La justicia rosarina admitió ayer la demanda presentada por la Multisectorial contra los Tarifazos, en el marco de la ley 10.000 de Intereses Difusos, para que la provincia no aplique el último aumento de la energía eléctrica.
LA JUSTICIA ROSARINA ADMITIO LA DEMANDA CONTRA LOS TARIFAZOS
Para los comerciantes es un avance
La justicia citará a funcionarios provinciales por el aumento de la tarifa de la luz y luego procederá a resolver la cuestión de fondo: retrotraer la factura a noviembre 2015. "Es precedente interesante", dijo el titular del Centro Unión Almaceneros.
Milito, del Centro Unión Almaceneros, dijo: "Debemos profundizar el reclamo".
La justicia provincial admitió ayer la demanda presentada por la Multisectorial contra los Tarifazos, en el marco de la ley 10.000 mil de Intereses Difusos, para que la provincia no aplique el último aumento de la energía eléctrica por la quita de subsidios nacionales. Respecto a la medida cautelar provisoria, hasta que se resuelva la cuestión de fondo, --retrotraer la tarifa de forma inmediata a noviembre de 2015--, la justicia citará a la provincia y la Empresa Provincial de la Energía (EPE) para que hagan sus descargos. Desde la Multisectorial recibieron la admisión judicial como un avance. "Debemos profundizar el reclamo hasta que lleguemos a una solución, sobretodo viendo que en otras partes del país hay jueces que han tomado el tema, sentando un precedente interesante ante los terribles tarifazos que venimos soportando", señaló Juan Milito, titular del Centro Unión Almaceneros.
La presentación fue aceptada ayer por la jueza del juzgado Civil y Comercial Nº 17, Mónica Klecbar, en suplencia, porque el juez que entiende en la cauda, Néstor García, tiene licencia médica hasta la semana próxima. La magistrada admitió el recurso presentado por la Multisectorial, integrada por pequeños y medianos comercios e industrias, al considerar que la demanda encuadra dentro de las previsiones establecidas en la ley 10.000 ya que existe un principio de reconocimiento al estar en juego los derechos difusos.
La jueza le otorgó diez días a la provincia y a la EPE para que informen cuál fue la causa por la cual se produjeron los aumentos. Además, deberán adjuntar el expediente administrativo en el que resolvieron aplicar el incremento. Antes de decidir sobre el pedido de retrotraer la tarifa a noviembre, la magistrada quiere conocer los argumentos de la provincia. Una vez que estén notificados, los funcionarios tendrán cuatro días hábiles para presentarse. "Que hayan admitido la demanda encuadrada dentro de la ley 10 mil es un avance", consideró el abogado de la Multisectorial, Juan Alcaraz.
Los referentes de las asociaciones de pequeños y medianos comercios e industrias de Rosario y la región realizan, desde hace dos meses, reuniones semanales en la sede del Centro Unión Almaceneros, de la que participaron legisladores provinciales y locales. Semana a semana, las asociaciones plantean las dificultades para hacer frente a los tarifazos, además de advertir sobre las consecuencias de la caída en la actividad económica, que se agudiza en los barrios más alejados del macrocentro. "Se siguen sumando organizaciones y muchos ciudadanos al reclamo, por eso pensamos que debemos profundizarlo", argumentó Milito.
A partir de uno de esos encuentros, plantearon la necesidad de realizar una audiencia abierta en el Concejo Municipal para debatir la problemática. La jornada será el próximo lunes, a las 17.30, en el recinto de sesiones.
Los referentes de la Multisectorial fueron recibidos semanas atrás por el gobernador Miguel Lifschitz, quien les propuso un plan de pago de 12 cuotas para abonar el incremento, pero las organizaciones lo rechazaron. "Le pedimos que tuviera otro gesto, que es nada más y nada menos que una rebaja en la tarifa. Y como no tuvimos más contactos, decidimos judicializar la protesta", apuntó el titular de los almaceneros.
Milito adelantó que luego de la jornada en el Concejo, van a tratar de provincializar el reclamo, teniendo en cuenta que hay presentados varios proyectos en la Cámara de Diputados. "Vamos a ir de nuevo a hablar con los bloques que nos quieran atender para hacer una jornada en la Legislatura en la búsqueda unificar un solo proyecto para hacer fuerza desde ahí. Evidentemente; desde los bloques mayoritarios, que son el oficialismo y el PRO, no hay voluntad política, pero vamos a seguir insistiendo con esas medidas", concluyó Milito.
LA DEUDA DE LA NACION CON SANTA FE SERIA SUPERIOR A LOS 23.000 MILLONES DE PESOS
Lifschitz espera "convenio de pago"
El gobernador aseguró que Macri cumplirá con el fallo de la Corte Suprema mientras Bonfatti fue más duro: "Si no cumple la sentencia dejaríamos de vivir en una democracia". Lifschitz se reúne hoy con los ministros Frigerio y
Aranguren.
Aranguren.
Desde Santa Fe
Miguel Lifschitz aseguró que el gobierno de Mauricio Macri "va a honrar la deuda que tiene con Santa Fe" y "cumplirá" el fallo de la Corte Suprema que ordenó devolverle el 15 por ciento de la coparticipación descontada durante diez años, lo que equivale a un reintegro de 23.000 a 40.000 millones de pesos según los intereses que se pacten. El ex gobernador, Antonio Bonfatti, fue más duro con el gobierno
de Macri: "Si no cumple la sentencia de la Corte Suprema dejaríamos de vivir en una democracia, donde se respetan las instituciones y los fallos judiciales. Les dieron 3.500 millones de dólares a las mineras y no hay para cumplir con Santa Fe". Lifschitz estará hoy en la Casa Rosada, donde los ministros del Interior Rogelio Frigerio y de Energía Juan José Aranguren recibirán a los gobernadores de la Región Centro para tratar el impacto de las tarifas eléctricas en las provincias, así que aprovechará para insistir en la demanda de la deuda.
Frigerio dijo que la Nación no tenía recursos para pagar al contado, ayer Lifschitz le contestó que la posición de Santa Fe es "razonable" y espera "convenio de pago" en cuotas o en activos financieros. "Hay muchas maneras de resolver el problema sin necesidad de un pago inmediato. Por ejemplo, los títulos o bonos del Estado nacional, que nos permitiría negociarlos, tomar deuda con esa garantía o constituir un Fondo Anticíclico. Hay muchos caminos para encontrar una solución, nosotros hemos llevado algunas propuestas y ahora esperamos la respuesta", precisó el mandatario.
El planteo de Frigerio impactó en la Casa Gris y en la Legislatura. Los los ministros de Gobierno Pablo Farías y de Economía Gonzalo Saglione no ocultaron su molestia por el trasfondo político y el doble estándar de la Nación, que acordó el pago de la misma deuda con otras provincias, pero no con Santa Fe que ganó el juicio en la Corte. "Mientras la Nación no tuvo reparos en acordar con otras provincias el pago de sus deudas", con Santa Fe "no asume ningún un compromiso. Eso nos parece injusto", se quejó el ministro. Saglione confirmó que la deuda de la Nación con Santa Fe a "valores históricos" era de 23.500 millones de pesos, pero hoy "con los intereses ya supera los 40.000 millones".
Lifschiz explicó que "el fallo de la Corte tampoco dispone que haya un reintegro inmediato de los fondos, sino que establece un marco para que haya una negociación entre las partes. Así como la hubo con las otras provincias para reintegrarle el 15 por ciento que Santa Fe ya recibe. Nosotros esperamos tener una negociación en los mismos términos". Y confirmó que en la reunión de hoy con Frigerio y Aranguren volverá "a insistir" en el asunto. "Queremos no una solución para mañana, pero si una propuesta que en los próximos meses nos permita encontrar una respuesta porque los santafesinos que durante 10 años se privaron de esos recursos, merecen una respuesta del gobierno", razonó.
El gobernador dijo que hoy espera que Frigerio y Aranguren respondan a otra demanda de Santa Fe por el impacto del tarifazo eléctrico en la cadena productiva. "Suponemos que de la reunión va a salir alguna propuesta o alguna solución, sobre todo para el sector comercial e industrial". "La provincia por su cuenta ha implementado mecanismos de financiamiento para sectores empresarios y de asistencia a los de menores recursos con la tarifa social", concluyó.
Bonfatti dijo que "no hay la menor duda de que Nación debe pagar esos fondos. El gobierno nacional no puede esquivar un fallo de la Corte" porque de lo contrario "dejaríamos de vivir en un gobierno democrático donde se respetan las instituciones y los fallos judiciales". "Los hechos diarios nos dan la razón. El gobierno de Macri, por su ideología de derecha, tomó sus primeras decisiones en beneficio de los sectores concentrados de la economía, favoreciendo en primera instancia a Buenos Aires sin entender lo que significan las economías regionales", apuntó.
Fuente:Rosario12
2001, odisea de la justicia
En Santa Fe no se consigue
01/06/2016
Por Luciano Couso
Las condenas al ex secretario de Seguridad de la Alianza, Enrique Mathov, y a la cúpula de la Policía Federal por la represión y cinco de las muertes de diciembre de 2001 –aunque tardías y escasas en cuanto al monto de las penas– contrastan con la decisión judicial santafesina de cerrar todas las causas por responsabilidad política y condenar sólo a dos policías por las ocho muertes producidas en la provincia entre el 19 y el 20 de aquel mes de aquel año. Santa Fe fue la provincia con mayor cantidad de muertos por la represión estatal en relación a la densidad poblacional y una de las que garantizó mayor impunidad judicial a los matadores y sus ideólogos.
El Tribunal Oral Federal 6 de la Capital Federal condenó esta semana al ex secretario de Seguridad de la Nación durante el gobierno de Fernando de la Rúa, Enrique Mathov, a 4 años y 9 meses de prisión por el asesinato de cinco personas y lesiones a más de cien durante la represión policial de diciembre de 2001, en medio de una revuelta popular que unos días después terminó con el gobierno de la Alianza.
De los 17 imputados en el juicio oral, el Tribunal condenó también a la cúpula de la Policía Federal encabezada por los comisarios Rubén Santos, a 4 años de prisión, y al director general de Operaciones, Norberto Gaudiero, a 3 años y seis meses, por los mismos delitos.
En tanto, el ex superintendente de Seguridad Metropolitana, Raúl Andreotti, fue condenado a 3 años en suspenso –sin cumplimiento efectiva– y al igual que los anteriores por el delito de homicidio culposo, es decir sin que mediara intención o dolo.
El veredicto, con nueve condenados y ocho absueltos, fue silbado por un sector de la vasta concurrencia que colmó la Sala Amia de los Tribunales de Comodoro Py, donde se dictó sentencia, consignó la agencia Télam.
Pese a ello, el abogado Rodrigo Borda, de la querella a cargo del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), calificó de “histórico” al fallo por tratarse de la primera vez en que se condena a niveles con responsabilidad política y no sólo operativa en una represión. Tarde y poco, pero mejor que nada.
De la Rúa había sido absuelto por la misma causa mientras que el otro imputado político, el ministro de Interior Ramón Mestre, falleció en 2003 y no llegó a juicio.
El presidente del Cels y periodista, Horacio Verbitsky, también celebró la sentencia. “Aquí se usó una facultad prevista por la Constitución para ejecutar una masacre alevosa”, dijo en relación a la declaración del estado de sitio previo a los asesinatos.
Para Verbitsky “es muy bueno” que después de 15 años se haya “hecho justicia”. “Es bueno que después de tantos años lleguemos a esta instancia y que los responsables sean condenados. El Tribunal dejó en claro que (Enrique) Mathov ordenó y (Rubén) Santos ejecutó la represión. Lo que hicieron en esos días fue vergonzoso”, evaluó el titular del Cels.
Acá no hay
En contraste con ese fallo –que también recibió críticas por lo exiguo de las condenas en relación a las pretensiones de los familiares de las víctimas y, ni hablar, por la demora en ser dictado– en Santa Fe no hay nada que celebrar.
Sólo dos policías fueron condenados por dos de los ocho crímenes ocurridos en Rosario y Santa Fe. Otros cuatro fueron sentenciados recién en febrero del año pasado, catorce años después de los hechos, por el intento de encubrimiento del asesinato de Claudio Pocho Lepratti.
Ningún funcionario político de entonces, ni el gobernador Carlos Reutemann, ni el ministro de Gobierno Lorenzo Domínguez, ni el secretario de Seguridad, el ex Side Enrique Álvarez, fueron requeridos por la Justicia santafesina para determinar si tuvieron responsabilidad penal por la represión que terminó con ocho vidas.
Así, en la provincia nadie dio la orden de reprimir las protestas sociales que en aquellos días eran parte del paisaje cotidiano de Rosario y Santa Fe. La policía actuó, por consiguiente, de modo autónomo, si hubiera que atenerse a las investigaciones del Poder Judicial.
En 2009, el juez de instrucción, Rubén Saurín, dispuso el archivo de las actuaciones donde además de Reutemann se investigaba a Lorenzo y Álvarez como presuntos responsables políticos de los hechos del diciembre negro.
“No existen elementos que incriminen a los tres imputados”, señala la resolución, y agrega que “si existió un actuar imprudente para resguardar los bienes y las personas, eso no puede ser achacado a la cabeza del Poder Ejecutivo”. Asunto cerrado.
La denuncia había sido presentada dos años antes por el ex concejal Mario Pilo quien pidió que se investigue a Reutemann y Álvarez por supuesto “homicidio culposo” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Citó un fallo de la Cámara Federal de Capital Federal que ordenaba investigar la supuesta responsabilidad del ex presidente Fernando de la Rúa por la represión en plaza de Mayo. El ex edil ya había presentado dos denuncias anteriores del mismo tenor, en noviembre de 2003 y en noviembre de 2007, que también fueron desestimadas. Un día después de que el juez federal Claudio Bonadío sobreseyó a De la Rúa en la causa porteña, Saurín imitó la medida en beneficio de Reutemann y sus ex funcionarios.
Dos condenas
El agente de policía Esteban Velázquez fue condenado en 2004 a catorce años de prisión por el crimen Pocho Lepratti, asesinado de un disparo de itaka en la garganta en una escuela de barrio Las Flores, donde trabajaba. Hace unos años Velázquez estaba en libertad y atendía un carrito de comidas rápidas en Arroyo Seco.
En febrero de 2015 la Cámara Penal de Rosario dejó firme las condenas contra los policías Roberto De la Torre; Rubén Darío Pérez; Marcelo Fabián Arrúa y Carlos Alberto De Souza por el encubrimiento del homicidio de Pocho. La Justicia determinó que fraguaron un acta policial para hacer pasar el crimen por un presunto enfrentamiento. Hasta balearon el patrullero en el que se movían. Fueron sentenciados a dos años y ocho meses de prisión de cumplimiento condicional. Es decir, en libertad.
La otra condena recayó sobre el sargento Luis Armando Quiroz, sentenciado en 2007 a once años de prisión por el crimen de Graciela Acosta (35), asesinada de un balazo de Itaka en el pecho cerca del supermercado La Gallega de Villa Gobernador Gálvez. Y allí se agotaron las sentencias por los hechos de diciembre de 2001 en Rosario y Santa Fe.
Hubo otras investigaciones y hasta policías detenidos e imputados, pero no avanzaron demasiado. Fue el caso del francotirador de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) que disparó sobre Walter Campos (17) en Empalme Graneros. El pibe esperaba junto a otros vecinos del barrio la entrega de alimentos, cuya demora derivó en disturbios por los que la policía comenzó a perseguir a Campos. Algunos testigos señalaron que tenía un arma en la mano, otros no la vieron. El chico cruzó el arroyo Ludueña y se escondió en una calle cercana a las vías del ferrocarril. Desde la otra orilla del curso de agua el francotirador lo alcanzó con un disparo mortal.
Juan Alberto Delgado (28), era changarín cuando murió el 19 de diciembre. Esperaba junto a un grupo de entre 150 y 200 personas la entrega de bolsones en Necochea y Cochabamba.
La autopsia determinó que fue asesinado de ocho disparos de arma de fuego. Su cuerpo también tenía marcas de balas de goma y varios golpes. La familia acusó por el crimen a un policía, apodado “Toro”, con quien la víctima tenía una bronca previa.
Yanina García tenía 18 años cuando un tiro en el abdomen la mató. Fue en la zona de Pasco y Gutemberg cuando había salido a buscar a su hija al oír detonaciones de armas de fuego. Su crimen también quedó impune.
Ricardo Villalba fue asesinado de un disparo en el ojo el 19 de diciembre en Parque Casas. Tenía 16 años. En la zona se había juntado gente a reclamar comida, la postal más común de esos meses del final del gobierno de la Alianza. La policía llegó a reprimir la protesta. Algunos vecinos aseguraron que el joven no participaba del reclamo y que estaba a unas cuadras del lugar junto a un amigo.
Otro pibe, Rubén Pereyra (20) murió también de un balazo en el barrio Las Flores. La investigación del caso no avanzó.
En Santa Fe fue asesinado, también el 19 de diciembre, el adolescente Marcelo Pacini, de 15 años. Recibió un tiro en el rostro en circunstancias confusas. Todos esos casos terminaron impunes.
Fuente: El Eslabón
Fuente:RedaccionRosario
de Macri: "Si no cumple la sentencia de la Corte Suprema dejaríamos de vivir en una democracia, donde se respetan las instituciones y los fallos judiciales. Les dieron 3.500 millones de dólares a las mineras y no hay para cumplir con Santa Fe". Lifschitz estará hoy en la Casa Rosada, donde los ministros del Interior Rogelio Frigerio y de Energía Juan José Aranguren recibirán a los gobernadores de la Región Centro para tratar el impacto de las tarifas eléctricas en las provincias, así que aprovechará para insistir en la demanda de la deuda.
Frigerio dijo que la Nación no tenía recursos para pagar al contado, ayer Lifschitz le contestó que la posición de Santa Fe es "razonable" y espera "convenio de pago" en cuotas o en activos financieros. "Hay muchas maneras de resolver el problema sin necesidad de un pago inmediato. Por ejemplo, los títulos o bonos del Estado nacional, que nos permitiría negociarlos, tomar deuda con esa garantía o constituir un Fondo Anticíclico. Hay muchos caminos para encontrar una solución, nosotros hemos llevado algunas propuestas y ahora esperamos la respuesta", precisó el mandatario.
El planteo de Frigerio impactó en la Casa Gris y en la Legislatura. Los los ministros de Gobierno Pablo Farías y de Economía Gonzalo Saglione no ocultaron su molestia por el trasfondo político y el doble estándar de la Nación, que acordó el pago de la misma deuda con otras provincias, pero no con Santa Fe que ganó el juicio en la Corte. "Mientras la Nación no tuvo reparos en acordar con otras provincias el pago de sus deudas", con Santa Fe "no asume ningún un compromiso. Eso nos parece injusto", se quejó el ministro. Saglione confirmó que la deuda de la Nación con Santa Fe a "valores históricos" era de 23.500 millones de pesos, pero hoy "con los intereses ya supera los 40.000 millones".
Lifschiz explicó que "el fallo de la Corte tampoco dispone que haya un reintegro inmediato de los fondos, sino que establece un marco para que haya una negociación entre las partes. Así como la hubo con las otras provincias para reintegrarle el 15 por ciento que Santa Fe ya recibe. Nosotros esperamos tener una negociación en los mismos términos". Y confirmó que en la reunión de hoy con Frigerio y Aranguren volverá "a insistir" en el asunto. "Queremos no una solución para mañana, pero si una propuesta que en los próximos meses nos permita encontrar una respuesta porque los santafesinos que durante 10 años se privaron de esos recursos, merecen una respuesta del gobierno", razonó.
El gobernador dijo que hoy espera que Frigerio y Aranguren respondan a otra demanda de Santa Fe por el impacto del tarifazo eléctrico en la cadena productiva. "Suponemos que de la reunión va a salir alguna propuesta o alguna solución, sobre todo para el sector comercial e industrial". "La provincia por su cuenta ha implementado mecanismos de financiamiento para sectores empresarios y de asistencia a los de menores recursos con la tarifa social", concluyó.
Bonfatti dijo que "no hay la menor duda de que Nación debe pagar esos fondos. El gobierno nacional no puede esquivar un fallo de la Corte" porque de lo contrario "dejaríamos de vivir en un gobierno democrático donde se respetan las instituciones y los fallos judiciales". "Los hechos diarios nos dan la razón. El gobierno de Macri, por su ideología de derecha, tomó sus primeras decisiones en beneficio de los sectores concentrados de la economía, favoreciendo en primera instancia a Buenos Aires sin entender lo que significan las economías regionales", apuntó.
Fuente:Rosario12
2001, odisea de la justicia
En Santa Fe no se consigue
01/06/2016
Por Luciano Couso
Corte sobre Circunvalación en barrio Santa Lucía, diciembre de 2001. Foto: Franco Trovato Fuoco.
El Tribunal Oral Federal 6 de la Capital Federal condenó esta semana al ex secretario de Seguridad de la Nación durante el gobierno de Fernando de la Rúa, Enrique Mathov, a 4 años y 9 meses de prisión por el asesinato de cinco personas y lesiones a más de cien durante la represión policial de diciembre de 2001, en medio de una revuelta popular que unos días después terminó con el gobierno de la Alianza.
De los 17 imputados en el juicio oral, el Tribunal condenó también a la cúpula de la Policía Federal encabezada por los comisarios Rubén Santos, a 4 años de prisión, y al director general de Operaciones, Norberto Gaudiero, a 3 años y seis meses, por los mismos delitos.
En tanto, el ex superintendente de Seguridad Metropolitana, Raúl Andreotti, fue condenado a 3 años en suspenso –sin cumplimiento efectiva– y al igual que los anteriores por el delito de homicidio culposo, es decir sin que mediara intención o dolo.
El veredicto, con nueve condenados y ocho absueltos, fue silbado por un sector de la vasta concurrencia que colmó la Sala Amia de los Tribunales de Comodoro Py, donde se dictó sentencia, consignó la agencia Télam.
Pese a ello, el abogado Rodrigo Borda, de la querella a cargo del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), calificó de “histórico” al fallo por tratarse de la primera vez en que se condena a niveles con responsabilidad política y no sólo operativa en una represión. Tarde y poco, pero mejor que nada.
De la Rúa había sido absuelto por la misma causa mientras que el otro imputado político, el ministro de Interior Ramón Mestre, falleció en 2003 y no llegó a juicio.
El presidente del Cels y periodista, Horacio Verbitsky, también celebró la sentencia. “Aquí se usó una facultad prevista por la Constitución para ejecutar una masacre alevosa”, dijo en relación a la declaración del estado de sitio previo a los asesinatos.
Para Verbitsky “es muy bueno” que después de 15 años se haya “hecho justicia”. “Es bueno que después de tantos años lleguemos a esta instancia y que los responsables sean condenados. El Tribunal dejó en claro que (Enrique) Mathov ordenó y (Rubén) Santos ejecutó la represión. Lo que hicieron en esos días fue vergonzoso”, evaluó el titular del Cels.
Acá no hay
En contraste con ese fallo –que también recibió críticas por lo exiguo de las condenas en relación a las pretensiones de los familiares de las víctimas y, ni hablar, por la demora en ser dictado– en Santa Fe no hay nada que celebrar.
Sólo dos policías fueron condenados por dos de los ocho crímenes ocurridos en Rosario y Santa Fe. Otros cuatro fueron sentenciados recién en febrero del año pasado, catorce años después de los hechos, por el intento de encubrimiento del asesinato de Claudio Pocho Lepratti.
Ningún funcionario político de entonces, ni el gobernador Carlos Reutemann, ni el ministro de Gobierno Lorenzo Domínguez, ni el secretario de Seguridad, el ex Side Enrique Álvarez, fueron requeridos por la Justicia santafesina para determinar si tuvieron responsabilidad penal por la represión que terminó con ocho vidas.
Así, en la provincia nadie dio la orden de reprimir las protestas sociales que en aquellos días eran parte del paisaje cotidiano de Rosario y Santa Fe. La policía actuó, por consiguiente, de modo autónomo, si hubiera que atenerse a las investigaciones del Poder Judicial.
En 2009, el juez de instrucción, Rubén Saurín, dispuso el archivo de las actuaciones donde además de Reutemann se investigaba a Lorenzo y Álvarez como presuntos responsables políticos de los hechos del diciembre negro.
“No existen elementos que incriminen a los tres imputados”, señala la resolución, y agrega que “si existió un actuar imprudente para resguardar los bienes y las personas, eso no puede ser achacado a la cabeza del Poder Ejecutivo”. Asunto cerrado.
La denuncia había sido presentada dos años antes por el ex concejal Mario Pilo quien pidió que se investigue a Reutemann y Álvarez por supuesto “homicidio culposo” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Citó un fallo de la Cámara Federal de Capital Federal que ordenaba investigar la supuesta responsabilidad del ex presidente Fernando de la Rúa por la represión en plaza de Mayo. El ex edil ya había presentado dos denuncias anteriores del mismo tenor, en noviembre de 2003 y en noviembre de 2007, que también fueron desestimadas. Un día después de que el juez federal Claudio Bonadío sobreseyó a De la Rúa en la causa porteña, Saurín imitó la medida en beneficio de Reutemann y sus ex funcionarios.
Dos condenas
El agente de policía Esteban Velázquez fue condenado en 2004 a catorce años de prisión por el crimen Pocho Lepratti, asesinado de un disparo de itaka en la garganta en una escuela de barrio Las Flores, donde trabajaba. Hace unos años Velázquez estaba en libertad y atendía un carrito de comidas rápidas en Arroyo Seco.
En febrero de 2015 la Cámara Penal de Rosario dejó firme las condenas contra los policías Roberto De la Torre; Rubén Darío Pérez; Marcelo Fabián Arrúa y Carlos Alberto De Souza por el encubrimiento del homicidio de Pocho. La Justicia determinó que fraguaron un acta policial para hacer pasar el crimen por un presunto enfrentamiento. Hasta balearon el patrullero en el que se movían. Fueron sentenciados a dos años y ocho meses de prisión de cumplimiento condicional. Es decir, en libertad.
La otra condena recayó sobre el sargento Luis Armando Quiroz, sentenciado en 2007 a once años de prisión por el crimen de Graciela Acosta (35), asesinada de un balazo de Itaka en el pecho cerca del supermercado La Gallega de Villa Gobernador Gálvez. Y allí se agotaron las sentencias por los hechos de diciembre de 2001 en Rosario y Santa Fe.
Hubo otras investigaciones y hasta policías detenidos e imputados, pero no avanzaron demasiado. Fue el caso del francotirador de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) que disparó sobre Walter Campos (17) en Empalme Graneros. El pibe esperaba junto a otros vecinos del barrio la entrega de alimentos, cuya demora derivó en disturbios por los que la policía comenzó a perseguir a Campos. Algunos testigos señalaron que tenía un arma en la mano, otros no la vieron. El chico cruzó el arroyo Ludueña y se escondió en una calle cercana a las vías del ferrocarril. Desde la otra orilla del curso de agua el francotirador lo alcanzó con un disparo mortal.
Juan Alberto Delgado (28), era changarín cuando murió el 19 de diciembre. Esperaba junto a un grupo de entre 150 y 200 personas la entrega de bolsones en Necochea y Cochabamba.
La autopsia determinó que fue asesinado de ocho disparos de arma de fuego. Su cuerpo también tenía marcas de balas de goma y varios golpes. La familia acusó por el crimen a un policía, apodado “Toro”, con quien la víctima tenía una bronca previa.
Yanina García tenía 18 años cuando un tiro en el abdomen la mató. Fue en la zona de Pasco y Gutemberg cuando había salido a buscar a su hija al oír detonaciones de armas de fuego. Su crimen también quedó impune.
Ricardo Villalba fue asesinado de un disparo en el ojo el 19 de diciembre en Parque Casas. Tenía 16 años. En la zona se había juntado gente a reclamar comida, la postal más común de esos meses del final del gobierno de la Alianza. La policía llegó a reprimir la protesta. Algunos vecinos aseguraron que el joven no participaba del reclamo y que estaba a unas cuadras del lugar junto a un amigo.
Otro pibe, Rubén Pereyra (20) murió también de un balazo en el barrio Las Flores. La investigación del caso no avanzó.
En Santa Fe fue asesinado, también el 19 de diciembre, el adolescente Marcelo Pacini, de 15 años. Recibió un tiro en el rostro en circunstancias confusas. Todos esos casos terminaron impunes.
Fuente: El Eslabón
Fuente:RedaccionRosario
Bleger: nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo
El sindicato de Empleados de Comercio acompaña a los trabajadores de la librería, que cerró sus puertas sin previo aviso. Son ocho los empleados que perdieron sus puestos. Reclamarán una solución y, de no haberla, no descartan medidas de fuerzas.
Publicado el 2 junio 2016
Foto:Leonardo Galletto
Trabajadores de Casa Bleger, la librería que el fin de semana cerró sus puertas dejando a ocho personas en la calle, participan este mediodía de una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo sede Rosario.
Acompañados por el Sindicato de Empleados de Comercio, reclaman una solución y de no haberla, podrían realizar medidas de fuerza. El Sindicato denunció el vaciamiento de la empresa, que generó la pérdida de los puestos de trabajo.
Este mediodía se reanudó la audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo de Santa Fe. Además de los representantes gremiales, los empleados y los funcionarios de la cartera, estarán presentes apoderados de Bleger.
Desde Empleados de Comercio adelantaron que si sigue sin haber respuestas favorables para los trabajadores, evaluarán la aplicación de medidas de acción gremial. Además, reafirmaron que los dueños “no son para nada insolventes, como pretenden aparecer, ya que manejan negocios vinculados al sector salud, donde mueven muchísimo dinero.
Son propietarios de un sanatorio y de una empresa de medicina prepaga y también tienen participación societaria en otras empresas”.
Salta 2141: dan los primeros pasos para expropiar
Familiares de víctimas fatales se reunieron con diputados provinciales para avanzar en su idea de que el Estado se quede con el predio.
Publicado el 2 junio 2016
El radical Fabián Palo Oliver, titular del cuerpo, aseguró que “están dadas las condiciones para que el escrito tenga un dictamen favorable”.
El proyecto para que en el lugar de la tragedia se construya un centro cultural, tal el pedido de muchos familiares de las víctimas, fue presentado la Legislatura, hace aproximadamente un año y medio por el entonces diputado del bloque Iniciativa Popular, Oscar Urruty, hoy miembro del directorio del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress).
La iniciativa perdió estado parlamentario y el mismo diputado reingresó el proyecto a fines de 2015. El planteo de Urruty se basa en que los pasos a seguir, para que en el espacio de Salta 2141 se levante una casa en donde se desarrollen distintas actividades en función del bien común, “deben ser prolijos, de manera que no se trabe el proyecto y pueda cobrar fuerza de ley”.
El proyecto original de Urruty lleva también las firmas de Luis Rubeo, del Frente para la Victoria, y Alejandra Vucasovich, del PRO.
Fuente:ElCiudadanoyLaRegion
No hay comentarios:
Publicar un comentario