EL
PRESIDENTE OFF SHORE
Claudio Katz[1]
Macri llegó a la
presidencia con banderas de transparencia y eliminación de la corrupción y ya
está involucrado en un desfalco de envergadura. Los Papeles de Panamá
destaparon su titularidad de empresas off shore que nadie constituye por
motivos lícitos. Como mínimo esas sociedades son gestadas para evadir
impuestos, fugar capital u ocultar administraciones turbias de fondos.
Por esta razón el
presidente no las incluyó en su declaración de impuestos. Inicialmente intentó
negar su participación en esas compañías y finalmente aceptó su presencia en
una (Fleg Trading). Pero luego apareció otra (Kagemucha) y en total serían
siete.
Macri afirmó que las firmas
fueron creadas para realizar una inversión posteriormente desechada en Brasil.
Pero no explicó por qué motivo ese emprendimiento requería generar un fondo
intermediario en Bahamas. Declaró que la empresa se disolvió sin realizar
actividades, pero hay evidencias de gran movimiento de dinero en la inmóvil
compañía.
La falsedad siguiente fue
más ridícula. Macri argumentó que ejerció un papel ocasional como director por
pedido familiar, como si ese cargo no entrañara responsabilidades. Minimizó su
labor señalando que no fue accionista omitiendo la irrelevancia de esa función.
En las firmas off shore las acciones son al portador y sus tenedores son
tapados o ficticios. En cambio el director adopta decisiones y es muy
sospechoso que no declare ingresos por ese rol.
Una
investigación elemental de los movimientos de las firmas revelaría rápidamente
lo que se está ocultando. Las off shore se crean para mantener ese secreto.
Pero como presidente del país debería ser obligado a mostrar qué hay detrás de
esas empresas.
PRONTUARIO DEL GRUPO
Las motivaciones del ocultamiento
saltan a la vista: el grupo Macri siempre protegió su fortuna en guaridas del
exterior. Al principio fue Italia (Lugano) y luego Bahamas o Panamá. Ya
circulan varias hipótesis sobre las razones del último escondite.
El emporio familiar ha sido
afectado por numerosos conflictos que condujeron a la división del patrimonio
en tres partes (Macri Group, Sideco Americana, Constructora Iecsa). Las firmas
off shore son utilizadas para administrar esas tensiones sin ningún control del
fisco.
Algunos piensan que con esa pantalla
se lavó el
dinero de ventas ficticias al pariente Calcaterrera o que esa transferencia
ocultó testaferros. Otros consideran que se enmascararon las propiedades
de Mauricio para sortear incompatibilidades con su rol de intendente y
presidente. En ambos cargos ha firmado licitaciones a favor de otros miembros
del clan.
Los pases de propiedad y las
ventas simuladas entre empresas están incorporados a las transacciones
corrientes de un grupo que perpetró incontables fraudes. En 1982 lucraron con
el endeudamiento en divisas y el posterior rescate oficial de varias empresas
(Sideco, Pluspetrol, Socma, Iecsa, Dragados y Obras Portuarias). En 1989
cobraron sobreprecios por contratos de recolección de basura (Manliba). En 1995
realizaron un gran contrabando de autopartes en el sector automotor (caso
Sevel) que fue descubierto, corroborado y luego perdonado por los jueces
menemistas
La secuencia de estafas continuó
con el cobro de peajes en rutas sin ninguna contrapartida de inversión y con la
fuga masiva de capital durante el colapso del 2001. La familia se benefició
también con la pesificación asimétrica (2002) y con la privatización del Correo
mientras esa operación generó ganancias. Durante la era K obtuvieron lucrativos
contratos de obra pública.
Los Macri se
han enriquecido a costa del estado. Se especializaron en la gestión de coimas y
en la obtención de subsidios oficiales para financiar sus quebrantos. Como
fracasaron en muchos negocios lograron diseñar auxilios a su medida con los
funcionarios de turno. Con ese auto-socorro en mente Macri impulsó la creación
de firmas off shore en la ciudad y ahora prepara un blanqueo general de
capitales.
El adalid de la transparencia no
distingue mucho la frontera entre lo público y lo privado. Su actual secretario
legal y técnico (Clusellas) dirigió el estudio encargado de gestionar las
operaciones off shore del grupo familiar.
Otro personaje del mismo
entramado que maneja la intendencia de Lanús (Grindetti), creó una off shore en
Panamá con poder para operar en Suiza, durante su gestión como ministro de
Mauricio en la ciudad. Algunos sospechan que también esas cuentas incluyen
dinero de los Macri.
La corrupción es un dato cotidiano del gobierno
actual. El presidente viaja al sur y se aloja en la quinta de un magnate inglés
que usurpa tierras de la Patagonia (Lewis), utiliza helicópteros privados para
traslados oficiales y auspicia el nombramiento de familiares, amigos y novias
en todos los niveles del estado. Ahora sabemos que la “Ceocracia”
gobernante es también una “Off-shorecracia”, que transfiere al exterior la
ganancias obtenidas en el país.
LA NORMA DE FUGAR Y EVADIR
Macri ha contado con un gran
blindaje para frenar el escándalo de sus empresas off-shore. Garantiza ante
todo su impunidad a través de la oficina anti-corrupción. En lugar de iniciar
una investigación de los papeles de Panamá ese organismo repite los pretextos del
presidente. También obtiene amparo de la Unidad de Investigación Financiera, que
ha sido copada por banqueros expertos en la fuga del capital.
Macri
aprovecha con la protección del arco político patronal que rechazó en el
Congreso un pedido de informes sobre su patrimonio. Carrió se autoerigió como
jueza del problema y ya dictaminó la inocencia del sospechado, a partir de inconsistentes
documentos que le acercó el padrino Franco.
Pero la
principal cobertura del presidente proviene de los grandes medios de
comunicación, que ocultan la repercusión internacional de las revelaciones de
Panamá. La Nación silencia el tema a pesar de integrar el circuito
de diarios que destapó el escándalo. Como los propietarios del periódico tienen
una firma off shore semejante a la familia Macri el silencio contribuye a la
auto-preservación.
Los medios también aportan argumentos
para justificar lo indefendible. Afirman que Macri sólo cometió un involuntario
error al omitir información impositiva, cuando es evidente la intencionalidad
fraudulenta de crear un sello fantasmal en el exterior.
Afirman que esas empresas son
“legales”, omitiendo el curioso status de compañías forjadas en un país para
violar las normas vigentes en otro. Además, olvidan que la frontera entre lo lícito
y lo ilícito es muy borrosa en paraísos que administran la evasión de impuestos
junto al tráfico de drogas.
Otras justificaciones señalan
que abrir un cuenta off shore “es normal” en un país carente de “confianza,
seguridad o reglas claras”. Con ese argumento presentan a los responsables del
vaciamiento financiero como inocentes víctimas. Presuponen que los capitalistas
tienen derecho a no pagar los impuestos que tributa el resto de la ciudadanía.
Pero el
grueso del oficialismo no pierde tiempo en explicaciones. Recurre a la vieja
coartada de remitir el problema a los tribunales. Repiten el llamado a que “la
justicia investigue”, sabiendo que por ahora ningún juez tomará el caso en
serio. Los principales magistrados son servidores del gobierno de turno que
congelan las demandas comprometedoras. Sólo retoman esas causas cuando los
presidentes pierden poder.
Siguiendo
esta regla los jueces protegen actualmente al oficialismo, mientras arremeten
contra el kirchnerismo. Taponan los Papeles de Panamá y todos los días
descubren algún nuevo desfalco de la era K. Han destapado la fortuna ilegal de
los Báez que disimularon durante una década. Con arrepentidos, confesiones y
videos ilustran las estafas de Santa Cruz para que nadie hable de las
malversaciones off shore.
Bastaría hurgar un poco en los
contratos que suscribió Macri intendente con sus familiares (Calcaterra) y
amigos (Caputo), para descubrir el mismo mecanismo de enriquecimiento que
engordó a Báez. Incluso podría notarse que esas compañías fueron las
principales socias del santacruceño.
Los íntimos del presidente
ganaron dudosas licitaciones, manejaron el 30% de las obras de la ciudad, no
concluyeron los emprendimientos prometidos y obtuvieron insólitos permisos de
construcción en áreas privilegiadas. Ahora se disponen a lucrar con la
ampliación del monto de contrataciones oficiales directas.
La misma doble vara rige la causa
del dólar futuro. Un juez de la servilleta acusa a Cristina por grandes
pérdidas del estado, en los contratos que compensaban una devaluación cantada.
Pero los capitalistas próximos al gobierno que lucraron con la misma operación
son exculpados (Caputo, Torello, Quintana).
Todo sirve para acallar los Papeles
de Panamá. Ese silencio es particularmente promovido por los bancos
especializados en la malversaciones off shore, que intermediaron en el reciente
acuerdo con los buitres. Sólo el HSBC manejó 4001 cuentas bancarias no
declaradas en Suiza de grandes acaudalados de Argentina.
Los financistas han copado el gabinete colocando 27 altos directivos
en lugares estratégicos del gobierno. La mayoría trabajó en Wall Street y ya
diseñaron canjes de deuda, emisión de títulos nacionales y provinciales y la
repetida bicicleta de altas tasas de interés con el dólar planchado. Manejan
estos negociados con la misma familiaridad que la operatoria off shore.
El ocultamiento de cuentas en el exterior es casi una política de
estado impuesta por la alta burguesía, que tiene depositado en los paraísos
enormes fortunas. En el listado de Panamá no sólo figuran todos los popes del
capitalismo local (Coto, Pérez Companc, Amalita, Clarín). También Techint ha
transferido su sede administrativa a Luxemburgo e YPF-Chevron acordaron pagos
off shore en su último contrato. Hasta personajes renombrados de los medios
(como Nisman o Angelici) tienen operaciones propias en los paraísos. Las firmas de Macri son un
fiel reflejo de toda clase dominante.
CONTRADICCIONES DEL IMPERIO
Obama enfrenta un dilema frente
al caso Macri-Panamá. Por un lado intenta sostener a su nuevo servidor del Cono
Sur y por otra parte necesita tomar distancia de un escándalo en puerta.
El presidente argentino garantiza
sometimiento a Estados Unidos en un momento de creciente inestabilidad en
Brasil y otorga todo a cambio de nada. Permite que la DEA, la CIA y el FBI desembarquen en el
país, mientras el Departamento de Estado continúa apoyando a Gran Bretaña en la
usurpación de Malvinas.
Macri se aproxima a la Alianza del Pacífico,
acepta una relación
comercial asimétrica con el Norte, avala la obstrucción del desarrollo nuclear
autónomo y renegocia la presencia china
Pero esta sumisión no le impide a
los grandes medios estadounidenses (NYT, WP, CBS) informar los negocios
que se silencian en Argentina. Macri comienza a ser visto como el típico
presidente corrupto del Tercer Mundo, que los yanquis abandonan cuando se torna
inservible.
La
problemática off shore suscita actualmente reacciones contradictorias en
Estados Unidos. No cabe duda que los paraísos han servido al capitalismo
norteamericano, desde que Panamá aportó su
etiqueta a los buques petroleros que no tributaban en ninguna parte.
En los años 60 las inversiones
extraterritoriales fueron incentivadas por el Tesoro yanqui para solventar el
déficit fiscal con divisas recaudadas en el exterior. El mercado de eurodólares
potenció ese mecanismo de absorción de los capitales excedentes. Posteriormente
la misma captación incluyó el dinero de la mafia y la droga.
Los paraísos fiscales se expandieron
a otra escala en las últimas tres décadas de neoliberalismo. Se estima que en
la actualidad movilizan unos 11,5 billones de dólares, bajo el estricto monitoreo de Wall Street, el
FMI y el Departamento del Tesoro.
Pero en los últimos años apareció un
conflicto en la gestión de esos fondos entre las firmas radicadas dentro y
fuera de Estados Unidos. En Nevada, Dakota del Sur, Wyoming o Delaware operan empresas con los
mismos atributos que ofrecen las off shore del Caribe. Sólo Delaware cuenta con
1.181.000 sociedades para lavar dinero de cualquier origen.
Estados
Unidos se ha convertido en una aspiradora del dinero sucio que circula por
otros paraísos. Suiza y Luxemburgo ensayan alguna cogestión para atemperar esa
competencia y también Londres -que maneja el 24% del negocio- participa de la
disputa.
La difusión
de los Papeles de Panamá forma parte de esta guerra entre financistas. El
listado no fue divulgado por hackers o wikileaks, sino por un consorcio
localizado en Washington y financiado por Soros y Rockefeller. Se ha publicado
sólo una porción mínima de los voluminosos archivos anunciados y hay muy pocos
estadounidenses entre los nombres que tomaron estado público.
Panamá ha
sido la tercera filtración de una secuencia que afectó anteriormente a
Luxemburgo y Suiza. Las firmas establecidas en el país centroamericano o en Bahamas
se ubican en lugares muy distantes (número 13 y 25) del ranking encabezado por
Suiza, Hong Kong y Estados Unidos. La rivalidad en curso incluye también
cínicas campañas para ponderar la transparencia de los yanquis frente a la
opacidad de sus competidores.
Pero el
régimen off shore afronta un problema más agudo; ha creado graves quebrantos
fiscales en todo el mundo. Al tolerar que las empresas eludan la tributación
con un simple cambio de domicilio ha socavado los pilares de la recaudación. La
magnitud de los impuestos evadidos ya alcanza cifras descomunales. Sólo entre
2008 y 2014 las 50 mayores empresas de Estados Unidos transfirieron 1,4
billones de dólares a los paraísos.
Por esta razón los off shore
están en la mira de sus propios promotores. Desde el temblor financiero del
2008-09 todas las cumbres de las grandes potencias han incluido algún debate sobre
el tema. Nadie sabe cómo resolver el problema pero todos deben considerarlo, a
medida que se agiganta el bache fiscal.
Macri es un personaje irrelevante
en ese escenario. Puede zafar o quedar muy involucrado en los perdones o
sanciones, que emerjan de cualquier reorganización de los paraísos.
EL KIRCHNERISMO ENTRAMPADO
El kirchnerismo motoriza las
denuncias del negocio off shore para contrarrestar la avalancha judicial que
Macri promueve contra Cristina. Cuestionan la doble vara que se ha instalado
para juzgar a ambas figuras. Los errores involuntarios del primero son
contrastados con las malversaciones premeditadas de la segunda.
Este
contrapunto es alentado por un sector derechista (Carrió), que pretende
afianzar al gobierno con el discurso de la herencia y la venganza anti-K. Otra
fracción (Pinedo) prefiere concertar con el peronismo, para recrear los pactos
que consagraron la impunidad de Menen y De la Rúa. Los jueces aceleran o frenan
las acusaciones contra Báez en función de esa disputa.
El kirchnerismo sugiere que
todos los dólares contados en la Rosadita son irrisorios en comparación a los
desfalcos perpetrados por la familia Macri. Detalla los fraudes de su rival,
pero se muestra muy reticente a aclarar lo ocurrido en el propio campo. En este
terreno plano repite todos los lugares comunes del oficialismo. Convoca a que
la “justicia investigue” y se excusa de emitir cualquier opinión antes que
aparezca algún dictamen de los tribunales.
Esta postura le impide al kirchnerismo hablar seriamente de la corrupción.
Ensayan un relato inverso al macrismo exculpando a Cristina de todo. Aceptan
que Báez, Boudou o Jaime cometieron irregularidades, pero niegan cualquier
ilegalidad del matrimonio Kirchner. Es la misma actitud que adoptan los hombres
del PRO para eximir a Mauricio de todas las anomalías cometidas por su padre.
Los indicios de complicidad del Néstor (como gobernador y presidente)
con las estafas de Báez son abrumadores. Apañó el sistema de sobreprecios en la
obra pública y su transformación en divisas fugadas al exterior, que luego eran
reconvertidas vía lavado en propiedades o activos.
En ese entramado participaron colaboradores financieros del ex
presidente (Clarens), que abrieron cuentas
en Estados Unidos, España, Uruguay y
Panamá. Un ex secretario de Néstor (Daniel Muñoz) figura en el mismo
listado off shore que compromete a Macri. El estudio panameño que organizaba
los fraudes asesoró a Báez, pero toda la operatoria se habría descontrolado con
el ingreso de varios aventureros al manejo del lavado (Fariña, Elaskar)..
Estas
denuncias tienen la misma solidez que las acusaciones sobre la familia Macri.
El malabarismo K para cuestionar un caso omitiendo el otro genera infinitas
inconsistencias. El kirchnerismo intenta disimular la similitud de muchas estafas,
para ocultar que el negocio off shore prosperó por su tolerancia a la gran fuga
de capitales de la década pasada.
Los niveles de
corrupción de ese período estuvieron muy lejos de la fiesta menemista o del
robo organizado de la dictadura. Pero incluyeron numerosos fraudes por parte
del grupo que manejó las contrataciones públicas. Con formas muy desprolijas
esas malversaciones ampliaron varios patrimonios personales. Néstor y Cristina,
por ejemplo, nunca pudieron explicar el insólito engrosamiento de sus bienes.
La fortuna de Báez y el emporio de Cristóbal López son ramificaciones del mismo
proceso.
Al minimizar
estos fraudes afirmando que “Macri es peor” se olvida que ningún robo puede ser
convalidado con argumentos de “mal menor”. Quiénes afirman que “hubo corrupción
pero se favoreció al pueblo” agachan la cabeza frente a la cleptocracia y
repiten la vieja resignación ante los que “roban pero hacen”. Esa actitud
impide revisar todas las falencias del kirchnerismo.
EL BOOMERANG DE LA CORRUPCIÒN
Varios diarios occidentales han
situado a Macri junto a los corruptos del
Tercer Mundo. Es uno de los cinco mandatarios en funciones involucrado
en negocios off shore y se lo ubica en un lugar próximo a los gobernantes de
Ucrania, Sudáfrica, Sudán o Arabia Saudita.
El blindaje local no puede protegerlo de ese retrato de la prensa
internacional.
El estudio
que utilizaron los Macri (Mossack Fonseca) es conocido por protagonismo en el
submundo de las finanzas. Está involucrado en el Lava Jato de Brasil y en ocultamiento
de los bienes de la familia real española. Sus conexiones con México disparan
todas las alarmas, desde que se supo que el
Cartel de Sinaloa depositaba sus ingresos en el HBSC, siguiendo las huellas de
la Camorra italiana en la City de Londres.
Macri supone que sorteará los
efectos del escándalo de Panamá. Pero por la misma causa ya renunció el primer
ministro de Islandia y Cameron se encuentra bajo asedio en Inglaterra. También
dimitió un ministro de industria del gobierno derechista de España que ponderan
todos los seguidores del PRO.
Las empresas off shore representan
una pesada carga para el futuro político de Macri. El establishment utilizará
esa carta para evaluar su gestión, acallando o potenciando las consecuencias de
esa irregularidad según el curso que adopte su gobierno.
Pero el destape de Panamá también
indica cuán riesgoso es utilizar la bandera de la corrupción para cualquier
operación política. El estandarte que esgrimen los políticos reaccionarios para
socavar a los gobiernos progresistas de Sudamérica se puede convertir en un
boomerang, si la cruzada continúa bajo el mando de corruptos tan descarados.
Macri es un ejemplo de esa
contradicción y carece de autoridad para exigir transparencia luego de ocultar
sus negocios off shore. Pero un contrasentido mucho mayor se está gestando en
Brasil, luego de golpe consumado por una pandilla de bandidos.
Utilizaron el pretexto de la corrupción para
desplazar a Dilma sin exhibir la menor prueba de esa acusación. Impusieron la
destitución por una infracción administrativa del presupuesto que ha sido
frecuente en todos los gobiernos. Para colmo, coronaron a un vicepresidente que
participó en la misma adulteración de la contabilidad fiscal.
El nivel de corruptela de los
golpistas es indescriptible. El presidente de la Cámara y artífice del
operativo -Cunha- debió se acallado por su complicidad en incontables delitos.
Lo mismo vale para Temer, que en lugar de la presidencia debería estar alojado
en una celda. Como muy bien definió el New
York Times: “Dilma no robó nada y fue
juzgada por una banda de ladrones".
Los
golpistas son aventureros que
participan en partidos de alquiler, para venderse al mejor postor a la hora de
capturar las prebendas oficiales. Protagonizaron la bochornosa sesión del
Parlamento que votó el impechment sin referirse a la acusación. El 60% de los
personajes que en esa sesión ponderaron a torturadores, militares, evangélicos, nietos, esposas o amigos del
barrio, arrastra causas judiciales.
Los golpistas ya designaron
ministros conservadores, anuncian planes de ajuste y preparan operativos de
represión. De los 23 miembros del gabinete 7 están procesados y 12 participaron
en las coimas de Petrobras. Esa gente intentará justificar su gestión con
argumentos de transparencia. Los malversadores que restauran el neoliberalismo
con insólitas banderas de honestidad están encendiendo una hoguera en la
región.
UNA BANDERA DE LA IZQUIERDA
La corrupción es intrínseca al
capitalismo y se alimenta de la estrecha relación que mantienen las clases
dominantes con las elites del funcionariado. Los poderosos acumulan riquezas utilizando
las garantías legales del estado y los mecanismos que violan esas normas. El
equilibrio entre ambas fuentes varía en cada país y período, pero es un dato
generalizado del sistema actual.
El
neoliberalismo acentuó la corrupción con los paraísos fiscales, para aligerar
la carga impositiva de los privilegiados y descargar todo el peso de la
tributación sobre los trabajadores.
Por eso la
desigualdad social se ha incrementado en forma explosiva. Los estados recaudan
menos y utilizan sus recursos para rescatar a los capitalistas cuando estalla
la crisis (2008-09). El negocio off shore es un engranaje de ese dispositivo.
Asegura la expatriación de beneficios mientras los estados nacionales solventan
las pérdidas.
En
América Latina esa desventura es mayor por la magnitud de la localización
externa de las ganancias. Se estima que sólo por evasión con exportaciones
fueron sustraídos del fisco 600 mil millones de dólares al año entre el 2002 y el
2011. La restauración neoliberal en curso agrava el problema. Facilita la
expatriación de los beneficios mientras impone al pueblo mayor austeridad.
La
derecha presenta una imagen invertida de esa realidad. Culpa a los desposeídos
y exonera a los millonarios. Utiliza, además, el discurso anti-corrupción para
movilizar a las clases medias irritadas o desilusionadas con el progresismo.
Este lema ha calado también entre los sectores populares fatigados con el doble
discurso del kirchnerismo o el lulismo.
La corrupción no es tema menor, ni se ubica naturalmente en el campo
de la derecha. Es un legítimo reclamo popular de transparencia y probidad en el
manejo de los fondos públicos. Es una exigencia que la izquierda debe asumir
con propuestas de control social efectivo de la administración estatal y
punición de los malversadores.
Pero estas
demandas requieren total limpieza en el campo popular y una valoración
permanente de la ejemplaridad de los dirigentes. Son reclamos que exigen actuar
en espacios políticos con tolerancia cero hacia los corruptos. Este principio
ha sido burlado por el kirchnerismo y se agrava con su permanencia en el
partido justicialista.
Lo ocurrido
con el PT de Brasil es igualmente ilustrativo. Su dirigencia quedó comprometida
en el entramado del Menselao y con el turbio manejo del Petrolao. Gobernaron aceptando oscuros pagos por la aprobación de leyes y convirtieron a
sus funcionarios en embajadores de las multinacionales.
Esta
complicidad con el poder desmoraliza a las bases y desilusiona a los
militantes. Cuando se acepta el capitalismo como único horizonte posible se
avala también la ilegalidad que exige ese sistema. La izquierda puede liderar
la batalla por la honradez si confronta con la matriz capitalista de la corrupción.
22-5-2016.
[1] Economista, investigador del CONICET, profesor de la
UBA, miembro del EDI. Su página web es: www.lahaine.org/katz
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