30 de abril de 2016

NOTICIAS DE ROSARIO y SANTA FE.

LA SUBA DEL BOLETO SIGUE DEMORADA EN EL CONCEJO.
Estacionados y descompuestos
Pese al intento oficialista por destrabar el debate, los aumentos en el transporte público seguirán discutiéndose el lunes. La oposición niega el quórum. Enojados, los taxistas paran mañana todo el día, y desde 23 a 6, lunes, martes y miércoles.

León, presidenta del Concejo, buscó ayer armar consensos. Comi también. No pudieron.Imagen: Andrés Macera.
Como el Concejo no pudo sesionar el jueves, porque 14 ediles opositores no dieron quórum y dejaron en suspenso el incremento en las tarifas del transporte público, los taxistas decidieron decretar un paro total para mañana, y un cese de actividades de 23 a 6 los días lunes, martes y miércoles. A pesar de que la presidenta del cuerpo, Daniela León (UCR), convocó ayer a los presidentes de los bloques para intentar destrabar el conflicto, no hubo acuerdo y la discusión pasó para el lunes a las 9, cuando vuelva a reunirse la Comisión de Servicios Públicos, que había sacado un despacho para llevar el boleto a 8 pesos ahora y a 8,50 en julio. Los ediles que no dieron quórum se van a reunir una hora más tarde para consensuar alternativas como para que el boleto cueste menos de 8 pesos. El concejal Horacio Ghirardi (PS) valoró "la vocación de seguir intentando el diálogo y bajar un poco los decibeles de la confrontación. El tema no es menor porque estamos ante una posible crisis del transporte".


Los concejales continuaron ayer a la mañana pasándose facturas por la frustrada sesión del jueves donde debían tratarse los incrementos de tarifas del Transporte Público de Pasajeros (TUP) y de taxis. Mientras continuaban las discusiones entre los ediles, los tacheros decidieron parar el domingo y durante las tres noches siguientes, además de convocar a una movilización el jueves al Palacio Vasallo.

"Estamos en el medio del sandwich, pagando los platos rotos y no tenemos nada que ver. En repudio a este accionar de los concejales hemos decidido esta medida de fuerza y este quite de colaboración desde el domingo hasta el miércoles", anticipó Horacio Boix, titular del Sindicato de Peones de Taxis. "El jueves invitamos a los compañeros a la sesión del Concejo donde esperamos que esto se destrabe", agregó el dirigente sindical.

Frente a la decisión de los taxistas, la titular del cuerpo convocó a una reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria a las 16, con la intención de buscar algún acuerdo que pudiera desembocar en una sesión autoconvocada. Participaron del encuentro los concejales Jorge Boasso (UCR), Carlos Comi (ARI-CC), Carola Nin (Compromiso con Rosario), Lorena Giménez (PPS), Eduardo Toniolli (PJ), Marina Magnani (Unidos y Organizados), Alejandro Roselló (PRO), Juan Monteverde (Ciudad Futura), Martín Rosúa (UCR), Carlos Cossia (Peronismo Solidario), Sebastián Chale (Radicales Progresistas), Fernanda Gigliani (IP), Celeste Lepratti (FSyP), y Norma López (FpV), quien se retiró de la reunión tras protagonizar una fuerte discusión con Comi.

Como las posturas no se modificaron, el intento por llegar a un acuerdo naufragó. Al término del encuentro, la concejala Nin dijo que "el oficialismo tiene la llave" para destrabar el tema, y que "la solución la tienen Miguel Lifschitz y Mónica Fein, hay que poner plata". Ghirardi se quejó porque la oposición debería llevar el lunes las propuestas modificatorias o superadores a la comisión, y no una hora más tarde. "De no haber alguna contrapropuesta, nuestra decisión es ratificar el despacho que la comisión emitió ayer (por el viernes)".


LA CAMARA FEDERAL ORDENO REABRIR LA CAUSA POR EL VACIAMIENTO DEL BANCO DE SANTA FE.
Retan al juez por su "pasmosa lentitud"
El juez Rodríguez debe reabrir la pesquisa por lo ocurrido en el Banco entre 1984 y 1999.
El tribunal de Alzada anuló el fallo del magistrado Reinaldo Rodríguez que cerraba la causa, y le criticó la demora en investigar lo que fueron "graves irregularidades". Los imputados son 44 ex presidentes y directores del Banco.

Por Juan Carlos Tizziani

Desde Santa Fe.
La causa por el vaciamiento del Banco de Santa Fe, entre 1984 y 1999, que derivó en la privatización y en un perjuicio económico para la provincia de 500 millones de dólares sigue abierta. La Cámara Federal de Rosario (sala A) anuló esta semana un fallo del juez Reinaldo Rodríguez de junio de 2013 que había declarado "extinguida la acción penal" contra los 44 imputados (ex directores de la entidad y varios ex ministros de Víctor Reviglio), le ordenó que verifique el supuesto que suspende el plazo de prescripción y lo advirtió sobre "la pasmosa lentitud con la que se desarrolló el sumario", a pesar de las "graves irregularidades relatadas en la denuncia". Uno de los interrogantes del expediente es por qué estuvo guardado cinco años en el propio despacho del magistrado. "Una demora no explicable", dijo la Cámara en la resolución a la que tuvo acceso Rosario/12 y le recomendó al juez que actúe "con la celeridad y el empeño que la lucha contra la impunidad reclama".

Rodríguez intentó cerrar la causa hace un año y medio, en junio de 2013, al declarar "extinguida la acción penal" contra 44 ex presidentes y ex directores del Banco de Santa Fe, entre 1984 y 1999.

En octubre de 2013, el fiscal Walter Rodríguez solicitó la reapertura del proceso y sumó un dictamen de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), firmado por su titular, el fiscal Carlos Gonella, que denunció "un plan de acción" para "garantizar la impunidad de los posibles autores de los hechos" y acusó por esas maniobras a los ex jueces federales Víctor Brusa (condenado a 23 años de cárcel por delitos de lesa humanidad), Héctor Tripicchio y el subrogante Gerardo Yebra.

Ante la insistencia de Rodríguez de archivar la causa, el 31 de octubre de 2013 el fiscal lo denunció por "retardo de justicia" en un "recurso de queja" que planteó ante la Cámara. Y en diciembre de 2013, la Cámara le dio la razón y ordenó al juez reabrir la pesquisa.

En agosto de 2015, el juez volvió a rechazar un pedido del fiscal para que anule dos resoluciones: una de Tripicchio del 25 de abril de 1991 y otra, de Brusa del 11 de junio de 1993, que interpretó como "una actividad jurisdiccional fraudulenta". El planteo era para que declare la "cosa juzgada fraudulenta", deje sin efecto las sentencias que -según el fiscal- se dictaron de manera ilegal y continúe la investigación. Pero el juez lo desestimó, por lo que fiscal volvió a apelar ante la Cámara y es uno de los cinco incidentes que están en la agenda del tribunal.

Esta semana, la Cámara volvió a darle la razón al Ministerio Público, al revocar el fallo del juez de junio de 2013 que había extinguido la "acción penal" contra los 44 imputados. El fiscal dijo que la causa no prescribió, se quejó porque "estuvo paralizada cinco años sin motivo alguno" en el despacho del propio magistrado y argumentó que éste no tuvo en cuenta un supuesto que suspende la prescripción, que es que los ex funcionarios hubieran ocupado otros cargos públicos.

En el primer voto, el camarista Fernando Barbará advirtió "la pasmosa lentitud con la que se desarrolló este sumario", a pesar de las "graves irregularidades relatadas en la denuncia". Y citó el "puntilloso dictamen" de la Procelac que "resalta una demora no explicable de cinco años en el trámite ocurrida en el Juzgado" del doctor Rodríguez.
Barbará recordó que en los casos que involucran a funcionarios públicos el plazo de prescripción se suspende si "cualquiera de los imputados" hubiera "desempeñando un cargo público", desde el 4 de setiembre de 1984 y el 8 de noviembre de 1999.

"Entiendo que deben ser receptados los agravios esgrimidos" por el fiscal Rodríguez al señalar que "la medida adoptada" por el juez de cerrar la causa "resulta prematura". Porque "no comprobó fehacientemente que ninguno de los numerosos imputados en la causa fue o continúa siendo funcionario público". Y propuso que el magistrado se aboque a ese cometido "con la celeridad y el empeño que la lucha contra la impunidad reclama". El camarista Carlos Carrillo adhirió al voto de Barbará.

La tarea que pidió la Cámara no parece difícil. El segundo de la lista de imputados, Julio César Alzueta, es juez de la Cámara Laboral de Santa Fe; el quinto, Pedro Buchara, se desempeñó como ministro de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio en el gobierno de Víctor Reviglio (1987/91); el número 40, Emilio Sánchez García, también integró el gabinete de Reviglio (subsecretario de Industrias, ministro de Agricultura y Producción y presidente del Banco Santafesino de Inversión y Desarrollo); el número 43, Rodolfo Vacchiano, fue ministro de la de la Producción (1987/89) y luego titular de Hacienda (1989/90) en la gestión Reviglio y en los años siguientes: ministro de Gobierno en las intervenciones federales a Catamarca (1991) y Corrientes (1992) y secretario de Provincias del Ministerio del Interior (1997/99). Por citar solo algunos.




GOBIERNO Y LEGISLATURA DISCUTIRAN QUE HACER CON LAS ROSAS.
Madura una intervención
El Ministerio de Gobierno convocó a los bloques de Diputados y Senadores a evaluar cómo normalizar el largo conflicto entre el intendente del PRO, Javier Meyer, y el sindicato municipal. Y no descartan intervenir esa intendencia.
El conflicto de los municipales mantiene en vilo a la comunidad rosense.Imagen: Gentileza Vanesa Fresno

El Ejecutivo provincial convocó al Poder Legislativo para analizar el prolongado conflicto que enfrenta al intendente de Las Rosas con el Sindicato de Trabajadores Municipales (Sitram), y entre las alternativas para zanjar la situación se incluye la intervención del municipio, revelaron desde la Gobernación.

Una medida así de drástica e infrecuente amerita de consenso político para llevarla a cabo, y eso explica la cita que el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías, cursó a los presidentes de bloque de Diputados y del Senado provincial, para el miércoles a las 9 para analizar qué medidas de orden institucional adoptar.

El anuncio difundido ayer de manera oficial y con la palabra "intervención" en el título del comunicado apunta a aligerar la presión que la Festram, la federación del gremio municipal en la provincia, y todos los sindicatos que la integran, llevarán mañana a la Legislatura, cuando el gobernador Miguel Lifschitz arribe para presidir la apertura del período de sesiones ordinarias y encuentre el clamor de los trabajadores que le pedirán mano dura para el intendente rosense del PRO, Javier Meyer, que desobedeció tres conciliaciones obligatorias y desoyó a su propio Concejo deliberante.

El conflicto se remonta a diciembre pasado, en los primeros días de la gestión de Meyer. El jefe municipal eliminó de prepo y sin consulta previa al sindicato haberes y plus de salario a unos 25 trabajadores de los 107 que tiene ese municipio, por considerarlos improcedentes. Desde entonces, la ciudad cabecera del departamento Belgrano es un polvorín.

El personal se dividió entre una facción que, fiel al sindicato, se plantó en huelga y a la que desde entonces Meyer no le paga el sueldo, y otro grupo que sigue cobrando porque acude a trabajar sin acatar el paro. Hubo amenazas y acusaciones cruzadas, y algunos escarceos que no llegaron a la violencia explícita porque la ciudad se pobló de policías y de gendarmes. Esa fue la respuesta del gobierno nacional ante el planteo de Meyer a sus correligionarios de Cambiemos en Buenos Aires: un pelotón de gendarmes.

La situación mantiene en vilo a esta ciudad de 17 mil habitantes. Desde entonces, el Ministerio de Trabajo provincial dictó tres conciliaciones obligatorias de manera sucesiva, y en todas Meyer se negó a acatarla, lo que hubiese implicado reintegrar los haberes detraídos, interrumpir la huelga y continuar analizando la diferencia con la situación normalizada.

"Esta situación puede derivar en sanciones, según la legislación laboral, con multas y hasta una posible intervención al gobierno municipal, según lo estipula la Constitución provincial y la Ley 2756 (orgánica de municipalidades)", advirtió la Casa Gris.



No votará al ultraliberal
Fernando Staffieri es el nombre propuesto por la intendenta Mónica Fein para integrar el directorio del Banco Municipal. El nombre levantó críticas. La presidenta del bloque FPV-PJ, Norma López (foto), adelantó que votará en contra de la propuesta de las designaciones. "Votamos en contra de la designación de Fernando Staffieri por su vinculación con la Fundación Libertad, sus valores entran en colisión abrupta con los del BMR". La concejala Norma López argumentó que "el Banco Municipal es una prestigiosa institución de la ciudad, cuya historia está íntimamente relacionada a la resistencia a la privatización de los 90, está regida por una carta orgánica que en su artículo 1 afirma que 'su fundamento básico orientar su política crediticia con marcada preferencia para los sectores sociales de menores recursos'". Por eso, la edila expresó que "hoy es justamente ese sector social el que más está sufriendo el brutal ajuste dispuesto por el Gobierno Nacional y que cuenta con la Fundación Libertad como uno de sus principales impulsores y difusores. En un momento como el actual es cuando se necesita que el Estado agudice al extremo su sensibilidad social y esto es impensado si sus instituciones son regidas por defensores del neoliberalismo a ultranza que tantas penurias ocasionó al pueblo argentino".
Fuente:Rosario12





El mundo del trabajo y la diversidad La inclusión laboral: entre la celebración y el reclamo
30/04/2016Por Laura Hintze
Andrea y David son trans que trabajan en cooperativa de construccion. Foto: Andrés Macera.
Andrea y David son trans que trabajan en cooperativa de construccion. Foto: Andrés Macera.
La Cooperativa de Trabajo Canto Rodado, que nació de la crisis del 2001, incorporó a dos personas trans. Las historias de Andrea y David y el deseo de que no sean la excepción a la regla.

Andrea, de 45 años, celebra su condición de laburante y repite que lo hace “como la gente normal”. Andrea es transexual y se desempeña en la construcción. No es común que una chica trans trabaje a la luz del día, disfrute de lo que hace y cobre a fin de mes. Ella y David –también transexual – fueron contratados por la cooperativa Canto Rodado en abril de este año. Esta posibilidad de acceder “a lo normal” es otro pequeño paso en la lucha de la población LGBTI (lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales), por la inclusión laboral.

“Cuando se nos planteó que estos compañeros tenían necesidad de trabajar, no hubo ningún tipo de dudas. Nosotros entendemos al ser humano de manera integral, no hacemos división. Nos alcanza con que la persona tenga ganas de laburar, de tener un trabajo digno”, dice Carlos Lescano, uno de los miembros de la cooperativa y encargado de entrevistar a los nuevos empleados.

“No nos preguntaron ni dijeron nada sobre el género”, dice David y también aclara: “Porque no corresponde”. Pero aunque intentan naturalizar la situación, todos saben que el caso de David y Andrea es una feliz excepción.

La Cooperativa de Trabajo Canto Rodado nació de la crisis del 2001. Lescano dice que el espacio es también es una organización social: “Somos militantes. Hacemos política desde lo que nosotros entendemos como política: que una persona pueda tener un trabajo en blanco, con monotributo, obra social. Todo es parte el derecho al trabajo digno”.
Unas 25 personas trabajan en Canto Rodado. La mayoría de los contratos surgen con la Municipalidad y en el caso del Fonavi donde se desempeñan Andrea y David, en el marco del Plan Abre.

Ambos trabajan en la terraza de uno de los bloques, en Isola y Maestro Santafesino, en la zona sur. Todos los días suben once pisos por la escalera, herramientas en mano. Por las características de su trabajo, una que otra vez tienen que bajar y volver a subir. Siempre por la escalera: en el Fonavi hace años que no andan los ascensores. Tampoco hay presión de agua, y así como los vecinos cargan baldes diariamente, la cooperativa lleva tanques cargados para poder lavar la fachada y pintarla.

Andrea y David arman las sillas y arneses que sostienen a sus compañeros: primero para el hidrolavado, después para pintar. Tiran, atan y miden cuerdas, arman sillitas, y están atentos a lo que les pidan los que trabajan en el precipicio.

“Es una responsabilidad grande. El primer día hice todos los nudos yo. Los chicos se tiraron nomás. No lo podía creer, ¡era mi primer día!”, cuenta David. Después se ríe: “Todavía no maté a nadie”.

“Me siento muy bien en esta cooperativa. Especialmente porque no hay problemas con que seamos trans. Nos tratan como a cualquiera: hacé, buscá, subí, traé. La única diferencia está en que estamos aprendiendo. Somos los nuevos”, comenta con una sonrisa.

David, de 39 años, tiene dos hijas. Estuvo casado y trabajó en un taller donde hacían artesanías en cuero. Luego del divorcio quiso seguir en el negocio pero no funcionó. “Me quedé sin trabajo y empecé a hacer cosas online, freelance, lo que sea: traducciones, publicar anuncios, escribir artículos, de todo. Pero no pude seguir. Entonces empecé a mandar currículum, buscar trabajo y no conseguía nada. Tuve algunas entrevistas, pero nada. No puedo decir que porque soy trans no pude conseguir trabajo, nadie me lo dijo en la cara. Pero lo cierto es que no me tomaron, y también que cuando te conocen te miran y se sonríen. Uno se da cuenta”, relata.

El trabajo que consiguió fue gracias a su cercanía con la militancia de la diversidad. El comentó su situación a sus compañeros militantes y a los pocos días lo llamaron.

“Enseguida dije que sí”, rememoró. Lo mismo pasó con Andrea. La situación laboral para las personas trans, actualmente, se trata de eso: tener un contacto, tener suerte. Las experiencias dicen que no importa cuán calificado está una perosna para hacer un trabajo, todavía se discrimina, todavía hay un prejuicio.

El 90 por ciento de las personas trans del país están por fuera del acceso al empleo registrado. La mayoría de las pocas que lograron entrar al sistema, como el caso de David y Andrea, lo hicieron gracias a convenios entre el Estado –en cualquier nivel–, las empresas o cooperativas, y las organizaciones LGBTI.

El cambio de Andrea fue más bien brusco. De la prostitución pasó a la construcción. “Nunca me gustó la prostitución. Lo hacía porque no tenía otra cosa”, sostiene. Y también cuenta que con la prostitución ganaba buena plata, pero que con el cambio de gobierno decayeron sus ingresos. Fue el momento de dar el salto: “Quería trabajar como cualquiera, como una persona normal. Y lo conseguí. El cambio es brusco. Pero me gusta, y cuando te gusta el trabajo todo es mejor. Además tenes un sueldo a fin de mes: es mucho mejor, mucho distinto a contar plata todos los días, que gastas, y gastas, y gastas”.

El 1º de mayo, coindicen todas las personas entrevistadas, será un día de lucha pero también para celebrar. “Incorporar a la compañera y al compañero es lucha también. Nosotros entendemos y acompañamos su pelea para incorporarse al trabajo formal”, destaca Lescano.

“Me siento agradecido. El trabajo es dignidad, parte de uno mismo. Es difícil sentirse satisfecho con uno mismo si no se trabaja. Me dan muchas ganas de que esto pase en todos lados, que las puertas se abran en todos los ámbitos”, desea David. Y Andrea también festeja la posibilidad del trabajo como cualquiera, sobre todo en una época en la que la lucha de los trabajadores pasa por no perder más puestos laborales.
Fuente: El Eslabón
Fuente:RedaccionRosario

No hay comentarios: