"En Villa Constitución se pergeñó la represión de la dictadura"
Las víctimas del conocido "Villazo" pidieron indagatoria y detención de 59 imputados, 17 de ellos civiles
por Jorge Kaplán
Los querellantes apuntaron de lleno a la responsabilidad civil Los querellantes apuntaron de lleno a la responsabilidad civil, tanto empresaria como sindical.
Foto: La Capital / Angel Amaya.
"El caso de Villa Constitución fue el núcleo que en 1975 empezó a pergeñar lo que después fue la política represiva instalada en el orden nacional. La represión de el Villazo es un caso emblemático porque es donde se da más claramente la pata civil, la responsabilidad empresaria en el terrorismo de Estado.
Este juicio tiene un valor estratégico en todo este proceso que nuestro pueblo llevó adelante en la recuperación de la memoria, la verdad y la justicia". Así lo resumía ayer Victorio Paulón, el histórico dirigente de la UOM, frente a los Tribunales Federales de Rosario , mientras los abogados de la querella que integra, junto a otras víctimas de la represión, presentaban un pedido de indagatoria y detención de 59 imputados (17 de ellos civiles) por 34 casos de violaciones a los derechos humanos, dentro de los cuales se cuentan 10 homicidios, en el marco de lo que se conoció como el Villazo.
Las abogadas Gabriela Durruty y Jesica Pellegrini, patrocinantes de víctimas y sobrevivientes de la represión y de la también querellante Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), elevaron al juez federal Nº 4 de Rosario, Marcelo Bailaque, el pedido de indagatoria y detención del "directorio de Acindar a la fecha de los hechos y a diversos integrantes de fuerzas de seguridad, tanto uniformados como personal civil de Prefectura, Policía Federal, Policía provincial, incluyendo la Guardia Rural Los Pumas, y a personal del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario y representantes de la burocracia sindical", señalaron.
"Esperamos que a la brevedad el juez Bailaque haga lugar a nuestro pedido, como única forma de comenzar a cumplir con los mandatos de los pactos internacionales de derechos humanos de los que es signatario nuestro país", plantearon las abogadas.
Policías y civiles. Los nombres de las personas a quienes se solicitó indagar "permanecen en reserva por el potencial riesgo de fuga", aclararon las letradas, pero todos surgen de los numerosos testimonios que se vienen acumulando en los 10 cuerpos que ya tiene el expediente desde la apertura de la causa en 2013.
Paulón, uno de los denunciantes que pasó seis años preso tras su detención en 1975, aseguró que "presentamos un pedido de indagatoria a una cantidad de responsables empresarios, militares, policías, hasta eclesiásticos".
Y añadió que "Acindar es un caso emblemático porque es donde se da más claramente la pata civil, la responsabilidad empresaria, (José Alfredo) Martínez de Hoz dejó la presidencia del directorio de Acindar para ser el ministro de Economía con el golpe militar, hay un proceso de destrucción de la industria nacional, del mercado interno, una concentración gigantesca, una corrupción hasta institucionalizada porque el crédito que le otorga el Banade a Acindar para construir la acería y la planta de reducción directa de alrededor de 500 millones de dólares la terminan estatizando al fin de la dictadura cuando (Domingo) Cavallo era presidente del Banco Central".
El histórico dirigente de la Lista Marrón señaló que "aquí están marcadas las huellas de todo lo que fue todo aquel proceso. Para nosotros es muy importante que la pata civil aflore".
Campo de concentración. Norma Ríos, presidenta de la APDH a nivel nacional, señaló que "Acindar se disputa con la escuelita de Famaillá el primer campo de concentración, donde participaron sus máximos directivos, Oscar Pacho Juárez es otra de las víctimas querellantes.
El ex integrante del comité de lucha durante la huelga de 1975 y ex delegado de la fábrica Metcon destacó ayer que "para nosotros es un día muy importante. Pasaron 41 años pero la memoria tiene que ser rescatada y la justicia que merece la clase obrera después de esas luchas tremendas como fueron las de los 70, no sólo la del Villazo".
Por su parte, Zenón Sánchez, ex trabajador de Acindar y también querellante en la causa, sostuvo que "con este tipo de acciones traemos de nuevo a la vida los compañeros que no están, los recordamos porque siguen vivos en nosotros.
Esta injusticia que se cometió con nuestra clase obrera no está aislada de otras tantas injusticias que hay en el mundo y que está llevando a cabo el neoliberalismo". En ese sentido, Paulón trazó un hilo que une los hechos de los 70 con la actualidad.
"Si uno mira atentamente ese espectro social, esa lista de responsables económicos (de la dictadura) pareciera que fue escrita con carbónico, porque es la misma que en 2001 aparece ligada a la fuga de 27 mil millones de dólares y sus integrantes son los mismos nombres de los Panamá Papers. Hay una vigencia histórica", remató.
Fuente:LaCapital
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