Por Pablo Feldman
El ministro de la Producción de Santa Fe, Luis Contigiani reveló que los directivos de SanCor hace dos meses que intentan llegar al presidente Macri. Buryaile de Agricultura lo cruzó al igual que el intendente Corral. Lifschitz sigue esperando lo prometido por las inundaciones y quiere respuesta por las tarifas.
LIFSCHITZ VOLVERA A PEDIR A LA NACION POR TARIFAS CUANDO AUN ESPERA POR LAS INUNDACIONES.
Un escenario que va creciendo en tensión
Habrá otro cónclave con los gobernadores y la Nación esta semana. El mandatario provincial quiere hablar de las tarifas de luz y gas. Aún espera que la Nación incremente partidas por el desastre hídrico. En el medio, crecieron las sospechas por el destino de SanCor.
Por Pablo Feldman
El ministro Contigiani denunció maniobras de la Nación por SanCor
Mañana los gobernadores se reunirán con el ministro de Energía Juan José Aranguren para abordar la problemática del sector, especialmente por estas horas enfocados en el impresionante incremento de la tarifa del gas. Difícilmente acepten como respuesta -especialmente los patagónicos- el teorema apócrifo del ex-Ceo de la Shell que sostiene que "si el precio del producto es elevado, el consumidor dejara de consumirlo". Con los servicios esenciales, ese tipo de postulados no sólo son absurdos sino que generan un clima de tensión que se agrega al malestar por las medidas ya tomadas. Es por eso que en las últimas horas ha trascendido que el gobierno va a revisar los montos de los aumentos, para hogares y pymes que más que nada es un intento por apaciguar los ánimos de los mandatarios provinciales.
En el caso de Santa Fe la situación es particularmente compleja. El desastre de las inundaciones agrega otro punto de conflicto con el gobierno nacional que se hizo más visible en las últimas horas cuando el Ministro de Agricultura y Ganadería, en vez de acelerar las gestiones para asistir a los productores santafesinos intentó justificarse diciendo que el ministro de la Producción de Santa Fe Luis Contigiani "quiere culpar por lo que sucede al gobierno nacional y no al que está en el poder desde hace 9 años". El ex-dirigente de la Mesa de Enlace salió al cruce del ministro provincial después de que éste revelara que "las autoridades de SanCor hace dos meses que están tratando de llegar al presidente y no le conceden audiencia". Sin ambages agregó que "debe ser que en el gobierno alguien quiera que SanCor se caiga y deje de ser cooperativa y la compren para hacerla sociedad anónima" sostuvo. Buryaile por twitter lo negó y agregó que "tanto el ministro Cabrera como yo hemos mantenido reuniones".
Lo cierto es que en dos meses no hubo ningún aporte del gobierno nacional, no sólo para SanCor -que es un caso aparte- sino para nadie. Ni una línea de crédito especial, ni prerrogativas impositivas, ni un peso más allá de los 25 millones remitidos hace más de un mes para inundados y primeros auxilios. Las pérdidas se cuentan en miles de millones, el Estado provincial sigue esperando 40 millones comprometidos para ayuda a tamberos para alimento del ganando y otras urgencias, y debió aportar ya 600 millones desde el comienzo de la catástrofe meterológica, y agregará otros 200 para tendido de red eléctrica caída, repuestos de maquinarias y reparación de casi 50 mil kilómetros de caminos rurales que quedaron bajo el agua del total de 100 mil que surcan la provincia.
En cuanto a las tarifas, serán unas 300 las empresas a las que la EPE le financie en 12 meses el aumento de las facturas y se anunció garantizar el suministro a las instituciones intermedias -clubes de barrios, vecinales- a través de un subsidio que necesariamente deberá ampliarse.
En cuanto a SanCor, caído el contrato con Venezuela la viabilidad de la empresa está seriamente comprometida, esto no es novedad para el gobierno, que además de intentar el rescate de la cooperativa de productores pronta a cumplir 80 años, teme no ya por la suerte de sus 4700 trabajadores de 15 plantas, la mayoría en Santa Fe, sino por el destino de más de 20 poblaciones que "viven" de SanCor. Se calcula que entre Sunchales y sus pueblos vecinos son cerca de 20 mil los puestos de trabajo que están supeditados a la continuidad de la empresa.
Por esa razón, y más allá de la unidad de negocio que representa SanCor, es que el gobernador Miguel Lifschitz respalda a Contigiani que asumió un rol intenso en el conflicto.
Su correligionario José Corral intentó bajar el tono a lo que él cree que es una polémica. Otro radical, el ex-vicegbernador y actual diputado Jorge Henn le contestó. "Corral se cree que es un problema de plata, y se equivoca, se trata de política".
A esta altura, si fuera de plata únicamente tampoco se resuelve. La Nación no sólo no manda fondos para los tambos devastados sino que ni siquiera ensaya una línea de créditos para el salvataje. Y aunque nadie lo reconocerá, la "interna" en el gabinete de los Ceos está a la orden del día. Desde el Banco Nación, Carlos Meleconian observa sin moverse, Marcos Peña canceló el miércoles con los empresarios haciendo antesala por más de tres horas una audiencia pautada en la Jefatura de Gabinete, el Ministro de la Producción no es partidario de las cooperativas y menos de la participación activa del Estado, cabe recordar que el Ingeniero Francisco Cabrera fue fundador y Ceo de "Máxima AFJP". Ausente con aviso, Alfonso Prat Gay, ministro de Economía, que desde semanas ha resignado su rol protagónico en temas que insoslayablemente son de su competencia. "Alfonso está corrido de estos temas, creemos que en el gabinete resuelven otros ministros más cercanos a Macri con otro enfoque que no es político", dijo a este cronista un funcionario del gobierno provincial con un dejo de nostalgia. Cómo estará la cañada para que la chancha la cruce al trote.
Fuente:Rosario12
El PRO se abstuvo Rosario, primera con cupo laboral trans
20/05/2016
El Concejo Municipal de Rosario aprobó este jueves el cupo laboral para personas trans. La iniciativa contó con 20 votos a favor de todos los bloques políticos, con la excepción del PRO, que se abstuvo.
La flamante norma prevé la incorporación de cinco personas trans por año al Estado municipal, a partir de las dificultades históricas para acceder al mundo del trabajo que todavía persiste en la comunidad.
El debate ya contaba con un amplio consenso de todos los ediles, quienes comprendieron la importancia de contar con esta herramienta para contribuir a la batalla cultural y romper con estigmas y prejuicios al momento de contratación de travestis y transexuales.
De esa manera, la ciudad se convirtió en la primera de la provincia de Santa Fe que cuenta con una ordenanza de estas características, después de Buenos Aires, que cuenta con una ley provincial.
El proyecto, presentado por el Frente de Diversidad del Movimiento Evita (Fdme) en 2013, significó el puntapié inicial de un extenso trabajo de incidencia política y concientización social en la calle y en los medios de comunicación, para comprender la importancia de esta iniciativa en términos de políticas públicas que comprendan las particularidades de este segmento poblacional.
Cupo trans constituye un instrumento decisivo para trabajar en pos de la calidad de vida, junto a la Ley de Identidad de Género aprobada en mayo del 2012 y que reconoce las “identidades autopercibidas” como legítimas para el estado, además de un interesante programa de acceso a la salud. Por otra parte, y en un contexto político donde el empleo se encuentra en la escena del debate, esta legislación representa un clarísimo avance para garantizar el acceso un derecho humano fundamental como es el trabajo.
Finalmente, el Fdme expresó: “Este triunfo es también un homenaje a las luchadoras incasables que durante años marcaron el camino de la militancia trans en nuestros país, además de todas las compañeras que invisibilizadas y vulneradas en sus derechos durante décadas, hoy encuentran una pequeña reparación a través de esta ordenanza”.
Fuente:RedaccionRosario
DESPIDIERON A TODO EL EQUIPO DE SEGURIDAD COMUNITARIA DE LA FACULTAD DE PSICOLOGIA.
Decisiones políticas que marcan el rumbo
Era el grupo que trabajaba con chicos y chicas del barrio La Sexta, donde se encuentra el Centro Universitario de Rosario. Varón Fernández, militante social, exige su reincorporación con el respaldo de organizaciones sociales, estudiantes y docentes.
Por Martín Stoianovich
Niños y niñas de La Sexta, siempre anduvieron por los pasillos de la facultad.Imagen: Andrés Macera
"Yo no voy a volver a mi casa sin laburo", dice Varón Fernández, militante social y hoy ex trabajador de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario. Desde junio de 2013 integró el equipo de Seguridad Comunitaria, en un proyecto que buscaba forjar otro tipo de vínculo entre la casa de estudio y los pibes del barrio que entraban a vender estampitas, lapiceras o simplemente a pasar el rato. A raíz del comienzo de la nueva gestión de gobierno en la Facultad, en junio de 2015, el proyecto comenzó a perder el apoyo institucional necesario para sostenerse. En la segunda mitad del año y los primeros dos meses de 2016, el contrato fue cambiando y debilitándose hasta que hubo punto final. Desde la Facultad argumentan que fue el fin del contrato, mientras que Varón habla de un despido que devela una decisión política de la institución. Este martes se hizo una reunión entre el trabajador, sindicatos y el decano Raúl Gómez, en la que no hubo avances. Organizaciones sociales, docentes y militantes de la ciudad continúan llevando adelante una asamblea exigiendo la reincorporación.
Los niños y las niñas de La República de la Sexta, el barrio en el cual está el Centro Universitario Rosario que contiene a la Facultad de Psicología, anduvieron siempre por los pasillos del complejo. Madres jóvenes con niños en brazos pidiendo algunas monedas a cambio de estampitas, pibes dando vuelta, charlando y jugando con los estudiantes de las distintas carreras, o también vendiendo lapiceras o pañuelitos para juntar de a poco algunos mangos. Esta situación fue siempre motivo de controversias. Para las autoridades de Psicología los chicos no pueden estar en la facultad porque no son ni trabajadores ni estudiantes. Por eso hasta mediados del 2013 un servicio de seguridad privada se encargaba de evitar el ingreso de los chicos al edificio. Para junio de aquel año, a través de un pedido de la entonces decana, se impulsó el proyecto de Seguridad Comunitaria que abordarían Varón Fernández y Martín Ríos, el primero militante del Bodegón Cultural Casa de Pocho, de barrio Ludueña, y el segundo de Causa, organización popular de Villa Banana.
Fueron más de dos años de trabajo diario con alrededor de 32 chicos, siempre con el objetivo de promover y garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Al principio la jornada comprendía una carga horaria desde las siete de la mañana a las once de la noche, pero con el paso del tiempo se acordó otro horario. Así, los chicos ingresaban al edificio de tres a seis de la tarde, bajo el acompañamiento del equipo de Seguridad Comunitaria. Por fuera de ese horario no podían entrar y ese control quedaba a cargo del personal de Resguardo Patrimonial, un área dependiente de la UNR y conformado por agentes de seguridad. En ese período, el trabajo de Seguridad Comunitaria no terminaba en esas tres horas ni dentro de la Facultad. Por el contrario, buscaban fortalecer los vínculos con los chicos, organizando distintas actividades como las colonias de vacaciones, idas al cine, a pescar, a la plaza o recorridas por las instituciones estatales y organizaciones sociales del barrio.
Con la nueva gestión comenzaron los cambios. El contrato finalizó el 31 de agosto de 2015 aunque el proyecto continuó hasta fin de año pero con los trabajadores como becarios. En diciembre último, en una reunión con las autoridades de la Facultad se les informó que el proyecto había terminado y que se iba a formular otro programa para empezar en marzo y al cual podrían ser convocados. El proyecto que se había sostenido hasta entonces ya no estaba en los planes de la gestión, aunque el reclamo de los trabajadores permitió que se extendiera durante enero y febrero. El 2016 comenzó con nuevas propuestas por parte de la gestión actual, que nunca llegaron a conformar. Por un lado porque desfavorecían las condiciones laborales con una notoria disminución del sueldo, y por otro lado por el rotundo cambio que iba a sufrir el proyecto. Así fue que se empezaron a gestar asambleas abiertas para pedir por mejoras en las condiciones y la continuidad del plan de trabajo, aunque todo culminaría de otra manera. Después de idas y venidas, desde la gestión dieron por finalizado el asunto con el equipo de Seguridad Comunitaria afuera.
Desde el Decanato de la Facultad informaron que se emprendería otro proyecto, argumentando que buscarían no promover el trabajo infantil. Repararon sobre este aspecto por los chicos que venden en la Facultad, y las puertas fueron cerradas definitivamente. El nuevo "plan de abordaje comunitario" que emprendió la Facultad se basa en un convenio con la Escuela de Psicología Social Enrique Pichón Rivière, a través del cual se beca a diez alumnos de dicha institución privada para que realicen prácticas con los chicos del barrio.
Considerando esta situación, entendiendo que no había vuelta atrás ante el reclamo por la continuidad del proyecto anterior y destacando las diferencias políticas con el nuevo plan, Martín Ríos decidió dejar la asamblea abierta por la reincorporación. La puerta definitivamente cerrada para los pibes fue el punto final. "La posición de la gestión fue concreta y no iba a torcer el brazo. Nos echaron por una cuestión ideológica y por la misma cuestión ideológica decido no reincorporarme", explicó a Rosario12. Varón, por su parte, decidió continuar exigiendo su reincorporación con críticas al nuevo proyecto y con la esperanza de poder cambiar la perspectiva de trabajo que se viene encarando en los últimos meses. Así, con la compañía de distintas organizaciones sociales continúa manteniendo las asambleas abiertas y distintas campañas para visibilizar su posición.
El panorama es complicado. En la reunión del pasado martes, a la que asistieron referentes de COAD, CTA y ATE, no hubo avances a favor de las demandas de Varón. "Siguen con la idea de que no hay fondos para el proyecto, pero largan otro con convenio con una escuela privada con diez personas precarizadas como pasantes. Son becas que costaron puestos de trabajo", analiza el militante social. Sobre la cuestión del trabajo infantil utilizada por el Decanato como argumento para impedir el paso de los chicos a la Facultad, Varón apunta:
"Es imposible pensar que si le cerramos la puerta a estos pibes no van a trabajar. Si cerramos la puerta de la Facultad se van a trabajar a la calle". Para Varón, este aspecto debería abordarse con los pibes incluidos, reconociendo sus realidades y trabajando sobre ellas.
Varón analiza y define su situación de manera concreta: "Es una decisión política, de clase: un laburante menos, diez precarizados, los pibes afuera y el corte de un laburo de casi tres años". En este sentido agrega: "La Facultad toma una decisión sabiendo que los primeros que pierden son los niños y los trabajadores. Da bronca que sigan profundizando medidas que llevan a la pobreza".
Por estos días los pibes de La Sexta ya no son recibidos en la Facultad de Psicología. La salita que el equipo de Seguridad Comunitaria tenía en el edificio fue vaciada. Su frente fue blanqueado con una mano floja de pintura, sobre un mural que los propios chicos habían pintado. Y su interior es usado como depósito: donde antes había juguetes, libros, disfraces y documentación de los chicos, ahora hay herramientas, mesas y sillas rotas. El abandono conquistó un espacio que había sido apropiado por la pibada. Durante el pasado jueves se realizó una nueva asamblea abierta, y allí Varón insistió que la pelea por su reincorporación va a continuar, con radios abiertas y la posibilidad de un festival en las próximas semanas.
LOS CLUBES DE BARRIO SE MOVILIZAN POR LA TARIFA SOCIAL.
El peligro de los potreros
Las boletas de luz llegaron con precios que ponen en riesgo la continuidad de las disciplinas deportivas en los clubes de barrio. Legisladores, funcionarios y dirigentes consensúan una agenda para tratar la problemática.
Por Alejo Diz
Tiro Suizo, uno de los tantos clubes emblemáticos de Rosario que pide una solución.
El aumento de tarifas generó zozobras en las pymes, angustia en el bolsillo del trabajador y amenaza con pincharle la pelota a los chicos. El impuestazo de tarifas nacional tiene en vilo a los clubes de barrio de la ciudad y a riesgo de "cerrar masivamente canchas populares de fútbol". "Nosotros, los clubes, reemplazamos al Estado, y con el tarifazo ya no podemos hacer más", advirtió Mario Giammnaria, titular de la Asociación Rosarina de Fútbol. Como reacción, la provincia anunció "tarifa social de luz a agua", aunque reina el escepticismo: "La tarifa social en la provincia no existe, por eso pedimos que se cumpla con la Ley 27098 que establece tarifas sociales para los clubes", aseveró Héctor Gallo, vicepresidente de la Asociación Rosarina de Entidades Deportivas Amateurs (Areda).
Las tarifas de luz llegaron a los clubes y las entidades de barrio se movilizan. Días atrás hubo un encuentro en el club Tiro Suizo, organizado por Areda, y se decidió presentar un petitorio el gobernador Miguel Lifschitz para reclamar por la tarifa de social. "Queremos una reunión con el gobernador, pero al menos le hacemos llegar por medio de un petitorio la necesidad de que no escuche porque estamos hablando de clubes que van a dejar de atender la demanda de los barrios. Estamos hablando de clubes que no tienen socios porque su gente no puede pagar, esos casos son mayoría. La realidad de los clubes con socios, como Provincial o Gimnasia, por dar un ejemplo, es diferentes porque ellos manejan un presupuesto, más allá de que el tarifazo es impagable", explicó Gallo en diálogo con Rosario/12.
El reclamo de Areda encontró eco la propuesta del Diputado Provincial Roberto Mirabella (PJ), quien impulsa un proyecto de ley para aplicar la tarifa social de luz y agua a los clubes. Aunque la Ley nacional 27.098, conocida como el Régimen de Promoción de los Clubes de Barrio y de Pueblo, contempla en su artículo 16 "la tarifa social básica de servicios públicos". La Ley fue promulgada en enero de 2015 pero "no está reglamentado el artículo que refiere a la tarifa social", acota Gallo.
Carlos Iparraguirre, subsecretario de Deportes de la provincia, aseguró a este diario, en su edición del pasado viernes, que "no se va a permitir que cierre un solo club en toda la provincia por las facturas de luz o de agua que tengan que pagar". Y sobre esa afirmación trabajan ahora los referentes de los clubes de la ciudad. "A los clubes de barrio, los que están en zona vulnerables, nunca los escuchan y es muy difícil hacer llevar sus reclamos", apuntó Giammaría. "Las promesas no se cumplen", agregó el titular de la Rosarina. "La realidad de los clubes de la periferia es muy distinta a los clubes grandes. En estos años avanzamos en regularizar la documentación de las entidades para que puedan tramitar subsidios y tarifas sociales. Pero casi ninguno acceden a la asistencia del Estado, porque la realidad es que el rol del Estado lo cumplimos nosotros", lamenta Giammaría.
La propuesta de Mirabella y las promesas de Iparraguirre abrieron el diálogo entre legislados, funcionarios y los clubes. La semana que viene diputados provinciales visitarán a dirigentes de la Rosarina en la sede de la asociación para poner en agenda la problemática. "También vamos a pedir que se extienda el Plan Abre porque llegó a muy pocos clubes", adelanta Giammaría. "A (Carlos) Iparraguirre le creo, ya hemos trabajo juntos, ojalá que encontremos una solución concreta para los clubes", apunta el presidente de la ARF.
ADVIERTEN QUE ESTAN CERRANDO MUCHOS LOCALES COMERCIALES.
El tarifazo los unió a todos
Organizaciones de pequeños y medianos comerciantes harán una presentación judicial por la Ley de Intereses Difusos para que la Provincia suprima los últimos aumentos del servicio eléctrico y retrotraiga tarifa a noviembre de 2015.
Por Claudio Socolsky
Comerciantes y residenciales afrontan facturas con más del 100 por ciento de suba.
Como no obtienen respuestas a sus reiterados reclamos; la Multisectorial contra los Tarifazos, que integran organizaciones de pequeños y medianos comerciantes e industriales de la ciudad, presentará el próximo martes en la Justicia provincial un recurso de amparo para que la provincia no aplique los dos últimos aumentos de la energía eléctrica, y que los retrotaiga a noviembre del 2015. La demanda es contra el gobierno provincial, la Empresa Provincial de la Energía (EPE), y quien sea responsable del tarifazo eléctrico; ya sea el gobernador, ministros o directores de la empresa porque, explicaron, no tienen conocimiento cierto sobre quién autorizó los aumentos. "Este es un reclamo de la sociedad. Estamos juntando firmas y la gente hace cola en firmar por estos reclamos, por eso creemos que la demanda es un derecho, y en este caso para las organizaciones que estamos en la Multisectorial es una obligación por lo dramática que se está tornando esta situación, con la caída de la actividad económica", señaló a Rosario/12 Juan Milito, presidente del Centro Unión de Almaceneros.
Los representantes de las diferentes organizaciones de pequeños y medianos comerciantes e industriales vienen manteniendo reuniones para pedirle al gobierno provincial que retrotraiga los últimos aumentos de la energía eléctrica. Legisladores provinciales, asesores de diputados que han presentado proyectos, y concejales rosarinos se acercaron hasta la sede del Centro Unión Almaceneros para conocer de primera mano la preocupación y los problemas que enfrentan por los aumentos.
Hace unos días, y partir de varias gestiones, fueron recibidos por el gobernador Miguel Lifschitz y el jueves pasado les dejaron sus inquietudes a los presidentes de todos los bloques políticos del Concejo Municipal en la reunión de Labor Parlamentaria. Si bien ya tenían redactado el recurso, lo dejaron en suspenso a la espera de una respuesta de las autoridades que hasta el momento no se produjo.
"Sabemos que el camino judicial no es el buscado, nos reunimos con el gobernador, le planteamos la dificultad que él conoce, además de coincidir con algunos diagnósticos, y le hemos propuesto acompañarlo para hacer el reclamo a nivel nacional. Aparte le pedimos un gesto hacia los sectores pymes y residenciales para que se nos alivie el problema del tarifazo salvaje que estamos soportando con el conjunto de la población, y los negocios que están en una situación crítica respecto al pago de este servicio", apuntó Milito.
La presentación, un recurso contencioso administrativo sumario, está amparado por la Ley 10.000 de intereses difusos, es contra los tarifazos de energía eléctrica, y según los demandantes se interpone en virtud del gran aumento tarifario que produce el cierre de comercios, estimando que en los dos últimos meses fue de entre un 15 y un 20 por ciento, en el macrocentro, y de hasta un 30 en la zona periférica de la ciudad. Esta situación afecta de manera directa la correcta distribución de la mercadería a la población, y por otra parte, consideraron que los incrementos no fueron bien informados ni se dieron a publicidad.
"Este aumento va contra normas constitucionales, en primer lugar porque no se utilizó el sistema de una audiencia pública, a pesar que no está previsto en Santa Fe al no existir un ente regulador, pero se podría hacer tomando como ejemplo la ley nacional", precisó el abogado de la Multisectorial contra los Tarifazos, Juan Alcaraz.
El letrado planteó que se pide por los dos últimos aumentos, el de diciembre, que efectuó la provincia, de un 26,9 por ciento, y el ajuste que se produce a partir de febrero por la quita del subsidio nacional a la energía eléctrica, que se trasladó directamente a todos los santafesinos. "En las facturas que están llegando ahora, al que menos le puede llegar, es casi un cien por ciento, mientras que a comercios, industrias y pymes, en algunos casos llegan a un 263 por ciento de aumento, que fue reconocido hasta por el presidente de la EPE cuando estuvo en la Cámara de Diputados".
Desde la Multisectorial, que además convocará a una concentración el martes a las 11 frente a los Tribunales provinciales donde se efectuará la presentación, piden que el gobierno provincial busque la manera de establecer una tarifa que se razonable y ajustada a derecho, ya que consideran que las últimas son "usurarias". También aclaran que se oponen a cualquier instancia de privatización de la EPE y que no pretenden que la empresa se desfinancie, por lo que plantean que el déficit no presupuestado para este ejercicio "salga de otros fondos, y sobre todo que lo paguen los que más tienen".
FuenteRosario12
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