Derechos Humanos
Etchecolatz vuelve a la cárcel de Ezeiza
El represor levantó la huelga de hambre que mantenía en protesta por la negativa de un juez a otorgarle el beneficio de la prisión domiciliaria.
por Luciana Bertoia
El juez Ernesto Kreplak ordenó hoy al Servicio Penitenciario Federal (SPF) que reingrese al genocida Miguel Etchecolatz a la unidad penitenciaria de Ezeiza, donde estaba detenido antes de que el magistrado ordenara el viernes 19 internar al represor en la clínica 2 de Abril de Lomas de Zamora.
A poco de llegar al lugar, Etchecolatz levantó la huelga de hambre -- según informó Kreplak en su resolución. “El imputado ingiere alimentos espontáneamente, se encuentra sin signos actuales de deshidratación y en condiciones de ser trasladado, corresponde disponer su reincorporación a la unidad carcelaria donde se encontraba detenido previamente a su traslado a ese nosocomio, disponiéndose su alojamiento en el Hospital Penitenciario N° I de Ezeiza”, escribió Kreplak.
Etchecolatz, condenado a prisión perpetua por su accionar al frente de la policía bonaerense durante la última dictadura, estaba en huelga de hambre desde el pasado 26 de julio -- cuatro días después de que el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata decidiera que el represor podía irse a su casa en el Bosque Peralta Ramos de Mar del Plata por una de las causas en las que ya tenía sentencia.
Con su huelga de hambre, Etchecolatz buscaba apurar una decisión de los tribunales favorable. “Queda claro que no estaba en huelga de hambre. Eso refuerza la sospecha de la complicidad de los médicos del SPF”, dijo la abogada Guadalupe Godoy al ser consultada por Política Argentina.
“Tiene capacidad para engañar a la justicia, lo cual debería ser tomado en cuenta por los jueces que le otorgan la prisión domiciliaria por cuestiones humanitarias”. El 12 de agosto, el juez Ernesto Kreplak le negó ese beneficio a Etchecolatz por tres causas que todavía están en instrucción, decisión que fue apelada por la defensa pública del represor.
El último viernes, el TOF 1 consintió la domiciliaria en otras dos causas y aún le queda pendiente un incidente para resolver. Sin embargo, tendrán que postergar ese debate hasta que se resuelva la recusación planteada por el colectivo Justicia YA! contra el juez Alejandro Esmoris.
Sospechas sobre los penitenciarios
La semana pasada, un grupo de querellantes presentó un escrito ante el TOF 1 señalando dudas sobre el accionar del SPF -- dependiente del ministerio de Justicia de la Nación. Abogados de Abuelas de Plaza de Mayo, de la Asociación de Ex-Detenidos Desaparecidos (AEDD) y de otras organizaciones sugirieron que médicos penitenciarios podrían haber “falseado datos” del peso con el que contaba Etchecolatz a la hora de iniciar la huelga de hambre.
A los querellantes les llamaba la atención que el represor pesaba 67 kilos el 20 de abril pero que había subido a 73 el 26 de julio, cuando se declaró en huelga. En estas semanas perdió esos kilos. Los organismos también remarcaron que hubo presentaciones espontáneas de médicos del SPF en la causa tendientes a favorecer que Etchecolatz fuera enviado a su casa.
Una presentación similar hicieron los fiscales de La Plata ante Kreplak pidiendo que se investigue a los médicos. Fuentes del juzgado dijeron que la investigación estaba en trámite.
Organismos de derechos humanos realizaron una conferencia de prensa en la ex-ESMA el lunes después de que varios funcionarios del gobierno nacional se manifestaran a favor de la prisión domiciliaria para represores mayores de 70 años. La Secretaría de Derechos Humanos -- a cargo de Claudio Avruj -- hizo saber que haría una presentación ante la justicia de La Plata para pedir que Etchecolatz se mantenga en prisión efectiva.
Fuente:PoliticaArgentina
DOMICILIARIA A ETCHECOLATZ
“Nos hacen retroceder 30 años en nuestra lucha”
La titular de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas, consideró “un despropósito” la decisión del TOF 1 de beneficiar al represor. Pese a que desde la Secretaría de Derechos Humanos anunciaron que objetarán el fallo judicial, indicó a Info Región que “el Gobierno promueve avances que disminuyen la posibilidad de tener Justicia”.
Luego de que el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata le otorgara, el viernes, el beneficio de la prisión domiciliaria a Miguel Etchecolatz, quien carga con cuatro condenas de prisión perpetua por delitos de lesa humanidad en la última dictadura, organismos de Derechos Humanos se movilizaron, mientras que desde la Comisión Provincial por la Memoria advirtieron que “no existen fundamentos suficientes” que avalen la determinación de los jueces Alejandro Daniel Esmoris y Germán Andrés Castelli.
En diálogo con Info Región, la titular de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas, aseguró que “es un despropósito de los jueces”, al tiempo que cargó contra el Gobierno al advertir que “también promueve estos avances que disminuyen la posibilidad de tener Justicia”.
"Ha cerrado lugares en los que se trabajaba por la memoria, la verdad, y la justicia, espacios que eran importantísimos”, señaló y se mostró expectante en que “se pueda dar marcha atrás” en “una decisión tan grave como esta”, luego de que se conocieran las intenciones del Gobierno de objetar la determinación judicial.
“Es bueno que el Gobierno acepte que las críticas y los reclamos que hacemos son justos para que se puede dar marcha atrás en decisiones tan graves como esta. Hay que seguir señalando las cosas que nos parecen que son atrasos en nuestro camino hacia la verdad y la justicia”, indicó en referencia a lo apuntado por el secretario de Derechos Humanos,
Claudio Avruj, quien aseguró que se está “analizando la situación para ver qué se puede hacer”. “Esto de la de la prisión domiciliaria a los genocidas es un despropósito más. Repudio la actitud de los jueces que aceptan que un genocida pueda estar cómodamente en su casa después de los crímenes que se cometieron en nuestro país.
En especial, Etchecolatz, que es responsable de las atrocidades que se cometieron”, enfatizó Cortiñas y recordó que “es el presunto responsable” de la desaparición de Julio López, de la cual en menos de un mes se cumplirán diez años.
“Es como si con esto quisieran golpear al pueblo porque con estas decisiones nos hacen retroceder 30 años en nuestra lucha”, expresó. Basta de números. En otro orden, pidió no aludir más a las personas desaparecidas con referencias numéricas, luego de la polémica que culminó en la salida del ministro de Cultura porteño, Darío Lopérfido, y de las declaraciones del propio presidente, Mauricio Macri.
“Basta de números, los desaparecidos son seres humanos, que lucharon por un país mejor y por la justicia social y no pueden ser tratados como números”, señaló y aclaró que no quiso ofender a la ex ministra Graciela Fernández Meijide por este tema.
“Hice declaraciones que, si le dolieron, ya pedí disculpas. No quise ofenderla a esta mujer, pero para mí es muy doloroso cuando dicen lo que dicen respecto de los números, y ya lo dijeron varios funcionarios. Incluso Macri. La quieren componer pero la siguen embarrando y uno sigue con el dolor”, señaló.
Cintia Vespasiani
Fuente:infoRegion
LA SECRETARIA DE DD.HH PEDIRA QUE SE REVOQUE LA PRISION DOMICILIARIA DE UN REPRESOR
Etchecolatz logra sumar rechazos
Ante “las serias dudas” por el real estado de salud del represor condenado por delitos de lesa humanidad, acusado también de hacer fraguar los informes médicos, la Secretaría de Derechos Humanos pedirá hoy que siga en prisión.
Etchecolatz apeló a la huelga de hambre para presionar.Imagen: Télam
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación solicitará hoy al Tribunal Oral Federal 1 (TOF-1) de La Plata que revoque la prisión domiciliaria del ex comisario Miguel Etchecolatz por las “serias dudas” sobre los informes de los médicos del Servicio Penitenciario Federal (SPF) que sirvieron de fundamento a la resolución que le otorgó ese beneficio. La decisión que hizo pública el secretario Claudio Avruj se produce luego de que organismos de derechos humanos y la Unidad Fiscal de delitos de lesa humanidad de La Plata pidieran que se investigue si médicos penitenciarios falsearon datos en la historia clínica del represor, de la que surge que aumentó siete kilos antes de comenzar una supuesta huelga de hambre. El juez federal Ernesto Kreplak, que le había negado el arresto domiciliario y ordenado su traslado a un hospital extramuros, ordenó ayer que Etchecolatz vuelva al Hospital Penitenciario 1 de Ezeiza. El rápido levantamiento de la huelga de hambre al ser alojado en una clínica privada acrecienta las sospechas sobre la supuesta medida de fuerza y la consecuente disminución de peso apuntada por los peritos médicos del SPB. Los fiscales federales Juan Martín Nogueira, Hernán Schapiro y Marcelo Molina, en tanto, presentarán hoy un recurso para que la Cámara de Casación revea la resolución del TOF-1 a favor del ex policía.
La Secretaría de Derechos Humanos, querellante ante el TOF-1, pedirá “que revoque el arresto domiciliario en función de las serias dudas que dejan los estudios médicos con que se fundamentó su otorgamiento”, explicó Avruj. “Esta es la evaluación que surge de nuestro equipo de abogados y entendemos que es la posición que tenemos que llevar adelante”, agregó. “Es un pedido de revocación, no una apelación porque la ley nos lo prohíbe”, dijo sobre la imposibilidad de que las querellas apelen decisiones sobre ejecución de penas. El escrito, que se presentará a primera hora, explica que las consideraciones de los jueces Germán Castelli, Jorge Michelle y Alejandro Esmoris para otorgarle la domiciliaria fueron arbitrarias porque no respondieron a las pericias del Cuerpo Médico Forense según las cuales puede cumplir sus penas en un hospital penitenciario, explicaron desde la Secretaría. También destaca que si luego Etchecolatz se autoinflingió lesiones por una huelga de hambre, esa medida voluntaria no puede modificar el criterio anterior, tal como había argumentado antes Kreplak (“no puede cederse al empeño autolesivo” para lograr “un beneficio que de otro modo no le correspondería”). La presentación del Ejecutivo será en el incidente del TOF-1 sobre prisión domiciliaria, que acumula tanto las causas que terminaron en condenas como los procesos elevados a juicio.
En su resolución de ayer, Kreplak apuntó que el propio Etchecolatz pidió “su reincorporación a la unidad penitenciaria”. El sábado último a las 20 “el imputado levantó voluntariamente la huelga de hambre” que en teoría había iniciado el 25 de julio y “comenzó a ingerir alimentación de modo espontáneo”. El represor estaba en la clínica “2 de abril” de Lomas de Zamora desde el viernes, es decir que tras apenas un día ante médicos y enfermeras distintos a los penitenciarios no pudo sostener la supuesta medida de fuerza. El magistrado apuntó que según los médicos de la clínica “el imputado ingiere alimentos espontáneamente, se encuentra sin signos actuales de deshidratación y en condiciones de ser trasladado”.
EL SECRETARIO DE DDHH AHORA ANALIZA PRESENTAR "UN RECURSO" CONTRA LA DOMICILIARIA DE ETCHECOLATZ
Avruj, recalculando
Más allá de adelantar esa acción, Avruj ratificó al diario español la posición del gobierno: "No podemos apelar porque entendemos que el Código Penal no nos lo permite, el Gobierno anterior lo hacía en algunos casos pero sin valor jurídico, más bien como una cuestión simbólica o de presión política.
Nosotros vamos a hacer lo que creemos que jurídicamente es lo correcto". Además, el secretario de Derechos Humanos acudió a las estadísticas para desmintir un cambio de postura respecto de los juicios por los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura:
"Hay un dato claro: con el anterior Gobierno había 441 presos en prisión domiciliaria. Ahora hay 462. En los ocho meses de gestión que llevamos han aumentado solo en 21, no se puede hablar de ningún cambio de tendencia. Nosotros respetamos las decisiones de los jueces".
El artículo publicado en El País recordó los dichos del presidente Mauricio Macri respecto de no tener "ni idea" de la cifra de personas desaparecidas durante la dictadura y la utilización del término "guerra sucia" para describir el período de la dictadura cívico militar. "Hay mucho resquemor, se han ocupado de llenar de desconfianza a la sociedad y cualquier elemento por pequeño que sea se utiliza", consideró Avruj, en diálogo con El País, y luego argumentó que Macri "dejó claro que al hablar de guerra sucia se estaba refiriendo al abuso de poder de la dictadura" para finalmente reconocer que el término "no es el adecuado porque en Argentina no es aceptado por los organismos de derechos humanos".
En el mismo artículo, el diario español consultó al premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Ezquivel, quien advirtió que "siguen los juicios, la Corte Suprema ha dicho que es una política de Estado, pero hay expresiones del presidente tratando de minimizar y eso genera incertidumbre".
En el mismo tono, el director Ejecutivo del CELS, Gastón Chiller, señaló a El País que "el argumento de Macri de que quiere respetar a la justicia es engañoso porque la justicia argentina sigue los vientos de la política y si hay ambigüedad los primeros que leen esos mensajes son los operadores judiciales. Muchos van a bajar el pie del acelerador".
En tanto, Rubén López, hijo del desaparecido Julio López, repudió la posibilidad de que Etchecolatz continúe su condena en su casa de Mar del Plata: "Hace 10 años que a mi viejo nadie lo busca y Etchecolatz ya va a quedar libre. No tiene sentido. Uno puede pensar que son unos viejitos buenos, que no van a hacer nada pero están presos por genocidas. Este tiene cinco condenas y va por más. El miedo es que mi viejo haya desaparecido en vano".
OPINION
Razones para rechazar las domiciliarias
Por Rodolfo Yanzón *
El Colectivo Nacional de Abogados Querellantes en causas por crímenes de lesa humanidad manifestó su categórica oposición a la concesión del arresto domiciliario a Miguel Etchecolatz, emblema de la represión que osó reivindicar sus crímenes ante jueces y familiares.
El Colectivo de abogados recordó las sospechas que rodean al condenado respecto de la desaparición de Julio López, y que con anterioridad se lo había trasladado a una cárcel por poseer armas de guerra en su vivienda.
En su nota del 22 de agosto Alejandra Dandan informó sobre la revista digital “Te cuento… la Semana”, órgano de prensa que se difunde con el fin de impulsar acciones concretas en apoyo de los represores, como el egreso de la cárcel y campañas contra los juicios.
El director editor es uno de los condenados y entre los firmantes de los artículos se encuentran criminales como Miguel Clements, Gustavo Demarchi, Alfredo Astiz y Víctor Gallo, a quienes se los denomina “presos políticos” (el Derecho Internacional prohíbe expresamente calificar de tal manera a quienes cometen crímenes de lesa humanidad, es decir, como parte de una política generalizada o sistemática del Estado contra la población civil).
La revista brinda servicios como organizar misas o contar chistes en los que se califica de prevaricadores a los jueces que intervienen en los procesos. Alude con entusiasmo al encuentro que el Secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj mantuvo con el “Centro de estudios legales sobre el terrorismo y sus víctimas” -que aglutina a familiares, amigos y compañeros de los represores- y recuerda con fervor la postura favorable a los arrestos domiciliarios pregonada por el Ministro de Justicia Germán Garavano.
En sus páginas puede leerse el “¡viva la patria!” con el que, a manera de reivindicación, se saludó el arresto casero otorgado al General Eduardo Cabanillas, condenado por crímenes en el centro de tortura Orletti. Mas allá de las objeciones puntuales que puedan hacerse en cada caso, existen impedimentos concretos para que imputados y condenados por crímenes de lesa humanidad queden alojados en cárceles, cualquiera sea su edad. Conformaron un aparato estatal y criminal de poder que contó con armas, logística y personal suficiente, sostenidos con el erario público.
Contaron con una cobertura mediática para obtener impunidad y reivindicar sus acciones como si fueran combates producidos en el marco de una guerra. Ese aparato criminal se ha sostenido en el tiempo, especialmente en lo que hace a sus objetivos como la impunidad, el pacto de silencio y la comunidad informativa surgida en las salas de tortura. (Cuando Víctor Basterra fue dejado en libertad por el grupo de tareas de la ESMA –corría 1984 y había asumido Raúl Alfonsín– le exigieron que mantuviera silencio: “acordate que los gobiernos pasan y la comunidad informativa queda”).
El objetivo ulterior de esa red es la reivindicación de los campos de exterminio y la tortura, del que se han escuchado algunos adelantos ante los propios jueces, como las palabras provocadoras del represor Ernesto “Nabo” Barreiro producidas en el juicio por los crímenes cometidos en el centro clandestino La Perla, o las que en tono amenazante profirieron Ricardo Cavallo y Alfredo Astiz en el juicio de la ESMA.
El órgano de prensa del que dio cuenta Página/12 y las distintas acciones emprendidas, son un claro ejemplo. No debe olvidarse, además, las fugas de Gustavo Demarchi y Jorge Olivera del mismo Hospital Militar, lo que deja en claro la existencia de una red de apoyo con medios suficientes para eludir el llamado de los jueces, que cuentan no sólo con camaradas de armas, sino con religiosos, profesionales y empresarios.
Años atrás, Olivera había eludido un proceso de extradición en Italia fraguando un documento público con el apoyo de organizaciones de ultraderecha. A ello se deben sumar las numerosas violaciones a arrestos domiciliarios, la última protagonizada días atrás por el comodoro Luis Trillo mientras paseaba a su perro
Se desconoce lo que sucedió con Julio López, como se desconoce el destino final de miles de víctimas de la dictadura. Ninguna autoridad del gobierno de Mauricio Macri dijo ni ordenó nada al respecto, ni siquiera para intensificar la búsqueda del testigo albañil, dos veces desaparecido. Mucho menos para tratar de romper el pacto de silencio que mantienen los perpetradores.
Pero sí se pronunciaron a favor de sus arrestos domiciliarios, que sin duda reforzará la omertá, con lo que las acciones emprendidas por la red de complicidad, encubridores y viudos de la picana y la capucha han surtido efecto, cercenándose las posibilidades de investigación y juzgamiento. Una burda intromisión del Poder Ejecutivo en el accionar judicial.
Y este punto es uno de los que más deben tener en cuenta los jueces, porque el Gobierno no sólo no ha hecho nada por conocer el destino final de los desaparecidos –incluido López– sino que se empeña en premiar a los que mantienen el silencio y a quienes buscan la reivindicación del período más oscuro de nuestra historia.
A ello se debe agregar que no existe ninguna medida gubernamental tendiente a controlar el cumplimiento efectivo de los arrestos, para que la ley y la intervención de los jueces no sean una máscara que esconde impunidad.
* Abogado en causas de derechos humanos.
Fuente:Pagina12
RUBEN LOPEZ | HIJO DE DESAPARECIDO EN DEMOCRACIA
“Etchecolatz es un Hitler en Argentina”
El hijo del albañil Jorge Julio López rechaza el arresto domiciliario para el represor
RAMIRO BARREIRO
Buenos Aires 25 AGO 2016
Ruben López en el taller de su padre Julio, con un retrato de éste.RICARDO CEPPI
Si hay una persona por la que el represor Miguel Etchecolatz está preso, ese es Julio López. El testimonio que brindó el 18 de septiembre de 2006, el tercero que aportó a la causa, acerca del funcionamiento del “llamado circuito Camps” (por Ramón Camps, un general a cargo de los centros de detención ilegal en provincia de Buenos Aires) permitió a la justicia conocer una de las tramas más perversas de la dictadura militar.
Julio López ya no está, desapareció tres horas después de aquella declaración. No está preso, ni de viaje, ni detenido, ni en su casa, junto a su esposa Irene y su hijo Rubén, el mismo que hoy siente miedo ante la posibilidad que Etchecolatz continúe su condena en la comodidad de su domicilio y no en una cárcel común.
“Tenemos miedo en el sentido de que estas situaciones no tendrían que pasar por una cuestión lógica: hace 10 años que a mi viejo nadie lo busca y Etchecolatz ya va a quedar libre”, argumenta Rubén en diálogo con EL PAÍS, “No tiene sentido. Uno puede pensar que son unos viejitos buenos, que no van a hacer nada pero están presos por genocidas. Este tiene 5 condenas y va por más”.
Pregunta: ¿A qué más le tiene miedo?
Respuesta: El miedo es que mi viejo haya desaparecido en vano. Necesitamos que estén presos en cárcel común y tampoco comparto que se lo haya hospitalizado extramuros. Este tipo va a salir antes de que lo encuentren a mi viejo
P: Cuando lo entrevistamos en marzo dijo que le daría tiempo a Mauricio Macri, ¿Lo defraudó?
R: No te puedo decir que Macri me defraudó pero va en camino. Hace poco leí al secretario (de Justicia y Derechos Humanos) Claudio Avruj diciendo que entiende el dolor de la familia pero me parece que no lo entiende porque no está entre nosotros.
P: ¿Qué opina del anuncio de que el gobierno no apelará las detenciones domiciliarias?
R: No me llama la atención el anuncio del gobierno porque así piensa. Hoy están en evidencia las políticas del gobierno en materia de Derechos Humanos. Este siniestro genocida es comparable con Hitler en Alemania. Es la misma comparación y no estamos lejos de eso. Este personaje es un Hitler en Argentina y lo único que falta es que nos digan que es un viejito piola () y no va a hacer nada mientras manejaba todo desde la cárcel como titiritero. Jorge Julio López es un albañil que hoy tendría 87 años.
El 27 de octubre de 1976, mientras gobernaba Argentina la junta militar, fue detenido y confinado a distintos centros de detención en momentos en que el ex represor Miguel Etchecolatz era Director de Investigaciones de la Provincia de Buenos Aires, encargado de uno de los centros de detención clandestinos y mano derecha del ex General Ramón Camps.
Fue liberado el 25 de junio de 1979 tras sufrir torturas con picanas y ver como ejecutaban a sus compañeros. Con el advenimiento de la Democracia en 1983 y los juicios a los militares en la última década, se convirtió en un testigo esencial del Circuito Camps, como se llama al recorrido que hacían los detenidos por las dependencias de la provincia al mando del ex general.
López fue uno de los pocos que denunció que los jefes de la Policía Bonaerense se paseaban por los centros clandestinos y participaban de las torturas. También afirmó que Camps torturaba en persona en el Pozo de Arana, junto a su mano derecha, un hombre con “cara de mono” que después identificó como Etchecolatz.
En el juicio oral recordó: “Había un tipo que anotaba y Etchecolatz estaba al lado, le decía “dale, dale subila un poco más” (por la picana). En una de las audiencias que contó con la presencia del represor, éste mostró a los medios un papel con el nombre del albañil cuando ya había desaparecido, en plena democracia.
Fuente:ElPais
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