JUICIO A LOS JUECES DE LA DICTADURA.

Juicio a los jueces de la dictadura. La acusación del fiscal Miguel Trotta

Incumplimientos y encubrimiento

De acuerdo con la acusación fiscal formulada por Trotta, al ex juez Puga se le imputan los delitos de incumplimiento de la obligación de promover la acción penal y encubrimiento por infracción del deber de denunciar delitos en 7 hechos; el ex fiscal Cornejo debe responder como autor responsable de incumplimiento de la obligación de promover la acción penal y encubrimiento por infracción del deber de denunciar delitos en siete hechos; el ex secretario Otero Álvarez, como autor de incumplimiento de los deberes de funcionario público -abuso de autoridad- en 118 hechos y de la omisión de dar cuenta a la autoridad competente en una detención ilegal en 41 hechos, y el ex defensor Haro como autor de incumplimiento de los deberes de funcionario público en nueve hechos.

Los ex funcionarios judiciales están imputados por no haber promovido la investigación de los crímenes denunciados por las víctimas frente a ellos y de haber encubierto a los perpetradores.

Las víctimas de esos delitos estaban detenidas a disposición judicial y militar en causas abiertas por violación a la denominada "ley  antisubversiva", número 20840. En el marco de las declaraciones indagatorias que les fueron recibidas en esos procesos, que constituyeron la formalización de la persecución política, pusieron entonces en conocimiento de jueces, fiscales y defensores la situación violatoria de los derechos humanos que estaban padeciendo en su cautiverio ilegal iniciado en el D-2 y continuado en la UP1, que había incluido tormentos y  homicidios. Frente a esas denuncias, recibieron en todos los casos la indiferencia de los magistrados actuantes.

Así resumió Trotta en el requerimiento de elevación a juicio la actuación de los ex funcionarios judiciales: "No obstante haber tomado conocimiento de la existencia de detenciones sin orden de autoridad competente, violaciones de domicilios, rapiña de bienes ajenos, secuestros, torturas, violaciones, abusos sexuales y homicidios, no promovieron ni generaron las condiciones para proceder a la investigación de estos delitos (en el caso del juez y del fiscal) o bien –sin tener la competencia para promover su investigación- no lo pusieron en conocimiento de la autoridad competente para hacerlo".

Además, el fiscal Trotta señaló que "en muchos de los hechos se advierte que en la tramitación de los expedientes las víctimas -entonces imputados- estaban privadas de su libertad sin orden de autoridad que legitimara esa detención". Lejos de adoptar el cese de la detención, "se rechazaba el habeas corpus o se continuaba con el trámite de la causa, y en algunos casos con noticia del fiscal, quien tampoco instaba al juez ordenar la libertad de la persona ilegalmente detenida".

En el requerimiento fiscal también había sido imputado el ex defensor Luis Eduardo Molina, quien fue apartado del proceso por razones de salud y, por lo tanto, no afrontará el debate oral y público .

Envío:Luis Antonio Soria