de inútiles llamada “empresariado nacional”.

La misma mecánica ociosa, improductiva y fraudulenta se pone de manifiesto cuando sólo por medio de los dólares de Pdvsa, Cervecería Polar, puede importar cebada y lúpulo para fabricar cerveza, o cuando la inmensa gama de bebidas Pepsico, administrada por Empresas Polar, exigen con exactitud el mismo malacostumbrado procedimiento.

Polar nunca se interesó (ni se interesará) en producir alimentos. Y tanto es así que esa misma lógica improductiva llegó hasta tal punto que hasta el plástico con el que envuelven la Harina Pan, la botellita de Pampero y el frasquito de Migürt, también son importados con dólares que les otorga el Gobierno Bolivariano. Los pequeños detalles que ratifican el carácter lumpenburgués de Empresas Polar.


Otra vuelta de tuerca de la hostilidad de Tabaré Vázquez contra Venezuela.
El canciller Nin Nova denunció que: “Venezuela no ha pagado lo que nos debe”

“Las respuesta que recibimos es que la plata viene hoy, que viene mañana, y la plata nunca viene“, afirmó Rodolfo Nin Novoa, quien asegura que el gobierno de Maduro aún adeuda más de 80 millones de dólares

Este “apriete” del gobierno “progresista” se da en momento en que la derecha internacional aumenta el hostigamiento contra la Revolución Bolivariana.

El canciller de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, dijo en Montevideo que “se ha avanzado muy poco” en el pago que debe Venezuela a cuatro productores lácteos del país en virtud de un acuerdo suscrito entre ambos estados en 2015.

“Venezuela no ha pagado lo que nos debe. Permanentemente estamos en contacto. Las respuesta que recibimos es que la plata viene hoy, que viene mañana, y la plata nunca viene“, aseguró el ministro.

Lo que no cuenta Nin Novoa es que Venezuela -en función de acuerdos solidarios- se le compraban esos lácteos a Uruguay a precios que casi son el doble de lo que marca el mercado internacional. Rodolfo Nin Novoa, canciller de Uruguay Ambos países suscribieron en septiembre de 2015 un acuerdo que contempla la cancelación de una deuda de hidrocarburos que Uruguay tenía con la petrolera estatal venezolana PDVSA a cambio del envío de 235.000 toneladas de alimentos uruguayos por un monto de 300 millones de dólares. “Permanentemente estamos en contacto”, dijo Nin Novoa

En virtud de ese acuerdo comercial, Uruguay debe enviar a Venezuela 90.000 toneladas de arroz, 80.000 de soja, 44.000 de leche en polvo, 12.000 de queso y 9.000 de pollo. “Venezuela es una nación con muchísimas dificultades, el Gobierno uruguayo actuó de buena fe y pagó lo que debía pero Venezuela no ha pagado lo que nos debe“, expresó Nin Novoa.

El presidente del Instituto Nacional de la Leche (Inale), Ricardo de Izaguirre, dijo el pasado mes de enero que Venezuela aún adeuda más de 80 millones de dólares por ese intercambio.

La “enmienda Maduro” o el fraude constitucional enmienda
(Por Alejandro Fierro). Feb 5, 2016 @VenezuelAle 

La derecha venezolana ha presentado ya un anteproyecto de enmienda constitucional para acortar el periodo presidencial de seis a cuatro años.

El objetivo, según han reiterado diversos líderes opositores, comenzando por el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, es desalojar a Nicolás Maduro de la Jefatura de Estado de la República.

La oposición ha optado por este mecanismo, en lugar de recurrir al referéndum revocatorio, por entender que es un procedimiento más ágil y con menos trámites. En efecto, bastaría con que un tercio de los diputados presentara la enmienda.

Ésta se debatiría como una ley normal: dos discusiones y votación, quedando validada por mayoría simple. La enmienda se remitiría al Consejo Nacional Electoral, que en los treinta días siguientes a su recepción tendría que convocar un referéndum.

En caso de aprobación popular, Nicolás Maduro finalizaría su mandato en abril de 2017. Sin embargo, el recurso a la enmienda constitucional para echar a Maduro es un notorio fraude de ley.

La Constitución venezolana, en su artículo 72, deja bien claro que el referéndum es el único mecanismo legítimo para revocar a un cargo público, incluido el presidente (nótese que Venezuela es el único país del mundo en el que se puede destituir al Jefe de Estado mediante referéndum popular, un ejemplo de hiperdemocracia que refuta cualquier acusación de autoritarismo).

Todo el espíritu que permea este artículo es que aquello que el pueblo eligió, sólo el pueblo puede destituirlo. Las enmiendas no pueden ser utilizadas para coyunturas, casos o personas concretas. No puede existir una “enmienda Maduro”, diseñada explícitamente para sacar al actual presidente.

La oposición no puede negar que su iniciativa va dirigida específicamente a Maduro. La hemeroteca está llena de declaraciones de sus líderes en este sentido, algunas de ellas realizadas incluso en sede parlamentaria.

Hasta el propio texto del anteproyecto, aunque no cita expresamente al jefe de Estado, sí que apela a la coyuntura:
“El actual periodo presidencial de seis años con posibilidad de reelección es un periodo demasiado largo para un régimen presidencialista con debilidades institucionales como el venezolano que amenaza con retardar peligrosamente los cambios políticos requeridos para relegitimar el poder, razón por la cual se hace imperioso reducir el periodo a cuatro años en procura también de una solución democrática y electoral a la actual crisis”.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia debería desestimar esta propuesta por suponer una clara manipulación de la figura de la enmienda. Podría, incluso, aceptar la reducción del periodo presidencial pero a partir de la siguiente elección, dejando que Maduro concluyera su mandato.

De esta forma, se evitaría cualquier tipo de sospecha sobre la verdadera intencionalidad de la enmienda y, sobre todo, se garantizaría el mantenimiento de la condición temporal –seis años de Presidencia- bajo la cual el pueblo fue a votar en abril de 2013.

Hay muchos otros elementos que sustentan la anticonstitucionalidad el anteproyecto. En los debates constituyentes de 1999 quedó establecido que la forma de resolver las crisis políticas en Venezuela sería mediante referendos.

Así se refleja en los diarios de sesiones. La oposición ha manifestado en múltiples ocasiones que Venezuela está sumida en una crisis política.

Por tanto, si quiere ser coherente debe acudir a un revocatorio para solucionar lo que ella misma considera como una crisis política.

Por otra parte, el anteproyecto de enmienda propone una reducción a cuatro años, en lugar de los cinco que establecía la vieja Constitución de 1961 y que la nueva Carta Magna elevó a seis.

En el anteproyecto de enmienda no se argumenta el porqué de esta preferencia por los cuatro años, por lo que bien cabe deducir que está motivada por el ánimo de expulsar a Maduro a la mayor brevedad posible.

La aprobación de la enmienda sentaría un precedente peligrosísimo que dejaría la gobernabilidad del país en manos de las mayorías parlamentarias.

Una Asamblea del mismo color político que la Presidencia sacaría adelante una enmienda para ampliar el mandato, mientras que cuando fuera contraria lo reduciría y así sucesivamente.

La voluntad popular quedaría de esta forma vulnerada. Las pretensiones de la oposición parlamentaria recuerdan al golpe de estado institucional perpetrado por la derecha paraguaya contra Fernando Lugo en 2012.

En esa ocasión, los diputados opositores retorcieron al máximo la legalidad para echar a Lugo de la Presidencia a través de la manipulación de la figura del juicio político. Dicha estratagema fue respondida con la suspensión del país guaraní de Unasur y Mercosur, pero ya se había quebrado la decisión del pueblo soberano de que Fernando Lugo fuera su presidente hasta 2013.

Los medios de comunicación actuaron como legitimadores de aquel fraude. Los periódicos sustituyeron a los tanques en lo que se calificó como un golpe de estado 2.0. En Venezuela podemos estar asistiendo a una versión mejorada de esa modalidad.

La artillería mediática comienza a tomar posiciones.

La noticia publicada este viernes, 5 de febrero, por el diario español El País bajo el titular La oposición impulsará en el Parlamento el fin anticipado del Gobierno de Maduro es un buen ejemplo de ello.

En un texto repleto de adjetivos calificativos y juicios de valor sin argumentación, el rotativo trata de legitimar la defenestración del presidente Maduro como en 2002 justificó el golpe de Estado contra el presidente electo Chávez con un editorial de apoyo titulado de forma esclarecedora Golpe a un caudillo.
fuente: CELAG
Envío:ResumenLatinoamericano